Santa Cruz de la Sierra

Querella de Aduana chilena confirma que bolivianos reprimían contrabando

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Una querella por contrabando presentó el Servicio Nacional de Aduanas contra tres ciudadanos chilenos que el 19 de marzo denunciaron que dos militares y siete funcionarios aduaneros bolivianos los amenazaron para quitarles un camión en el que trasladaban mercadería.

Se trata de Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa, quienes, según la acción legal ingresada el 19 de mayo por María del Pilar Barrientos al Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, tienen responsabilidades como autores, cómplices y encubridores en el presunto delito de contrabando.

Según el escrito, Castro se encontraba en el sector de Tulapampa acompañado por Arqueros a bordo de un camión con “mercadería proveniente de la Zona Franca de Iquique, la que pretendía ingresar al vecino país por el paso no habilitado fronterizo”. En otro vehículo estaba Mario Challapa, quien junto a otros transportistas “esperaban las más favorables condiciones para la salida de las mercancías desde Chile hacia Bolivia”.

Pero tras el ingreso de ciudadanos bolivianos, “con vehículos y armamento”, a territorio nacional, los transportistas abandonaron el lugar.

Sin embargo, el último de los camiones fue interceptado y “mediante violencia e intimidación se apropiaron del vehículo y su carga, dejando al conductor y su acompañante abandonados en pleno desierto, para posteriormente conducirlo (el vehículo) a Bolivia, frontera que se cruzaría por el paso no habilitado del sector”.

Pero un problema mecánico los obligó a detenerse poco antes del límite, momento en que Carabineros los interceptó, tras haber sido alertados por los transportistas chilenos.

Tras confiscar el camión, funcionarios de Aduanas revisaron la carga consistente en prendas de vestir avaluadas en más de $ 161 millones.

“Hasta la fecha de presentación de esta querella, no existen documentos que amparen la propiedad de las mercancías transportadas por el camión el 19 de marzo con destino a Bolivia, no fueron encontrados por Carabineros en el vehículo, ni tampoco se encontraron en poder de los ciudadanos bolivianos”, se lee en el documento.

En el mismo se pide despachar una orden de investigar para identificar los vehículos y personas que transportaban la mercancía, quiénes la encargaron, los proveedores, además de la incautación del camión.

CONFLICTO DIPLOMATICO

La detención de los ciudadanos bolivianos generó roces a nivel internacional. Tras enterarse del hecho, horas antes de presentar su réplica por la demanda marítima ante la Corte de La Haya, el Presidente Evo Morales acusó a Chile de “agredir” a su país y exigió la liberación de “los rehenes secuestrados”.

La situación, incluso, llevó a la Presidenta Bachelet a justificar la acción de la policía chilena por la detención de “nueve personas extranjeras que estaban en territorio chileno cometiendo delitos”.

Lo cierto es que los bolivianos fueron formalizados por el fiscal Hardy Torres el 22 de marzo y dejados en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad de Alto Hospicio, por los presuntos delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas.

Ayer, y tras conocer la existencia de la querella, el defensor de los nueve imputados, Claudio Vila, dijo que “la acción judicial ratifica la teoría que hemos planteado desde un principio y que no es otra que las supuestas víctimas estaban cometiendo el ilícito de contrabando y que los funcionarios bolivianos estaban ejecutando el control de ese delito, labor para la cual habían sido comisionados”.

El abogado añadió que “en las audiencias hemos expuesto de manera reiterativa que mis defendidos cumplían una función mandatada por el Estado boliviano y esta querella va en esa línea, elemento que también expondremos en la audiencia proyectada para el 20 de junio”.

El profesional comentó, además, que al revisar las declaraciones de los camioneros chilenos, y que son sindicados como víctimas por el Ministerio Público, ellos reconocen que se dedican al contrabando.

“En las declaraciones proporcionadas a personal de Carabineros y que se encuentran en la carpeta investigativa, ratificaron que las mercaderías que transportaban el 19 de marzo pasado eran de contrabando y que se dedicaban a eso. Este es un elemento más que fundamenta la solicitud de absolución”, insistió Vila.

Desde la Fiscalía de Tarapacá declinaron referirse al tema, pues según ellos, aún no han tenido acceso a la querella presentada por Aduanas.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

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