Santa Cruz de la Sierra

Exministra: Quiborax era una empresa ficticia con un arsenal de ilegalidades

Exministra de Defensa Legal, Cecilia Rocabado.  Exministra de Defensa Legal, Cecilia Rocabado. foto: Erbol

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La exministra de Defensa Legal del Estado, María Cecilia Rocabado, dijo este miércoles que  la empresa Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax era una empresa ficticia y operó cuatro años en esa condición, teniendo de por medio deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos.

En una entrevista con Erbol, la ex autoridad -cuyo cargo era equivalente al actual Procurador General del Estado- sostuvo que la NMM se creó en un bufete de abogados donde los socios fundadores eran el abogado propietario, su secretaria y su ayudante y en esa condición recibió la transferencia de 7 concesiones de la entonces dueña original Río Grande Sur, de propiedad del polémico ciudadano boliviano David Moscoso.

¿Qué ha representado la presencia de esta empresa Quiborax para el país?

CR.- Mi paso por el Ministerio de Defensa Legal fue muy corto, yo recuerdo que la empresa que en ese momento la empresa Non Metallic Minerals (NMM) Quiborax, presenta la solicitud de una medida provisional que implicaba la suspensión del proceso penal que se había iniciado el año 2008, en contra de los socios accionistas No Metallic y el socio Allan Fosk.

La respuesta a esta solicitud, obviamente una respuesta negativa de parte de Bolivia, con todo el fundamento necesario y también la calidad soberana de iniciar proceso judicial, en la vía jurisdiccional. Y después conozco que el año 2010, cuando yo ya no estaba en el Ministerio, sale la decisión correspondiente, disponiendo que Bolivia debía suspender el proceso penal y que, por supuesto, esa decisión podía ser reconsiderada a pedido de cualquiera de las partes. Bolivia podía pedir la reconsideración de esa medida que se había tomado.

Se habló que Quiborax había incumplido el tema impositivo, por los antecedentes que tiene. ¿Hay cosas que se pueden cuestionar en Bolivia?

CR.- En realidad la empresa se inicia como una empresa ficticia, los antecedentes que se los puede revisar en internet y que están en los antecedentes del proceso arbitral que se sigue, se inicia y lo manifiesta la propia empresa demandante del arbitraje, Quiborax, cuando la empresa  Río Grande Sur conformada por bolivianos  por un señor Ugalde, Moscoso y otro señor, deciden entablar conversaciones con la empresa Quiborax. Esta empresa data mucho tiempo atrás con accionistas de la familia Fosk, encargado fundamentalmente de la producción y comercialización de los boratos.

Río  Grande Sur  toma contacto y suscribe un contrato de suministro para la venta exclusiva de la ulexita en 50% que no llega a concretizarse porque el señor Ugalde decide vender sus acciones a Quiborax, pero sucede que Quiborax era una empresa creada en Chile y no en Bolivia.

Buscan  el asesoramiento del estudio jurídico del doctor Fernando Rojas que en su momento se dedicaba a asesorar a inversionistas. Y Fernando Rojas forma una empresa que a mi juicio es ficticia, porque lo forma él, con su secretaria  Doly Paredes y otra miembro de su oficina, Gilka Salas.

Lo forman prácticamente como empresa boliviana. Los tres eran socios accionistas, digo ficticia porque el capital no era de ellos. Esta empresa se forma el año 2001 y está otra empresa Río Grande Sur transfiere a la empresa conformada por Rojas, Paredes y Salas, que se llama  Non Metallic, transfiere 7 concesiones mineras que había estaban explotando.

Pero sin embargo no hacen una transferencia legal, porque el 2003 en los reportes y balances que presenta Río Grande Sur, las 7 concesiones seguían siendo de propiedad de Río Grande Sur y eran presentadas a Impuestos Internos. Por otro lado, No Metallic  presentaba también como parte de su patrimonio.  De acuerdo al 147 del Código de Comercio no puede existir y es nulo de pleno derecho y de acuerdo a la documentación que había podido ver, existía todo el conflicto en relación a la falsedad o no de un acta del 13 de septiembre de 2001, por el cual los socios de la empresa No Metallic, supuestamente habrían aprobado la transferencia de acciones de Quiborax.

Bolivia en su defensa también hace notar que sería falsa. Lo que pasa  es que el 11 de septiembre cursaba en el Registro de  Comercio un acta suscrita por Fernando Rojas, Doly Paredes y  Gilka Salas donde no figuraba la transferencia a  Quiborax y luego aparece, posteriormente cuando estaba el conflicto, el acta del 13 de septiembre.

También se cuestiona y en está en los antecedentes del proceso arbitral, una supuesta transferencia de Río Grande Sur, porque no estaban dentro el marco del Código de Comercio. Es importante tener en cuenta el carácter que le da el Tratado de Protección de Inversión recíproca entre Bolivia y Chile al inversor.

Inversor es aquel que haya efectuado inversiones - se refiere a toda clase de bienes y derechos- de conformidad a las leyes y reglamentos de la parte contratante en el territorio que se realizó la inversión, en este caso de acuerdo a las leyes bolivianas en que se habría realizado la inversión.

De acuerdo a la ley boliviana no habían cumplido cabalmente con la conformación, en el Estado boliviano, a partir del asesoramiento de Fernando rojas, quien les asesora para conformar una empresa facticia, además de la acusadas de falsedad, el acta de 13 de septiembre y una transferencia de Río  Grande Sur de agosto.

No cumplen expresamente con las normas del Código de Comercio. Figura también la decisión de transferir acciones de las 7 de concesiones de Río Grande Sur, mucho antes de inscribirlo en el Registro de comercio.

En el arbitraje, el Tribunal dice en una decisión sobre la jurisdicción porque Bolivia presentó una objeción a la jurisdicción, manifestando que por  las irregularidades, el inversor no tendría la nacionalidad chilena y habría actuado conforme a la ley boliviana.

El Tribunal dice que bastaba el Registro de Comercio y se basa en documentos internos, pero aquí hay un tema, esos documentos internos reflejan la intención que habría tenido al empresa, al no conformarse en Bolivia, de burlase de la ley boliviana y, por lo tanto, hay una afectación en el tema impositivo.

No figuraba en ninguna parte que Quiborax está inscrita en el Registro de Contribuyentes para poder ser un sujeto reconocido por la ley boliviana (para) que realice transacción de las acciones. Hay esas irregularidades.

Por otro lado, yo recuerdo que había una deuda impositiva considerable, si mal no recuerdo, que alcanza a un millón y  medio de dólares en adeudos tributarios; procesos ante la ex Superintendencia Tributaria en contra  de la empresa No Metallic-Quiborax, porque en realidad la empresa como tal se registra en el 2005 y recién figura Quiborax como accionista.

El 2003, el presidente Carlos Mesa dicta la ley que amplía la reserva fiscal que había sido reducida en la costra salina en el gobierno de Banzer.  Además dicta la disposición de declarar nula las concesiones.

En julio de 2004 dicta el decreto cuestionado y estamos hablando que hasta el 2003, estaban presentando en Impuestos Internos balances No Metallic y Río Grande con las mismas concesiones, o sea, dos personas jurídicas diferentes aduciendo que tienen el mismo patrimonio. Se habla de 11 concesiones, las cuatro últimas concesiones, las habría adquirido Quiborax.

Luego había denuncias en el tema ambiental, lamentablemente los daños son muy poco vistos. La empresa No Metallic-Quiborax no escapa a los daños, primero porque el año 2004,  después de un ascenso del malestar en 2003 de los movimientos sociales contra la explotación arbitraria, Comcipo pide la expulsión de la empresa que estaba en el Salar de Uyuni y uno de los argumentos era el daño ambiental en el que incurría y el contrabando y la ilegalidad con que exportaba ulexita y parte de la ilegalidad es el contrato que firma Río Grande Sur.

En marzo de 2004 y el mismo día de la fecha del decreto de Mesa hay una revocatoria de la licencia ambiental a una de las concesiones, a Cuevitas que se encontraba entre las 7 concesiones que habían transferido Río Grande Sur a Quiborax. En conclusión Quiborax tenía un adeudo ambiental que no sé si el Estado hizo notar en la defensa.

¿Parece que tuviera razón la exministra Amanda Dávila”

CR. Yo creo que la exministra ha tratado de reflejar las irregularidades de esta empresa en el Estado boliviano. Reitero la calidad de inversor se la tiene cuando se ha actuado de conformidad de las leyes y reglamentos del Estado boliviano. En este caso la empresa chilena Quiborax, especializada en la comercialización de boratos que ingresa con el tema de la ulexita por los fertilizantes, no ha cumplido con la ley boliviana.

De hecho es irregular y eso sucedía y lamentablemente el Tribunal Arbitral del CIADI lo toma como un hecho normal el que se haya constituido Non Metallic, en una empresa prácticamente ficticia, con formado por el abogado de Quiborax, su secretaria y su ayudante.

Cuando plantean el juicio  ¿el Estado ya sabía de las irregularidades de la empresa?

CR. He conocido que el año 2005,  dos funcionarios de la Superintendencia de Empresas elaboran un informe sobre posibles irregularidades de falta de incumplimiento de la norma legal boliviana de parte de la empresa. Ese informe no era muy claro a partir de los problemas que se vienen con la solicitud de arbitraje, porque primero hay una solicitud de arreglo amistoso el 2004 y luego viene  la solicitud de arbitraje en el año 2006.

Se va investigando y recopilando documentos que hacen ver las ilegalidades cometidas por esta empresa y bueno poco a poco se va construyendo todo el arsenal de argumentos de estas irregularidades, pero el proceso penal se lo inicia recién el año 2008.

¿Quién era Fernando Rojas que se presta a la propuesta de Quiborax para conformar de manera ficticia?

CR. Es un abogado boliviano, era un bufete que asesoraba a inversionistas extranjeros y bolivianos. Había una mala costumbre  aquellos años de organizar sociedades ficticias porque lo correcto era que la empresa chilena Quiborax se instituya con las leyes bolivianas en  Bolivia, eso era lo correcto, pero lo que hacen es organizar esta empresa a todas luces ficticia. Obviamente en aquellos momentos y en la visión de esos colegas abogados era algo normal, pero no puede ser normal cuando contradice la norma boliviana y por su puesto incide en el cumplimiento de la Ley tributaria.

¿Hubo igualdad en la negociación?

CR. Se tendría que ver qué daños han cometido al Estado boliviano y los hechos de octubre mandaban a fiscalizar a estas empresas por los daños que hicieron y en mi criterio son muchos.

Se habla mucho de la subprocuradora Carmiña Llorenti sobre la filtración de documentos y la prestación de su computadora a los chilenos. ¿Usted trabajó de cerca con Llorenti, qué nos puede decir sobre ella?

CR. Bueno yo trabajé con ella, como con todo el equipo del Ministerio de Defensa legal del Estado, pero respecto a ella, trabajé muy poco porque la desvinculé del Ministerio por razones de orden interno. Lo demás no conozco porque yo dejo (el Ministerio) en diciembre de 2009.

En 2009, el exministro Héctor Arce dijo que se archivará el proceso y que empresa renunciará a la compensación económica por acuerdo mutuo con Quiborax. ¿Su opinión por favor?

CR. Cuando ingreso al Ministerio, día antes el exministro de Defensa Legal hace esas declaraciones. Se habían iniciado negociaciones me parece desde año 2006 y esta última era la relativa al mes de agosto de 2009, en que se permitía a la empresa Quiborax habilitarla para volver a ser inversor. Yo no he conocido los detalles del acuerdo o de otro acuerdo que pudieran haber realizado, simplemente he recibido la información de los asesores del Estado boliviano y de los asesores del Ministerio de Defensa Legal de ese momento.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

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