Santa Cruz de la Sierra

Respeto a la prensa

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El 22 de abril pasado, el Procurador General del Estado presentó denuncia y solicitud de acción penal por presuntos delitos de espionaje y revelación de secretos contra la directora de La Razón y un periodista, por la publicación de una nota periodística. Un juez aceptó su competencia, a pesar del pedido de que el caso se ventile en un Tribunal de Imprenta, ya que existen normas especiales que rigen la actividad de la prensa.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Resolución determinó, el pasado martes declarar “probada” la Excepción de incompetencia del Juez Onceavo de Instrucción en lo Penal y dispuso que se remitan todos los antecedentes del proceso contra los periodistas de La Razón al Tribunal de Imprenta.
 La instancia superior de administración de justicia salió por los fueros de la legalidad, dando la razón al pedido del gremio periodístico, en sentido de existir un tribunal especial para atender los casos de publicación periodística.
A través de la justicia ordinaria, se pretendía hacer declarar a los demandados sobre la fuente o la persona que entregó los datos para ser publicado por el periódico paceño. Sin embargo, se debe señalar que las leyes califican de inviolable el secreto de fuente, no estando facultado el periodista para revelarlo, ya que se sentaría un funesto precedente si se lo hace.
En realidad, la fuente es utilizada solamente como base para la investigación periodística. Al no revelarse la fuente, obliga al periodista a contrastar con otras fuentes o investigar la veracidad de los datos pasados en “off the record”, para no caer precisamente en faltamiento al ordenamiento legal penal en el país.
Se debe aclarar que los periodistas no quieren gozar de fueros ni privilegios, sino que la ley establece el sistema de procesamiento, pero al no existir casos de ese tipo, de manera permanente, muestra la calidad de periodismo que se tiene en el país, ya que se emiten las noticias al comprobarse la veracidad de los datos dados en primera instancia por la fuente anónima.
Sin embargo, existen muchos datos que no se publican, precisamente si no se los puede comprobar, precisamente por ser responsables en el trabajo de emisión.
Lo sucedido con los dos miembros del periódico La Razón, muestra que se respeta las leyes que rigen a los medios de comunicación y obviamente en el Tribunal de Imprenta se establecerá si se cometió delito con la publicación de marras que giraba en torno a la demanda marítima realizada por nuestro país ante el Tribunal de La Haya.
A nuestro entender, las autoridades no están cuestionando el contenido de la nota, al tener todos los argumentos válidos para su publicación, sino que pretendían identificar a la fuente, señalando que se habían revelado secretos y hasta se hizo espionaje. Sin embargo, la justicia respetó la norma y la instancia correspondiente determinará lo que procede.

 

Redacción: La Estrella del Oriente

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