Santa Cruz de la Sierra
01 Noviembre 2016

La Fiscalía General del Estado rechazó un juicio de responsabilidades al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a exministro Carlos Sánchez Berzaín y todo su gabinete de ministros por el proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y su transferencia a la empresa Cruz Blanca, y  ordenó el archivo definitivo de  obrados, que inicialmente fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la Resolución a la que  tuvo acceso ERBOL en fuentes de la Fiscalía de La Paz,  el Fiscal General en Suplencia Legal Roberto Ramírez, firmó el rechazo de la denuncia contenida en la proposición acusatoria y, en consecuencia, su archivo en favor de Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante.

La resolución también beneficia a José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Fernando Candia Castillo, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy e Irvin Alcaraz del Castillo inicialmente acusados por el delito de incumplimiento de deberes.

También levantó cualquier responsabilidad por los delitos de Contratos Lesivos al Estado,  contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Fernando Candia, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos. Igualmente por los delitos de conducta Antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contra Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otásevic, René Osvaldo Blattmann, Freddy Teodovic, Moisés Jarmusz e Irving Alcaraz.

La Fiscalía libera de culpa a José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya por el delito de contratos lesivos al Estado.

La resolución del 13 de octubre último, aclara que “la decisión que no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la han fundamentado. Al emitirse la presente resolución en el marco de la Ley N| 014 y no existiendo superior jerárquico en el Ministerio Público al Fiscal General conforme al Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no cabe objeción prevista en el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal”.

El juicio fue autorizado el 13 de enero de 2016  por la Asamblea Legislativa en el marco de una investigación al proceso de la privatización/capitalización. Sin embargo la Fiscalía General desvirtuó el trabajo del Legislativo porque de acuerdo al Art 304, numeral 3, la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la acusación.

De acuerdo a los antecedentes, Sánchez de Lozada,  mediante el decreto 24165 de 1995 convirtió a parte de ENFE en la Empresa Ferroviaria Andino SAM (FCA-SAM) con un valor –que figura en la norma- de 137 millones de bolivianos. Luego, mediante el decreto 24186, Sánchez de Lozada y sus ministros capitalizaron FCA-SAM a la empresa Cruz Blanca por 66 millones de bolivianos, la mitad de su valor real.

Se conoce que durante la etapa investigativa, ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín ejercieron representación alguna para asumir defensa ante la acusación, por lo que el sobreseimiento absoluto fue más una conclusión de la fiscalía que un mérito de la defensa legal.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

21 Enero 2016

El abogado de las víctimas del caso “Octubre Negro”, Rogelio Mayta, aseguró que accedió a una nota que envió Carlos Sánchez Berzaín, exministro de la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, al gobierno de Estados Unidos en la cual afirma que llegó a ese país asistido por esferas del país norteamericano.

En contacto telefónico con ERBOL, Mayta explicó que en los documentos que Sánchez Berzaín presentó para acogerse al asilo político existe una nota. Indicó que en este documento, el exministro afirma que en octubre de 2003, durante la Guerra del Gas, tuvo que salir de Bolivia “por la fuerza” y llegó a Estados Unidos con la asistencia del Departamento de Estado de ese país.

“Dice de forma expresa en una nota escrita que firma (…) que el Gobierno de Estados Unidos lo protegió tanto a él como a Sánchez de Lozada, lo protegieron y probablemente lo seguirán haciendo mientras consideren que es de su interés hacerlo”, afirmó.

Según Mayta, la nota de Sánchez Berzaín cita: “Hasta que tuve que salir de mi país por la fuerza junto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, llegué a Estados Unidos con la asistencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

“Lo han estado protegiendo desde un principio, nosotros consideramos que determinadas esferas del gobierno de Estados Unidos, lo han incluso aleccionado, apoyado en todas las declaraciones que ha venido haciendo”, agregó el abogado.

En octubre del año 2003, se conoció que el entonces presidente Sánchez de Lozada tenía la intención de exportar gas por puertos chilenos, lo que desencadenó una serie de movilizaciones y enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas. Después de una masiva tensión y el registro de al menos 70 fallecidos y centenares de heridos, el exmandatario y Sánchez Berzaín huyeron del país hacia Estados Unidos.

Asilo político

Por otro lado, Mayta explicó que el tipo de asilo político que protege a Sánchez Berzaín, no limita su derecho a hacer declaraciones de tinte político ante los medios de comunicación.

 

“El asilo que le conceden a Sánchez Berzaín no está vinculado al Tratado de Montevideo, que es el que rige y que se autoriza generalmente. Pero él está bajo el asilo cuyo convenio está en contra de la tortura y otros tratos crueles, dentro de ese ámbito, por un lado no se le ha limitado su posibilidad de expresión en Estados Unidos”, detalló el jurista.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

19 Enero 2016

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció el martes, en la ciudad de La Paz, que la oposición en el país recibe financiamiento de Estados Unidos para realizar una campaña contra la democracia promoviendo el 'No' en el referendo constitucional y mantiene contacto directo con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa del fugado expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

"Dos pruebas contundentes, uno sobre el financiamiento que reciben para hacer una campaña negativa en contra de la democracia (...) segundo sobre esta relación directa de la oposición con el señor Carlos Sánchez Berzaín", dijo en conferencia de prensa.

El 21 de febrero los bolivianos asistirán a las urnas para aprobar o rechazar la modificación parcial de la Constitución, que habilitará o no al presidente Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones generales de 2019.

La semana pasada, el presidente Evo Morales denunció que la oposición recibe financiamiento para la campaña por el 'No' de políticos de la derecha que huyeron de Bolivia para refugiarse en Estados Unidos.

Los opositores rechazaron esa afirmación, y calificaron de "mentirosas" las declaraciones del Mandatario.

Sin embargo, en entrevista con radio Panamericana, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, manifestó "que presente esas pruebas (sobre el financiamiento extranjero), para que no generalicemos, porque si así fuera, ¿dónde está el delito?".

"La diputada Norma Piérola, antes eneferista, después de Convergencia Nacional y ahora del Partido Demócrata Cristiano, ha confirmado que no es ningún delito recibir recursos de afuera, y acepta al mismo tiempo esta advertencia que habíamos hecho", dijo Paco, tras presentar públicamente la grabación de la entrevista en que la legisladora hizo esas declaraciones.

La Ministra de Comunicación presentó también una grabación de una entrevista al diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, en la que confirma que los políticos de la oposición tienen contacto con el exministro Sánchez Berzaín.

En la entrevista, Barral dice "lo que yo decía es que si gana el Sí, ya le estoy queriendo de verdad llamar al Carlos Sánchez Berzaín, (...) pero es medio complicado eso, pero se va a poner fregado".

Paco dijo que esas son las muestras de que la oposición es dirigida desde Estados Unidos, por políticos que pretenden volver al país para "desangrar" a Bolivia.

"Hay un neoliberalismo que se ha acostumbrado a desangrar al Estado, a chuparle la sangre al Estado y que continúa con sus, digamos entre comillas, esfuerzos por recuperar esa forma de vida, son los mismos de siempre, aseguró.

Asimismo, presentó fotografías, en las que se identifican a los actuales políticos de derecha con exautoridades que huyeron de Bolivia.

"Confirmado, esas relaciones con el período neoliberal, con esos prófugos de la justicia boliviana, continúa vigente y en una actitud clara de conspiración en contra de nuestra democracia, en contra de la dignidad de nuestro país que le ha costado tanto recuperar a nuestro pueblo boliviano", complementó.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

18 Enero 2016

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, afirmó el lunes que ex autoridades nacionales involucradas en el caso de las corporaciones regionales de desarrollo, el denominado proyecto FOCAS, y en la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), tendrán que someterse a juicio ante el Órgano Judicial.

"Es un juicio amparado en la Ley, de juicio a altas autoridades del Estado, Sánchez de Lozada y su gabinete, los mencionados en el proceso, esto significa que en los próximos meses se va a llamar a declaraciones, se harán audiencias donde se determinará un Tribunal para que inicie este proceso", explicó.

La madrugada del sábado, la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó un nuevo juicio contra el expresidente  Gonzalo Sánchez de Lozada, por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) en su gestión, entre 1993 y 1997.

Sánchez de Lozada será juzgado por la privatización de Enfe y la venta de acciones de esa empresa por 13 millones de dólares, cuando el valor real fue calculado en 29 millones de dólares.

El expresidente, ahora prófugo en Estados Unidos, será procesado también por el caso de la Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) y por un préstamo que se hizo de manera irregular con los recursos destinados a esa entidad.

Zavaleta precisó que en ambos casos, serán enjuiciados además 8 ex autoridades nacionales.

"Los denunciados son Gonzalo Sánchez de Lozada, por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito;  Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illánes y Reynaldo Peters, por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes", precisó.

Además del empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes; Arturo Beltrán Caballero, por contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; Flavio Escobar Llanos, conducta antieconómica.

Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos en 2003, tras la revuelta popular en su segundo período presidencial que dejó 60 muertos y más de 500 heridos.

Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia en dos oportunidades: en 1993 y 1997, cuando implementó la privatización de ENFE y varias empresas estatales; y entre 2002 y 2003.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

13 Enero 2016

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, instó el miércoles al ex ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín (2002-03), a regresar al país y "dar la cara", si de verdad ama la democracia.

"Ha negado, hasta la fecha, su discurso es de negación, yo creo que debe dejar su cobardía, si ama Bolivia, si ama la democracia, se llena la boca, que venga, que venga al país, que dé la cara al pueblo", afirmó en un contacto con los periodistas.

El lunes pasado, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, denunció que el Instituto Interamericano de la Democracia de Estados Unidos elaboró un plan estratégico para desestabilizar Bolivia y para debilitar al Gobierno del presidente Evo Morales, de cara al Referendo Constitucional del próximo 21 de febrero.

Horas después, Sánchez Berzaín, en una entrevista con una radio de La Paz, desde Estados Unidos, donde huyó en 2003, negó que sea el articulador de la campaña por el 'No' en el próximo referendo y desafió a Morales a un debate público sobre sus logros de gestión y sobre lo que ocurrió en el denominado 'octubre negro'.

A contramano, la Ministra de Comunicación dijo que al Gobierno "no le sorprenden" las declaraciones de Sánchez Berzaín, tomando en cuenta que es parte de la estrategia que utiliza para mentirle al país.

"Qué podemos esperar de alguien que siempre le ha mentido al país, de alguien que siempre ha conspirado contra el país, de alguien que ha arremetido contra el pueblo boliviano, de alguien que ha ayudado a rematar los bienes del Estado", sustentó.

Sánchez Berzaín,  es procesado en el país por delitos económicos contra el Estado, por la masacre de más de medio centenar de civiles y medio millar de heridos por órdenes del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), además por permanentes violaciones a la Constitución Política del Estado.

El ex ministro de Sánchez de Lozada es Director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), con sede en Miami que, según medios locales,  es considerado como una organización fachada de la mafia cubano estadounidense y de sus afiliados venezolanos, ecuatorianos y bolivianos.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

13 Enero 2016

“Trasnochado”, “funesto” y “villano”, son algunos de los calificativos que asambleístas de Unidad Demócrata (UD) usaron para referirse a Carlos Sánchez Berzaín. Los opositores también pidieron al exministro “callarse” respecto al referendo del próximo 21 de febrero.

“Don Sánchez Berzaín debería cerrar la boca y, si quiere opinar sobre la política interna en nuestro país, debería venir aquí para responder por los sucesos de octubre de 2003”, manifestó la diputada Lourdes Millares.

El exministro, que ahora reside en Estados Unidos, hizo noticia en los últimos días, debido a que el oficialismo lo acusó de dirigir la campaña por el NO a la reelección de Evo Morales.    

Además, Sánchez Berzaín publica columnas, brinda entrevistas y escribe en redes sociales mensajes contra el Gobierno del MAS.

La diputada de UD, Fernanda San Martín, llamó “trasnochado” al exministro, porque no vive en Bolivia hace más de 10 años y no conoce la realidad.

“Este tipo de cosas que vienen de Sánchez Berzaín y perjudican la campaña y la enlodan. Bien haría de quedarse donde está ahora”, agregó San Martín.

A su turno, el diputado Norman Lazarte señaló que el apoyo ciudadano al NO para el referendo no será influenciado por una “persona funesta”, en referencia al “Zorro”, como es el apodo del exministro.

La asambleísta Millares sostuvo que con sus apariciones Sánchez Berzaín le hace un favor al MAS y parece su aliado.

En esta línea, el diputado Gonzalo Barrientos aseveró que el MAS y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), tienen un acuerdo y por el mismo es que Sánchez Berzaín hace declaraciones que perjudican al NO. “Lo mejor que puede hacer este señor es callarse”, acotó. No obstante, Barrientos fue diputado del MNR cuando el “Zorro” era ministro.

El senador Edwin Rodríguez afirmó que hay “gato encerrado” en ese presunto vínculo entre el MAS y el MNR. “Pronto va a salir seguramente Manfred Reyes Villa y todos los villanos para querer favorecer al MAS y eso para nosotros no es casual”, dijo.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

17 Octubre 2015

Sánchez de Lozada, tras la denominada “Guerra del gas”, su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, desata controversias en la clase política del país, con un artículo polémico escrito desde Estados Unidos, y por el cual responsabiliza al presidente Evo Morales y al expresidente Carlos Mesa, de haber promovido el “derrocamiento” del exmandatario emenerrista.  

En su artículo denominado “Doce años de impunidad de Carlos Mesa y Evo Morales” publicado por el Diario Las Américas, Sánchez Berzaín relata su versión de los hechos luctuosos acontecidos en octubre de 2003, que derivaron en la muerte de más de 60 civiles en la ciudad de El Alto y decenas de heridos, además de la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de octubre.

En partes salientes del artículo se señala que “Hace doce años se encontraba en plena ejecución el plan para terminar con el gobierno democrático de Bolivia mediante una extensa conspiración y sedición interna e internacional, impulsada por el eje Caracas-La Habana, con violencia extrema, promovida con presencia de grupos armados nacionales y extranjeros, articulada internamente por el jefe cocalero Evo Morales y el dirigente campesino Felipe Quispe”.

La presunta articulación interna y externa según refiere Sánchez Berzaín, fue posible con “la traición del vicepresidente Carlos Mesa que lograron la renuncia forzada del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada”.

En criterio del también  conocido como “zorro” Berzaín, octubre de 2003, se constituía en el tercer intento de derrocamiento en menos de diez meses, pero en la denominada “guerra del gas” resultó exitoso.

“El 17 de octubre de 2003 caía el Gobierno democrático y comenzaba la etapa que ha hecho de Bolivia una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI liderado por el castrismo. Los exitosos conspiradores han logrado hasta ahora 12 años de poder e impunidad”, señala Berzaín, quien no se sometió a la justicia boliviana por presuntos delitos de genocidio, cometidos en el ejercicio de sus funciones. Considera que no hay garantías para un juicio justo en el país.

MAS: EEUU los protege

La diputada Betty Yañíquez del MAS, dijo a ANF que es fácil emitir criterios desde la distancia en calidad de prófugos. Sugirió que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se sometan a la justicia y rindan cuentas en el país por la masacre cometida en octubre de 2003. 

“Sus criterios no tienen ninguna credibilidad y más aún cuando ahí están los muertos, que no son producto de la magia, sino de una masacre y genocidio que ha llevado ese gobierno, transgrediendo los derechos humanos, el Estatuto de Roma, donde claramente se establece que este tipo de delitos son de lesa humanidad y son imprescriptibles”, dijo la asambleísta y exfiscal de Distrito.

Yañíquez dijo que hasta la fecha el gobierno no pudo lograr la extradición de ambos procesados porque “Estados Unidos es un refugio de la gente que ha cometido ilícitos en Bolivia, y los ampara, es por eso no se da cumplimiento estricto a solicitudes del Estado boliviano, incluso ha viajado el Fiscal General para hacer cumplir lo que se dispone en Bolivia, pero ante semejante protección, no se da este tipo de solicitudes”.

UD: Hay culpas compartidas

El jefe de la bancada del Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Óscar Ortiz dijo que no vale siquiera la pena opinar sobre lo que dice Sánchez Berzaín desde Estados Unidos, porque es “hacerle el juego para darle un protagonismo que no le corresponde”.

Sin embargo dijo que existe una responsabilidad compartida entre quienes ahora están en el poder, en alusión a Evo Morales y otros exdirigentes, y los que se fugaron del país tras los hechos de octubre. Enfatizó que de la denominada “agenda de octubre” no se cumplió casi nada de lo ofrecido, pues lejos de darse una industrialización de los hidrocarburos, que se limitó a una separadora de líquidos, se generó la venta masiva del gas sin impactos en la reactivación del aparato productivo.

Según Ortiz, no hubo una real voluntad del gobierno por lograr la extradicción del expresidente y el exministro, porque habría la intención desde ambos bandos por olvidar estos hechos luctuosos y sus responsabilidades.

MNR: Mesa permitió amnistía a todos los sediciosos

El diputado del MNR, Miguel Ojopi dijo que el expresidente Carlos Mesa y actual vocero de la causa marítima, permitió la “amnistía a los sediciosos” del derrocamiento Gonzalo Sánchez de Lozada, arribar al poder.

“Como nueva generación del MNR necesitamos que se llegue a la verdad histórica de los hechos y se sancione a los culpables, como también se debe esclarecer lo que sucedió con la masacre de Porvenir, que es la misma estrategia que se empleó en octubre en El Alto, de generar muertos y derrocar, tras movilizaciones violentas”, dijo el asambleísta.

Según Ojopi, el 2003 se dio un "golpe de Estado disfrazado" en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por ofrecer gas a Estados Unidos a través de Chile. "Se gestó el derrocamiento del presidente porque sabían que iba a subir el precio de los hidrocarburos y se venía una época de bonanza", señaló.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

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