Santa Cruz de la Sierra

El culpable es...¡la víctima!

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La búsqueda de la desaparecida Pamela Álvarez tuvo la suerte, que suele ir bien agarrada de eso que es tener relaciones sociales, de que muchas personas se volcaron en su búsqueda por calles y redes sociales y su aparición tuvo la desgracia de que, al parecer, quien colaboró en la pesquisa de su paradero pidió respuestas de dónde estuvo y qué pasó.

En las mismas redes sociales que difundían su desaparición, luego había comentarios como: “Y ahora dice que no se acuerda”. Algunos de los artículos más leídos de los diarios en esos días fueron los que reprodujeron las declaraciones del fiscal José Ponce que, refiriéndose a ella, decía: “Se muestra reticente al señalar algunos aspectos del secuestro o trata que habría sufrido. Dice que no recuerda nada”. 

Álvarez desapareció un sábado luego de subirse a un taxi, había llamado a su madre diciéndole que la espere y pague la carrera al taxista. Allí en la puerta se quedó la mujer, con el dinero en la mano y la angustia de la hija que no llega. La encontraron tres días después, la habían dejado en El Alto, en la carretera hacia Copacabana. Una familia humilde la acogió y protegió, no permitió que fuera la Policía quien se la llevará, ojo, sólo la entregaron a su familia.

Se dijo entonces que la presión y movilización social hizo que los secuestradores optaran por dejarla y no llevársela fuera del país. Luego todo se puso en duda porque ella no relató lo ocurrido. “Obstaculizan la investigación y no permiten que se esclarezca”, se quejó el Fiscal.

En algunos países se ha creado protocolos de actuación en sucesos en los que una persona ha sufrido una situación crítica, más si ha sido por un tiempo prolongado. En casos de trata con fines de explotación sexual, en España, por ejemplo, las organizaciones que trabajan contra esta lacra social y para respaldar a las víctimas, han logrado que haya un “periodo de restablecimiento y reflexión” de 30 días, o más, para que la damnificada decida denunciar.

Se entiende que una víctima rescatada no está en condiciones de acusar a nadie, que está vulnerable, psíquica y físicamente afectada. 

Aún así, se afirma que las condiciones en que se atiende a una víctima no son las correctas, no existe un personal policial ni judicial calificado o especializado, con la sensibilidad y conocimiento suficiente, ni los espacios donde se prestan declaraciones son los ideales. Prestar declaración delante de un escritorio, en medio de todo, sin resguardo de la intimidad, para explicar los abusos sufridos, no es fácil.

En una sociedad machista, la víctima toma en cuenta el qué dirán. La mujer suele ser culpabilizada por “provocar”, “no hacerse respetar” o “vestir de esa manera”; en cambio, el varón siempre es justificado: “es hombre”, se dice y con eso ya está dicho todo porque “no puede contenerse”, “es natural en ellos” o “es temperamental”.  Si la mujer estaba bebida, tiene mayor culpa; si el hombre era el borracho, tiene menos responsabilidad, ¿pero qué lógica es esa?

No se sabe qué pasó con Pamela Álvarez y tenemos, lo sabemos, una Policía que no es la ideal, sin recursos y con un historial de casos de corrupción conocidos. La amenaza y el consiguiente miedo son previsibles en un caso de secuestro o trata. Frente a un sistema de justicia conocido como deficiente, una víctima puede no sentirse segura y sospechar que su caso no tendrá un final resarcitorio.  Por otra parte, al parecer, la única base que tiene la Fiscalía para seguir la investigación es lo que declare la víctima. ¿No hay más? Ella no colabora, puede que todo sea mentira, se dice y se entiende que no se puede hacer nada. Con el “sentido común”, alguno puede pensar: mejor, no vaya a ser que buscando se encuentre a quien no conviene.

 

 

Por: Drina Ergueta

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