Santa Cruz de la Sierra

investigado por sobornos Ordenan detención para expresidente Rafael Correa

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En el caso del expresidente, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.

Y recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.

Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador, y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.

En la misma sesión, Camacho aplicó la misma medida cautelar para el ex vicepresidente Jorge Glas, que fue segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el actual mandatario ecuatoriano.

Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht, aunque ha recurrido la sentencia y el próximo 11 de septiembre se abrirá el proceso.

Otros vinculados en el caso “Sobornos 2012-2016” son el ex secretario del Agua Walter Solís, y el que fuera secretario de la Administración Vinicio Alvarado, además del antiguo asesor ministerial Yamil Massuh.

A todos ellos aplicó la prisión preventiva, en tanto que la jueza seguía la sesión sobre otros 17 presuntos implicados para los que la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país, la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, entre otras medidas.

El caso se inició a raíz de la publicación por dos medios digitales locales de una supuesta trama de corrupción acuñada “Arroz Verde” y que analizó la presunta financiación irregular del movimiento político AP cuando era liderado por Correa y que involucraba a varias empresas nacionales e internacionales, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht. 

 

 

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