Santa Cruz de la Sierra

En promedio, un juicio por feminicidio puede durar hasta tres años

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En función de los procedimientos y plazos  establecidos por ley para las fases de investigación, procesamiento  y sanción de un delito, un juicio por feminicidio puede prolongarse por tres años, según explicó a ANF la abogada Mónica Bayá que en su calidad de Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, realiza el seguimiento de los procesos que se ventilan en la justicia boliviana por este delito.

Dijo que si bien el feminicidio está tipificado en la Ley 348, su procesamiento se rige también por el Código de Procedimiento Penal según el cual  “la etapa de investigación preliminar debe durar 8 días  pero puede ampliarse hasta 20 dependiendo de la complejidad del caso –si el autor no ha sido identificado, la victima hubiera sido encontrada en vía publica, no existieran indicios, etc. –, pero también si existen dificultades para colectar diferentes tipos de indicios”.  La ampliación de la etapa preliminar no puede ser indefinida. 

Cumplida esta fase preliminar, se inicia la etapa preparatoria que por ley debe durar hasta 6 meses.  “Al  cumplirse ese plazo, la fiscalía debe presentar su acusación, y es en base a esa acusación que se pasa al juicio.  Es en el juicio donde se pone en conocimiento del juez  las pruebas colectadas por la fiscalía que permitirán determinar si la persona es culpable  o inocente”.  Según la Ley 348 el feminicidio es una delito sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, “la ley no da lugar a considerar ningún tipo de atenuante”.

A esta altura de su explicación Bayá reconoce que” en la lógica del sistema judicial boliviano y la denominada “chicana jurídica”, siempre existe la posibilidad de presentar recursos y objeciones para demorar el proceso, lo que nos lleva a estimar que un proceso se prolonga prácticamente por tres años”. Esto ocurre, dijo, porque aunque la Le 348 establece que los plazos deben ser acortados, “no señala los plazos de manera específica”.

Toda la carga de la prueba está en manos de la fiscalía, instancia que por mandato de la ley es responsable de producir todas las pruebas para determinar la culpabilidad del presunto autor de un delito. 

El delito de feminicidio es el más complejo de todos los que establece la Ley 348, porque se trata de un caso de muerte de la víctima “siempre hay mucho más que investigar y eso hace que el proceso dure más tiempo”. 

En el seguimiento de los procesos por feminicidio, Mónica Bayá ha podido establecer que “la colecta de indicios, evidencias y  pruebas es lo que determina la duración de una investigación”, y la realidad también pone de manifiesto que “es evidente que en el proceso de investigación hay grandes limitaciones: la falta de medios de la propia policía para el recojo de pruebas, las dificultades para ubicar a los testigos –hay testigos que luego de un tiempo no quieren presentarse o tienen domicilio conocido, no se los puede ubicar–,  también existen limitaciones para la investigación forense ...  y a todo ello debe sumarse la carga procesal”.

Según Bayá, se estima que cada fiscal tiene a cargo en promedio entre  400 a 500 casos, “no se puede pedir eficiencia y tampoco agilidad en los procesos. Y todo muestra que el grueso de las causas abiertas por violencia – que no sólo incluyen feminicidio sino también otros delitos tipificados en la Ley 348–  estén  paradas en la etapa de investigación tanto preliminar como preparatoria”.

Todo lo anterior también tiene que ver con la falta de recursos, tanto presupuestarios como humanos y todo parece advertir que aún se incrementen los presupuestos y se aumente el personal “el cada vez más creciente número de casos de violencia, los procesos por violencia y por feminicidio seguirán siendo revictimizantes, largos y agobiantes”.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

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