Santa Cruz de la Sierra
09 Junio 2015

Tras una tercera votación, un grupo de expertos ha recomendado a la Administración para alimentación y fármacos en EE. UU. (FDA, por sus siglas en ingles) que autorice la utilización de un nuevo medicamento llamado Flibanserina o más conocido como ‘viagra femenino’.

Sin embargo, resulta muy controversial que este nuevo fármaco sea considerado como un estimulante sexual. Por ello, el médico oncólogo, Elmer Huerta, aclaró que este medicamento está mal llamado ‘viagra femenino’ pues su aprobación, más que científica, se debe a la presión mediática que muchas mujeres hicieron en favor de este remedio.

“Está mal llamado ‘viagra femenino’, lo que pasa es que es una palabra muy conveniente desde el punto de vista de mercadeo. Una cosa es el deseo sexual, que es una actividad enteramente mental, cerebral, son las ganas de hacer el amor, eso está en el cerebro. Y otra cosa diferente es el acto sexual, que en el hombre implica una buena erección y en la mujer una adecuada lubricación y relajación”, declaró.

El oncólogo indicó que el ‘viagra masculino’ actúa sobre el fenómeno mecánico del acto sexual, es decir, la erección. Mientras que este nuevo medicamento, la flibanserina, actuaría sobre el deseo sexual haciendo que cambie la concentración de tres sustancias químicas en el cerebro: la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. “De modo que, del punto de vista científico, no es realmente un medicamento muy efectivo”, expresó.

Huerta alertó sobre los efectos secundarios que podría provocar pues se ha comprobado que podrían producir desmayos, baja presión arterial, soñolencia y, cuando se toma con alcohol, las féminas se quedan totalmente dormidas.

Cabe indicar que recién en el mes de agosto la FDA decidirá si sigue o no la recomendación de los expertos o la rechaza por tercera vez.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

01 Junio 2015

La aprobación a la gestión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, bajó siete puntos, al 26 %, en la última semana, la más baja desde que inició su mandato en marzo del año pasado, según una encuesta difundida hoy por la consultora Plaza Pública-Cadem.

De acuerdo con los datos del sondeo, el rechazo a la mandataria subió seis puntos en la última semana, hasta el 62 %, una de las tasas más elevadas de su segundo Gobierno.

Con este resultado, Bachelet regresó a las malas evaluaciones que ha obtenido desde comienzos de año por culpa de los escándalos de corrupción que han afectado a la clase política y dejó atrás el repunte que registró en la encuesta de la semana pasada, cuando su aprobación subió seis puntos, hasta el 33 %.

Ese aumento de la valoración de la mandataria estuvo precedido por la rendición de cuentas que hizo ante al Congreso de Chile el 21 de mayo, cuando reconoció que el primer año de su Gobierno estuvo marcado por los escándalos políticos que deterioraron la confianza de los ciudadanos.

En mayo, la aprobación de Bachelet promedió un 29 %, mientras que el rechazo a su gestión obtuvo un promedio de 62 %, según cifras de Plaza Pública-Cadem.

"Con este escenario la presidenta completa ocho meses consecutivos con más desaprobadores que aprobadores, cinco de ellos previos a que se hiciera público el caso Caval", señaló la consultora en referencia a un polémico negocio que involucra al hijo de la mandataria.

El caso se centra en un millonario negocio inmobiliario en el que participaron el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon, al adquirir terrenos en la región de O'Higgins con un préstamo facilitado por el dueño de uno de los mayores bancos de Chile para luego venderlos a un mayor valor.

El sondeo también muestra que bajó el apoyo al gabinete de ministros del Gobierno, que en una semana cayó del 29 al 22 %, mientras que la desaprobación aumentó del 51 al 57 %.

La encuesta se realizó entre el pasado 27 y 29 de mayo a través de 506 entrevistas telefónicas y 203 cara a cara con ciudadanos mayores de edad de todo el país, con un margen de error del 3,7 % y un nivel de confianza del 95 %.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

15 Mayo 2015

La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Sonia Brito, anunció que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de protección de animales, que incluye 10 figuras legales entre las que sobresalen las sanciones que van de seis meses a cinco años de privación de libertad a quienes maltraten a los animales.

“Se está aprobando la ley de protección a los animales, esta es una ley que incorpora dos figuras penales contra la crueldad y maltrato animal por un lado, y contra el biocidio animal. Contra la crueldad establece en este caso penas de 6 meses a un año, y el biocidio de un año a cinco años”, informó la diputada Brito en el medio televisivo Cadena A.

La sanción más drástica se dará a aquellos que cometan biocidio, que es la eliminación o asesinato de los animales, con una sanción de cinco años de privación de libertad.

La diputada explicó desde el nivel central del Estado se establece el marco normativo general, por lo que los gobiernos municipales, en el marco de las competencias sobre responsabilidades específicas, deberán aplicar normativas especificas a favor de los animales tanto del área urbana como rural.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

14 Abril 2015

"Hoy es un día en que avanzamos como sociedad (...) estamos dando un paso fundamental en este camino de derechos, de justicia, y de respeto a la libertad individual", afirmó la presidenta de Chile Michelle Bachelet durante el acto de promulgación de la nueva ley que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Merced a la cual, tanto las parejas homosexuales como las heterosexuales podrán en Chile suscribirse al Acuerdo de Unión Civil desde octubre próximo, ya que la normativa, publicada formalmente este lunes, tiene un plazo de seis meses para su entrada en vigor. La ley creará el estado civil de "conviviente legal", fijando un nuevo régimen patrimonial para las parejas que opten por esta unión, sin importar si son o no del mismo sexo.

El objetivo es entregar una protección patrimonial y de derechos civiles para los contrayentes y regular los efectos de su vida afectiva en común, de forma estable y permanente. El acuerdo "reconoce y fortalece el vínculo de convivencia", apuntó Bachelet, quien señaló que "se estima que en Chile existen más de dos millones de personas que se encuentran conviviendo".

El Acuerdo de Unión Civil (AUC), originalmente denominado Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), fue una de las promesas del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Bachelet se comprometió a sacar adelante el proyecto durante su campaña electoral. Varios países de Latinoamérica han reconocido las uniones civiles, aunque solo Argentina y Uruguay permiten sin limitaciones el matrimonio homosexual en igualdad de condiciones.

Redacción Leo.bo

Fuente: DW

09 Abril 2015

La Cámara de Diputados aprobó el texto principal del proyecto de ley por 324 votos a favor, 137 votos en contra y 2 abstenciones, aunque el documento podrá ser modificado a través de enmiendas, las cuales serán discutidas la próxima semana.

El régimen de "tercerización" del empleo se aplica en la actualidad a servicios que no tienen vínculo directo con la labor de las empresas, como limpieza, alimentación, seguridad y transporte, pero, una vez aprobado por el Congreso, podrá extenderse a todas las actividades, incluidas las referentes al propósito final de la compañía.

No obstante, el proyecto de ley prevé que los empleados subcontratados tengan los mismos derechos que los funcionarios de la empresa contratante, como por ejemplo el vale de alimentación, el servicio de transporte y la atención médica.

El proyecto fue criticado por los diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), de la presidente Dilma Rousseff, quienes alegaron que la medida supone una "precarización" laboral y acaba con la posibilidad de ascenso de los empleados.

El relator de la propuesta, el diputado Arthur Maia, del opositor partido Solidaridad (SD), subrayó que la legislación de la "tercerización" inyectará "seguridad jurídica" a los contratos y sostuvo que el proyecto de ley supone "una línea media capaz de atender a los trabajadores, empresarios y a la economía brasileña".

Antes de la aprobación del texto, la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor fuerza sindical de Brasil, anunció una "paralización nacional" el miércoles 15 de abril contra el proyecto de ley, al considerar que supone un "ataque" contra los derechos laborales.

"Vamos a cruzar los brazos y haremos el esfuerzo de ir de estado en estado para denunciar a los diputados que voten a favor del proyecto para que el pueblo brasileño no reelija a los traidores de la clase trabajadora", afirmó en un comunicado el presidente nacional de la CUT, Vágner Freitas.

Varios sindicatos, encabezados por la CUT, se movilizaron el martes en varias ciudades en contra del proyecto y un grupo que protestaba frente al Congreso, en Brasilia, fue dispersado por la Policía, que utilizó gases lacrimógenos.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

01 Abril 2015

La aprobación de la gestión de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, cayó 33 puntos y se ubica en apenas el 19%, según una encuesta divulgada este miércoles, que refleja el impacto de los problemas económicos y la corrupción que golpean al gobierno petista.

Según el sondeo de CNI/Ibope, uno de los más consultados en Brasil, esta cifra es, por lejos, la más baja desde que Rousseff asumió su primer mandato en 2010 y de los apenas tres meses que van del segundo. Además, el 74% de los entrevistados dijo que no confia en la mandataria.

En la medición de los que consideran que Rousseff lo está haciendo "excelente o bien", el derrape fue de 28 puntos, al 12%; mientras que el 23% de los consultados sostuvo que la gestión es "regular" y el 64%, "mala o pésima".

"La pérdida de popularidad ocurrió con alta intensidad en todos los estratos sociales encuestados. En los estratos en que la evaluación de la presidente es usualmente más positiva, la reducción fue más intensa, disminuyendo la disparidad de opiniones de la población", señaló el reporte.

Rousseff logró ser reelegida en el mes de octubre y asumió su segundo período en enero de 2015, tras una ajustada victoria en segunda vuelta. Al final de su segundo mandato, el Partido de los Trabajadores (PT) completará 16 años en el poder.

Según CNI/Ibope, el respaldo entre las personas que declaran haber votado por la presidente en el ballottage se precipitó al 34%, desde el anterior 80% del trabajo divulgado en diciembre.

Hace largos meses que Brasil está sacudido por las constantes revelaciones sobre una confabulación de políticos, empresarios y directivos para saquear la estatal Petrobras, que supo ser la bandera del desarrollo del país. Según estima la policía, esta red ilegal ha movido unos 4.000 millones de dólares en forma ilegal durante la última década.

Por ese escándalo, hay 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores bajo la mirada de la Justicia. Pero la derivación más delicada para el Palacio de Planalto, donde trabaja Rousseff, es la denuncia que realizó la Fiscalía de la Nación que involucra al tesorero del Partido de los Trabajadores por supuesto cobro de sobornos para financiar a la fuerza oficialista.

Mientras la megacausa avanza, la economía tampoco da respiro al Gobierno. Después de cerrar 2014 con una expansión del 0,1%, las previsiones del mercado indican que 2015 tendrá una contracción del 1%, combinada con una inflación superior al 8 por ciento.

El domingo 15 de marzo, un millón y medio de personas se manifestaron en las calles de las principales ciudades de Brasil, como Río de Janeiro, Recife, Salvador y Brasilia, aunque la mayor convocatoria fue en San Pablo. Se trató de la mayor manifestación desde las revueltas de mediados de 2013, durante la Copa Confederaciones.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y fue realizada entre los pasados 21 y 25 de marzo, período en el que fueron consultados 2.002 electores de 142 ciudades de todas las regiones del país..

Redacción: Leo.bo      

Fuente: AFP

01 Abril 2015

Una baja de ocho puntos porcentuales presentó la Presidenta Michelle Bachelet, según la encuesta Adimark dada a conocer hoy, informó La Tercera.

Según el sondeo, el respaldó cayó a un 31%, el peor registro para sus dos gobiernos, superando incluso el de septiembre de 2007, donde en medio de cuestionamientos al Transantiago alcalzó un 35,3% de adhesión. La desaprobación subió a un 61%, 9 puntos más que en el mes de marzo, y también su peor registro.

El centro de estudios recuerda que el mes de marzo estuvo marcado por catástrofes naturales, como la erupción del volcán Villarrica, incendios forestales y las lluvias en el norte. "A nivel político, las tormentas han sido no menos dañinas: los casos Caval, Penta y sus ramificaciones a Soquimich han producido fuerte impacto en la opinión pública, como muestra este estudio, afectando no sólo al gobierno, sino también a la oposición, a la clase política en general, y muy particularmente a algo que hasta ahora parecía incombustible: la figura de la Presidenta", señala el centro de estudios.

La Mandataria ve disminuido su respaldo en todos los estratos socioeconómicos, pero especialmente en la clase media, donde baja de un 39% a un 28%. En el bajo cae de 41% a 37% y en el alto de 30% a 24%. La aprobación cae de un 39% a un 30% en regiones. Junto con esto, todos los atributos de la Mandataria caen durante el sondeo del mes de marzo.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: La Tercera

30 Marzo 2015

República Dominicana es el país de América en el que más personas aprueban o justifican la aplicación de justicia por mano propia. Según el Barómetro de las Américas 2014 de LAPOP, que hizo encuestas en 25 países del continente, tiene un nivel de aprobación de 42,8 puntos sobre 100.

La media de la región es de 32,1. Considerando que 0 implica un rechazo absoluto, y 100 un apoyo total, la mayor parte de los consultados la desaprueba. Pero no deja de ser preocupante que en todos los países sean muchos los que están dispuestos a avalar una conducta que en sus formas más extremas puede llegar al linchamiento.

El segundo país con mayor nivel de apoyo a la justicia por mano propia es Paraguay, con 42,3. Siguen Perú (40,6), Honduras (39,6), El Salvador (38,2) Ecuador (37,7), Bolivia (37,2), Estados Unidos (36,3), Jamaica (36,3) y Haití (35).

En otros lugares, la gran mayoría de la población rechaza esta práctica. Trinidad y Tobago es el que ostenta el nivel más bajo de aprobación, 19,2 puntos. Después vienen Brasil (23,5), Guyana (25,1), Panamá (25,1), Chile (25,4), Uruguay (25,9), Venezuela (26,7), Argentina (27,7), Colombia (29) y Costa Rica (30,1).

Las razones que explican el apoyo a la justicia por mano propia suelen ser dos, que se combinan y se potencian mutuamente: el aumento de la inseguridad y la corrupción e ineficiencia de la policía y de la justicia para hacerle frente. Ambas cosas evidencian una profunda falla del Estado, que en gran parte de la región es incapaz de cumplir con algunas de sus funciones principales.

"La gente que percibe más inseguridad, y que se encuentra en contextos en los que actúan pandillas, pero que además fueron victimizados por agentes de justicia que les solicitaron algún tipo de soborno, son los que tienden a aprobar más la justicia por mano propia. Hay un fuerte componente de ruptura de la confianza en el Estado", dice a Infobae el politólogo mexicano Daniel Zizumbo Colunga, investigador del SSRC (Consorcio para la Investigación en Ciencias Sociales), con sede en Estados Unidos.

También inciden experiencias personales, como haber sufrido en carne propia un delito. "Ser víctima -continúa Zizumbo Colunga- significa algo muy diferentes si desconfías del Estado que si te encuentras en un contexto en el que los delitos no son algo común, y las autoridades patrullan y tienes confianza en ellas".

Lo que sienten muchas personas cuando padecen un crimen en estas condiciones es que el Estado cometió una doble falta. Primero en la prevención, porque si hay delito es porque no se está controlando bien. Pero lo segundo, que agrava lo anterior, es ver que la reacción ante esa falla inicial es mala, ya sea porque no se investiga, no se atrapa a los responsables o, si se los atrapa, no se les aplica las sanciones que deberían.

"Tiene que ver con la ineficiencia de los sistemas de impartición de justicia. En México, por ejemplo, se hicieron estudios que arrojaron una impunidad de 98 por ciento. Es decir que de todos los delitos cometidos sólo llegaba a tribunales el 2 por ciento. El resto quedaban impunes, ya sea por falta de elementos probatorios o por irregularidades en las detenciones policiales", explica Antonio Fuentes Díaz, sociólogo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, consultado por Infobae.

"Muchas de las personas que han sido entrevistadas después de un participar de un linchamiento comentan que lo hicieron porque, en sus experiencias previas, cuando convocaban a la policía, terminaban dejando en libertad a los presuntos implicados", agrega.

Las diferencias entre unos países y otros tienen mucho que ver con el nivel de confianza en las instituciones y con la vigencia del estado de derecho en ellos.

"En los que hay una mayor victimización por corrupción, donde los policías piden más sobornos, hay un mayor apoyo a la justicia vigilante. En cambio, en las sociedades más apegadas al estado de derecho los niveles de apoyo son menores", dice Zizumbo Colunga.

Pero es un fenómeno que, con diferentes intensidades, afecta a toda la región. El origen hay que buscarlo en las profundas transformaciones sociales que se gestaron entre los ochenta y los noventa, que supusieron una paulatina abdicación del Estado de muchas de las funciones que cumplió durante décadas.

"Hay condiciones estructurales que generan una incertidumbre que afectan a amplios sectores de la población -dice Fuentes Díaz. Hay comunidades donde esta incertidumbre y esa desprotección por parte del Estado han generado como respuesta distintas formas de control vecinal. En algunos lugares eso ha ido aún más lejos y se instauraron sistemas de justicia alternativos".

"Hay una especie de desviación hacia órdenes privados de regulación de la seguridad y la violencia, que están presentes en distintos sectores de la población. La idea es que cada uno tiene que proveerse de servicios de seguridad y justicia. Esto es una forma extrema del neoliberalismo, que deja en la agencia individual cosas que antes estaban centralizadas en el Estado", concluye Fuentes Díaz.

Una de las particularidades de este fenómeno es que atraviesa toda la sociedad y se puede manifestar de diferentes maneras. El ejemplo más terrible son los linchamientos. Grupos de personas que atrapan in fraganti a un delincuente y que, en vez de entregarlo a las autoridades, lo golpean hasta matarlo.

Casos de este tipo se repiten en distintos países de la región. Principalmente, ocurren en barrios periféricos de las grandes ciudades y en algunas comunidades indígenas.

"Realmente no sabemos cuán difundida está la justicia por mano propia, porque muchos casos no terminan en muertes. Por ejemplo, cuando se trata de cerrar calles y hacer vigilancia comunitaria. Antes se decía que era un tema de los países con grandes poblaciones indígenas, pero últimamente parece que hubo un incremento en toda Latinoamérica", dice Zizumbo Colunga.

Una manifestación menos convencional de la justicia por mano propia, que es en realidad una forma de autoadministración de la seguridad, son los barrios que adoptan medidas de protección vecinal, como instalar alarmas y distintos sistemas de alerta de los que no participa la policía. Estas medidas son más comunes entre los sectores medios y medios altos.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Infobae.com

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