Santa Cruz de la Sierra
24 Enero 2019

Devuelto a la cárcel para cumplir la sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad después de que la justicia peruana revocara su indulto, Alberto Fujimori dijo que se prepara para lo peor. El final "está cerca", confesó a la AFP poco antes de abandonar la clínica donde ha pasado los últimos cuatro meses.

 "Siento que el final está cerca", dice en un manuscrito desde la Clínica Centenario Peruano Japonesa, antes de que fuera trasladado a la base de las fuerzas especiales de la policía en Lima para completar los 13 años que le quedan de su condena por crímenes contra la humanidad cometidos durante su gobierno.

 "Si en la tranquilidad de estar hospitalizado atravieso por una peligrosa montaña rusa cardiaca, en prisión la situación será mucho más grave e inestable", responde de su puño y letra a un cuestionario de la AFP.

 "Es por eso que volver a prisión es una condena de muerte lenta y segura", asegura en su manuscrito el ingeniero y matemático de 80 años, formado en Estados Unidos y Francia, que gobernó Perú de 1990 a 2000 con mano de hierro. 

 Una junta médica evaluó su estado hace una semana, determinando que se encuentra estable y puede recibir tratamiento ambulatorio para sus múltiples dolencias.

 Fujimori fue internado el 3 de octubre al sufrir una descompensación en su casa luego que un tribunal anuló el indulto que le concedió el entonces presidente peruano Pablo Kuczynski en la víspera de la Navidad de 2017.

 Fujimori estuvo preso en la misma base policial a la que iba a regresar en la tarde de este miércoles entre 2007 y 2017, luego de llegar extraditado desde Chile. Será el único recluso en ese lugar, donde dispondrá de cuidados médicos permanentes.

 La suerte de Fujimori no está aún sellada a nivel judicial, pues la Corte Suprema debe decidir una apelación contra la anulación del indulto. 

 "El indulto se justificó por varias enfermedades entre ellas la fibrilación auricular paroxística. El diagnóstico actual no es el mismo, pues se ha agregado ahora otro mal coronario", alega Fujimori en su manuscrito.

  "La combinación de estos dos problemas con el trauma y el estrés que produce la cárcel es un camino seguro a un infarto cardíaco", afirma. 

 “El juicio de la historia será más justo que el juicio de los enemigos políticos conmigo", añade el exgobernante, tras considerar que su familia es víctima de una venganza política.

 "Podrán quitarme la vida, pero jamás mis logros. El Perú nunca más volverá a ser ese país inviable que recibí" en 1990, evoca en alusión a la hiperinflación de 7.600% y a la violencia guerrillera de Sendero Luminoso.

 "Voy camino al fin de mi vida con la satisfacción de haber ayudado a cambiar la historia de mi país", sostiene el expresidente, que sigue dividiendo a los peruanos dos décadas después de dejar el poder.

 Para unos es "un héroe" por haber estabilizado a Perú y para otros "un villano" por la represión y la corrupción durante su gobierno.

 Logró derrotar a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y del guevarista MRTA. También se volvió autócrata, cuando dio un "autogolpe" en 1992 y disolvió el Congreso e intervino el sistema judicial.  

 "Los antifujimoristas no quieren reconocer los grandes cambios estructurales de la década del 90 que beneficiaron a toda la población, sólo viven de su odio a los Fujimori. Por eso hoy pretenden matarme lentamente", justifica.

 “Estoy viviendo una verdadera pesadilla. Jamás imaginé que la política podía producir tanto daño a mi familia. Siento como si una maldición hubiera caído sobre nosotros", dice sobre la situación judicial de los dos hijos, de cuatro, que ingresaron en política.  

 "Mi hija (Keiko), jamás llegó a la presidencia y, sin embargo, es la única política en prisión por el caso Odebrecht. Ella debería enfrentar el proceso en libertad, pero está en la cárcel por motivaciones 100% políticas", afirma sobre su primogénita, de 43 años.

 Keiko, líder de la oposición, está en prisión preventiva por 36 meses desde el pasado 31 de octubre acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrechet.

 El benjamín Kenji, de 38 años, está procesado a raíz de un presunto intento de comprar votos de legisladores para evitar la destitución de Kuczynski.     

 "No cometió en absoluto nada ilegal", dice en defensa de Kenji, quien se enemistó con Keiko y lidera un ala disidente del fujimorismo.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: AFP

 

21 Enero 2019

En Venezuela, un grupo de militares sublevado contra Nicolás Maduro fue detenido, tras ser acusados de sustraer armas de un destacamento y arremeter a instalaciones de la Fuerza Armada. Se desataron manifestaciones que los respaldan y represión de parte de organismos de seguridad.

Según El Nacional, los militares en alzamiento se pronunciaran desconociendo a Maduro y pidiendo el apoyo de los ciudadanos en las calles. Los habitantes de la zona iniciaron manifestaciones para mostrarles su respaldo.   

El Ministerio de Defensa venezolano informó, mediante un comunicado, que en horas de la madrugada el grupo de militares, al que calificó de “reducido” y” “delincuentes” y “asaltantes”, redujo a un comandante y a bordo de dos vehículos irrumpieron en un destacamento de Petare, municipio Sucre, y sustrajeron armas.

Luego, según dicho Ministerio, los militares sublevados fueron rendidos y capturados en  la sede de la unidad especial de seguridad en Cotiza, municipio Libertador. “A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley”, agrega el comunicado.

En Cotiza se desataron protestas y represión.

De acuerdo con El Nacional, funcionarios del cuerpo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim)  lanzaron bombas lacrimógenas a las personas que se encuentran protestando como respaldo a los militares alzados.

“Durante toda la madrugada estuvo llegando el Sebin, el Dgcim, el FAES y policías tratando de entrar al comando. Al principio lo que se veía era que una persona, al parecer, habló con los militares y negoció. Fue ahí cuando todos se entregaron y todos se fueron, cuando vimos que todos se iba los vecinos empezaron a bajar. Primero salieron los del sector Los Bloques y luego los de mi sector. Cuando Llegamos frente a la plaza ellos nos lanzaron dos bombas lacrimógenas”, sostuvo un habitante de la zona, citado por el medio venezolano.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

18 Enero 2019

La Fiscalía informó que ya son cuatro los jefes policiales, dos generales, un coronel y un teniente coronel, aprehendidos por el caso de corrupción en los exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policía (Anapol).

Los aprehendidos son el teniente coronel Héctor H.I.R., asesor jurídico de la Anapol, el coronel Rubén V.Q. vicerrector de la Universidad Policial (Unipol), el general Iván V.Q.V., rector de la Unipol y el general Walter L.T.

El fiscal departamental William Alave señaló los jefes policiales son investigados por los presuntos delitos de Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Información Privilegiada, Incumplimiento de Deberes, Asociación Delictuosa y Uso Indebido de Influencias.

Después de tomarse declaraciones a los jefes policiales, los mismos serán puestos ante un juez que definirá su situación jurídica.   

Según explicó el coronel Jhonny Aguilera, director de la fuerza anticrimen, los jefes aprehendidos estarían implicados en la contratación irregular de empresas para el proceso de evaluación de los postulantes a la Anapol.

Señaló que entre las acciones ilegales se identificaron: informalidad de contratos y control, ventajas indebidas a empresas, y la no exigencia de requisitos.

Precisó que las empresas contratadas no cumplen con los requisitos mínimos de experiencia, como de un lugar permanente de operaciones.

El ministro Carlos Romero, con anterioridad, señaló que las dos empresas contratadas para la evaluación eran “fantasma”.

De acuerdo con la investigacion, las empresas habrían imprimido una mayor cantidad de exámenes que las estipuladas en contrato, favoreciendo así supuestamente a que haya la suplantación de las pruebas.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

 

18 Enero 2019

Dos médicos y una enferma, involucrados en el caso del bebé que murió por quemaduras de tercer grado provocadas por una incubadora improvisada en el hospital de Warnes, fueron aprehendidos para que presenten sus declaraciones informativas ante la Fiscalía.

Los profesionales, que se encontraban en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Warnes, fueron conducidos a dependencias policiales por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, según radio Stilo de Warnes.

Por otro lado, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, informó hoy que se suspendió a los galenos involucrados en esta muerte.

“Ellos están suspendidos, tienen que estar suspendidos (...). Ese niño necesitó atención, el hospital estaba saturado y hubo una mala praxis no hay duda, hubo una mala praxis al improvisar una incubadora para tratar de salvar la vida al niño”, dijo Urenda.

Por otro lado, explicó que personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz se encuentra en Warnes para hacer una auditoria médica y luego remitirla al Ministerio Público. "Se improvisó mal, sin cumplir protocolos", agregó.

Debido a que el niño nació de forma prematura, los médicos habrían decidido ingresarlo a una incubadora. Sin embargo, según la madre, el hospital no contaba con los equipos disponibles y decidieron ponerlo en una “improvisada”.

Esto provocó que el bebé sufra quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo. La madrugada de ayer el recién nacido murió y aún no se aclara cuál fue el equipo que se usó para asistirlo.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

 

18 Enero 2019

El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, comunicó este viernes que “se emitieron ocho órdenes de  aprehensión, dirigidas contra dos vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), un fiscal de materia, cuatro policías de distinto rango y contra una persona en particular. De las cuales hasta el momento se han ejecutado seis”.

“Los dos casos que han estado en investigación con relación a Jhasmani T. L. han dado por resultado que se expidan estas órdenes de aprehensión, pero delito penal concreto, el de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, expresamente descrito  en el artículo 174 del Código Penal”, detalló Vargas.

Indicó que falta la detención de un vocal de la Sala Penal y la otra contra una persona “particular”.

También indicó que se conformó una comisión de fiscales la cual está compuesta por profesionales del área penal y anticorrupción.

Jhasmani T. L. fue identificado como el líder de una organización de abogados ligado a jueces y policías que se dedicaba a torturar y extorsionar a sus contrarios en diferentes litigios.

El caso cobró fuerza en los últimos días tras la difusión de videos en los que se ve agrediendo a litigantes.

El abogado fue trasladado la noche de jueves al penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

 

11 Enero 2019

La Policía brasileña informó este viernes la detención dos sospechosos de haber participado en el asesinato de una familia boliviana en Sao Paulo, aunque el presunto autor del crimen, continúa prófugo.

La secretaría de Seguridad del estado de Sao Paulo confirmó el arresto, el miércoles por la noche, de dos hombres de 27 y 33 años de los que no dio más detalles: los medios brasileños afirman que se trata de dos amigos de Gustavo Vargas Arias, cuñado del matrimonio fallecido y principal sospechoso del triple asesinato.

“Las investigaciones continúan para localizar y capturar a un tercer sospechoso”, concluye la breve nota.

Vargas también está siendo buscado por la Policía de Bolivia, que trata de averiguar si se desplazó a territorio nacional tras presuntamente cometer el crimen.

Por otra parte los familiares de los tres asesinados en Brasil anunciaron que los cuerpos llegarán a Bolivia el próximo lunes para ser enterrados en La Paz.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

09 Enero 2019

La presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB) Lily Cortez, fue aprehendida y es investigada por un caso de proxenetismo y trata de personas. Un grupo de mujeres denunciaron a la dirigente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El subdirector de la FELCC, Freddy Medinaceli, afirmó que “se inició con la investigación cuando una mujer se presentó en la Policía para denunciar que Cortez y otras mujeres amenazan a las trabajadoras sexuales para seguir prestando servicio bajo su control”.

“La denuncia fue realizada además, por cobros indebidos, puesto que se retenía Bs 30 al día a las trabajadoras sexuales, supuestamente para dar remuneraciones a la Policía, Intendencia, juntas vecinales y colegios  para que se mantengan en silencio respecto a los lenocinios” agregó el policía.

Asimismo, se denunció que también se retenía dinero para pagar al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para que no haga los controles respectivos, y que del mismo modo, se denunció que menores de edad son amenazadas para brindar servicios sexuales con un antifaz para no ser descubiertas, agregó la autoridad.

Uno de los testimonios reveló que se retuvo 50 bolivianos a las trabajadoras sexuales el pasado diciembre, supuestamente para entregar canastones a la Policía e Intendencia Municipal de El Alto.

Actualmente se realiza la toma de declaración a los involucrados y se espera la audiencia de medidas cautelares. Medinaceli manifestó que en la Policía saben que al luchar contra la prostitución se están enfrentando a un “monstruo” pues cree que serán denunciados por las dirigentes del sector.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

08 Enero 2019

La Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz determinó este martes ratificar el encarcelamiento de tres de los jóvenes acusados en el caso “Manada”, quienes apelaron para intentar salir de Palmasola, reportó radio Alternativa de la Red ERBOL.

Un total de cinco jóvenes, uno menor de edad, son acusados de cometer violación agravada contra una muchacha de 18 años, en un motel de la capital cruceña. Los Cuatro mayores fueron enviados a Palmasola y el restante a una correccional de menores.

Tres de los encarcelados presentaron una apelación para defenderse en libertad. Según uno de sus abogados, los acusados tienen miedo de ser violados en el penal cruceño.

Sin embargo, la Sala Penal Tercera ratificó el encarcelamiento, al considerar que siguen vigentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización de la investigación.

El abogado de la víctima, Andrés Richter, destacó que con esta decisión judicial se corrobora que existe una actividad delictiva reiterada de los acusados, que son un peligro para la sociedad y que, de salir libres, podrían destruir pruebas o influenciar en testigos o peritos.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

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