Santa Cruz de la Sierra
21 Mayo 2018

El exfiscal Marcelo Soza fue condenado este lunes a 12 años de cárcel en el proceso conocido como extorsiones y su exjefe de seguridad, capitán de Policía, Juan José Laguna recibió una pena de ocho años de privación de libertad. Los dos se encuentran con refugio político en Brasil desde hace tres años.

La persona que palnteó la demanda contra Soza y su encargado de seguridad fue procesado por haber extorsionado a Zvonko Matkovic Fleig.

Los delitos por los que se procesó a Soza son concusión y uso indebido de influencias cuando era la cabeza de la investigación del denominado caso “terrorismo – separatista”, que comenzó en abril de 2009 y tuvo al exfiscal como la persona de confianza del Gobierno.

El abogado Gary Prado, en defensa de Zvonko Matkovic Fleig, señaló que una vez la sentencia sea ejecutoriada se solicitará que se hagan los trámites ante las autoridades brasileñas para que Soza sea extraditado.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

18 Mayo 2018

La Juez de Instrucción Penal Segundo de La Paz, Wiat Belzu, dispuso este viernes la detención preventiva del ciudadano Julio Cesar R. B. principal acusado de desfalcar más de un millón y medio de bolivianos a una sucursal del banco Unión ubicada en la zona de Desaguadero.

“Él está en calidad de detenido preventivo en el penal de San Pedro, mientras la investigación preparativa continúa”, indicó el fiscal asignado ala caso, Omar Mejillones,

Mejillones señaló que llamarán a declarar a otras personas que cumplían funciones con Julio César R. en la sucursal Desaguadero del banco Unión “y en función a los resultados de las diligencias que vamos a proponer, seguramente se va a determinar si vamos ampliar la investigación”.

Julio Cesar trabajó en esta entidad financiera desde 2011 a 2017 y su último cargo fue el de Jefe de Operaciones de la sucursal Desaguadero.

Fue aprehendido e imputado por delitos de desfalco porque de 2015 a 2017 en cinco ocasiones sustrajo dinero que era destinado a los cajeros automáticos (ATM). El caso se descubrió a consecuencia de una auditoría que se realizó en el banco Unión después del desfalco millonario que realizó Juan Pari.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

17 Mayo 2018

El juez federal Haroldo Nader, de la 6ª Vara de Campinas (SP), acogió tutela de urgencia en acción popular y mandó cortar "todos los beneficios" a Luiz Inácio Lula da Silva, como ex presidente (2003-2010). El argumento central del magistrado es que en la prisión de la Lava Jato, en Curitiba, el petista estaría en mejores condiciones de seguridad que cuando en libertad.

"El ex presidente está bajo custodia permanente del Estado, en sala individual (hecho notorio), o sea, bajo protección de la Policía Federal, que le garantiza mucho más seguridad de lo que había tenido cuando libre", escribió.

La decisión judicial fue divulgada por el Núcleo de Comunicación Social de la Justicia Federal en São Paulo. La acción popular fue movida por Rubens Alberto Gattu Nunes.

El magistrado destacó la innecesidad de la movilización de "algunos agentes" para acompañar a Lula donde fuera. "También es absolutamente innecesaria la disponibilidad de dos vehículos, con conductores, a quienes tiene el derecho de locomoción restringido al edificio público de la Policía Federal en Curitiba y controlado por los agentes de la carcelería", siguió el juez.

"Cualquier necesidad de transporte a otro lugar es de responsabilidad Policía Federal y bajo escolta. Sin ninguna justificación razonable el mantenimiento de asesores generales a quien está detenido, apartado de los quehaceres normales, actividad política, profesional e incluso social no hay utilidad alguna a esa asesoría.

"Luego, la permanencia de esos beneficios y, principalmente, su pago a costa de la Unión, son actos lesivos al patrimonio público, pues es flagrante la inexistencia de los motivos.

El Instituto Lula no se pronunció sobre la decisión. El reportaje también intentó contacto con el Palacio del Planalto. El espacio está abierto a las manifestaciones.     

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: AFP

10 Mayo 2018

La exjuez Anticorrupción, Cinthia Delgadillo fue enviada este jueves con detención preventiva al penal de Obrajes acusada de los delitos de consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes. Mientras la funcionaria del juzgado fue beneficiada con medidas sustitutivas.

El juez Segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, determinó la medida preventiva después de una audiencia de más de cinco horas, en el Palacio de Justicia de La Paz.

Delgadillo fue aprehendida el pasado martes por funcionarios del Ministerio Público, en su juzgado, el momento en que – según los funcionarios de la Fiscalía – intentaba sacar varios expedientes en una bolsa de plástico con rumbo a la oficina de un grupo de abogados, con los que trabajaría de manera coordinada.

En sus primeras reacciones Delgadillo aseguró que se trataba de un error y que en todo caso ella sería, quien debería denunciar o por lo menos ser testigo.

Delgadillo fue la juez de proceso muy publicitados casos como la estafa del Fondo Indígena o el caso de Gabriela Zapata en el Ministerio de la Presidencia.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

 

08 Mayo 2018

Diputados de la capital mexicana aprobaron una reforma al Código Penal de la Ciudad de México para clasificar como delito el tomar fotografías o videos de mujeres para uso sexual sin su consentimientos.

Las reformas y adiciones a los artículos 177 Bis y 179 contempla de uno a tres años de cárcel para quienes incurran en este nuevo delito.

En el dictamen, al que Infobae tuvo acceso señala que en promedio tres mujeres acuden todos los días a la Fiscalía de la Ciudad de México a denunciar que les tomaron fotografías o videos sin su consentimiento y tienen que esperar hasta 36 horas para completar el proceso.

Antes de la reforma, fotografiar o filmar a una mujer sin su permiso se castigaba con 12 horas de arresto o una multa de 716 pesos (USD 36, 62), a pesar de que en redes sociales existen grupos que comparten fotos y videos de mujeres en el Metro con escotes pronunciados o pantalones apretados.

Según el documento, en la capital existen casos de filmaciones muy sonados, pero que no han podido ser sancionados porque no había una ley que lo contemplaba como un delito sino como una falta administrativa "provocando que las autoridades se mofen (burlen) de estas situaciones".

Como ejemplo citó el caso de la periodista estadounidense Andrea Noel, quien el 8 de marzo de 2016 fue grabada mientras un sujeto la sorprendió por la espalda y le bajó la pantaleta cuando ella caminaba por la colonia Condesa de la Ciudad de México y después corrió a toda velocidad. El video se convirtió en viral.

La periodista denunció el hecho ante la Fiscalía y en redes sociales, donde fue criminalizada por la forma en la que iba vestida en el momento que fue agredida.

"Aunado a esto, las mujeres se han acostumbrado a ser víctimas o testigos de estas situaciones en su vida cotidiana, al trasladarse a sus trabajos, escuelas, o la realización de actividades recreativas", señala el decreto.

Según el dictamen: se consideran conductas de naturaleza sexual indeseable: solicitar favores sexuales para sí o para una tercera persona; fabricar, imprimir, grabar, transportar, exhibir, vender, reproducir o hacer circular por cualquier medio, imágenes, libros, revistas, escritos, fotografías, carteles, videograbaciones con implicaciones sexuales.

Las penas se incrementarán en una tercera parte, en cualquiera de los siguientes casos: cuando además exista una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, personal de servicio doméstico o de cualquier clase; o cuando la conducta del agresor se realice en la calle, instalaciones o vehículos destinados a prestar un servicio público.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: AFP

30 Abril 2018

La Policía realizó una requisa en el penal de Palmasola este lunes donde encontraron objetos armas punzocortantes (cuchillos, estiletes), además de electrodomésticos y ropa de mujer, informó el comandante Departamental de la Policía en Santa Cruz, Alfonso Siles.

“Hemos intervenido lo que es el PC-7, que es el régimen donde están los más peligrosos, los sentenciados; de los cuales se ha secuestrado seis celulares, seis televisores, equipos de Tv cable, parlantes, aire acondicionado portátil, ventiladores, cuchillos y otros objetos que pueden ser peligrosos para su integridad”, dijo en conferencia de prensa.

Siles manifestó que es la primera vez que se hace una intervención en ese pabellón desde la requisa que se efectuó al área de régimen abierto PC-4, el 13 de marzo, que dejó como saldo siete reos muertos y más de una veintena de heridos.

Indicó que en la actual requisa no se presentó ninguna resistencia por parte de los internos, que a diferencia del resto del centro penitenciario se encuentra en celdas especiales cumpliendo sus condenas por delitos tales como asesinato, violación y robo agravado.

Explicó que ese tipo de acciones son permanentes desde marzo y están orientadas a impedir que los privados de libertad vuelvan a tomar el control de la cárcel de Palmasola.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

27 Abril 2018

El teniente de Ejército, Pablo M.C., quien fue denunciando por su pareja Karina L por las agresiones físicas que sufrió, fue enviado con detención preventiva a la cárcel modelo de la población cruceña de Okinawa acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa. La audiencia tuvo que ser trasladada dos veces y terminar en la población de Okinawa al norte del departamento de Santa Cruz

Walter Cisneros, fiscal del caso  fue quien pidió el traslado de la audiencia de Warnes a Montero y después a Okinawa, donde se desarrolló.

También cambió la caratula de la causa pues Pablo M.C. estaba acusado de violencia intrafamiliar y el Fiscal en plena audiencia pidió el cambio a feminicidio en grado de tentativa.

En pasado fin de semana, circuló un vídeo en el cual Karina – pareja del militar-  denuncia, mostrando una herida muy grande en la frente, como recibió una paliza por parte del efectivo de las FF.AA, Pablo M.C.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

09 Marzo 2018

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó este viernes que el gobierno dispuso la salida progresiva de niños y niñas, hijos de los detenidos en distintos centros penitenciarios, en un plan conjunto que será ejecutado con las gobernaciones, alcaldías, Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos.

La decisión fue comunicada luego de los hechos ocurridos en la cárcel de Palmasola, donde una menor de ocho años fue vejada al interior del penal, lo que abrió el debate sobre la urgente necesidad de sacar a los niños de las cárceles.

Quiroga dijo que habrá una fase de socialización de la norma donde se explicará a los detenidos preventivos y condenados, que el fin último que se persigue es velar por la seguridad y bienestar del menor, permitiendo que los menores vayan a familias ampliadas.

En el caso de que el menor no pueda ir a una familia ampliada, se tomará la decisión de llevarlos a centros de acogida de menores, para lo cual se ha  pedido a las gobernaciones dotar de las condiciones destinadas a garantizar el bienestar del menor y de que la salida de un centro penitenciario sea un paso en la mejora de la calidad de vida.

La autoridad manifestó que no se romperá el vínculo familiar porque habrá un plan de visitas programadas y como una medida se ha pedido a los gobiernos subnacionales, empiecen la construcción de ambientes adecuados que permita que los menores que vayan a visitar a los padres, puedan hacerlo en forma programa y en condiciones de seguridad.

Precisó que estos ambientes deberían estar fuera de lo que es la población. Hasta que no se cuenten con los ambientes, se permitirán las visitas en lugares y espacios controlados, estando completamente prohibido que los niños pernocten, agregó.

“Luego de que pase esta etapa preliminar del traslado, llegaremos a una etapa en que la salida sea consensuada y por último se cumplirá la normativa y se procederá al traslado. Luego vendrá una etapa posterior que contempla no romper el vínculo familiar, y los menores puedan ir a los centros penitenciarios”, declaró.

Resaltó que el motín de Palmasola no responde a una medida de protesta por la salida de los niños, sino a una excusa porque en el fondo, hay pugnas de poder interno, donde la Policía Boliviana y Régimen Interno, toman las medidas necesarias para evitar cualquier enfrentamiento.

Redacción: Leo.com                   

Fuente: Erbol

 

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