Santa Cruz de la Sierra
30 Marzo 2015

República Dominicana es el país de América en el que más personas aprueban o justifican la aplicación de justicia por mano propia. Según el Barómetro de las Américas 2014 de LAPOP, que hizo encuestas en 25 países del continente, tiene un nivel de aprobación de 42,8 puntos sobre 100.

La media de la región es de 32,1. Considerando que 0 implica un rechazo absoluto, y 100 un apoyo total, la mayor parte de los consultados la desaprueba. Pero no deja de ser preocupante que en todos los países sean muchos los que están dispuestos a avalar una conducta que en sus formas más extremas puede llegar al linchamiento.

El segundo país con mayor nivel de apoyo a la justicia por mano propia es Paraguay, con 42,3. Siguen Perú (40,6), Honduras (39,6), El Salvador (38,2) Ecuador (37,7), Bolivia (37,2), Estados Unidos (36,3), Jamaica (36,3) y Haití (35).

En otros lugares, la gran mayoría de la población rechaza esta práctica. Trinidad y Tobago es el que ostenta el nivel más bajo de aprobación, 19,2 puntos. Después vienen Brasil (23,5), Guyana (25,1), Panamá (25,1), Chile (25,4), Uruguay (25,9), Venezuela (26,7), Argentina (27,7), Colombia (29) y Costa Rica (30,1).

Las razones que explican el apoyo a la justicia por mano propia suelen ser dos, que se combinan y se potencian mutuamente: el aumento de la inseguridad y la corrupción e ineficiencia de la policía y de la justicia para hacerle frente. Ambas cosas evidencian una profunda falla del Estado, que en gran parte de la región es incapaz de cumplir con algunas de sus funciones principales.

"La gente que percibe más inseguridad, y que se encuentra en contextos en los que actúan pandillas, pero que además fueron victimizados por agentes de justicia que les solicitaron algún tipo de soborno, son los que tienden a aprobar más la justicia por mano propia. Hay un fuerte componente de ruptura de la confianza en el Estado", dice a Infobae el politólogo mexicano Daniel Zizumbo Colunga, investigador del SSRC (Consorcio para la Investigación en Ciencias Sociales), con sede en Estados Unidos.

También inciden experiencias personales, como haber sufrido en carne propia un delito. "Ser víctima -continúa Zizumbo Colunga- significa algo muy diferentes si desconfías del Estado que si te encuentras en un contexto en el que los delitos no son algo común, y las autoridades patrullan y tienes confianza en ellas".

Lo que sienten muchas personas cuando padecen un crimen en estas condiciones es que el Estado cometió una doble falta. Primero en la prevención, porque si hay delito es porque no se está controlando bien. Pero lo segundo, que agrava lo anterior, es ver que la reacción ante esa falla inicial es mala, ya sea porque no se investiga, no se atrapa a los responsables o, si se los atrapa, no se les aplica las sanciones que deberían.

"Tiene que ver con la ineficiencia de los sistemas de impartición de justicia. En México, por ejemplo, se hicieron estudios que arrojaron una impunidad de 98 por ciento. Es decir que de todos los delitos cometidos sólo llegaba a tribunales el 2 por ciento. El resto quedaban impunes, ya sea por falta de elementos probatorios o por irregularidades en las detenciones policiales", explica Antonio Fuentes Díaz, sociólogo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, consultado por Infobae.

"Muchas de las personas que han sido entrevistadas después de un participar de un linchamiento comentan que lo hicieron porque, en sus experiencias previas, cuando convocaban a la policía, terminaban dejando en libertad a los presuntos implicados", agrega.

Las diferencias entre unos países y otros tienen mucho que ver con el nivel de confianza en las instituciones y con la vigencia del estado de derecho en ellos.

"En los que hay una mayor victimización por corrupción, donde los policías piden más sobornos, hay un mayor apoyo a la justicia vigilante. En cambio, en las sociedades más apegadas al estado de derecho los niveles de apoyo son menores", dice Zizumbo Colunga.

Pero es un fenómeno que, con diferentes intensidades, afecta a toda la región. El origen hay que buscarlo en las profundas transformaciones sociales que se gestaron entre los ochenta y los noventa, que supusieron una paulatina abdicación del Estado de muchas de las funciones que cumplió durante décadas.

"Hay condiciones estructurales que generan una incertidumbre que afectan a amplios sectores de la población -dice Fuentes Díaz. Hay comunidades donde esta incertidumbre y esa desprotección por parte del Estado han generado como respuesta distintas formas de control vecinal. En algunos lugares eso ha ido aún más lejos y se instauraron sistemas de justicia alternativos".

"Hay una especie de desviación hacia órdenes privados de regulación de la seguridad y la violencia, que están presentes en distintos sectores de la población. La idea es que cada uno tiene que proveerse de servicios de seguridad y justicia. Esto es una forma extrema del neoliberalismo, que deja en la agencia individual cosas que antes estaban centralizadas en el Estado", concluye Fuentes Díaz.

Una de las particularidades de este fenómeno es que atraviesa toda la sociedad y se puede manifestar de diferentes maneras. El ejemplo más terrible son los linchamientos. Grupos de personas que atrapan in fraganti a un delincuente y que, en vez de entregarlo a las autoridades, lo golpean hasta matarlo.

Casos de este tipo se repiten en distintos países de la región. Principalmente, ocurren en barrios periféricos de las grandes ciudades y en algunas comunidades indígenas.

"Realmente no sabemos cuán difundida está la justicia por mano propia, porque muchos casos no terminan en muertes. Por ejemplo, cuando se trata de cerrar calles y hacer vigilancia comunitaria. Antes se decía que era un tema de los países con grandes poblaciones indígenas, pero últimamente parece que hubo un incremento en toda Latinoamérica", dice Zizumbo Colunga.

Una manifestación menos convencional de la justicia por mano propia, que es en realidad una forma de autoadministración de la seguridad, son los barrios que adoptan medidas de protección vecinal, como instalar alarmas y distintos sistemas de alerta de los que no participa la policía. Estas medidas son más comunes entre los sectores medios y medios altos.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Infobae.com

11 Marzo 2015

Los legisladores de Utah aprobaron una ley que les convertiría en el único estado que permite aplicar la pena de muerte con un pelotón de fusilamiento si hay desabastecimiento de los fármacos empleados en ejecuciones.

La aprobación del texto en el Senado regional se produjo mientras el estado lucha por conseguir los fármacos de la inyección letal en medio de un desabastecimiento nacional.

El impulsor de la ley, el republicano Paul Ray de Clearfield, presentó la medida como una forma de ejecución más humana. Ray alegó que un equipo de tiradores entrenados ofrecen una muerte más rápida y humana que las prolongadas agonías que se han producido en ejecuciones problemáticas por inyección letal.

La ley da opciones al estado, señaló. "No es encantaría que la inyección letal funcionara de forma que podamos continuar con ella, pero si no, tenemos un plan de reserva", dijo Ray a Associated Press.

Sus oponentes, sin embargo, dicen que los pelotones de fusilamiento son un cruel vestigio de los tiempos del Salvaje Oeste y atraerán la condena internacional sobre el estado. "Creo que Utah dio un paso gigante hacia atrás", sostuvo Ralph Dellapiana, director de Utahns for Alternatives to the Death Penalty. Los pelotones de fusilamiento, afirmó, son "una reliquia de un pasado más bárbaro".

Utah es uno de los estados que buscan nuevas formas de aplicar la pena de muerte, después de una problemática inyección letal en Oklahoma el año pasado y otra en Arizona, en la que el condenado tardó casi dos horas en morir.

Este año se introdujo legislación para permitir los pelotones de fusilamiento en Arkansas. En Wyoming, una medida para permitir este recurso si no había fármacos letales disponibles no salió adelante. En Oklahoma, los legisladores están considerando una legislación que permitiría al estado emplear gas nitrógeno para ejecutar a los presos.

No está claro que la propuesta de Ray se convierta en ley en Utah, un estado conservador. El gobernador del estado, el republicano Gary Herbert, no aclaró si la firmaría. Su portavoz Marty Carpenter sí emitió un comunicado esta semana reconociendo que el método le daría a Utah un método legítimo de ejecución si los fármacos no están disponibles.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: AP

25 Febrero 2015

El nivel de desaprobación a la gestión del Gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, creció a un 63,5 % tras la sacudida política generada por la aún no esclarecida muerte del fiscal Alberto Nisman.

De acuerdo a un sondeo de la consultora Managment & Fit, realizado entre el 28 de enero y el 3 de febrero pasado, el 63,5 % de los consultados desaprueba la gestión de la mandataria, que en diciembre próximo terminará su segundo mandato.

La anterior medición de la consultora, previa a la muerte del fiscal, arrojaba un nivel de desaprobación al Gobierno del 58,6 %.

La directora de Managment & Fit, Mariel Fornoni, dijo hoy a Efe que tanto "la respuesta provocativa del Gobierno, la informalidad de la cartas difundidas por Facebook, la presión sobre la Justicia y la actitud de no dar el pésame a la familia del fallecido fiscal Nisman" influyeron en el aumento de la desaprobación al Gobierno.

Nisman, que investigaba el atentado en 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero, cuatro días después de haber denunciado a Fernández por el presunto encubrimiento a los iraníes sospechosos del ataque.

El caso ha detonado una fuerte puja entre el Gobierno y el Poder Judicial y Fernández ha acusado a jueces y fiscales de funcionar como un partido opositor, en un año marcado por las elecciones presidenciales de octubre próximo.

De acuerdo al último sondeo de Managment & Fit, el alcalde porteño y líder de la conservadora Propuesta Republicana (Pro), Mauricio Macri, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales, con un 27,9 %, seguido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el oficialista Daniel Scioli, con un 23,9 %.

Para Fornoni, "hay mucha gente que no quiere saber más nada de esto, ni del kirchnerismo ni del peronismo" y, por esa razón, Macri fue quien "mejor capitalizó" la crisis tras la muerte de Nisman.

El tercero en las encuestas de Managment & Fit es el diputado y líder del opositor Frente Renovador Sergio Massa, que registra un 18 por ciento de intención de voto.

El sondeo se realizó a 2.400 personas, por vía telefónica y presencial, con un margen de error del 2 % y un nivel de confiabilidad del 95 %.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: EFE

19 Febrero 2015

La gestión de Gobierno del presidente Evo Morales obtuvo el 76% de aprobación en el país, según una encuesta realizada, en enero, por la empresa IPSOS.

Según esa encuesta, difundida el miércoles por la noche en la televisora ATB, la aprobación del trabajo del primer Mandatario en Pando registró 84%, seguida de La Paz y Chuquisaca con 80%, Cochabamba 82% y Tarija 60%.

En tanto, Potosí presentó un 78% de apoyo y Santa Cruz un 74%.

De acuerdo con el matutino Cambio, esas cifras se encuentran por encima de los resultados de las elecciones nacionales del 12 de octubre, cuando Morales salió victorioso con el 61%.

Segín ese medio de comunicación, la popularidad y la aprobación de la ciudadanía a la gestión del Presidente nunca se ubicaron por debajo del 50%.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

28 Enero 2015

Con 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, el Senado chileno le dio luz verde al informe de la Comisión Mixta, que el martes había resuelto las diferencias que existía entre las Cámaras frente a la iniciativa que regula las uniones civiles de parejas de igual o distinto sexo.

Ahora, dicho informe será revisado por la Cámara de Diputados y, de resolverse positivamente, el proyecto quedará en condiciones de convertirse en ley tras la revisión que debe realizar el Tribunal Constitucional.

En declaraciones recogidas por La Tercera, la presidente del Senado, Isabel Allende, sostuvo: "Me siento muy orgullosa de que hayamos dado este paso histórico. Creo que hemos logrado avanzar en el respeto, en los derechos y en la dignidad de las personas, que es lo más importante. Nadie más será discriminado, sean parejas homosexual, heterosexual, que optan por una convivencia y que con esta legislación tienen plenamente garantizados sus derechos".

Por su parte, el dirigente Rolando Jiménez destacó que "han pasado 11 años desde que ingresamos la primera ley de uniones civiles en el Congreso Nacional. Y queremos dedicar este triunfo a las familias homoparentales, a todas aquellas parejas heterosexuales que no quisieron casarse y que fueron estigmatizadas a lo largo de la historia".

Desde la fundación Iguales y el Movilh apuestan a que la iniciativa finalice este mismo miércoles su tramitación.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Emol

27 Enero 2015

La iniciativa es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el gobierno de Michelle Bachelet y que se funda en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 y 2012.

El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentado en tres ejes: fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos; el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.

Tras la votación, el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre expresó su "gratitud y satisfacción" con el respaldo parlamentario, tras diez meses de discusión.

"Al final del día lo importante es que la democracia ha construido sus propios fundamentos para avanzar en una educación de calidad. Éste es un proyecto que sienta la base filosófica de cómo se construye educación en Chile, un país donde buscamos que los estudios de los niños ya no se decidan por la capacidad económica de sus padres", indicó Eyzaguirre.

En tanto, la ex líder estudiantil y diputada Camila Vallejo destacó que "este proyecto hace justicia al desmantelar tres pilares de las leyes de mercado, nos estamos poniendo a la altura de países desarrollados que trabajan por poner en primer lugar el criterio de equidad".

"Los padres de menores ingresos conocerán ahora lo importante que es no tener que pagar más recursos por garantizar la educación de sus hijos", agregó.

La normativa termina con la selección por rendimiento previo en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, incorporando en la legislación la frase "sin fines de lucro", estableciendo de forma gradual la incorporación de la gratuidad en los colegios del país.

Junto con ello, fija sanciones a los sostenedores que lucren con recursos destinados a la educación; eso significa que quien lucre deberá devolver el monto malversado de los recursos y además pagar una multa del 50% de lo que haya utilizado de mala manera.

Además, los colegios no podrán seleccionar por factores socioeconómicos, etnias, nacionalidad, cultura, religión o discapacidad con el fin de terminar con las "discriminaciones arbitrarias".

Por ende, los colegios no podrán exigir antecedentes económicos de la familia del postulante ni contemplar el rendimiento escolar pasado.

La entrada en vigencia de la nueva ley será a partir del 1 de marzo del 2016, sin perjuicio de las reglas especiales que al efecto se establecen, entre ellas, un plazo de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2017) para que los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados que quieran seguir operando en la actividad educacional transfieran su calidad de tal.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

19 Enero 2015

La aprobación a la gestión del presidente peruano, Ollanta Humala, cayó en enero en cinco puntos porcentuales en medio de protestas por una cuestionada ley de empleo juvenil y tras una "escandalosa" fuga de su ex asesor de campaña, mostró el domingo una encuesta.

El respaldo a Humala -que gobernará hasta julio del 2016- cayó a un 25%, según el sondeo mensual de Ipsos Perú publicado en el diario El Comercio.

El 70% de los encuestados desaprobó la gestión del militar retirado, quien asumió en el 2011, mientras que un 5% no precisó su posición. La principal razón de desaprobación a Humala es la "corrupción en su gobierno", agregó la encuesta.

"El alto nivel de desaprobación que tiene el presidente presenta a un gobierno muy débil cuando todavía faltan 15 meses para las próximas elecciones", dijo el director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, en el diario El Comercio.

Torres precisó además que la mayoría de los encuestados informados sobre las denuncias de corrupción del ex asesor de campaña de Humala, Martín Belaunde, considera que su "escandalosa fuga" a Bolivia "fue coordinada entre los presidentes Humala y Evo Morales".

Además, creen que el gobierno estaría "protegiéndolo porque éste tendría información comprometedora sobre los aportes que recibió Humala para sus campañas presidenciales o sobre actos de corrupción que involucran a las más altas autoridades del gobierno actual", agregó Torres.

Según el sondeo, el 79% de los encuestados consideró que el empresario Belaunde está siendo protegido por el gobierno.

Belaunde se encuentra prófugo luego de que un juez ordenó prisión preventiva por su presunto liderazgo en una organización delictiva que actuaba junto a autoridades regionales del norte del país. Este ha negado haber estado involucrado.

De otro lado, Torres explicó que también afectó la popularidad de Humala las recientes protestas contra una ley de empleo juvenil que ha sido criticada porque la norma excluye beneficios laborales.

La ley de empleo juvenil considera que las empresas pueden contratar personas de entre 18 y 24 años sin un fondo de desempleo (CTS) ni gratificaciones, y con vacaciones recortadas a 15 días al año frente a los 30 días de la legislación actual.

"Si el gobierno hubiese tenido un espíritu más concertador y menos confrontacional, es posible que el resultado hubiese sido diferente", afirmó Torres.

La encuesta nacional urbana de Ipsos Perú se realizó entre el 13 y 16 de enero con una muestra de 1.208 entrevistados. El estudio tiene un margen de error de más o menos 2,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Reuters

24 Diciembre 2014

El presidente Evo Morales cierra el 2014 con una aprobación a su gestión del 75% a nivel nacional, según la encuesta realizada por la empresa privada de Apoyo Opinión y Mercado (Ipsos).

Ese estudio, que fue difundido por la televisora ATB, detalla que la aprobación de la gestión del Jefe de Estado subió tres puntos en diciembre del 72% registrado en octubre al 75%.

En agosto, la aprobación llegó al 71%, y en octubre avanzó un punto, hasta el 72%. En ambos meses la desaprobación se mantuvo en 20%, y en la muestra de diciembre la reprobación bajo 4 puntos, hasta situarse en 16%.

Asimismo, la encuesta de IPSOS da cuenta que la aprobación al vicepresidente Álvaro García Linera también subió, y dio un salto de siete puntos para ubicarse en 65% en diciembre, tras haber estado en 58% en octubre.

La desaprobación a la gestión de García Linera, que estuvo en 27% en agosto y en 33% en octubre, bajó a 27%.

Además la encuesta revela que al 71% de los bolivianos le gusta el estilo de gobernar del Presidente, porcentaje que el 2013 se situó en el 56%.

El estudio evidencia un crecimiento de 15 puntos en ese criterio positivo con relación a la gestión 2013.

El porcentaje de aquellos a quienes no les gusta bajo a 20%. En 2012, el 52% decía que sí le gustaba el estilo de gobernar de Morales, y el 40% opinaba que no.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

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