Santa Cruz de la Sierra
19 Julio 2019

Un centenar de investigadores comenzaron hoy los trabajos en los estudios de animación de la ciudad japonesa de Kioto donde un incendio intencionado causó este jueves 33 muertos, la mayoría de ellos al quedar atrapados en una escalera cuando intentaban salir a la azotea.

El fuego en los estudios de dibujos animados Kyoto Animation quedó completamente extinguido hoy.

Tres horas después entraron en el edificio los policías y los bomberos para iniciar las investigaciones sobre el suceso, uno de los más trágicos registrados en Japón en las últimas décadas.    

El presunto responsable del incendio, que permanece detenido, fue identificado hoy por la policía como Shinji Aoba, de 41 años, procedente de la ciudad de Saitama, al norte de Tokio, donde un vecino lo describió como una persona con desequilibrios mentales.

Las informaciones que han filtrado las autoridades y los relatos de los testigos apuntan a la idea de que Aoba actuó en un posible acto de venganza porque, según dijo, Kyoto Animation "le había robado una novela" o le había "copiado" una idea.

Aunque hizo unas primeras declaraciones tras ser detenido cerca del lugar, las autoridades están esperando a que se recupere de las quemaduras que sufrió para comenzar el interrogatorio formal y conocer a fondo las razones para llevar a cabo el crimen.

Además de los 33 muertos hubo 35 heridos, diez de ellos graves, según el último informe.

Mientras tanto, comienzan a conocerse, a través de las declaraciones de parte de los testigos y de filtraciones de la investigación, datos trágicos sobre la forma en la que murieron muchas de las víctimas.

Varios medios locales, entre ellos la agencia local Kyodo, informaron de que 19 personas perecieron atrapadas en la escalera que da acceso a la azotea al no conseguir abrirla.

Se hallaron algunos cuerpos apilados en esa escalera, de una anchura de un metro, y todo parece indicar que fallecieron intoxicadas por el monóxido de carbono.

Ayer, jueves, cuando comenzaron a conocerse los primeros testimonios, algunas personas aseguraron que el presunto autor del incendio entró en el edificio gritando: "Os voy a matar".    

Comienza a ganar peso la hipótesis de que se aprovisionó del combustible en una gasolinera cercana, donde un desconocido compró 40 litros de gasolina que colocó en dos bidones y se cree que se trata de la misma persona.

El presidente de Kyoto Animation, Hideaki Hatta, dijo este viernes que no podía creerse las consecuencias del ataque. "No sé si (el responsable) habría pensado lo que podría causar todo esto", declaró.

Una portavoz de la compañía señaló que la firma había recibido correos electrónicos anónimos en las que había críticas contra las obras que producía Kyoto Animation y sus responsables.

"Nosotros lo hemos denunciado un par de veces a la policía", dijo la fuente, no identificada, a la cadena pública de televisión NHK.

Al parecer, según distintos testimonios, el presunto responsable arrastraba un pasado de desequilibrios mentales.   

Un vecino del detenido relató que este "hacía mucho ruido" dentro de su casa, y cuando tocó su puerta para quejarse se alarmó por su reacción.

"Me agarró de la ropa y me dijo que no tenía nada que ver conmigo y que estaba al límite", agregó.

Las muestras de apoyo a Kyoto Animation han sido numerosas, especialmente en el mundo del anime, y los vecinos de Kioto han comenzado a llegar a las proximidades del lugar para hacer sus oraciones por las víctimas y dejar ramos de flores.

También se ha iniciado una campaña popular en un sitio de internet para recaudar fondos con el fin de que la compañía pueda recuperarse económicamente de la tragedia.    

Un día después de la tragedia que vivieron los 74 empleados de la compañía, gracias a esa campaña se habían recaudado casi 1,3 millones de dólares, con muchas donaciones de 5 o diez dólares.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

05 Junio 2019

Unidad Nacional (UN) demandó una investigación "profesional y despolitizada" en el caso del diputado de este frente Amilcar Barral, aprehendido junto a su asistente tras una acusación de extorsión presentada por el exalcalde de El Alto, Édgar Patana, preso en el penal de San Pedro de La Paz por corrupción.

Mediante un comunicado, su partido hizo saber que "no acepta la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga", aunque también señaló que no confía en la justicia, "por lo que esperar una investigación imparcial no basta". Por ello, anunció que movilizará a su bancada parlamentaria para que "supervise la claridad y la honestidad del trabajo de la Fiscalía y la Policía en este caso”.

UN hace notar además que Patana es "enemigo político", por lo que considera que la investigación debe tomar en cuenta dos aspectos: que Patana "tiene intereses para hacer lo que está haciendo" y que "debe respetarse el derecho constitucional de presunción de inocencia".

De acuerdo a las investigaciones preliminares de la Policía, el caso se activó por una denuncia de Patana, quien acusó a un reo, quien sería nexo de Barral, de haberle pedido un dinero para evitar que el diputado presente un pedido de informe escrito a Régimen Penitenciario sobre la administración de kioskos al interior de San Pedro, lo que supuestamente afectaría a terceros.

Barral admitió tener contacto con al menos seis reos de San Pedro, pero negó la acusación de Patana. Por el contrario, dijo que los reclusos le informaron que el exalcalde de El Alto es quien negocia con la construcción de espacios en ese recinto penitenciario, algo que ahora también será investigada por la Policía, según señaló el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

“Sí, vamos a hacer una profunda investigación como lo hicimos en el caso Palmasola (Santa Cruz) y El Abra (Cochabamba). En el caso de San Pedro hay estas referencias antes de Patana”, afirmó cuando fue consultado sobre las irregularidades denunciadas en el penal paceño.

El diputado del MAS David Ramos propuso derivar el caso a la comisión de ética y alejar a Barral de la legislatura hasta que se esclarezca el caso.

En tanto, la Policía dispuso analizar el flujo de llamadas del sindicado con otro recluso que habría actuado como intermediario y, además, a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del penal de San Pedro, donde presuntamente ocurrió el ilícito.

Redacción: Leo.com        

Fuente: Agencias

 

24 Mayo 2019

Un polémico desfile de menores listos para ser adoptados en la pasarela de un centro comercial en Brasil será investigado por las autoridades del sistema judicial después de que se difundiera un video en internet en donde aparecen los menores.

El Departamento de Asuntos Internos de la Justicia de Mato Grosso, estado en donde tuvo lugar el incidente que causó repudio, deberá enviar informaciones detalladas sobre el apoyo ofrecido por la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), institución pública que vela por el trabajo del sistema judiciario en el país.

El corregidor nacional de Justicia, magistrado Humberto Martins, instauró el jueves de oficio el pedido para que el evento, denominado “Adopción en la pasarela”, realizado en el Pantanal Shopping, sea investigado y los responsables procesados en caso de comprobarse la violación de los derechos de los menores.

De acuerdo con la CNJ, el evento en el que menores, en su mayoría adolescentes que nunca fueron adoptados, desfilaron ante el público para ganar “visibilidad”, fue autorizado por la jueza de Derecho de la Infancia Gleide Bispo Santos y tuvo el apoyo de la Comisión de Infancia y Juventud de la OAB en Mato Grosso.

La Asociación de Jueces para la Democracia (AJD) divulgó un comunicado en el calificó el evento como un “retroceso al tiempo de la Conquista” que “remitía” a las “ferias de esclavos”.

 “Hay varias otras formas y campañas para la adopción que no exponen los niños y adolescentes y que nos los vuelven a poner otra vez como víctimas”, apuntó la AJD.

Los organizadores, la OAB de Mato Grosso y la Asociación Matogrossense de Investigación y Apoyo a la Adopción (Ampara), divulgaron una nota conjunta en la que afirman que el evento “nunca” tuvo como “objetivo” presentar a los menores para que se “concretara su adopción” y que ninguno de los menores fue “obligado” a desfilar.

“Los niños y adolescentes que desfilaron lo hicieron en compañía de sus padrinos o con sus padres adoptivos”, añadió el texto de la OAB regional, entidad que regula el ejercicio de la profesión de abogado en el país.

No obstante, para la AJD, el evento abandonó lo estipulado en el Código del Menor, a pesar de la buena intención de “dar visibilidad a los niños y jóvenes entre cuatro y 17 años aptos para la adopción” y del aval de los propios menores, pero terminó “exponiéndolos” como “mercancía”.

El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, manifestó en una nota su “repudio” al evento y recordó que el Estatuto del Niño y del Adolescente “atribuye a la sociedad y al Estado el deber de proteger integralmente” a los menores en su “identidad y emociones”.

En tanto, el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que también repudió el desfile, reafirmó su “compromiso con la garantía de los derechos” de los menores, “entre ellos el de adopción por medio de acciones que aseguren, prioritariamente, su bienestar” en este tipo de “situación”.

Redacción: Leo.com

Fuente: EFE

22 Mayo 2019

El abogado del empresario Mauricio Higa, investigado por presuntos vínculos con el narcotraficante, Pedro Montenegro, Nestor Higa, negó que su defendido haya sido el “estafeta” encargada de lavar el dinero proveniente del narcotráfico de Montenegro con la empresa constructora que administraba.

Para el abogado, su cliente podía sostener conversaciones con cualquier persona para ofrecer sus servicios y eso no significa que se tergiverse la comunicación, en ningún momento se habla de una protección, encubrimiento o asociación delictuosa por que no corresponde llevar la investigación contra Mauricio, dijo que él no tenía antecedentes.

Esperan las declaraciones del comandante departamental de la  Policía de Santa Cruz Igor Echegaray, para despejar dudas respecto al tema. El mayor José Saldaña dijo que se contactó con Mauricio Higa (empresario relacionado a Montenegro) por órdenes del comandante departamental de la  Policía de Santa Cruz Igor Echegaray.

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

21 Mayo 2019

El capitán de la Policía, Carlos Alberto Q.M., acusado de tener vínculos con Pedro Montenegro, aseguró hoy que autoridades policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) le ofrecieron 50 mil dólares para que investigue al narcotraficante.

“Incluso se me ha ofrecido una cantidad de 30 o 50 mil dólares por el informante que dé información acerca del paradero de Pedro Montenegro (…). Ellos mismos me han dicho que me garantizaban la total y absoluta reserva y discreción en el caso para que yo consiga información a través del señor Mauricio Higa”, dijo el policía en un vídeo difundido por el portal Detrás de la Verdad.

El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz determinó ayer la detención domiciliaria, arraigo y fianza de 200 mil bolivianos para este capitán de la Policía.

La Fiscalía lo imputó, junto al mayor Miguel José S.M. que tiene detención preventiva, por los delitos de encubrimiento, confabulación y asociación delictuosa.

Fue imputado porque según su flujo de llamadas telefónicas, habría sostenido conversaciones telefónicas con el excoronel Gonzalo Medina y el empresario Mauricio Higa, implicados en el proceso.

"Me sindican, me humillan, me denigran, me estigmatizan ante la sociedad, ante los medios de comunicación (...) siendo que yo en persona me he constituido en más de cinco ocasiones a la Felcn para aportar  con la información que yo sabía. He sido víctima de vigilancia", sostuvo.

A la fecha sobre Montenegro pesan tres procesos penales en Bolivia, una por delitos de falsedad, otro por legitimación de ganancias ilícitas y la tercera por tráfico de sustancias controladas. Montenegro está detenido preventivamente en el penal de Palmasola.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

17 Mayo 2019

El papa aceptó la dimisión del obispo brasileño de Limeira, monseñor Vilson Dias de Oliveira, anunció hoy la Santa Sede en un comunicado.

El prelado está siendo investigado en su país por sospechas de encubrimiento de abusos sexuales y extorsión, según la prensa brasileña.

Dias de Oliveira supuestamente protegió a un sacerdote acusado de abusos.

El obispo confesó además a la policía en abril haber recibido una "donación" de una parroquia para uso personal, alegando que tenía problemas financieros.

En su carta de dimisión, publicada en el sitio de la diócesis, Monseñor Vilson Dias de Oliveira cita "ataques contra nuestra Iglesia de Limeira, contra mí y otras parroquias". Dice pedir su dimisión "por el bien de la diócesis, para que la labor pastoral pueda seguir su curso".

El prelado fue reemplazado de momento por un administrador apostólico, Monseñor Orlando Brandes, arzobispo de Aparecida, precisa la Santa Sede.

El Vaticano siempre anuncia cuando el papa Francisco acepta la dimisión de un obispo, pero nunca explica las razones.

Francisco, confrontado a una serie de abusos sexuales que han dañado la imagen de la Iglesia católica, organizó en febrero una cumbre mundial de obispos sobre el tema de abusos sexuales, y prometió acciones concretas.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

16 Mayo 2019

La comisión de fiscales que investiga al procesado por narcotráfico Pedro Montenegro Paz y sus vínculos en el país, presentó la ampliación de la investigación por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento contra cuatro autoridades judiciales y un exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En una carta enviada al Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz con fecha de ayer, los fiscales piden ampliar las pesquisas en contra de Gonzalo Hurtado Zamorano, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); Joyce Lizeth Choquerive Sosa, magistrada suplente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Darwin Vargas Vargas, vocal del TSJ de Santa Cruz; Juan José Paniagua, Juez 4to. de sentencia en lo penal de Santa Cruz y María Belén Laguna Rojas, exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni.

En el caso de Choquerive el Ministerio Público analiza las fotografías que fueron tomadas para la realización de ese spot, que concuerdan con imágenes capturadas por los investigadores durante el allanamiento a la vivienda de Montenegro.

Por su parte, Hurtado fue acusado de reunirse con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

A la ampliación de investigación se añade al exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizu Janco, según el documento al que accedió el portal Detrás de la Verdad.

Esta mañana el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TJS), José Antonio Revilla, denunció que la supresión de una frase del Auto Supremo 075/2015 (sentencia máxima que emite ese tribunal) impidió la aprehensión del narcotraficante Montenegro Paz, por lo que pidió una investigación para conocer si ese cambio se produjo en el Tribunal o en un juzgado de la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

En el caso de Garvizu fue diputado por la Circunscripción 46 del departamento de Santa Cruz por el MAS, durante la gestión 2010-2015. Desde el 2002 está vinculado al partido gobernante, cuando fue dirigente de las Juventudes del MAS en Yapacaní, municipio en el que también fungió como juez pero por cuestionamientos a su designación fue retirado del cargo.

Policías declaran

Esta mañana se presentaron en la Fiscalía Antinarcóticos de Santa Cruz, los policías Ismael Sánchez y el exjefe de la unidad de Trata y tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Villca, presuntamente vinculados al extraditable Pedro Montenegro.

Villca y Sánchez aparecen en fotografías y videos junto a Montenegro.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

14 Mayo 2019

El caso Montenegro salpica a otra autoridad de Justicia. Esta vez, a la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Joyce Lizeth Choquerive, quien habría filmado spot de campaña para las elecciones judiciales de 2017 en una de las casas del acusado de narcotráfico en Bolivia y Brasil.

La Fiscalía de Santa Cruz informó que se inició una investigación, que parte de las comparaciones de fotografías y videos del spot de Choquerive con las de la vivienda ubicada en la zona de Urbari, la misma que fue allanada el mes pasado, cuando la Policía buscaba a Pedro Montenegro Paz.

Actualmente, el Ministerio Público analiza las imágenes del spot de la magistrada y las capturadas en el allanamiento a la vivienda de Montenegro. Los elementos que coincidirían serían el sofá, las instalaciones, lámparas y el cuadro de pared. Para ello, la Comisión de fiscales requirió un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) al respecto.

“(…) Los vínculos que relación ha tendido (Choquerive) con el señor Montenegro Paz; eso es lo que se investiga. Qué más hay detrás de la fotografía, eso es lo que vamos a ver”, dijo el fiscal departamental Mirael Salguero, en contacto con los medios locales.

Precisó que a partir del análisis la Comisión de fiscales evaluará si es necesario abrir otro proceso o se puede investigar dentro de uno de los tres procesos contra Montenegro.

En la presentación Montenegro Paz, la FELCN exhibió un diagrama con nombres de al menos 20 personas vinculadas al acusado. Entre ellas, el actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y expresidente del TSJ, Gonzalo Hurtado; el vocal del TSJ de Santa Cruz Darwin Peña; la exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni Belén Laguna y el juez Juan José Paniagua.

Redacción: Leo.com

Fuente: Noticiasfides

 

  

 

 

 

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