Santa Cruz de la Sierra
15 Noviembre 2018

La Cancillería de Bolivia y la Embajada boliviana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante un comunicado confirmaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará, en audiencia pública, el caso referido a la reelección indefinida en Bolivia el próximo 5 de diciembre y puntualizó  que esa instancia no adopta decisiones.

En la parte central del comunicado indica: “Comisión Interamericana de Derechos Humanos no adopta decisiones sobre el tema abordado”.

El 5 de diciembre, se tratará la solicitud presentada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF) contra el Estado boliviano sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 084/2017 que permite la reelección indefinida de autoridades, con base en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En otra parte de la nota la Cancillería boliviana indica: “que se según establece el procedimiento por tratarse de una audiencia de carácter informativo, su duración máxima es de 60 minutos. Ambas fundaciones dispondrán de 15 minutos para su intervención y el Estado de Bolivia tendrá también 15 minutos (para la réplica)”.

“Los restantes 30 minutos podrá ser empleados por los Comisionados para formular alguna pregunta, en cuyo caso los participantes tendrán otros 5 minutos para responderla”, explica el comunicado.

El miércoles, la CIDH publicó el calendario de audiencias públicas del 170 Periodo de Sesiones, a realizarse en la sede de la CIDH en Washington, D.C., del 1 al 7 de diciembre de 2018.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

 

15 Noviembre 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del 170 Periodo de Sesiones, a realizarse en la sede de la CIDH en Washington, D.C., del 1 al 7 de diciembre de 2018.

El 5 de diciembre, se tratará la solicitud presentada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF) contra el Estado boliviano para tratar la sentencia del Tribunal Constitucional 084/20187 que permite la reelección indefinida de autoridades, argumentando que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos están por encima de la Constitución Política del Estado.

Sus detractores argumentan que la convención defiende los derechos de los ciudadanos y no de las autoridades. Por el fallo del Tribunal Constitucional, el presidente Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera y todas las autoridades electas pueden volver a postularse como candidatos a pesar de que la Constitución define que solo es posible una reelección y que su modificación fue rechazada por el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

 

06 Diciembre 2016

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), aceptó la demanda interpuesta por el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, quien está asilado en Paraguay, y le dio 90 días a las autoridades bolivianas para responder a sus observaciones.

Cossío acusó al Gobierno de violaciones a la Convención Americana sobre derechos Humanos debido al “derrocamiento” del cargo de gobernador del que fue víctima el 16 de diciembre de 2010.

“Cumplo con informar a ustedes que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Bolivia y se ha fijado un plazo de tres meses, contados desde la fecha de transmisión de la presidente comunicación, para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH”, afirma la nota de la CIDH, firmada por Déborah Benchoam en representación de la secretaría ejecutiva.

En su demanda, Cossío acusó al Gobierno de haber ejecutado un “golpe de Estado” para separarlo del cargo de gobernador, en el marco de una estrategia “de eliminación de los líderes opositores”, porque lo hizo, afirmó “sin que exista sentencia penal que lo inhabilite a ejercer el mandato otorgado por el voto popular”.

Artículos de la Ley de Autonomías vigentes en ese momento permitían a las asambleas departamentales destituir a alcaldes y gobernadores ante simple acusación de fiscal, sin que esas autoridades hubieran sido encantaradas culpables. Con ello, el Gobierno logró descabezar varias entidades opositoras, entre otras las gobernaciones de Beni y Tarija. Cossío fue acusado por el caso Imbolsur.

Esos artículos fueron declarados inconstitucionales posteriormente y Cossío fue declarado inocente en el caso Imbolsur, que había generado su suspensión.

Mediante vía telefónica, Cossío dijo a ANF que la decisión del CIDH “abre un camino de esperanza” de encontrar justicia en tribunales internacionales, ante la imposibilidad de hacerlo en Bolivia debido al “total sometimiento” del órgano judicial al régimen.

Señaló que esta decisión de la CIDH deja en claro que los autores de violaciones a los derechos humanos “no permanecerán eternamente impunes”.

Denunció que el régimen de Evo Morales sigue violando sus derechos, pues impulsa su juzgamiento en múltiples causas “fabricadas” con el único afán de inhabilitarlo políticamente.

Hacía referencia a un reciente caso por el que fue hallado culpable de las irregularidades encontradas en la construcción del tramo vial Tojo-La Verdiguera y sentenciado en ausencia a dos años y seis meses de privación de libertad por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros.

“Ese ha sido un juicio en el que jamás he sido notificado legalmente y sobre hechos en los cuales no tengo ninguna vinculación ni responsabilidad y con defensores que designa el propio Gobierno que me acusa”, señaló Cossío. Hizo notar que dos exfuncionarios de la Gobernación admitieron su responsabilidad en las irregularidades de ese tramo caminero.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

02 Junio 2016

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz solicitó este jueves medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para el abogado Eduardo León con el fin de “detener la vulneración a sus derechos”.

El pedido está firmado por la presidenta de la Asamblea, Amparo Carvajal, quien en seis páginas expone todo lo ocurrido a León en el “proceso irregular”.

“Por todo lo expuesto (…) solicito a la CIDH requiera al Estado Boliviano para que proteja el derecho a la vida, libertad, trabajo e imagen del beneficiario (…), a fin de no continuar con la grave vulneración de sus derechos a la libertad y el trabajo”, señala parte de la solicitud.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

09 Febrero 2016

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la “distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad estatal” es uno de los primeros mecanismos de censura indirecta, abordado por el sistema interamericano.

En el documento “Principios sobre regulación de la publicidad en el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos” y al que Erbol tuvo acceso, la CIDH recuerda que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe 2003 concluyó que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa con un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”.

En Bolivia en el pasado reciente se abrió un amplio debate sobre la actitud del gobierno de Evo Morales respecto a la contratación de publicidad estatal en medios de comunicación. Varios sectores habían advertido que existía inequidad.

Castigo o premio

La CIDH –en el inciso 10 de sus principios-  afirma que la “distribución arbitraria de publicidad estatal” opera según las necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar.

“Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión…Los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios en forma discrecional”, destaca.

En el texto, esta entidad vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA) advierte sin embargo que “esta forma de censura indirecta” es difícil de detectar porque no es fácil determinar la línea que separa al ejercicio legítimo de una facultad de la restricción ilegítima de un derecho.

“En el caso de la distribución de la publicidad oficial, se configura un caso de censura indirecta cuando la misma es realizada con fines discriminatorios de acuerdo a la posición editorial del medio incluido o excluido en ese reparto y con el objeto de condicionar su posición editorial o línea informativa”, añade.

El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –citado por la CIDH en sus principios- indica: “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

En el inciso 79 de sus principios sobre publicidad oficial, la CIDH plantea que los gobierno deben impulsar el pluralismo informativo.

“Deben adoptar medidas para que los mercados en los que operan los medios de comunicación sean abiertos, plurales, diversos y no concentrados…Los estados no deben utilizar nunca la publicidad oficial como un subsidio, ya que tienen objetivos distintos. En ese sentido, si los Estados decidiesen establecer un mecanismo de subsidios para promover el pluralismo y la diversidad en el ámbito de la comunicación pública, dichos subsidios deberían ser otorgados de un modo transparente y no discriminatorio”, concluye.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol 

 

16 Noviembre 2015

Unidad Demócrata (UD) formalizó el pasado viernes su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de todo el proceso alcanzado hasta ahora con miras a la reforma constitucional, que impulsa el oficialismo para posibilitar una nueva reelección de Evo Morales.

“El 13 de noviembre se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, nuestra demanda contra todo el procedimiento en el Legislativo,  las actuaciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral, con relación al proceso de la reforma constitucional para introducir (en la Constitución) una nueva reelección y con relación a la convocatoria al referendo”, dijo el senador opositor, Oscar Ortiz.

Para el 21 de febrero de 2016 está convocado un referendo a través del cual se tratará de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera puedan ser nuevamente reelectos en los comicios de 2019.

“Hemos demostrado ante la Comisión Interamericana cómo en Bolivia no se ha respetado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, asimismo hemos demostrado cómo el Tribunal Constitucional, en anteriores actuaciones, ha demostrado parcialidad con el Gobierno y con el oficialismo en Bolivia, y cómo no ha respondido las demandas, recursos e impugnaciones que hemos presentado (contra este proceso de reforma constitucional), antes de fallar favorablemente a la consulta del oficialismo”, declaró.

El pasado 21 de octubre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) y ocho días después, la pregunta del referendo.

Frente a ello “hemos concluido en la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que se falle en el fondo, disponiendo la anulación de todo lo actuado hasta el momento tanto en la Asamblea Legislativa, como en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Electoral, y hemos requerido que se disponga medidas cautelares para que no haya nuevas actuaciones como la realización del referendo, entre tanto la CIDH está revisando todo el procedimiento seguido para evitar nuevas vulneraciones a nuestros derechos fundamentales”, explicó Ortiz.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

23 Octubre 2015

El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actos irregulares de injerencia y de corrupción en la justicia del país.     

Esta instancia internacional recibió en audiencia a Cusi y a la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Ligia Velásquez, luego de que éstos, junto a otras organizaciones civiles como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, denunciarán que no existe independencia judicial en Bolivia.    

"Intervienen directamente y llaman por teléfono e incluso personalmente presionan para fallar en favor del gobierno", denunció Cusi en la 156 sesión de la CIDH que se llevó a cabo en Washington, sede de la entidad que nació en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su declaración, Cusi, además, dijo que "se han constituido redes de corrupción" como el denominado "gabinete jurídico" al interior del órgano Ejecutivo.      

Los exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas fueron los que revelaron la existencia de ese gabinete compuesto por un mínimo de cinco ministros y que contaba con el apoyo de importantes autoridades del órgano judicial.      

"Pobre de aquel juez que falle en contra del Gobierno (…). Aquel abogado que no tiene el apoyo de estas redes perderá sus juicios", denunció el exmagistrado, quien acotó que en el país se violó la carrera judicial.      

Con esos argumentos Cusi aseveró que no existe independencia judicial en Bolivia, pues a su criterio la justicia es empleada para "destruir a la oposición".

"Sin independencia judicial no existe democracia", sostuvo. A esta audiencia asistió el Procurador General del Estado, Héctor Arce, quien reconoció que la justicia está en crisis en el país, pero en el caso particular de los magistrados, precisó que cometieron un "grave daño" al país con la suspensión de la ley del notariado.      

"Es evidente que la justicia en Bolivia está en crisis y el Gobierno de nuestro presidente Evo Morales ha planteado soluciones", señaló la autoridad.      

El 16 de octubre, Arce aclaró que la audiencia de la CIDH era considerada "temática", lo que, según su explicación, no significa un proceso porque "sólo se convoca al Estado para recibir información". Dijo que pese a que el gobierno tiene "serios cuestionamientos" a la CIDH, se hará presente para presentar "la verdad de los hechos".      

Cusi, Velásquez y la exmagistrada del Tribunal Constitucional Soraida Chánez, fueron sometidos a un juicio de responsabilidades en el Senado por la suspensión de la Ley del Notariado. Los tres extribunos fueron denunciados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato.      

Junto a los exmagistrados y la Apdhb, también están dentro de este caso, en calidad de denunciantes, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz y la Red Nacional de Personas con VIH y SIDA de Bolivia (Redbol).      

Cada parte tuvo cerca de 25 minutos para exponer sus argumentos y tres minutos para responder a una pregunta dentro de la sesión, que estuvo presidida por el estadounidense James Cavallaro, primer vicepresidente de la CIDH.      

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

09 Septiembre 2015

Los expertos encomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar el caso Aytozinapa se comprometieron ante los familiares de los 43 jóvenes mexicanos desaparecidos hace un año a seguir con su trabajo en busca de la verdad.

Tres de los miembros del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) visitaron la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en el municipio guerrerense de Tixtla (suroeste de México), para entregarles a los padres una copia del informe que realizaron tras sus seis meses de investigación.

Este documento fue presentado el pasado domingo en la capital mexicana y en él se denuncian algunas irregularidades y, con base en un peritaje, se establece que los estudiantes no pudieron ser quemados en una hoguera en un basurero, como apunta la versión oficial.

Gracias a este informe, apuntaron hoy los padres, volvieron a recobrar "la esperanza" de que sus hijos estén con vida, dijo en el acto de recepción Mario González, quien les agradeció el trabajo que han realizado.

Los expertos fueron recibidos en la escuela por unas 300 personas, entre padres y alumnos, con una ceremonia de agradecimiento en la que también gritaron consignas como "vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Tras la ceremonia, los expertos hicieron un resumen ante los padres sobre el informe y volvieron a recalcar la importancia de que se estudie como posible móvil de la desaparición el narcotráfico internacional.

Y es que, según denunciaron los expertos, uno de los autobuses que los jóvenes tomaron por la fuerza aquel día para desplazarse a una manifestación en Ciudad de México, en una práctica habitual de algunos grupos civiles de la zona, podría haber estado lleno de droga o dinero y por ello estos fueron castigados de un modo tan brutal la noche del 26 de septiembre de 2014.

Según la versión oficial, aquella noche los estudiantes fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Seis personas murieron, incluidos 3 alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron sus restos en un vertedero de basura.

Sin embargo, los familiares no creen en esta versión y exigen que se investigue el presunto papel de fuerzas federales en los hechos.

Después de que el Gobierno mexicano aceptara prolongar la estancia de los expertos, estos se comprometieron a seguir con la investigación para encontrar la verdad.

Uno de los padres, Emiliano Navarrete, les pidió que se queden "hasta que encuentren" a sus hijos porque ellos "han sido la esperanza para que los padres sigan en la lucha", apuntó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

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