Santa Cruz de la Sierra
17 Abril 2019

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue internado en una clínica de Lima anoche tras sufrir una descompensación en su salud, vinculada con las dolencias cardíacas que padece, informó hoy el congresista Gilbert Violeta.

"Ha sido trasladado por personal policial porque ha sufrido una suerte de descompensación, una alteración cardíaca y a efectos de poder ser monitoreado y ser controlado, y por seguridad además", declaró el legislador a la emisora RPP Noticias.

Añadió que el exgobernante será sometido a una evaluación de su salud "y los médicos tendrán que dar las orientaciones necesarias".

Según Violeta, Kuczynski sufrió el "impacto" de la decisión judicial de ratificar la detención preliminar de diez días que se dictó en su contra el pasado miércoles en una investigación que se le sigue por presunta corrupción vinculada con el caso Odebrecht.

"Qué duda cabe, bastaba mirar su rostro cuando se estaba dando lectura de esta resolución para notar que era un problema serio y esto se ha traducido en su salud", agregó el parlamentario.

Añadió que Kuczynski "el problema cardíaco que tiene lo arrastra desde hace tiempo, pero situaciones como la que está viviendo alteran la presión de un hombre mayor de 80 años".

"Pero espero que se pueda recuperar pronto", concluyó.

Un tribunal rechazó este lunes la apelación de Kuczynski tras haber sido detenido de manera preliminar y en los próximos días puede ingresar a prisión preventiva a petición de la Fiscalía.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desestimó el recurso interpuesto por Kuczynski, pero aceptó liberar a su secretaria Gloria Kisic y su chófer, José Luis Bernaola, quienes hasta ahora estaban arrestados junto al exmandatario.

Los tres están imputados por supuestamente haber lavado dinero de posible origen ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, la empresa de Kuczynski registrada en Estados Unidos, cuando este era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

La Fiscalía sospecha que las consultorías, que ascendieron a 782.000 dólares entre 2004 y 2007, son supuestamente unos pagos con apariencia de legalidad para obtener los favores de Kuczynski en la adjudicación de grandes obras públicas cuyas licitaciones obtuvieron mediante sobornos.

Concretamente Kuczynski está investigado por las adjudicaciones del proyecto de irrigación Olmos y la carretera interoceánica del sur, por la que Toledo recibió supuestamente 20 millones de dólares en sobornos.

En su alegato para pedir al tribunal que lo deje libre, Kuczynski reiteró su inocencia, defendió su disposición a colaborar con las investigaciones y acusó a la Fiscalía de copiar los argumentos del informe de la comisión parlamentaria Lava Jato, dirigida por la oposición fujimorista.

"Me han destruido mi reputación de 60 años de trabajo. Me da vergüenza realmente haber sido presidente de un país donde llegamos a estos niveles. Realmente me hace llorar en mi corazón ver esto a mi edad", dijo Kuczynski, de 80 años, ante los magistrados.

Odebrecht pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica, y en Perú también estuvieron acompañados de donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos, como presuntamente ocurrió con Keiko Fujimori, quien desde noviembre está en prisión preventiva.

La revelación de los vínculos de Odebrecht con Kuczynski provocó en marzo de 2018 su salida del sillón presidencial ante la presión del fujimorismo, que también denunció una presunta compra de votos de parlamentarios para intentar evitar su destitución.

Redacción: Leo.com

Fuente: EFE

 

 

10 Abril 2019

El Poder Judicial peruano ordenó hoy la detención por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de una investigación que se le sigue por lavado de activos en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

"El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht", indica un comunicado el Poder Judicial.

La orden provino de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado, tras aceptar un pedido del fiscal especial del caso Lavo Jato/Odebrecht, José Domingo Pérez, quien investiga al exmandatario.

La justicia también autorizó a la fiscalía a allanar por 48 horas la vivienda de Kuczynski, en búsqueda de documentos relacionados al caso que puedan ser incautados.

Es la segunda vez en un año que la fiscalía allana la vivienda del expresidente en busca de documentos.

Tras mostrar su incredulidad por la orden judicial, un indignado Kuczynski dijo que era ridícula y denunció una "persecución" en su contra en declaraciones a medios de Perú y Colombia.

"Me parece un ridículo", dijo escuetamente en un declaración telefónica a un periodista del programa Panorama.

"Aquí hay una persecución, yo he contestado a la fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones y bueno, yo veré qué cosas me están pretendiendo decir ahora. Nada más puedo decir", dijo Kuczynski en declaraciones a W radio de Colombia.

"Yo he cumplido con todo, y que está clarísimo: yo no tengo nada que ver en esto", resaltó.

"Vamos a apelar"

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 80 años, cumplirá la orden de prisión en la sede policial de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) en Lima.

Electo en 2016, renunció en marzo de 2018 a la presidencia salpicado por el escándalo, lo que lo convirtió en el primer presidente en ejercicio en América Latina en abandonar el poder por el caso Odebrecht.

La detención incluye también a su exsecretaria, Gloria Kisic, y su chofer José Luis Bernaola.

El abogado de Kuczynski, Nelson Miranda, calificó de arbitraria la orden de detención: "Es una decisión que vamos a apelar", dijo a periodistas.

En Perú el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht ha salpicado además a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), todos bajo investigación de la fiscalía.

La líder de la oposición, Keiko Fujimori, cumple prisión preventiva desde octubre de 2018 también por presunto lavado de activos tras recibir fondos de Odebrecht para su campaña.

Búsqueda de documentos

Kuczynski permanece en Perú desde que dimitió, impedido por una orden judicial a dejar el país mientras dure la investigación, y sus cuentas bancarias están embargadas.

Un tribunal de justicia le denegó en julio pasado un permiso para someterse a exámenes médicos en Estados Unidos, donde vivió años como exitoso banquero.

Agobiado por denuncias de corrupción, Kuczynski renunció a la presidencia cuando el Congreso dominado por la oposición se aprestaba a aprobar una moción de destitución en su contra.

La oposición fujimorista lo mantenía contra las cuerdas desde que asumió el poder en julio de 2016 y ya había intentado sin éxito un primer pedido de destitución en diciembre de 2017.

Odebrecht afirmó que le había pagado a Kuczynski casi cinco millones de dólares por asesorías a dos empresas ligadas a él, First Capital y Westfield Capital, mientras era ministro de Alejandro Toledo (2001-2006). Hasta ese momento, el entonces mandatario había negado todo vínculo con la empresa brasileña.

Ahora los fiscales buscan documentos que vinculen a Kuczynski con las asesorías a Odebrecht de esas empresas, informó una fuente de la Fiscalía.

Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, dijo a fiscales peruanos en Brasil que la empresa aportó 300.000 dólares a la campaña presidencial de Kuczynski de 2016 a través de Susana de la Puente, la actual embajadora de Perú en Reino Unido.

Toledo es, a su vez, acusado de recibir 20 millones de dólares de sobornos para elegir a Odebrecht como constructora de una ruta en la Amazonía. Perú pide su extradición desde Estados Unidos.

Redacción: Leo.com

Fuente: AFP

 

 

 

 

 

06 Marzo 2019

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ejecutó el miércoles la orden de aprehensión en contra del ex presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cotas, Iván N. U., uno de los presuntos responsables del caso denominado Cotas en Santa Cruz.

La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, quien señaló que Iván N. U. se presentó voluntariamente ante las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se ejecutó la orden de aprehensión que ya tenía en su contra desde el uno de marzo por los presuntos delitos de Estafa Agravada con Víctimas Múltiples, Falsedad de Documentos y Uso de Instrumento Falsificado.

De acuerdo a la información, el 16 de febrero del presente año se recibió la denuncia por los presuntos delitos de Estafa, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, dentro de la promoción “Cotas en cuotas” de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz R.L. Cotas.

Sin embargo, en fecha 21 de febrero, la denuncia fue ratificada indicando que no se cumplió con ninguno de los objetivos de la promoción “Cotas en Cuotas”, demostrando la existencia de varias irregularidades que afectan de forma directa al patrimonio de los socios de la cooperativa. Inicialmente la afectación económica asciende a los 7 millones de dólares.

En el proceso investigativo se evidenció que en su calidad de presidente de Cotas, en aquel entonces, éste habría participado en el desfalco millonario a la Cooperativa de Telecomunicaciones Cotas R.L. de la ciudad de Santa Cruz.

A su turno, el fiscal asignado al caso, Gary Coronado Murillo, señaló que hasta la fecha en este caso hay cuatro personas con detención preventiva y María Margot H. S. con detención domiciliaria, arraigo y fianza de 100.000 bolivianos.

“El Ministerio Público presentará en las próximas horas la imputación formal por los presuntos delitos de Estafa Agravada con Víctimas Múltiples, Falsedad de Documentos y Uso de Instrumento Falsificado”, manifestó Mirael Salguero Palma.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Agencias

 

15 Enero 2019

El narcotraficante colombiano, Alex Cifuentes, afirmó en la corte de Nueva York, en donde se lleva a cabo el juicio contra el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que el capo pagó 100 millones de dólares al expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Durante su tercer día de declaraciones como testigo protegido del Gobierno estadunidense, Cifuentes declaró que Peña Nieto solicitaba una coima de 250 millones de dólares, pero que el capo mexicano le dio 100 millones.

De acuerdo con Cifuentes, que trabajó para el Chapo entre 2007 y 2013, Guzmán Loera entregó esa cantidad a través de un intermediario a Peña Nieto, cuando este último era presidente.

Según el testigo, el dinero fue entregado por una mujer a la que llamaban “comadre Mía”, en Ciudad de México en octubre del 2012. Hasta el momento, el expresidente de México no se ha pronunciado.

Cifuentes también reveló en sus declaraciones que su entonces jefe ordenó el asesinato de al menos dos personas, aunque ninguno de ellos fue ejecutado.

Entre las personas a las que el Chapo quería matar, apuntó Cifuentes, se encontraba Christian Rodríguez, el ingeniero de comunicaciones del capo y de quien descubrió cooperaba con el Gobierno de Estados Unidos.

El testigo, preso en EE.UU. donde fue extraditado tras su arresto en 2013, indicó que descubrieron que Rodríguez, que por orden del Chapo instaló un moderno sistema de comunicaciones que grababa numerosas conversaciones, fue el responsable de la captura de su hermano Jorge Cifuentes, que proveía droga al Chapo desde Colombia.

Cifuentes continuará mañana en la silla de los testigos para ser interrogado por la defensa de Guzmán Loera.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

 

18 Febrero 2016

El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, viajó la noche del miércoles con destino a Bolivia donde presidirá la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supervisará el referéndum que se celebrará el próximo día 21 con el cual el actual presidente, Evo Morales, busca una nueva repostulación al cargo.

Según el portal del periódico Listin Diario de Santo Domingo, Fernández dijo que a solicitud del presidente boliviano dirigirá la misión de observadores de la OEA que supervisará el desarrollo del referéndum.

El objetivo del referéndum será la aprobación o rechazo al proyecto constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado boliviano postularse nuevamente al cargo.

"Realmente nosotros nos sentimos honrados de que el presidente Morales nos haya escogido para presidir la comisión de la OEA, que supervisará esta actividad de mucha importancia para el pueblo boliviano", expresó el exjefe de Estado antes de partir hacia Bolivia.

Dijo que la OEA había planteado al presidente Morales llevar a cabo una labor de monitoreo del proceso del referéndum, pero que el mandatario boliviano le respondió que aceptaba la petición siempre y cuando fuera el expresidente Fernández quien presidiera la misión de observadores.

"Nosotros sobre esa base aceptamos la invitación del presidente Morales y de la OEA, de presidir la misión de observadores que supervisará ese evento" sostuvo el exmandatario.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

18 Enero 2016

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, dijo que está dispuesto someterse a juicio de responsabilidades, pero después de que el gobierno de Evo Morales evalúe sobre cómo administró los conflictos sociales durante estos 10 años al frente del Estado.

Mesa mostró su “tranquilidad” porque el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que exista alguna decisión e intención del Gobierno de enjuiciarlo por la muerte de varias personas de la tercera edad cuando se desempeñaba como Presidente interino (era, en realidad, Vicepresidente) ante un viaje de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desautorizó de esa manera el anuncio del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.

En enero de 2002, un grupo de jubilados fue forzado a subir a un bus para interrumpir su protesta, pero éste chocó contra otro, provocando la muerte de cinco rentistas. En ese tiempo se informó que el cuñado del entonces ministro de la presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, era el propietario del bus que trasladó a los jubilados y que no tenía el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Por ese hecho, Trigoso dijo que Mesa podría ser enjuiciado.

“Si el gobierno del presidente Morales (…) cree que debe someterme a un juicio de responsabilidades después de evaluar cómo su Gobierno ha manejado los conflictos sociales, a lo largo de los 10 años, yo estoy plenamente dispuesto a someterme a un juicio de responsabilidades”, afirmó Mesa.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

 

09 Junio 2015

La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) abrió una causa penal al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), tras admitir varias querellas presentadas en contra del ex gobernante por haber incurrido en supuestas escuchas telefónicas ilegales a decenas de personalidades políticas, empresariales y religiosas durante su mandato.

La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria por el pleno de los magistrados de la Corte Suprema, con siete votos a favor, una abstención del magistrado Luis Ramón Fábrega y una ausencia por parte del magistrado Victor Benavides.

La CSJ admitió la causa penal contra Martinelli, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, además de peculado, abuso de autoridad, asociación ilícita y atentar contra la seguridad informática .

Esta es la segunda investigación abierta al ex presidente Martinelli por la CSJ.

En enero, la corte inició una causa a Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, por irregularidades en la contratación de una empresa para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.

El pleno extraordinario de magistrados fue convocado para analizar las querellas remitidas por la Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público (MP) a la CSJ, instancia competente para juzgar a un exmandatario en Panamá.

Entre los que presentaron estas querellas están el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens, la ex candidata presidencial de este colectivo político Balbina Herrera y su copartidario Bernabé Pérez.

Otros en la lista de querellantes que alegan haber sido víctimas de las escuchas telefónicas son el constitucionalista y activista Miguel Antonio Bernal y el diputado José Luis Varela, del gobernante Partido Panameñista (PPa) y hermano del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

También presentaron querellas contra Martinelli el ex candidato presidencial del PRD en las pasadas elecciones, Juan Carlos Navarro, así como el abogado Rosendo Rivera, entre otros.

Todos ellos fueron admitidos como querellantes en este proceso por la Corte Suprema.

Martinelli está fuera del país desde que salió de Panamá el 28 de enero pasado, horas antes de que la CSJ decidiera abrir una investigación contra él por supuestos delitos contra la administración pública.

En una primera reacción, Ricardo Martinelli aseguró hoy ser un perseguido político.

"Soy un perseguido político y no seré el último", escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

El ex presidente reclamó este lunes en la noche que en Panamá no se respete el articulado de la Constitución que regula los motivos por los cuales se puede atribuir responsabilidades a un mandatario.

El artículo 191 de la Carta Maga establece que los presidentes y vicepresidentes solo serán responsables por: extralimitación de funciones; actos de violencia o coacción contra los poderes electorales y legislativos; y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

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