Santa Cruz de la Sierra
15 Septiembre 2014

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, instruyó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba disponer el inicio de la investigación penal contra los autores y cómplices de los hechos ocurridos en la cárcel de El Abra, donde anoche cuatro personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas en medio de una balacera.

Asimismo, Guerrero dispuso la conformación de una Comisión de Fiscales para la investigación y procesamiento penal de los hechos sucedidos.

Por su parte, el fiscal Departamental de Cochabamba, Freddy Torrico, explicó que el Ministerio Público se constituyó en dicho penal, durante las primeras horas de la madrugada de hoy, con una comisión conformada por cuatro fiscales  y tres médicos forenses, para iniciar las investigaciones correspondientes.

“La presencia del Ministerio es muy importante, ya que el trabajo no sólo consistirá en hacer las requisas, sino toda actuación inicial investigativa que amerite este caso tan grave, hasta llegar a la verdad histórica de los hechos”, dijo Torrico.

Asimismo, señaló que todos los reclusos fueron trasladados al patio del penal y existe una tensa calma por el momento, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía General.

Jhosi Araujo,  una de las fiscales de la comisión asignada al caso, anunció  que entre las 11 personas heridas existen dos mujeres, que al parecer eran visita de los internos y se está trabajando en coordinación con las Defensorías del Pueblo y de la Niñez para evitar cualquier vulneración de derechos.

Trabajo del IDIF

El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores,  expresó que esa instancia  trabajó en el levantamiento de las evidencias, tanto físicas como biológicas, el levantamiento de los cadáveres y la autopsia médico legal.

“En el lugar del hecho se encontraron las vainas de los proyectiles, las armas punzo cortantes y objetos contundentes utilizados. Se confirmó la muerte de cuatro personas, dos por armas de fuego y dos por punzocortantes y múltiples golpes, posteriormente criminalística va a ingresar al procesamiento de la escena del hecho”, indicó.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

15 Septiembre 2014

Cuatro reos fallecieron en una cárcel del centro de Bolivia, algunos por disparos de armas de fuego, y otros once resultaron heridos en una disputa entre presos en lunes en la madrugada, informó un jefe policial.

La policía no logró ingresar al penal del Abra en la ciudad de Cochabamba debido a que los reos cortaron la electricidad. El lunes por la mañana un contingente policial se preparaba para ingresar a los pabellones y evaluar los daños, dijo el jefe de la policía, coronel Alberto Suárez a radio Erbol.

Según informes preliminares, la disputa entre grupos de poder de ese penal ubicado a 210 kilómetros al sureste de La Paz, se originó el domingo por la noche después de un festejo.

En detalles

Cuatro muertos y 11 heridos es el saldo preliminar de una confusa balacera que se produjo la noche del domingo en el penal de El Abra en Cochabamba, según autoridades locales.

El comandante departamental de la Policía, coronel Alberto Suárez, señaló que el hecho se habría producido a causa de pugnas internas entre grupos de poder de los mismos reos, quienes pretendían tener el control del mismo.

“Vamos a investigar, se cortó la luz. No sabemos como ingresaron las armas. Los heridos tenían armas de fuego y armas blancas", sostuvo.

Testigos del hecho indicaron a la prensa que los problemas tenían ya larga data, del cual tenían conocimiento. Los hechos de violencia comenzaron con agresiones físicas y posteriormente el uso de armas blancas. A continuación “se escucharon disparos”, lo que derivó en un eventual corte de luz para calmar los ánimos.

“A Tancara lo cercenaron al nivel del cuello. Efectivos de la policía van a ingresar a la cárcel se hará requisa”, sostuvo la autoridad de la Policía.

El penal de El Abra se encuentra ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Cochabamba y hasta anoche había sido considerado -junto al de Chonchocoro”- como uno de los lugares más seguros del país. El Tancara pretendía manejar solo a toda la población carcelaria, pero tenía al frente a un grupo de extranjeros que estaban en el mismo afán.
Según el reporte de Radio Pío XII de Erbol a las 10 de la noche luego que se detectaron los hechos de violencia “se fue la luz” y fue imposible cuantificar lo ocurrido.

El comandante Suárez señaló que la cifra de muertos subió a cinco, este extremo no fue confirmado.
Para esta mañana se preveía ingresar a El Abra para realizar una requisa a todos los internos, incluidos los autores del hecho de sangre.

Redacción Leo.bo

Fuente: Agencias

09 Septiembre 2014

El fiscal superior del Ministerio Público, Iván Montellano, informó que el martes en audiencia conclusiva realizada en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, en un juicio abreviado, se sentenció a 30 años de privación de libertad a tres de los 23 imputados por la tragedia en ese centro de reclusión que ocurrió en agosto de 2013.

"No se excluyó ningún elemento probatorio, porque como Ministerio Público se demostró que todos los elementos de convicción tienen pertinencia con el caso y han sido legamente obtenidos y se cumplieron con todos los requisitos y presupuestos legales para la obtención de la prueba y su posterior utilización", explicó Montellano, según un boletín de prensa.

Comentó que Jorge Mauricio Soliz Rojas y los hermanos Tony Gabriel y Edson David Mendoza Vaca son los sentenciados que admitieron su participación en el hecho de manera voluntaria y concertada con sus abogados defensores, renunciando de esta manera al juicio oral y solicitando someterse al procedimiento abreviado, según establece el Código de Procedimiento Penal.

Destacó que el trabajo del Ministerio Público y la comisión de fiscales asignada al caso fue importante para llegar a dicha sentencia, presentando la acusación en base a las pruebas y los datos obtenidos en toda la etapa preparatoria y superando la etapa de incidentes y excepciones planteadas por los acusados, en las audiencias conclusivas realizadas en las ciudades de La Paz y  Santa Cruz, hecho que permitió ratificar la acusación formal y sanear la misma.

El 23 de agosto del 2013, en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, se registró un enfrentamiento armado entre presos de los bloques 'A' y 'B' del sector denominado 'Chonchocorito', ataque e incendio que derivó en la muerte de 35 personas y más de 170 heridos.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

08 Septiembre 2014

Un apagón de luz en la cárcel de Palmasola movilizó a un centenar de policías de la UTOP y grupos Delta y Geri.

El subcomandante de la policía, coronel Juan Carlos Arauco, informó que no se registraron disturbios ni intentos de fuga.

Redacción Leo.bo

Fuente: Leo.bo

05 Septiembre 2014

Cerca al medio día de hoy se registró un motín de los reclusos de la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, que derivó en una gasificación por parte de efectivos de la Policía Nacional.

Los internos exigen la renuncia del coronel Tito Lucero, gobernador del recinto penitenciario.

En su protesta utilizaron bombas molotov cerca a la puerta del penal. De acuerdo con un reporte de la red ATB, existen 15 abogados en calidad de rehenes al interior de la cárcel.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

03 Septiembre 2014

El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en su país a 60 años de prisión por la desaparición de opositores, fue llamado a juicio por el homicidio de Luis Antonio Quirós, desaparecido en 1969, informó este miércoles su abogado.

"Extraoficialmente tenemos conocimiento que la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación en el caso de Luis Quirós y revocó el sobreseimiento que se le otorgó en 2007 a Noriega", dijo a la AFP Ezra Ángel, abogado del exdictador.

"En base a a eso obviamente viene un llamamiento a juicio para el general Noriega para que responda los cargos en ese proceso", añadió Ángel.

Aunque el fallo aún no es definitivo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento que había emitido en 2007 por este caso el Tribunal Superior de Chiriquí, por lo que Noriega tendrá ahora que ir a juicio en una fecha aún por definir.

Quirós era un miembro del Partido Arnulfista, que se opuso al golpe de Estado de 1968 que encumbró al poder al general y líder nacionalista Omar Torrijos.

Noriega, que en 1969 era el jefe del espionaje y la contrainsurgencia en la provincia de Chiriquí (oeste), llegó junto a otros militares en un jeep a buscar a Quirós a su casa para detenerle, según declaraciones de testigos a la fsicalía.

Aunque Noriega aseguró a Quirós que regresaría más tarde a su casa nunca más fue visto con vida, de acuerdo con las denuncias.

Desde que fue extraditado por Francia a Panamá en 2011, Noriega cumple varias condenas por desaparición de opositores durante su régimen (1983-1989).

En total, el exhombre fuerte de Panamá purga 60 años por la desaparición del opositor Hugo Spadafora y por la llamada masacre de Albrook, en la que el militar Moisés Giroldi y otros oficiales perdieron la vida después de sublevarse contra Noriega.

Sin embargo, el abogado de Noriega asegura que su defendido no puede ser juzgado por ningún otro proceso diferente a los que motivaron su extradición desde Francia, según el derecho internacional.

"Noriega no puede ser juzgado, procesado ni servir condena por ningún proceso distinto al de Hugo Spadafora y la masacre de Albrook", manifestó Ángel.

A Noriega, de 80 años, también se le acusa de graves delitos antes de dirigir el país con mano de hierro hasta la cruenta invasión estadounidense de 1989.

Tras la invasión norteamericana, Noriega cumplió condenas por narcotráfico y blanqueo de capitales en cárceles de Estados Unidos y Francia antes de regresar a Panamá.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

02 Septiembre 2014

Sobrepobladas, violentas y en ocasiones con escasez de los servicios más elementales: las prisiones de América Latina siguen estando en una situación desastrosa según asociaciones de derechos humanos, a pesar de que muchos de los actuales jefes de Estado han pasado por ellas.

En Brasil, cuya presidenta, Dilma Rousseff, estuvo encarcelada durante tres años (1970-1973), casi la mitad de los centros no tienen suficientes camas para todos los prisioneros, según la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que agrupa a los defensores del pueblo e instituciones de derechos humanos de la región.

El lunes, un detenido fue decapitado en un nuevo motín en Paritins (norte). Hace una semana, otros dos presos habían muerto del mismo modo en la cárcel de Carcavel (estado de Paraná, sur). En la prisión de Pedrinhas (noreste), que alberga 2.500 reclusos en 1.700 plazas, más de 60 presos fallecieron en 2013.

"Es una vida donde se lucha a muerte todos los días", cuenta a la AFP Mario Ibáñez, encarcelado en Santiago de Chile, donde numerosos detenidos hablan de celdas sin luz ni ventilación, describiendo la situación como "una jungla llena de animales salvajes".

Chile también está gobernado por una mujer de izquierda, Michelle Bachelet, torturada y detenida durante varias semanas en 1975.

En este país, "hay episodios sistemáticos de violencia carcelaria, que se caracterizan por heridas que se infligen los detenidos unos a otros y muertos durante peleas", indica Ana María Morales, responsable de reinserción, en la ONG Paz Ciudadana.

"No se trata solo de violencia entre detenidos, sino también de parte de funcionarios", añadió, denunciando el abuso de sanciones disciplinarias.

Uruguay es otro ejemplo de país gobernado por un exdetenido, José Mujica - que pasó más de 13 años en las cárceles de la dictadura (1973-1985) - y regularmente puesto en la lista negra por las condiciones de vida carcelaria.

"Cometimos un error, se está pagando, pero no somos monstruos", se justificó Darío, encarcelado por robo en Punta de Rieles, Uruguay.

Para Mirtha Guianze, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, "hay una sensación de inseguridad en la población, a veces alimentada por los medios, y las personas quieren la cárcel, la cárcel, la cárcel" para castigar los delitos.

Guianze está preocupada por el proyecto de la oposición política de bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años. Se pregunta si estos adolescentes "irán a cárceles de adultos" para llenarlas aún más. "Esto lo hemos preguntado pero ninguno de ellos lo ha aclarado".

- Superpoblación y violencia -

Estos tres países son los que más personas encarceladas tienen en América Latina (sin contar Cuba), con un índice de 281 detenidos por 100.000 habitantes en Uruguay, 274 en Brasil y 266 en Chile, según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPS, en inglés).

La región está lejos del récord de la proporción de detenidos de Estados Unidos (716) pero sobrepasa ampliamente países como Francia (98) o España (417).

"Entre el año 1992 y la actualidad, todos los países de América Latina elevaron sus tasas de presos y presas sin excepción", explica Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), un organismo de la ONU con sede en Costa Rica.

"La mayoría duplicó las tasas, varios las triplicaron y algunos ya van en vías de cuadruplicarlas".

Fenómeno mundial, esta alza fue mayor "en las regiones cuyos países tienen ingresos bajos y medios, como es el caso de América Latina", debido al aumento de la desigualdad social y la delincuencia y a una justicia más severa.

La sobrepoblación es alarmante. Según el ICPS, los países más afectados son El Salvador (320,3%, proporción entre el número de detenidos y capacidad), Venezuela (270,1%) y Bolivia (256,9%), en contraposición a 99% en Estados Unidos, 118,3% en Francia y 88% en España.

En Venezuela, donde el fallecido presidente Hugo Chávez estuvo preso durante dos años, hay casi tres veces más detenidos que plazas, lo que crea un clima de violencia extrema, hasta el punto de que en 15 años más de 16.000 detenidos fueron asesinados tras las rejas, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

"En Venezuela, se puede juzgar a una persona estando en libertad, pero lamentablemente, en la actualidad, todas las personas por delitos menores quedan privadas de libertad" a la espera del proceso, lamenta Marianela Sánchez, coordinadora jurídica de la OVP. La mayoría (64,56%) de los presos están sin haber sido juzgados aún. "Esto lo que hace es agudizar más la sobrepoblación".

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

29 Agosto 2014

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, exigió a las autoridades competentes meter a la cárcel a los propietarios de vehículos indocumentados que piden una nueva nacionalización, esto debido a que no pagan impuestos y se benefician de la subvención a los carburantes.

El empresario enfatizó que las autoridades públicas deben tomar conciencia de que la actitud asumida por los chuteros es el de tratar de justificar la ilegalidad. Además expresó que se debe cumplir las leyes con relación a dicha ilegalidad.

"Ojalá que les metan presos a los que piden que se nacionalice lo ilegal, eso debería ser (lo correcto), el Gobierno y la Fiscalía (deberían) perseguir a los ilegales y meterlos presos", puntualizó Sánchez.

Los propietarios de los vehículos indocumentados que se reunieron este miércoles en el municipio yungueño de Caranavi determinaron pedir la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y demandaron la compensación de $us 5.000 por cada uno de sus motorizados.

El pasado 8 de julio, la presidenta de la ANB dijo que se coordina acciones conjuntas con la ANH para restringir la venta de combustible a los vehículos chutos, además de impedirles el acceso a repuestos. Según datos de la ANB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el país circulan alrededor de 33.697 autos ilegales.

"Los ilegales están obteniendo las mismas subvenciones, no pagan impuestos, están circulando por las calles de las ciudades sin tributar a los municipios, o sea estamos manteniendo a unos ilegales a los cuales deberíamos meterlos presos", puntualizó Sánchez.

La Cámara Automotor Boliviana demandó desterrar y considerar como traición a la patria cualquier intento de nacionalizar nuevamente los vehículos indocumentados por el daño que ocasiona al país, según un comunicado de prensa de dicha entidad privada.

Las declaraciones realizadas por Sánchez fueron hechas después de que el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) entregara a la empresa Minera San Cristóbal (MSC) la certificación de su sistema de gestión que abarca una serie de acciones de asistencia, prevención y promoción de la salud de sus trabajadores y de la población que vive en las comunidades de San Cristóbal, Culpina K y Vila Vila de Potosí. 

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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