Santa Cruz de la Sierra

Lucha a media fuerza

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¿Te conmueve la violencia contra las mujeres? ¿De qué manera te interpela? Cada día escuchamos o vemos casos de violencia contra mujeres de todas las edades; hechos crueles, la mayoría cometidos por familiares o personas cercanas a las víctimas. Dos datos que en otras condiciones afectarían a toda persona: el uso de fuerza bruta contra mujeres por el hecho de que lo son, o actos cometidos por quienes se supone protegen a esas mujeres. Pero en las condiciones actuales, la indignación -comúnmente- se reduce a emitir un gesto de espanto al recibir la noticia.

En condiciones de no naturalización de la violencia contra las mujeres, las cifras respecto de los casos de violencia en Cochabamba (6 de cada 10 mujeres son agredidas), de denuncia (500 casos al mes), feminicidio (3 casos al mes), entre otras, hubiesen merecido el tratamiento de un problema de salud pública. En cambio en una sociedad que ha normalizado el hecho de que los hombres  ejerzan poder sobre las mujeres, la permisividad ante esta problemática tanto del Estado como de la población es indignante.

El caso de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) es ejemplificador de que la escasa voluntad política para atender la violencia se terminó con la promulgación de la ‘Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia’, que determina que los hechos de violencia contra las mujeres son delitos de acción pública, delegando en la Felcv y el Ministerio Público la investigación de oficio. Para cumplir con este mandato, la ex Brigada de Protección a la Familia, actual Felcv trabaja a media máquina: cuenta con 5 investigadores e investigadoras (por turno) para atender a toda la población del municipio de Cercado en condiciones muy precarias, con la amenaza de ser desalojados de los ambientes que ocupan, los cuales no cumplen con las necesidades de la población que acude, han quedado sin electricidad porque la Alcaldía no pagó el servicio, no disponen de equipamiento indispensable como computadoras, una cámara fotográfica, equipo de laboratorio, vehículos y otros.

Ni la Policía, el gobierno municipal o el departamental han asumido sus competencias para atender, menos aún para prevenir la violencia a mujeres; más del 90% de las denuncias son abandonadas por las víctimas debido a la burocracia, la revictimización, es decir obligar a las mujeres a revivir su sufrimiento una y otra vez y la impunidad de los agresores, entre otras razones.

En las condiciones mencionadas, vale la pregunta ¿Es la violencia contra las mujeres un asunto de privados? ¿Solo se debe intervenir una vez consumado el hecho? La respuesta del Estado no es firme. A pesar de la normativa que plantea una intervención oportuna, los sistemas de educación y salud reproducen los fundamentos y estructuras patriarcales y machistas en general, no hay políticas de prevención significativas. La respuesta de la sociedad civil es demasiado tímida; son contados los casos de mujeres que se organizan o se asocian para defenderse entre sí y las marchas y manifestaciones no inciden en cambios. 

Por su parte, el papel de los medios de comunicación es el de mero relator de los acontecimientos sin la capacidad de interpelar a las instancias “incompetentes” o cuestionar las prácticas machistas.

A pesar de una mayor tendencia a romper el silencio, debemos reconocer que el camino de las mujeres, niñas, abuelas para salir de la situación es triste y solitario.

 

 

Por: Claudia Arce C. 

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