Santa Cruz de la Sierra
18 Julio 2019

El equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera indicó que el líder del Cártel de Sinaloa fue trasladado a otra cárcel, pero no confirmó si era la Prisión de Máxima Seguridad (ADX o ADMAX, en inglés) ubicada en Colorado.

Sin embargo, The New York Post afirmó que una fuente del Buró de Prisiones (BOP) indicó que el mexicano fue enviado a esa cárcel que tiene una capacidad de 490 internos, quienes deben vivir en confinamiento entre 22 y 24 horas al día, no muy diferente de lo que vivía “El Chapo” en la Correccional Metropolitana de Manhattan (MCC), donde vivió durante 30 meses.

El traslado de Guzmán Loera tomó por sopresa a los abogados de Guzmán Loera, quienes había pedido al juez Brian Cogan que su cliente permaneciera 60 días en Nueva York para trabajar en su apelación, la cual deberá ser presentada en máximo 14 días.

“No puedo decidir eso, pero voy a recomendarlo”, dijo el juez Cogan al terminar de dictar la sentencia a Guzmán Loera, la cual se divide en tres partes: la cadena perpetua es por los cargos del 1 al 8, donde se integran delitos por el tráfico de drogas, conspiración de homicidios y liderar una organización criminal; los 30 años adicionales son por el cargo 9, sobre el uso de armas, además de anexarse 240 meses (20 años) por el cargo 10 sobre conspiración de lavado de dinero. Este último castigo correrá a la par que la sentencia de por vida.

Según el reporte del Post, apenas salió de la sala donde conoció su sentencia, escuchó a Andrea Vélez —una de sus excolaboradoras y derivada en víctima— y habló durante casi 15 minutos, Guzmán Loera fue trasladado por oficiales del Servicio de Marshals a un avión que lo llevaría a Colorado.

El BOP no ha confirmado el traslado ni hay detalles de las condiciones del confinamiento de “El Chapo”, pero de estar en la Supermax de la rocosas se trata de una de las instalaciones de avanzada, pero que ha tenido cuestionamientos de  Amnistía Internacional (AI), debido a las condiciones que ofrece.

“Las celdas tienen paredes sólidas para evitar que los prisioneros vean o tengan contacto directo con los que están en celdas adyacentes”, indica un reporte de Amnistía Internacional (AI), “Enterrados. La insolación en prisiones federales de los EEUU”, que agrega que las puertas tienen barrotes en el interior y una estructura sólida en el exterior, lo que “agrava el nivel de aislamiento”.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

16 Julio 2019

El juez de instrucción penal y cautelar de Riberalta, Daniel Nuñez, determinó hoy enviar con detención preventiva a Narda Ch. T, Dianita N.O. y Walter C.A, acusados de presuntos delitos electorales por el empadronamiento irregular de votantes en ese municipio beniano. El juez dictaminó medidas sustitutivas para otras dos personas acusadas de encubrimiento.

Walter C.A., uno de los detenidos, es funcionario del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Pando  y sería el encargado del registro irregular.

Los imputados habrían organizado el empadronamiento irregular de votantes en un domicilio en Riberalta que pertenecería al alcalde de San Pedro, municipio del vecino departamento de Pando. El hecho ocurrió el domingo, último día de inscripción de votantes.

Según las denuncias, los imputados ofrecían hasta 300 bolivianos a personas de Riberalta para que se registren en el padrón de San Pedro. La Policía intervino el domicilio el lunes y aprehendió a 32 personas, de las que cinco fueron dispuestas ante el Ministerio Público. El resto sería liberado las próximas horas porque no se encontraron indicios en su contra.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

08 Julio 2019

El Ministerio de Gobierno aseguró este lunes que hay indicios suficientes para acusar formalmente a Franclin Gutiérrez, presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), por haber "amenazado e incitado" a hechos de violencia que derivaron en la muerte de un oficial de la policía en municipio de La Asunta, por lo que pedirá 30 años de prisión.

Para el Gobierno, Gutiérrez supuestamente es autor intelectual de los hechos violentos registrados en La Asunta, en agosto de 2018; él habría organizado y armado a un grupo de personas para "emboscar" y atacar a los policías. En ese suceso murió por impacto de bala, por un disparo dudoso, el capitán Daynor Sandoval y otros siete uniformados resultaron heridos.

Antonio Saavedra, abogado del Ministerio de Gobierno, informó que hay indicios suficientes para presentar la acusación formal y pedir la máxima sanción para Gutiérrez.

"El Ministerio de Gobierno con los elementos colectados en la investigación va a solicitar de que se acuse formalmente al señor Franclin Gutiérrez. Estamos hablando de un delito de asesinato y eso dentro de la normativa penal es de 30 años (de prisión), vamos a pedir la máxima pena", manifestó Saavedra.

Dijo que a lo largo de la investigación los fiscales del caso colectaron suficientes indicios como declaraciones, audios y videos que demuestran que el dirigente cocalero amenazaba con organizar hechos violentos en La Asunta.

"Existe dentro del cuaderno de investigaciones declaraciones, prueba material de que este señor efectivamente incitaba, es de público conocimiento, existen audios, videos donde el señor Franclin Gutiérrez a viva voz gritaba", aseguró el jurista.

Saavedra refirió que solicitarán a la Fiscalía presentar la acusación formal contra Gutiérrez y cree que también esa instancia pedirá la pena máxima.

Gutiérrez está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz y el caso que lo involucra continúa en investigación.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

18 Junio 2019

La requisa realizada este martes a la cárcel de San Pedro permitió evidenciar que reos miembros de grupos de poder lucraban dentro del penal con negocios privados, como snacks, restaurantes y billares, informó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

Entre los objetos que se encontraron dentro del penal había un horno para hacer pollos al spiedo, de los que usualmente utilizan los restaurantes dedicados a vender ese producto. También había dos hornos microondas.

Asimismo, se encontró 10 meses de billar. El Viceministro recalcó que algunos reos generaban lucro con esos negocios que ofrecían  en ambientes del penal.

Además, en la requisa se encontró más de un centenar de televisores, de modelos antiguos y de pantalla plana, 14 radios, 16 reproductores DVD, una impresora, 10 heladoras, ocho refrigeradores, 89 armas punzocortantes y 30 celulares.

En tema de sustancias controladas, se detectó 22 sobre con sustancia blanquecina, 19 de marihuana, 34 pipas artesanales, 45 tabletas de tranquilizantes con 10 comprimidos, según detalló el subcomandante policial, Jhonny Coronel.

Quiroga explicó que algunos reclusos tienen concesiones judiciales para tener aparatos, pero otros los ingresaron de manera irregular, por lo cual existe personal civil y policial que están siendo procesados.

Indicó que los espacios usados para los negocios de algunos reos ahora serán destinados para reclusos que no tienen celda donde dormir.

El Viceministro precisó que alrededor de 400 internos pernoctaban en pasillos y espacios comunes, pero ahora luego de sacar a los snacks y billares, se abrió espacio para 325 reclusos.  

Cobros

El Viceministro mencionó a un interno de apellido Mendoza, recluido por más de siete años por un delito de esta cuyo máximo es de seis años de privación de libertad.

Dijo que este sujeto tenía encargados en cada sección, quienes a medidas que ingresaban nuevos reclusos les cobraban “seguros de vida” para evitar ser objeto de golpizas y extorsiones.

Señaló que ese grupo de poder se reservaba las mejores celdas y usaba espacios de la cárcel para su lucro con negocios.

Quiroga anunció que para evitar estas irregularidades se implementará la modalidad de sorteó, mediante el cual se asignará sectores a los reclusos recién ingresados.    

36 traslados

Producto del operativo, realizado con 1.017 policías, también se realizó el traslado de 36 internos, que alquilaban celdas, cobraban los “seguros de vida” y “aportes voluntarios”.

Se envió a estos reclusos a otros centros penitenciarios como Chonchocoro y El Abra en Cochabamba.

Autoridades con proceso

El Viceministro de Régimen Interior informó que se ha dispuesto el cambio del Gobernador del penal, pero también existe personal policial y civil que están con procesos.

Detalló que 22 policías de seguridad penitenciaria están con procesos disciplinarios, de los cuales cinco corresponden a San Pedro.

Agregó que cuatro civiles de Régimen Penitenciario están con procesos penales, entre ellos la exdirectora departamental de dicha entidad, quien está acusada por incumplimiento de deberes.

Redacción: Leo.com        

Fuente: Erbol

12 Junio 2019

El viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres, planteó modificar la Ley General de la Coca para sancionar penalmente a los reincidentes en las plantaciones de coca excedentaria en zonas ilegales, la autoridad explicó que la erradicación de cocales significa presupuesto para el Estado, sin embargo los productores vuelven a plantar después de la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), existen personas que fueron sorprendidas en varias oportunidades con las plantaciones en espacios donde se ejecutó controles, por lo que pide la modificación.

“En un futuro se necesita la modificación de la Ley General de la Hoja de  Coca hay un vacío normativo vigente, esas personas deben ser sancionadas penalmente, solo ahí puede haber coca para el consumo tradicional”, declaró Cáceres.

Cáceres asegura con mucha “certeza”, que esas plantaciones de coca ilegal es la materia primara para la elaboración de la pasta base de la cocaína.

Redacción: Leo.com         

Fuente: Radiofides

06 Junio 2019

Mayerling Castedo Molina junto a su hija Joice Candia Castedo fueron trasladadas hasta la ciudad de Trinidad, quienes guardarán detención preventiva en el Penal de Mujeres.

Al promediar las 07:00 de la mañana llegaron desde Santa Cruz via terrestre rumbo a las instalaciones de UMOPAR y posteriormente fueron trasladadas con un fuerte resguardo policial al Centro Penitenciario de Mujeres de la capital beniana.

Ambas mujeres fueron cubiertas con frazadas al bajar del vehículo que las traslado al Centro de Rehabilitación Feminina Trinidad, ubicada en el extremo sur de la capital beniana.

Redacción: Leo.com        

Fuente: Agencias

05 Junio 2019

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó a Régimen Penitenciario intervenir la cárcel de San Pedro para desbaratar los grupos de poder vinculados a negociados. La decisión fue asumida luego que el diputado opositor Amílcar Barral fuera aprehendido, por presuntos hechos de extorsión a privados de libertad.

“Sí, obviamente, (vamos a intervenir), porque no podemos permitir núcleos de poder que estén cometiendo abusos, atropellos, así es que vamos a pedirle a Régimen Penitenciario que haga un trabajo específico y urgente en el caso de San Pedro”, manifestó Romero.

Anunció una investigación rigurosa en San Pedro, porque ya había referencias sobre actividades ilícitas, antes de que el exalcalde de El Alto Edgar Patana, detenido preventivamente, denunciara hechos de extorsión.

La autoridad refirió que anteriormente se llevó a cabo operativos para controlar las actividades irregulares en la cárcel, pero no se hizo megaoperativos porque se esperaba concretar alguna información de inteligencia.

Recordó que en meses pasados se desplegó megaoperativos en los penales de Palmasola de Santa Cruz y El Abra de Cochabamba, para desbaratar grupos de poder en su interior e identificar reos vinculados a hechos ilícitos. Por lo que, anunció que lo mismo se hará en San Pedro con el objeto de frenar los abusos que se estarían cometiendo.

Las repercusiones surgen luego de que el exalcalde Patana denunciara al diputado Barral, quien habría pedido montos de dinero a través de un privado de libertad y su asistente de oficina.

El diputado, aprehendido ayer, negó las acusaciones y dijo que la denuncia es una represalia de Patana, por las tareas de fiscalización que realiza en la cárcel por la venta ilegal de celdas en el sector de la Posta, donde estaría implicado el exalcalde.

El Ministerio Público abrió una investigación por este caso y citó a declarar a Barral para definir su situación jurídica.

Al respecto, Romero mencionó que este caso fue investigado por efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y ahora el caso está en manos de la Fiscalía.

“Si la persona involucrada dice que es una trampa, bueno tendrá que acudir a la instancia que corresponde”, manifestó Romero.

Redacción: Leo.com        

Fuente: Agencias

 

31 Mayo 2019

El exdiputado, Eugenio Quispe, del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue sentenciado a 20 años de cárcel por violar a su sobrina de 15 años

Cuando Quispe fue aprehendido, el pasado mes de marzo de 2018, negó el delito y aseguró que se trata de una “vendetta”.

Tras la realización de su declaración informativa, el abogado de la víctima encontró contradicciones en la declaración de Quispe y al mismo tiempo indicó que la hermana del acusado habría intentado “transar” con la madre de la víctima.

Después de más de un año, hoy el tribunal de Justicia además de la condena impuesta al exdiputado Quispe dictaminó 10 años de prisión  para Félix R. quien ayudó al acusado a reducir a la víctima, según reportó el diario Opinión.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

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