Santa Cruz de la Sierra
24 Febrero 2017

Un tribunal brasileño ordenó el arresto del exportero Edson Cholbi do Nascimento, conocido como Edinho e hijo mayor del legendario futbolista Pelé, en el proceso en el que ya fue condenado por blanqueo de dinero, informaron fuentes judiciales.

El tribunal redujo la condena desde los 33 años de prisión inicialmente impuestos hasta los 12 años y 10 meses y ordenó su inmediato arresto para que cumpla la sentencia.

Edinho, que fue portero del club Santos y técnico del Mogi Mirim, esperaba en libertad desde hacía dos años a que el Tribunal de Justicia del estado de Sao Paulo se pronunciara de forma definitiva sobre un recurso que presentó contra la sentencia en que fue condenado en primera instancia.

Los abogados de Edinho informaron que presentarán este mismo viernes una petición de habeas corpus para que el exfutbolista pueda continuar en libertad mientras su caso es decidido por el Tribunal Superior de Justicia.

El exportero del Santos fue arrestado en julio de 2013 para que comenzara a purgar la condena, pero tan solo cumplió seis meses de la pena y un juez aceptó la petición de los abogados para que esperara en libertad a que un tribunal superior definiera la apelación contra la sentencia.

El caso por el que fue juzgado Edinho, uno de los siete hijos de Pelé, se remonta a 2005, cuando fue detenido junto con otras 17 personas en un proceso en el que fue acusado de blanqueo de dinero y asociación al tráfico de drogas.

En su momento, Edinho negó todas las acusaciones aunque admitió que tenía problemas con las drogas, sólo como consumidor, y que le debía dinero a un amigo, que fue identificado como el jefe de una banda de narcotraficantes que actuaba en la ciudad de Santos.

El juez de primera instancia responsable del proceso absolvió al exfutbolista de las acusaciones de tráfico de drogas y apoyo al tráfico de drogas, pero lo terminó condenando por el delito de lavado de recursos de procedencia ilegal.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: EFE

22 Febrero 2017

El juez Uby Saúl Suárez Sánchez, Juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de la Capital, de Santa Cruz de la Sierra, sentenció, este martes 21 de febrero, a tres años de privación de libertad en la cárcel de Palmasola, de esta ciudad, a Pablo Silvera Arce y Julio César Barrientos Muñoz por la comisión de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica.

Ambos imputados guardaban detención preventiva desde el 26 de febrero de 2016 y para acogerse al procedimiento abreviado, reconocieron voluntariamente su culpabilidad y autoría de los delitos. En ese sentido, la audiencia de procedimiento abreviado se realizó este martes 21 de febrero de 2017.

El caso se remonta al 24 de febrero de 2016, cuando Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a través de la Gerencia Distrital de Santa Cruz I, se adhirió a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz por una contribuyente en contra de una red de falsificadores y comercializadores de facturas, integrada por Silvera Arce y Barrientos Muñoz. 

Esta red fue encontrada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en posesión de 20.000 facturas clonadas y falsificadas de diferentes empresas para su comercialización ilegal.

De acuerdo con la investigación policial, Pablo Silvera Arce era propietario de la imprenta donde se falsificaban facturas y Julio Barrientos Muñoz se encargaba de la venta ilegal de dicho material.

El presidente del SIN, Mario Cazón, pidió a la población que denuncie a falsificadores de facturas y/o notas fiscales a las líneas gratuitas 800 100 333 y 800 10 34 44 o en las gerencias distritales de su jurisdicción, y reiteró que en la Administración Tributaria se aplica la política gubernamental de cero tolerancia a la corrupción.

Los delitos de falsedad material e ideológica están tipificadas en el artículo 198 y 199 del Código de Procedimiento Penal.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: SIN

 

22 Febrero 2017

Al menos un muerto y cuatro heridos es el saldo que dejó un duro enfrentamiento entre internos del Penal de Palmasola en Santa Cruz.

Según un informe extraoficial, el hecho se registró la tarde de este martes cuando dos grupos de reos supuestamente pretendían controlar pabellones. Aparentemente los protagonistas ingresaron de las agresiones verbales a las físicas.

El mismo informe señala que un preso perdió la vida y unas cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladados a un nosocomio, informó anoche el ministro de Gobierno, Carlos Romeros.

La Policía investiga las circunstancias del hecho, además que tomó recaudos para evitar nuevo rebrote de violencia.

En ese recinto penitenciario se indicó que en las próximas horas se dará a conocer un informe preliminar de los hechos.

Familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron se acelere las investigaciones para esclarecer el hecho.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: Erbol

10 Febrero 2017

El alcalde de Caquiaviri, Bruno Álvarez, que el año pasado fue obligado a vestir de sombrero, manta y pollera,  fue enviado al penal de San Pedro de La Paz tras ser acusado por el delito de malversación de recursos económicos y otras irregularidades presuntamente registradas en la administración municipal.

Según la acusación del Ministerio Público, Álvarez habría incurrido en una millonaria malversación de recursos del municipio de Caquiaviri, provincia Pacajes de La Paz.

Se presume que entre junio y diciembre de 2015, la autoridad emitió 531 cheques por un monto total que alcanza 4.266.216 bolivianos y esos recursos supuestamente fueron administrados de manera irregular.

Sin embargo, a la conclusión de su audiencia cautelar, el alcalde dijo que hay que “aclarar las cosas bien” porque al “final de cuentas los hermanos que me han acusado se están equivocando, yo no tengo ni un boliviano en mi bolsillo".

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

31 Enero 2017

El juez 4º de Instrucción Penal de El Alto, Ángel Mendoza Montecinos, sentenció, el 20 de enero de 2017, a Gonzalo Godoy Paco a tres años de cárcel en el panóptico de San Pedro, de la ciudad de La Paz, y el pago de costas a favor del Estado por el delito de falsedad ideológica para activar un Número de Identificación Tributaria (NIT).

El 16 de diciembre de 2016, Godoy Paco acudió a la Plataforma del Departamento de Recaudaciones de la Gerencia Distrital El Alto para activar el NIT 4430387013, pero con el nombre de Sebastián A. E.

Para tal efecto, Godoy Paco mostró como si fuera suya la cédula de identidad de Sebastián A. E., además de una factura de luz y croquis domiciliario.

Este intento de suplantación de identidad fue detectado de inmediato por el sistema digital del SIN, que alertó sobre la diferencia entre la firma escrita por Godoy Paco y la rúbrica de la cédula de identidad.

En ese momento, servidores públicos del SIN solicitaron a la Policía la detención de Godoy Paco y se remitió al aprehendido ante el fiscal Ricardo Condori, quien emitió la imputación formal y solicitó la detención preventiva en una audiencia cautelar que se efectuó el 21 de diciembre de 2017.

En este caso, el SIN se constituyó en víctima, mientras la Fiscalía se encargó de la fundamentación de la acusación por falsedad material.

Se espera que Guzmán comparezca en la corte el viernes a través de una videoconferencia desde la prisión donde se encuentra en Manhattan.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: SIN

 

24 Enero 2017

Un total de 152 reclusos se fugaron de una cárcel del estado brasileño de Sao Paulo  durante un motín en el que no se registraron muertes, según fuentes oficiales que destacaron que 90 de los presos fugados han sido ya capturados.

El suceso ocurrió durante una inspección rutinaria en el Instituto Penal Agrícola de Bauru, en el interior de Sao Paulo, cuando un agente penitenciario vio a un preso que estaba comunicándose por medio de un celular, según informó la Secretaria de Administración Penitenciaria (SEAP) de Sao Paulo.

El SEAP señaló que el grupo de intervención rápida intervino para asegurar la unidad, donde "no hubo rehenes", mientras que la policía militar actúa en la captura de los reclusos fugados y ha logrado detener a 90 internos.

"Todos los presos envueltos en este episodio y los capturados reingresaran a prisión en régimen cerrado", agregó el comunicado.

Los presos se amotinaron para protestar contra la "rígida disciplina" del presidio, que tiene superpoblación carcelaria, según denunció el presidente del Sindicato de los Agentes de Seguridad Penitenciaria (Sindasp), Daniel Grandolfo.

Grandolfo señaló a Efe que la situación en el presidio ya fue "controlada" y resaltó que en la cárcel de Bauru solo hay internos vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del país, lo que ha evitado enfrentamientos entre reos de facciones rivales, como los ocurridos en otras prisiones de Brasil en las últimas semanas.

El sistema penitenciario de Brasil atraviesa una profunda crisis que se agravó el primer día del año, cuando 56 reclusos fueron brutalmente asesinados en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaos por un enfrentamiento entre clanes rivales.

La lucha de poder entre grupos criminales se ha extendido a otras prisiones del país y en lo que va de año más de 130 presos han muerto.

En Natal, en el noreste de Brasil, los reclusos mantienen el control de la prisión de Alcaçuz desde hace 11 días y al menos 26 personas han sido asesinadas, la mayoría de ellas de la facción Sindicato do Crime do Río Grande do Norte (SDC), por órdenes del PCC.

La policía entró el pasado fin de semana para construir una barrera de contenedores con el fin de separar los clanes, que llegaron a protagonizar una batalla campal, y este martes volvió a ocupar el complejo penitenciario para realizar inspecciones.  

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

29 Diciembre 2016

El Juez de Turno 4º de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto, Ángel Mendoza Montecinos, por Resolución Nº 481/2016 de 27 de diciembre de 2016, sentenció a Cesar C. M. a tres años de cárcel en el Penal de Patacamaya del Departamento de La Paz por ser autor y culpable del delito de violación de precintos y otros controles tributarios.

Cesar C. M. es el propietario de la Chicharronería “El Cochabambino”, ubicada en la Avenida 6 de Marzo (Carretera Oruro) Nº 1025 de la zona Ventilla de la ciudad de El Alto.

En fecha 21 de agosto de 2016 el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) clausuró ese negocio por no inscripción al padrón de contribuyentes. Pese a la sanción, el 9 de septiembre de 2016 los controladores fiscales verificaron en flagrancia que dicha actividad económica se encontraba en funcionamiento y que el precinto de clausura fue violentado.

Por ello, con auxilio policial se realizó la acción directa y se condujo al sindicado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por el delito de “Violación de Precintos y otros Controles Tributarios”, previsto en el artículo 180 de la Ley Nº 2492 “Código Tributario Boliviano” en concordancia con el delito de “Evasión de Impuestos” previsto en el artículo 231 de la Ley Nº 1768 “Código Penal Boliviano”, donde el Juez de Turno dispuso la detención preventiva del sindicado.

Cesar C. M. aceptó su culpabilidad y autoría en un procedimiento abreviado, adjuntando su Inscripción en el Régimen General del SIN, el pago de la multa de 6000 UFV`s impuesta en el artículo 180 de la Ley Nº 2492 y no registrar antecedentes penales anteriores, por lo que el Juez Mendoza Montecinos lo sentenció a tres años de cárcel en el Penal de Patacamaya, pena mínima para este delito.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: SIN

 

22 Diciembre 2016

El exgobernador de Beni, Carmelo Lens, denunció, luego de determinarse su detención preventiva en la carceleta de Riberalta, que hay gente en Trinidad y en otros departamentos del país que afrontan decenas de procesos y tienen más de 20 imputaciones, pero pese a ello no son derivadas a la cárcel, como ocurrió en su caso.

Ayer, la justicia determinó que Lens sea remitido a la carceleta porque, según la exautoridad, contaba con una doble imputación. El caso por el cual fue enviado con detención preventiva fue el referido al proyecto del aeropuerto de Guayaramerín, cuyos recursos, según señala la investigación, eran administrados por su hermano Mauricio Lens.

"Los argumentos sin razón, sin sentido. Simplemente para el ciudadano común y corriente, uno de los riesgos procesales porque hay una doble imputación, hay personas que tiene 27, 28 o 29 imputaciones y tienen medidas sustitutivas”, expresó Lens desde Beni.

"En la misma ciudad de Trinidad, exfuncionarios míos tienen seis, siete, ocho procesos y en todos tienen medidas sustitutivas”, acotó.

Según da cuenta información del Ministerio de Transparencia, Lens ordenaba que se entregue a su hermano los dineros cobrados por la empresa constructora RIMAR, que se adjudicó el proyecto del aeropuerto. Los recursos salían de las arcas de la Subgobernación de la provincia Vaca Díez para el pago de las planillas de avance.

Carmelo Lens fungió como Subgobernador de la provincia Vaca Díez y posteriormente ejerció el cargo de Gobernador de Beni.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Página Siete

 

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