Santa Cruz de la Sierra

Se nos pasa la combi

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Hay una verdad esquiva e inmensa, con cifras precisas, pero tan dolorosa que cuesta ponerla en perspectiva. ¿De qué hablo? De que somos un país con 70% de PEA informal y con una élite formal que esgrime su formalidad no solo como un estándar de marca país, que bueno está eso; sino como estatus social y cultural excluyente. De ahí la resistencia a asumir que de los informales también es el Perú y para eso tienen su representación política.
Bajo esta perogrullada, no debiera sorprendernos, como a mi amigo Víctor Andrés Ponce, que el fujimorismo no lidere reformas desde el Congreso o bloquee algunas que, tímidamente, se anuncian desde el Ejecutivo. Las reformas suelen ser ‘formalizadoras’ y allí en la bancada capitostes de la informalidad en los más diversos rubros: transporte, agricultura, minería, educación. Pero comprendo a Víctor Andrés: claro que él conoce bien estas cosas pero confiaba en que Keiko iba a ejercer su liderazgo para convencer a sus ‘invitados’ de plegarse a ciertas reformas. No lo hizo. De ahí su desencanto.
Lima es reclamada por los informales. ¡También es su capital! Por eso volvió a manos de Castañeda y por eso su hijo tiene opción de ganar: lo oyes y habla de obras y reformas que parecen formalizadoras, pero candidatea gracias a las bases informales de papá.
A pesar de simpatías y antipatías, hay que rescatar de Castañeda, de Keiko y de César Acuña, esa capacidad de convocar a sectores sociales que, en su mayor parte, tienen una legítima vocación de empresa; y haber construido cierta representación partidaria con la flexibilidad que es propia de sus simpatizantes en el mercado. Si asumimos que la resistencia a formalizarse no solo tiene que ver con lo obvio (ahorro de costos laborales y tributarios), sino, además, con la percepción de que hay barreras culturales que impiden a todos gozar plenamente del estatus de la formalidad, entenderemos mejor lo áspero de su representación política.
Ese es el gran pacto nacional que debe concretarse políticamente. Algo de esto, con titubeos de uno y otro lado, se vio en el Congreso en el tema de la supervisión de las cooperativas, pues entre los grandes bancos y los cooperativistas lavadores, hay un amplio espectro que banca al sector informal. Con la ley Mulder, se repite, de algún modo, la polaridad: Keiko ataca a la prensa formal que no la quiere, y se lleva, en el intento, la posibilidad de legislar para reformar la estructura de gastos del Estado. Pero ese no es el mayor drama (presumo que se replanteará pronto y la publicidad estatal tendrá topes razonables sin que ningún medio sea adicto a ella); sino el de no aguantarnos mientras se nos van el tren y la combi.

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