Santa Cruz de la Sierra
14 Abril 2015

"Hoy es un día en que avanzamos como sociedad (...) estamos dando un paso fundamental en este camino de derechos, de justicia, y de respeto a la libertad individual", afirmó la presidenta de Chile Michelle Bachelet durante el acto de promulgación de la nueva ley que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Merced a la cual, tanto las parejas homosexuales como las heterosexuales podrán en Chile suscribirse al Acuerdo de Unión Civil desde octubre próximo, ya que la normativa, publicada formalmente este lunes, tiene un plazo de seis meses para su entrada en vigor. La ley creará el estado civil de "conviviente legal", fijando un nuevo régimen patrimonial para las parejas que opten por esta unión, sin importar si son o no del mismo sexo.

El objetivo es entregar una protección patrimonial y de derechos civiles para los contrayentes y regular los efectos de su vida afectiva en común, de forma estable y permanente. El acuerdo "reconoce y fortalece el vínculo de convivencia", apuntó Bachelet, quien señaló que "se estima que en Chile existen más de dos millones de personas que se encuentran conviviendo".

El Acuerdo de Unión Civil (AUC), originalmente denominado Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), fue una de las promesas del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Bachelet se comprometió a sacar adelante el proyecto durante su campaña electoral. Varios países de Latinoamérica han reconocido las uniones civiles, aunque solo Argentina y Uruguay permiten sin limitaciones el matrimonio homosexual en igualdad de condiciones.

Redacción Leo.bo

Fuente: DW

09 Abril 2015

La Cámara de Diputados aprobó el texto principal del proyecto de ley por 324 votos a favor, 137 votos en contra y 2 abstenciones, aunque el documento podrá ser modificado a través de enmiendas, las cuales serán discutidas la próxima semana.

El régimen de "tercerización" del empleo se aplica en la actualidad a servicios que no tienen vínculo directo con la labor de las empresas, como limpieza, alimentación, seguridad y transporte, pero, una vez aprobado por el Congreso, podrá extenderse a todas las actividades, incluidas las referentes al propósito final de la compañía.

No obstante, el proyecto de ley prevé que los empleados subcontratados tengan los mismos derechos que los funcionarios de la empresa contratante, como por ejemplo el vale de alimentación, el servicio de transporte y la atención médica.

El proyecto fue criticado por los diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), de la presidente Dilma Rousseff, quienes alegaron que la medida supone una "precarización" laboral y acaba con la posibilidad de ascenso de los empleados.

El relator de la propuesta, el diputado Arthur Maia, del opositor partido Solidaridad (SD), subrayó que la legislación de la "tercerización" inyectará "seguridad jurídica" a los contratos y sostuvo que el proyecto de ley supone "una línea media capaz de atender a los trabajadores, empresarios y a la economía brasileña".

Antes de la aprobación del texto, la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor fuerza sindical de Brasil, anunció una "paralización nacional" el miércoles 15 de abril contra el proyecto de ley, al considerar que supone un "ataque" contra los derechos laborales.

"Vamos a cruzar los brazos y haremos el esfuerzo de ir de estado en estado para denunciar a los diputados que voten a favor del proyecto para que el pueblo brasileño no reelija a los traidores de la clase trabajadora", afirmó en un comunicado el presidente nacional de la CUT, Vágner Freitas.

Varios sindicatos, encabezados por la CUT, se movilizaron el martes en varias ciudades en contra del proyecto y un grupo que protestaba frente al Congreso, en Brasilia, fue dispersado por la Policía, que utilizó gases lacrimógenos.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

01 Abril 2015

La aprobación de la gestión de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, cayó 33 puntos y se ubica en apenas el 19%, según una encuesta divulgada este miércoles, que refleja el impacto de los problemas económicos y la corrupción que golpean al gobierno petista.

Según el sondeo de CNI/Ibope, uno de los más consultados en Brasil, esta cifra es, por lejos, la más baja desde que Rousseff asumió su primer mandato en 2010 y de los apenas tres meses que van del segundo. Además, el 74% de los entrevistados dijo que no confia en la mandataria.

En la medición de los que consideran que Rousseff lo está haciendo "excelente o bien", el derrape fue de 28 puntos, al 12%; mientras que el 23% de los consultados sostuvo que la gestión es "regular" y el 64%, "mala o pésima".

"La pérdida de popularidad ocurrió con alta intensidad en todos los estratos sociales encuestados. En los estratos en que la evaluación de la presidente es usualmente más positiva, la reducción fue más intensa, disminuyendo la disparidad de opiniones de la población", señaló el reporte.

Rousseff logró ser reelegida en el mes de octubre y asumió su segundo período en enero de 2015, tras una ajustada victoria en segunda vuelta. Al final de su segundo mandato, el Partido de los Trabajadores (PT) completará 16 años en el poder.

Según CNI/Ibope, el respaldo entre las personas que declaran haber votado por la presidente en el ballottage se precipitó al 34%, desde el anterior 80% del trabajo divulgado en diciembre.

Hace largos meses que Brasil está sacudido por las constantes revelaciones sobre una confabulación de políticos, empresarios y directivos para saquear la estatal Petrobras, que supo ser la bandera del desarrollo del país. Según estima la policía, esta red ilegal ha movido unos 4.000 millones de dólares en forma ilegal durante la última década.

Por ese escándalo, hay 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores bajo la mirada de la Justicia. Pero la derivación más delicada para el Palacio de Planalto, donde trabaja Rousseff, es la denuncia que realizó la Fiscalía de la Nación que involucra al tesorero del Partido de los Trabajadores por supuesto cobro de sobornos para financiar a la fuerza oficialista.

Mientras la megacausa avanza, la economía tampoco da respiro al Gobierno. Después de cerrar 2014 con una expansión del 0,1%, las previsiones del mercado indican que 2015 tendrá una contracción del 1%, combinada con una inflación superior al 8 por ciento.

El domingo 15 de marzo, un millón y medio de personas se manifestaron en las calles de las principales ciudades de Brasil, como Río de Janeiro, Recife, Salvador y Brasilia, aunque la mayor convocatoria fue en San Pablo. Se trató de la mayor manifestación desde las revueltas de mediados de 2013, durante la Copa Confederaciones.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y fue realizada entre los pasados 21 y 25 de marzo, período en el que fueron consultados 2.002 electores de 142 ciudades de todas las regiones del país..

Redacción: Leo.bo      

Fuente: AFP

01 Abril 2015

Una baja de ocho puntos porcentuales presentó la Presidenta Michelle Bachelet, según la encuesta Adimark dada a conocer hoy, informó La Tercera.

Según el sondeo, el respaldó cayó a un 31%, el peor registro para sus dos gobiernos, superando incluso el de septiembre de 2007, donde en medio de cuestionamientos al Transantiago alcalzó un 35,3% de adhesión. La desaprobación subió a un 61%, 9 puntos más que en el mes de marzo, y también su peor registro.

El centro de estudios recuerda que el mes de marzo estuvo marcado por catástrofes naturales, como la erupción del volcán Villarrica, incendios forestales y las lluvias en el norte. "A nivel político, las tormentas han sido no menos dañinas: los casos Caval, Penta y sus ramificaciones a Soquimich han producido fuerte impacto en la opinión pública, como muestra este estudio, afectando no sólo al gobierno, sino también a la oposición, a la clase política en general, y muy particularmente a algo que hasta ahora parecía incombustible: la figura de la Presidenta", señala el centro de estudios.

La Mandataria ve disminuido su respaldo en todos los estratos socioeconómicos, pero especialmente en la clase media, donde baja de un 39% a un 28%. En el bajo cae de 41% a 37% y en el alto de 30% a 24%. La aprobación cae de un 39% a un 30% en regiones. Junto con esto, todos los atributos de la Mandataria caen durante el sondeo del mes de marzo.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: La Tercera

30 Marzo 2015

República Dominicana es el país de América en el que más personas aprueban o justifican la aplicación de justicia por mano propia. Según el Barómetro de las Américas 2014 de LAPOP, que hizo encuestas en 25 países del continente, tiene un nivel de aprobación de 42,8 puntos sobre 100.

La media de la región es de 32,1. Considerando que 0 implica un rechazo absoluto, y 100 un apoyo total, la mayor parte de los consultados la desaprueba. Pero no deja de ser preocupante que en todos los países sean muchos los que están dispuestos a avalar una conducta que en sus formas más extremas puede llegar al linchamiento.

El segundo país con mayor nivel de apoyo a la justicia por mano propia es Paraguay, con 42,3. Siguen Perú (40,6), Honduras (39,6), El Salvador (38,2) Ecuador (37,7), Bolivia (37,2), Estados Unidos (36,3), Jamaica (36,3) y Haití (35).

En otros lugares, la gran mayoría de la población rechaza esta práctica. Trinidad y Tobago es el que ostenta el nivel más bajo de aprobación, 19,2 puntos. Después vienen Brasil (23,5), Guyana (25,1), Panamá (25,1), Chile (25,4), Uruguay (25,9), Venezuela (26,7), Argentina (27,7), Colombia (29) y Costa Rica (30,1).

Las razones que explican el apoyo a la justicia por mano propia suelen ser dos, que se combinan y se potencian mutuamente: el aumento de la inseguridad y la corrupción e ineficiencia de la policía y de la justicia para hacerle frente. Ambas cosas evidencian una profunda falla del Estado, que en gran parte de la región es incapaz de cumplir con algunas de sus funciones principales.

"La gente que percibe más inseguridad, y que se encuentra en contextos en los que actúan pandillas, pero que además fueron victimizados por agentes de justicia que les solicitaron algún tipo de soborno, son los que tienden a aprobar más la justicia por mano propia. Hay un fuerte componente de ruptura de la confianza en el Estado", dice a Infobae el politólogo mexicano Daniel Zizumbo Colunga, investigador del SSRC (Consorcio para la Investigación en Ciencias Sociales), con sede en Estados Unidos.

También inciden experiencias personales, como haber sufrido en carne propia un delito. "Ser víctima -continúa Zizumbo Colunga- significa algo muy diferentes si desconfías del Estado que si te encuentras en un contexto en el que los delitos no son algo común, y las autoridades patrullan y tienes confianza en ellas".

Lo que sienten muchas personas cuando padecen un crimen en estas condiciones es que el Estado cometió una doble falta. Primero en la prevención, porque si hay delito es porque no se está controlando bien. Pero lo segundo, que agrava lo anterior, es ver que la reacción ante esa falla inicial es mala, ya sea porque no se investiga, no se atrapa a los responsables o, si se los atrapa, no se les aplica las sanciones que deberían.

"Tiene que ver con la ineficiencia de los sistemas de impartición de justicia. En México, por ejemplo, se hicieron estudios que arrojaron una impunidad de 98 por ciento. Es decir que de todos los delitos cometidos sólo llegaba a tribunales el 2 por ciento. El resto quedaban impunes, ya sea por falta de elementos probatorios o por irregularidades en las detenciones policiales", explica Antonio Fuentes Díaz, sociólogo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, consultado por Infobae.

"Muchas de las personas que han sido entrevistadas después de un participar de un linchamiento comentan que lo hicieron porque, en sus experiencias previas, cuando convocaban a la policía, terminaban dejando en libertad a los presuntos implicados", agrega.

Las diferencias entre unos países y otros tienen mucho que ver con el nivel de confianza en las instituciones y con la vigencia del estado de derecho en ellos.

"En los que hay una mayor victimización por corrupción, donde los policías piden más sobornos, hay un mayor apoyo a la justicia vigilante. En cambio, en las sociedades más apegadas al estado de derecho los niveles de apoyo son menores", dice Zizumbo Colunga.

Pero es un fenómeno que, con diferentes intensidades, afecta a toda la región. El origen hay que buscarlo en las profundas transformaciones sociales que se gestaron entre los ochenta y los noventa, que supusieron una paulatina abdicación del Estado de muchas de las funciones que cumplió durante décadas.

"Hay condiciones estructurales que generan una incertidumbre que afectan a amplios sectores de la población -dice Fuentes Díaz. Hay comunidades donde esta incertidumbre y esa desprotección por parte del Estado han generado como respuesta distintas formas de control vecinal. En algunos lugares eso ha ido aún más lejos y se instauraron sistemas de justicia alternativos".

"Hay una especie de desviación hacia órdenes privados de regulación de la seguridad y la violencia, que están presentes en distintos sectores de la población. La idea es que cada uno tiene que proveerse de servicios de seguridad y justicia. Esto es una forma extrema del neoliberalismo, que deja en la agencia individual cosas que antes estaban centralizadas en el Estado", concluye Fuentes Díaz.

Una de las particularidades de este fenómeno es que atraviesa toda la sociedad y se puede manifestar de diferentes maneras. El ejemplo más terrible son los linchamientos. Grupos de personas que atrapan in fraganti a un delincuente y que, en vez de entregarlo a las autoridades, lo golpean hasta matarlo.

Casos de este tipo se repiten en distintos países de la región. Principalmente, ocurren en barrios periféricos de las grandes ciudades y en algunas comunidades indígenas.

"Realmente no sabemos cuán difundida está la justicia por mano propia, porque muchos casos no terminan en muertes. Por ejemplo, cuando se trata de cerrar calles y hacer vigilancia comunitaria. Antes se decía que era un tema de los países con grandes poblaciones indígenas, pero últimamente parece que hubo un incremento en toda Latinoamérica", dice Zizumbo Colunga.

Una manifestación menos convencional de la justicia por mano propia, que es en realidad una forma de autoadministración de la seguridad, son los barrios que adoptan medidas de protección vecinal, como instalar alarmas y distintos sistemas de alerta de los que no participa la policía. Estas medidas son más comunes entre los sectores medios y medios altos.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Infobae.com

11 Marzo 2015

Los legisladores de Utah aprobaron una ley que les convertiría en el único estado que permite aplicar la pena de muerte con un pelotón de fusilamiento si hay desabastecimiento de los fármacos empleados en ejecuciones.

La aprobación del texto en el Senado regional se produjo mientras el estado lucha por conseguir los fármacos de la inyección letal en medio de un desabastecimiento nacional.

El impulsor de la ley, el republicano Paul Ray de Clearfield, presentó la medida como una forma de ejecución más humana. Ray alegó que un equipo de tiradores entrenados ofrecen una muerte más rápida y humana que las prolongadas agonías que se han producido en ejecuciones problemáticas por inyección letal.

La ley da opciones al estado, señaló. "No es encantaría que la inyección letal funcionara de forma que podamos continuar con ella, pero si no, tenemos un plan de reserva", dijo Ray a Associated Press.

Sus oponentes, sin embargo, dicen que los pelotones de fusilamiento son un cruel vestigio de los tiempos del Salvaje Oeste y atraerán la condena internacional sobre el estado. "Creo que Utah dio un paso gigante hacia atrás", sostuvo Ralph Dellapiana, director de Utahns for Alternatives to the Death Penalty. Los pelotones de fusilamiento, afirmó, son "una reliquia de un pasado más bárbaro".

Utah es uno de los estados que buscan nuevas formas de aplicar la pena de muerte, después de una problemática inyección letal en Oklahoma el año pasado y otra en Arizona, en la que el condenado tardó casi dos horas en morir.

Este año se introdujo legislación para permitir los pelotones de fusilamiento en Arkansas. En Wyoming, una medida para permitir este recurso si no había fármacos letales disponibles no salió adelante. En Oklahoma, los legisladores están considerando una legislación que permitiría al estado emplear gas nitrógeno para ejecutar a los presos.

No está claro que la propuesta de Ray se convierta en ley en Utah, un estado conservador. El gobernador del estado, el republicano Gary Herbert, no aclaró si la firmaría. Su portavoz Marty Carpenter sí emitió un comunicado esta semana reconociendo que el método le daría a Utah un método legítimo de ejecución si los fármacos no están disponibles.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: AP

25 Febrero 2015

El nivel de desaprobación a la gestión del Gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, creció a un 63,5 % tras la sacudida política generada por la aún no esclarecida muerte del fiscal Alberto Nisman.

De acuerdo a un sondeo de la consultora Managment & Fit, realizado entre el 28 de enero y el 3 de febrero pasado, el 63,5 % de los consultados desaprueba la gestión de la mandataria, que en diciembre próximo terminará su segundo mandato.

La anterior medición de la consultora, previa a la muerte del fiscal, arrojaba un nivel de desaprobación al Gobierno del 58,6 %.

La directora de Managment & Fit, Mariel Fornoni, dijo hoy a Efe que tanto "la respuesta provocativa del Gobierno, la informalidad de la cartas difundidas por Facebook, la presión sobre la Justicia y la actitud de no dar el pésame a la familia del fallecido fiscal Nisman" influyeron en el aumento de la desaprobación al Gobierno.

Nisman, que investigaba el atentado en 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero, cuatro días después de haber denunciado a Fernández por el presunto encubrimiento a los iraníes sospechosos del ataque.

El caso ha detonado una fuerte puja entre el Gobierno y el Poder Judicial y Fernández ha acusado a jueces y fiscales de funcionar como un partido opositor, en un año marcado por las elecciones presidenciales de octubre próximo.

De acuerdo al último sondeo de Managment & Fit, el alcalde porteño y líder de la conservadora Propuesta Republicana (Pro), Mauricio Macri, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales, con un 27,9 %, seguido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el oficialista Daniel Scioli, con un 23,9 %.

Para Fornoni, "hay mucha gente que no quiere saber más nada de esto, ni del kirchnerismo ni del peronismo" y, por esa razón, Macri fue quien "mejor capitalizó" la crisis tras la muerte de Nisman.

El tercero en las encuestas de Managment & Fit es el diputado y líder del opositor Frente Renovador Sergio Massa, que registra un 18 por ciento de intención de voto.

El sondeo se realizó a 2.400 personas, por vía telefónica y presencial, con un margen de error del 2 % y un nivel de confiabilidad del 95 %.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: EFE

19 Febrero 2015

La gestión de Gobierno del presidente Evo Morales obtuvo el 76% de aprobación en el país, según una encuesta realizada, en enero, por la empresa IPSOS.

Según esa encuesta, difundida el miércoles por la noche en la televisora ATB, la aprobación del trabajo del primer Mandatario en Pando registró 84%, seguida de La Paz y Chuquisaca con 80%, Cochabamba 82% y Tarija 60%.

En tanto, Potosí presentó un 78% de apoyo y Santa Cruz un 74%.

De acuerdo con el matutino Cambio, esas cifras se encuentran por encima de los resultados de las elecciones nacionales del 12 de octubre, cuando Morales salió victorioso con el 61%.

Segín ese medio de comunicación, la popularidad y la aprobación de la ciudadanía a la gestión del Presidente nunca se ubicaron por debajo del 50%.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

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