Santa Cruz de la Sierra
01 Septiembre 2014

El Senado argentino, donde el gobierno tiene mayoría, intentará el miércoles sancionar y enviar a Diputados una ley que cambia de Nueva York a Buenos Aires o a otro lugar que elijan los acreedores, la sede de pago de su deuda soberana.

La iniciativa abriría una ventanilla de pago en el Banco Central para que los bonistas que adhirieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010 puedan recibir su dinero y poner fin así al "default selectivo" en que incurrió el país el 30 de julio.

Argentina depositó 539 millones de dólares de los bonistas en el Bank of New York (BoNY), pero los congeló el juez neoyorquino Thomas Griesa como forma de presionar para que se cumpla una sentencia suya de abonar 1.330 millones de dólares a fondos especulativos que ganaron un juicio por deuda argentina en mora.

La ley le quita al BoNY el poder de agente fiduciario (depositario fiel y pagador), pero deja abierta la puerta para que un bonista elija eventualmente otra solución.

El artículo 3 autoriza la remoción "sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario que les garantice el canal de cobro".

La presidenta Cristina Kirchner eligió proponer al Congreso esta vía alternativa, y el juez Griesa la tildó de "ilegal".

La medida cayó mal en los mercados e hizo disparar a casi 70% la brecha entre la cotización del dólar oficial y el informal en Argentina.

- País aislado -

Analistas consideran que la ley agrava el aislamiento del país de los mercados financieros, justo cuando la economía sufre alta inflación, mayor al 30% anual, y una tónica recesiva con secuela de despidos y suspensiones temporales de puestos de trabajo.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lanzó el lunes una imprevista exhortación al juez, pese a haberlo descalificado como "aliado de los fondos buitres", así conocidos en la jerga financiera por haber comprado deuda ya en default.

"Cuando se habla de una solución, simple, fácil y práctica la tiene el juez Griesa, que es propiciar el 'stay', o sea la extensión de la medida cautelar (que dejaría en suspenso su sentencia con lo cual permitiría levantar el bloqueo de fondos) hasta el primer trimestre de 2015", dijo Capitanich.

Argentina argumenta que no puede cumplir el fallo de Griesa de pagar el 100% de una deuda a los fondos litigantes porque se dispararía una cláusula de los contratos llamada RUFO (sigla en inglés) que determina que si mejora su oferta de pago de la deuda a cualquier acreedor, el resto tiene derecho a reclamar el mismo trato.

Consultoras privadas calculan que el país debería abonar a tenedores de bonos soberanos más de 120.000 millones de dólares si eso ocurriera, cuando las reservas del Banco Central representan menos de la cuarta parte de esa cifra.

- El fantasma RUFO -

"El gobierno intentó en forma indirecta y sin éxito resolver el tema en julio, a través de negociaciones de un grupo de bancos privados locales y luego privados extranjeros", recordó en declaraciones a la AFP Pablo Tigani, economista y director de la consultora Hacer.

Tigani dijo que al gobierno "no le queda ahora más remedio que aguantar presiones hasta que deje de tener vigencia la cláusula RUFO", a partir del 1 de enero de 2015.

La oposición votará en contra de la reforma, aunque "el fallo de Griesa es de cumplimiento imposible", según el candidato a presidente favorito en las encuestas para 2015, el diputado Sergio Massa, enemigo feroz de Kirchner.

El próximo desafío de Argentina es un vencimiento de la deuda por 200 millones de dólares en Nueva York el 30 de setiembre.

El gobierno procurará que los diputados sancionen la norma antes de esa fecha para depositar el dinero en Buenos Aires a nombre de los bonistas.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

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