Santa Cruz de la Sierra
28 Febrero 2020

La Cancillería informó que, en el caso Silala que se desarrolla ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cinco abogados internacionales que defendían a Bolivia terminaron su relación contractual y dejaron el equipo jurídico.

La entidad gubernamental reveló esa información con el objetivo de desmentir versiones de prensa, en sentido de que los abogados habían renunciado a la defensa de Bolivia.

Según la Cancillería, lo abogados británicos Vaughan Lowe y Amy Sander, además del iraní Payam, concluyeron su relación contractual en los meses de septiembre y diciembre de 2018.

Asimismo, la francesa Monique Chemillier y el español Antonio Remiro Brotons concluyeron su relación contractual en mayo y noviembre de 2019.

“Los demás asesores que conforman el equipo jurídico internacional, que fue contratado por el anterior gobierno, continúan prestando servicios legales al Estado boliviano en el proceso sobre el Silala”, acota un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los cinco abogados que terminaron su contrato ya defendieron a Bolivia en la demanda marítima contra Chile, que terminó con una decisión contraria al pedido del Estado Plurinacional sobre un acceso soberano al océano Pacifico.       

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

14 Febrero 2020

La Cancillería, a través de un comunicado, aseguró que el Gobierno de Evo Morales admitió en la contramemoria que presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que una parte de las aguas del Silala “fluye de manera natural” hacía Chile.

“Este litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se inició durante el gobierno de Evo Morales y en sus actuados procesales (contramemoria) se admitió que una parte de las aguas del Silala fluye de manera natural hacia Chile y constituyen un curso de agua internacional”, indica el documento difundido ayer por la Cancillería.

Bolivia seguirá defendiendo en esta controversia "la soberanía que ejerce sobre los canales y sobre el agua que fluye por los canales artificiales", recalca la nota.

La nota llegó un día después de que la canciller de Bolivia, Karen Longaric, se reuniera en La Haya con el secretario de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, Philippe Gautier, con sede en esta ciudad neerlandesa.

En 2018 el Gobierno de Evo Morales presentó una contrademanda a la demanda que había iniciado Chile en 2016, en uno de los conflictos que desde hace décadas enturbian las relaciones entre ambos países vecinos.

Bolivia defiende que son un manantial de uso exclusivo suyo pero que fue desviado artificialmente, mientras que Chile esgrime argumentos como que son un río internacional que debe ser compartido.

A comienzos del presente siglo el Gobierno de Morales ya intentó con el Ejecutivo chileno, presidido entonces por Michelle Bachelet, un preacuerdo que planteaba posibles compensaciones entre ambos, pero no fructificó.

Morales defendía esa "compensación" en el marco de un acuerdo con Chile, al considerar que este país "aprovechó" las aguas durante décadas.

Desencuentros entre países

La canciller estuvo acompañada en su visita por Jaime Aparicio Otero, nuevo agente de Bolivia ante la corte, que además representa al país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que fue agente de Bolivia en La Haya con Evo Morales, pidió en Twitter que se evite la "especulación" y el "manejo electoral" de un caso que "es un tema de estado".

La disputa del Silala es una más de las que embarran las relaciones entre Bolivia y Chile, país que lleva desde 1978 sin embajador en La Paz.

Anteriormente se enfrentaron en La Haya por una demanda de Bolivia contra Chile para recuperar un acceso soberano al Pacífico, perdido en una guerra contra su vecino hace casi siglo y medio, pero la corte falló que la parte chilena no tiene obligación legal de negociar, aunque instó al diálogo entre ambos.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

26 Noviembre 2019

La canciller Karen Longaric informó que este mediodía se reunirá con la canciller de México y le hará conocer formalmente la órdenes de aprehensión contra cuatro ex autoridades que están en la residencia mexicana pidiendo asilo, esto significa que la Embajada de México ya no les puede permitir salir del país, según dijo en el programa AM de radio Fides.

“También han salido órdenes de detención por parte de la Fiscalía para algunos asilados, ya le haremos conocer, ya le he adelanté algo a la Embajadora, hoy día ella me visitará a mediodía en la Cancillería y le haremos conocer formalmente las órdenes de detención que tienen estas persona de modo que, de acuerdo a las reglas que rigen el asilo, la Embajada ya no puede permitirles salir”, indicó.

La fiscal informó en la víspera que al menos cuatro personas enfrentan cargos penales en la justicia ordinaria. Entre ellos están los ex ministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, y dos ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Longaric aseguró que Quintana está en la residencia diplomática de México.

“Están en la residencia, hay dos figuras: hay la figuras hay la figura del asilo diplomático que es cuando una persona se siente perseguida entra a la residencia diplomática o entra a la Cancillería, para pedir protección, otra cosa es el asilo territorial que es lo que tiene Evo Morales que ya está en México. (…) entonces tenemos 20 asilados diplomáticos en la residencia de México”, indicó.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Radiofides

09 Agosto 2019

El secretario general del Transporte Asalariado Nacional Internacional, Ángel Lima, informó este viernes que el bloqueo de caminos que implementan pobladores de Perú se amplió a más zonas fronterizas, por lo que ese sector pidió, a través de una carta, la intervención de la Cancillería de Bolivia para que gestione mecanismos de solución con su par de Perú.

"Estamos pidiendo a la Cancillería que se hagan gestiones ante su par peruano. Son más de 20 días de bloqueo y nuestros compañeros están muy afligidos", informó a los periodistas.

Según el dirigente, el bloqueo se extendió a las zonas fronterizas de Tía María, Cruce 48, Cocachatra y Punta de Bombóm, en el sector de Arequipa, donde más de 200 choferes bolivianos sufren las consecuencias de la medida social, que se opone a una concesión en el vecino país.

Alertó que en los sectores del bloqueo no existe provisión de agua y la comida se encareció, por lo que los choferes bolivianos enfrentan una "situación insostenible".

Aseguró que las pérdidas del sector son "millonarias", no solo para el sector del transporte, sino del comercio internacional boliviano.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

31 Julio 2019

El gerente de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, anunció que no asistirá a la reunión que convocó la Terminal de Puerto Arica (TPA) para debatir el nuevo régimen tarifario que entrará en vigencia a partir del 5 de agosto. Dijo que se aguarda que este asunto sea resuelto entre las cancillerías de Bolivia y Chile.

Hace aproximadamente una semana la TPA hizo conocer que el acuerdo tarifario por el que se aplica un cobro reducido a Bolivia venció en 2013, por lo que convocó a la ASP-B a una reunión para explicarle los alcances de los ajustes y eventualmente escuchar una propuesta de rebaja.

“Yo no podré asistir el 5 de agosto a ninguna reunión, aunque quieran explicar el nuevo manual de servicios, porque esta solicitud ya está a un nivel de cancillerías, sería desoír lo que se plantea a nivel de cancillerías”, afirmó Sánchez en rueda de prensa.

La puesta en marcha de un nuevo Manual de Servicios del Puerto de la Empresa Portuaria de Arica (EPA) que, entre otras cosas, implicaría un ajuste a las tarifas a la carga boliviana puso en alerta a las autoridades nacionales y al sector privado, ya que la medida podría subir hasta en un 240% las actuales tarifas.

El canciller Diego Pary se pronunció ayer al respecto y dijo que demandó a su par de Chile una explicación sobre el asunto, por lo que se encuentra a la espera del informe oficial sobre el posible incremento.

Si no hay una respuesta de Chile y la TPA aplica de manera unilateral este manual de servicios, incluido el tema tarifario, el gerente de la ASP-B dijo que podría surgir un problema “caótico” en el despacho de carga a partir del 5 de agosto.

“Se convierte en un conflicto ya diplomático porque los tiempos no dan razón para poder aceptar, rechazar o modificar un manual, es decir, hay una imposición que estamos conociendo como Estado”, añadió Sánchez.

Mediante un comunicado, la TPA afirmó que aguarda que los representantes de la ASP-B se hagan presentes durante los próximos días en Arica y “puedan solicitar descuentos a TPA, los cuales esperamos sean traspasados a los clientes importadores de Bolivia y puedan hacer uso de estos beneficios”.

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) aguarda que la ASP-B pueda encargarse de absorber en el importe que cobra el incremento de tarifas que pretende aplicar la TPA desde el próximo 5 de agosto.

Otro de los sectores que se pronunció al respecto fue la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que rechazó el ajuste e instó a la ASP-B a asistir al diálogo y llegar a acuerdos que no afecten a los importadores y exportadores.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

15 Noviembre 2018

La Cancillería de Bolivia y la Embajada boliviana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante un comunicado confirmaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará, en audiencia pública, el caso referido a la reelección indefinida en Bolivia el próximo 5 de diciembre y puntualizó  que esa instancia no adopta decisiones.

En la parte central del comunicado indica: “Comisión Interamericana de Derechos Humanos no adopta decisiones sobre el tema abordado”.

El 5 de diciembre, se tratará la solicitud presentada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF) contra el Estado boliviano sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 084/2017 que permite la reelección indefinida de autoridades, con base en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En otra parte de la nota la Cancillería boliviana indica: “que se según establece el procedimiento por tratarse de una audiencia de carácter informativo, su duración máxima es de 60 minutos. Ambas fundaciones dispondrán de 15 minutos para su intervención y el Estado de Bolivia tendrá también 15 minutos (para la réplica)”.

“Los restantes 30 minutos podrá ser empleados por los Comisionados para formular alguna pregunta, en cuyo caso los participantes tendrán otros 5 minutos para responderla”, explica el comunicado.

El miércoles, la CIDH publicó el calendario de audiencias públicas del 170 Periodo de Sesiones, a realizarse en la sede de la CIDH en Washington, D.C., del 1 al 7 de diciembre de 2018.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

 

13 Julio 2016

Mediante un comunicado de la Cancillería, la misión permanente de Bolivia ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, acusa a medios de comunicación bolivianos que publicaron una noticia sobre la posición boliviana en torno a la resolución que protege la libertad de expresión en internet, de violar el derecho y acceso a la libre información.

“Según el principio duodécimo del Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa, indica (sic) ‘Los medios deben evitar el sensacionalismo, porque éste no es periodismo. Por el contrario, es una forma de manipulación de la información’ por lo que este indigno hecho lejos de ser noticia, se constituye en una grave violación de un agente no estatal al derecho y acceso a la información libre, oportuna y responsable, al contrario socava la importancia de generar confianza en internet (sic)”, indica el comunicado de la Cancillería.

La misión diplomática se refiere expresamente a la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y Los Tiempos digital, aunque la publicación se difundió también por otros medios.

En el mismo comunicado, la Cancillería reitera que Bolivia no votó en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para proteger la libertad de expresión porque ésta fue adoptada por consenso.

Sin embargo, el gobierno no admite que previamente se adhirió a una propuesta de Rusia y China para debilitar la resolución, tal como establece una denuncia de la organización británica Artículo 19.

“Intentos de debilitar la resolución, liderados por Rusia y China, fueron rotundamente rechazados. Más de 70 estados respaldaron la resolución como copatrocinadores” señala un comunicado de Artículo 19 publicada en su página web.

El comunicado explica que “una enmienda promovida por Rusia y China buscaba eliminar las sugerencias a los gobiernos para que adopten ‘enfoques basados en derechos humanos’ en el suministro y expansión del acceso a internet. La otra demandaba retirar referencias clave a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a secciones de la libertad de expresión contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Bolivia es uno de los países que apoyó ambas enmiendas, asegura la entidad mencionada.

En primera instancia, El Diario de España y otros portales internacionales informaron que 17 países, entre ellos Bolivia, votaron en contra de la resolución “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, aspecto que fue rechazado por las autoridades bolivianas.

“La Resolución a la que hace referencia el indicado medio de comunicación, denominada ‘Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet’ fue adoptada sin voto, motivo por el que el titular carece de toda veracidad y pone en duda los principios éticos de los medios que la publicaron sin verificar la fuente de información”, indica la cancillería.

Agrega que “la libertad de expresión es un derecho constitucional de las bolivianas y bolivianos, así también es un valor de nuestros pueblos y naciones, por tanto, no puede ser embargada por medios de comunicación de capital privado, que busca estigmatizar y desnaturalizar el derecho a la libertad de expresión, ni encubrirse en la distorsión de un derecho fundamental para socavar otro.”.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

04 Julio 2016

La visita que hará la Cancillería junto a una comitiva del Legislativo a los puertos de Arica e Iquique se daría la próxima semana, al inicio del receso parlamentario, anunció hoy el presidente del Senado, Alberto Gonzáles. El objetivo de la visita es constatar la vulneración al Tratado de 1904.

“Nosotros tenemos esta semana nuestra última sesión en el caso particular de los senadores y el viernes tendríamos la (sesión de) Asamblea, justamente para declarar el receso de 15 días, como manda la Constitución, así que yo estimo que podríamos hacerlo (el viaje) durante la semana siguiente, o sea, la primera semana de receso”, dijo la autoridad, sin precisar la fecha de la visita.

La visita a las regiones de Antofagasta y Arica se debe a las denuncias que hicieron los transportistas y representantes del comercio internacional, quienes identificaron abusos y maltratos de funcionarios del vecino país, además del incremento de las tasas portuarias por el traslado de la carga boliviana.

Esta mañana, el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto, Gustavo Rivadeneira, denunció en entrevista con la emisora Patria Nueva que las agresiones que sufre su sector en territorio chileno van desde acciones xenofóbicas hasta acciones más violentas.

Gonzáles aún no confirmó qué autoridades del Legislativo participarán del viaje que organiza la Cancillería, aunque señaló que se prevé que participen, además de él, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

“El ánimo es ir a ver, en el lugar, qué es lo que está pasando, hacer una constatación y traer información que pueda servir para que en el futuro la Cancillería pueda eventualmente hacer algún tipo de acción o reclamo para el cumplimiento de los compromisos que están estipulados en el Tratado de 1904”, explicó.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: La Razón

 

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