Santa Cruz de la Sierra
14 Diciembre 2018

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública, en la que la acusa de defraudar $16,4 millones de dólares simulando no residir en España, según reportó EFE.

Hace algunos días atrás showbiz también reveló que la decisión del ministerio público se fundamentaría no solo en las acusaciones que la autoridad tributaria vierte contra Shakira en el informe final de sus pesquisas, alegando que la intérprete podría haber incurrido en un delito de evasión fiscal al no haber abonado sus correspondientes impuestos de renta y patrimonio entre los años 2012 y 2014; sino también en la posibilidad de que hubiera recurrido deliberadamente a ciertas tácticas irregulares para eludir sus responsabilidades con el fisco, como la de fingir que residía en las islas Bahamas.

Es en este último punto, el del país donde verdaderamente residía Shakira a efectos fiscales en los años 2012, 2013 y 2014, en el que chocan radicalmente las posturas presentadas por ambas partes, ya que la defensa de la artista colombiana no ha tardado en salir al paso de la noticia para lamentar, en primer lugar, que la fiscalía pretenda abrir un proceso penal cuando “tendrían que haber probado primero que vivía aquí, algo que no han hecho” y, además, por haber recurrido a la vía penal para dirimir una disputa que se enmarcaría claramente en el ámbito “técnico-jurídico“.

Los abogados de Shakira también hacen hincapié en el hecho de que la propia Agencia Tributaria habría reconocido en el informe que no hay pruebas concluyentes que demuestren que la cantante pasó más de la mitad de cada uno de esos años en territorio español, lo que establece la ley tributaria para determinar que un individuo es oficialmente residente a efectos fiscales y, por tanto, que ha de declarar todos y cada uno de los rendimientos de su trabajo.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Teleshow

                                               

14 Marzo 2017

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, afirmó que el robo agravado y la violación se constituyen en delitos con tendencia a subir en el territorio nacional, en cambio los otros temas de inseguridad fueron disminuyendo desde 2014.

“Los delitos que mayor sensación de inseguridad causan son esos delitos violentos con la utilización de armas de fuego, los robos agravados donde mueren personas, pero también la presencia de pandillas, los delitos de trata y tráfico. De manera general los delitos han ido disminuyendo desde el 2014, 2015 y 2016, han ido disminuyendo en un 8% y los únicos delitos que tienen tendencia a subir son los delitos de violación y evidentemente los delitos de robo agravado”, dijo.

La autoridad, en una entrevista en Red Uno, señaló que ese tipo de delitos que tienen tendencia a subir se dan por el accionar de la gente avezada, de delincuentes que ya estuvieron en la cárcel, por lo que es necesario “ser duros” a la hora de juzgar a un antisocial que en algún momento puso en riesgo la vida de una persona.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

13 Marzo 2017

La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), advirtió que el proyecto de nuevo Código del Sistema Penal, que despenaliza el aborto hasta los dos meses de embarazo, conlleva una “colonización ideológica extranjera”.

La CEB emitió este lunes un comunicado mediante el cual rechazó el proyecto impulsado por la Asamblea Legislativa, debido que a su criterio amenaza el derecho a la vida consignado en la normativa nacional.

“Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos”, señala el comunicado.

El texto cuestionado permite el aborto hasta las ocho semanas de embarazo para las mujeres que no cuenten con recursos económicos suficientes, sean estudiantes o tengan tres o más hijos. 

Para la Iglesia Católica, esta “propuesta de ley distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuese justificativo suficiente para violar cualquier ley”.

La CEB agregó la Asamblea Legislativa debe responder a la ética y moral de nuestras culturas y respetar la vida.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

26 Agosto 2016

El Ministerio Público abrió proceso penal por 10 delitos contra más de 10 dirigentes mineros cooperativistas, por la violencia registrada en lo bloqueos de caminos y el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

Según el auto judicial que se usó en operativos este viernes, una comisión de fiscales abrió el proceso por los delitos de: Sedición, asociación delictuosa, terrorismo, tenencia o portación ilícita, atentado contra miembros de seguridad del Estado, atentado contra la seguridad de transportes, atentado contra los servicios públicos, asesinato, robo agravado y secuestro.

Entre los investigados en este caso están:

Alvino García y Braulio Arguedas, presidente y vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol).   

Carlos Mamani, Agustín Choque, Ubaldo Huayta, Cecilio Alanes, presidente, vicepresidente y dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).

Federico Escobar, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin).     

Remberto Chávez,  presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).

Josué Caricari, presidente de la Cooperativa 20 de Octubre del norte de Potosí, quien el jueves advirtió que habría represalias contra el Viceministro por la intervención policial al bloqueo.

El Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal y Cautelar de El Alto emitió el documento en que se encuentran estos datos. El mismo es un auto interlocutorio de allanamiento de domicilio, registro, requisa, secuestro y aprehensión.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

17 Agosto 2016

El Ministerio Público eximió de culpa a Gabriela Zapata por cuatro delitos en el proceso que se le abrió por usar ambientes de la unidad de Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia, presuntamente para tener ventajas económicas.

Según una resolución firmada por los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria, el Ministerio Público no halló “suficientes elementos de convicción” para sostener que Zapata incurrió en los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Respecto al uso indebido de influencias, la Fiscalía señaló que este tipo penal no se aplica a Zapata porque sólo es para funcionarios públicos.

La joven estaba acusada también porque en su carnet figuraba que es abogada, sin culminar sus estudios universitarios. A este punto, el Ministerio Público no halló el título profesional falso por lo cual se la eximió del delito de falsedad material.

En otra acusación, la Aduana se querelló contra Zapata porque firmó una carta ofreciendo servicios como si fuera abogada representante de una compañía. Al respecto, la Fiscalía descartó el delito de ejercicio indebido de la profesión porque la única víctima de esta acción sería la empresa que representaba la exnovia de Morales y no existe una denuncia de esa firma.

En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, la resolución dice que no se ha podido establecer el daño económico al Estado que habría causado Zapata. 

La resolución fiscal fue revelada por Martha Requena, abogada  de la exdirectora de Gestión Social, Cristina Choque, quien también está procesada en este caso.

De acuerdo con el texto, Choque también fue sobreseída por cuatro delitos: enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de bienes y rentas, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Requena dijo que recién fue notificada con esta resolución -fechada el 15 de julio- y que ahora los querellantes tienen un plazo de 10 días para apelar, no obstante, anunció que pedirá la libertad de su defendida.

La imputación

El 26 de julio el Ministerio Público informó que se habría presentado imputación formal por este caso contra Zapata, Choque y los otros implicados. 

Según esta información se imputó formalmente a Zapata por otros seis delitos: asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos, todos en el grado de autoría.

Además, la Fiscalía acusó a Choque por los tipos penales de asociación delictuosa, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.

La abogada Requena se abstuvo de opinar sobre la imputación porque no ha sido notificada con la misma.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

21 Mayo 2016

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, explicó el sábado que la Ley de la Abogacía establece sanciones para los abogados que cometan delitos, al referirse al caso del defensor de la ex pareja del presidente Evo Morales y ex gerente de CAMC, Gabriela Zapata, el abogado Eduardo León.

"De acuerdo al artículo 8, numeral 5 de la Ley de la Abogacía, que se encuentra en vigencia, los abogados no pueden ser perseguidos, procesados, salvo que incurran en la presunta comisión de un delito, ese es el caso en el cual se subsume la conducta del abogado Eduardo León", dijo.

León fue aprehendido el martes acusado de trata de personas, de estorbar el ejercicio de funciones, de engaño a personas incapaces y de asociación delictuosa.

Según el Ministerio Público, la detención del jurista se ejecutó porque presentó un niño que -de acuerdo con la juez- físicamente no correspondía con la investigación del caso Morales-Zapata.

Valdivia señaló que ser abogado de profesión libre, no le absuelve de tener que actuar en el marco de la ética profesional.

"Los profesionales abogados en el ejercicio de la profesión libre tienen que enmarcar su accionar profesional en una conducta ética. Hay principios que están en la Ley de la Abogacía, a los cuales los abogados estamos sujetos a la lealtad, principio de idoneidad, principio de integridad, de ética", agregó.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: ABI

04 Noviembre 2015

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que durante las actividades desarrolladas en el feriado de Todos Santos, Santa Cruz fue la ciudad con mayor incidencia de delitos en el país, con 120 casos.

“La ciudad con mayor incidencia de hechos delictivos atendidos por la institución del orden fue Santa Cruz, con 120 casos; luego, La Paz registró 103 casos y Cochabamba, 93”, señaló Romero, a través de un cuadro de casos atendidos en Todos Santos.

Asimismo, en Potosí se atendió 53 casos, Tarija 38, Chuquisaca, 34, Oruro 33, Beni con 18 y Pando con 9 casos.

El número total de casos (delitos, robo de vehículos, violencia contra la mujer, faltas y contravenciones, control de tránsito y auxilio de personas) fue de 501 en todo el país.

Romero dijo que estas cifras indican que en comparación con el 2014, en esta gestión la incidencia de delitos se redujo.

Para este efecto, además del número de uniformados destinados cotidianamente a la seguridad ciudadana, la Policía movilizó 1.767 efectivos, 137 vehículos y 145 motocicletas en los nueve departamentos para garantizar el normal desenvolvimiento de esta tradicional celebración.

El ministro indicó que en 2014 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) registró un total de 132 delitos y este año, esa cifra se redujo a 117, lo que representa una disminución del 12%.

Sobre exceso de consumo de bebidas alcohólicas

 En total, se anotaron 126 casos de violación de la Ley 259 de control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas. La mayor cantidad de excesos se registró en Cochabamba, mientras en Santa Cruz se registraron 26 casos y en La Paz, 19.

La Policía arrestó a 82 personas y registró 12 personas fallecidas y 29 heridos en ocho accidentes de tránsito, en las 10 principales ciudades de Bolivia.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

30 Octubre 2015

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga al momento cerca a 950 casos que contemplan varios delitos vinculados a legitimación de ganancias ilícitas, informó hoy el director ejecutivo de esta institución, Alejandro Taboada.

“A la fecha tenemos alrededor de 950 casos abiertos en investigación, hay casos que tienen una sola persona y casos que tienen (o involucran) hasta 40 personas”, dijo Taboada, en el Día de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

Explicó que los casos registrados en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 ya fueron liquidados y actualmente lo que queda como pendiente sólo son los recepcionados  en las gestiones de 2012, 2013, 2014 y de lo que va este año.

Indicó que la mayoría de los casos corresponden a delitos conexos al narcotráfico, corrupción, trata y tráfico de personas, contrabando, entre otros.

Asimismo, aclaró que la UIF sólo interviene a solicitud del Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, la Procuraduría, los bancos y la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. “No podemos haber de oficio”, apuntó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

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