Santa Cruz de la Sierra
19 Septiembre 2018

El Ministerio Público presentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la acusación contra el expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, exministro Carlos Sánchez Berzaín y otras 17 personas por el caso ENFE, informó este miércoles el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

“Se ha presentado ante la Sala Penal la proposición acusatoria en el marco de proceso denominado ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles), que está referido a la capitalización de esta empresa durante el gobierno de Sánchez de Lozada”, dijo Guerrero.

La Fiscalía, mediante una nota de prensa, recordó que en el proceso de la capitalización de ENFE se usó como estrategia la conformación de dos sociedades de economía mixta, dividiendo de esa manera el sistema ferroviario en dos redes o unidades económicas.

Es así que mediante el Decreto Supremo 24186 de 15 de diciembre de 1995, suscrito por Sánchez de Lozada y su gabinete, se dispuso la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado e incluso menor al capital pagado con el que se constituyó la FCA SAM.

El Ministerio Público, en su acusación formal, estima que el “grave daño causado al Estado es de 142.018.600 bolivianos”.

El detalle de los acusados y los delitos

Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Araníbar Quiroga, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo son acusados por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Cristóbal Alfonzo Revollo Tenier es acusado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Edgar Ramiro Saravia Durnik es procesado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa Takano, por resoluciones contrarias a la Constitución.

Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia está acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica.

José Isaac Ardaya Calderón es acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio César Oropeza Belichner por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Finalmente, Franklin Mejía Ríos es acusado por conducta antieconómica.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Noticiasfides

06 Abril 2018

Los abogados del expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y del exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, advirtieron que las víctimas de la “Guerra del Gas”, y su defensa no pueden proclamar victoria con base en el veredicto que emitió el jurado de la Corte de Florida en Estados Unidos (EEUU) que los declara “responsables” por la masacre del  2003.

“El veredicto que el jurado ha emitido el 3 de abril no es la decisión final del tribunal. El caso continúa y la Corte específicamente ya había advertido a los demandantes y a sus abogados que no proclamen victoria en base al veredicto del jurado debido a que el mismo no es la decisión final”, indican los abogados, Stephen D. Raber, Ana C. Reyes y Williams Connolly, que defienden es los estrados estadounidenses a  Goni y Sánchez Berzaín.

Los juristas que representan a las exautoridades bolivianas, señalan que tras presentar la apelación al veredicto del jurado por inconsistencia legal, la decisión final del juez recién se conocerá el próximo 4 de mayo. Además, manifestaron que la orden puede quedar sin efecto porque existen recursos, como la  Regla 50, que pueden servir para anular esa decisión.

“Nosotros ya hemos expresado nuestro desacuerdo con el veredicto porque creemos que la evidencia presentada es insuficiente para sostener el veredicto que emitió el jurado ciudadano”, afirma el equipo jurídico.

El jueves, los familiares de las víctimas de Octubre Negro y parte de su defensa arribó al país, luego de permanecer por varios días en EEUU en el juicio civil contra Goni y Sánchez Berzaín donde el jurado encontró responsables al expresidente y su exministro.

Regla 50

La Regla 50 del Procedimiento Civil Federal tiene por objeto garantizar los derechos procesales del demandado, el juez  aplica esta regla cuando cree que el jurado no evaluó adecuadamente las pruebas. Con esta norma, el juez puede ratificar la sentencia, poner una alternativa o convocar a un nuevo juicio.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

05 Abril 2018

Los familiares de víctimas de la Masacre de Octubre llegaron este jueves a El Alto y expresaron su demanda de que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín sean extraditados a Bolivia, para que rindan cuentas ante la justicia nacional y sea encerrado en Chonchocoro.

Juana Valencia, cuyo esposo falleció en las jornadas de octubre por una bala que recibió al interior de su casa, aseveró que el exmandatario se río de los familiares en Estados Unidos, y que en Bolivia las víctimas tendrán apoyo y acompañamiento.       

“Se ha sonreído de nosotros allí, claro éramos poquitos, no como en aquí donde la gente acompaña, pero allí no es así”, dijo.

Valencia informó que los familiares volverán a EEUU en mayo para la sentencia del juez que debe ratificar o no el veredicto del jurado. Dijo que se persistirá hasta que Goni sea traído a Bolivia. “No nos vamos dejar, ya lo vamos a traer siempre  aquí”, manifestó.

Destacó la convicción de los familiares de acudir a un país extranjero sin ayuda para buscar justicia por sus seres queridos. “Nadie nos ha ayudado, como pobres hemos ido y hemos buscado justicia”, agregó.

Por su parte, Rosa Felicidad Huanca, quien perdió a su padre en 2003, señaló que para hacer justicia Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín deben ser encerrados en la cárcel de Chonchocoro.

A su turno, Benedicto Vargas, cuyo sobrino falleció en la represión de 2003, manifestó que Goni “sí o sí tiene que llegar” a Bolivia pagar por lo que ha hecho.

Dijo que cuando se implica la muerte de un familiar ya no se puede hablar de dinero como resarcimiento, por lo cual se demanda que los acusados comparezcan en Bolivia. “Exigimos la extradición, no estamos pidiendo otra cosa”, sostuvo.

Vargas afirmó que los familiares buscarán reunirse con el presidente Evo Morales para pedirle que se haga las gestiones para la extradición de Goni.

El abogado Thomas Becker, que llegó a Bolivia con los familiares, dijo que el tema de la extradición se define de gobierno a gobierno, y que los juristas que intervinieron en el caso no tienen participación en ese tema.       

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

03 Abril 2018

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, a través de una declaración firmada por sus abogados y publicada este martes después de conocerse el fallo del jurado, expresaron su desacuerdo en el veredicto que los encontró “responsables” por las muertes en octubre de 2003.

“No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado y creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado. Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente”, dice la declaración escita por abogados Stephen Raber y Ana Reyes.

El texto no explica cómo es que se podría “revocar” el fallo, pero el juez, James I. Cohn, tiene hasta el 4 de mayo para dar un fallo final.

Ocho familias de las víctimas interpusieron una demanda civil en contra de ambas exautoridades con el objetivo de que las muertes ocurridas en ese tiempo no queden en la impunidad a 15 años de la revuelta popular que terminó con el Gobierno de Sánchez de Lozada. Un fallo emitido hoy establece que son responsables y que deben pagar 10 millones de dólares a las víctimas.

Redacción: Leo.com

Fuente: radiofides

03 Abril 2018

El jurado declaró responsables a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, por los hechos de octubre de 2003, sin embargo, la defensa planteó que existen inconsistencias en la resolución, por lo cual el juez sigue considerando el caso en estos momentos, informó el periodista Erick Foronda desde Estados Unidos para ERBOL .

El veredicto del jurado, determinado por unanimidad, señaló que se debe pagar una indemnización aproximada de 10 millones de dólares, en montos diferentes para las víctimas.

Según Foronda, el jurado leyó su decisión y, entonces, la defensa de los acusados planteó que ha encontrado inconsistencias y contradicciones en el veredicto, por lo cual pidió que el juicio sea declarado un “mistrial”, es decir que se anule por defectos de proceso.

La parte acusadora afirmó que no hay inconsistencias en el veredicto. Ante la situación el juez James Cohn decidió dar un receso mientras considera el pedido de la defensa, y llamará de nuevo a sala para emitir su decisión.

El juicio de carácter civil es impulsado por familiares de ocho fallecidos en las jornadas de octubre de 2003. Se realiza en una corte federal del sur de Florida desde el 5 de marzo.

La decisión del jurado llega en el sexto día de deliberaciones.   

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

01 Noviembre 2016

La Fiscalía General del Estado rechazó un juicio de responsabilidades al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a exministro Carlos Sánchez Berzaín y todo su gabinete de ministros por el proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y su transferencia a la empresa Cruz Blanca, y  ordenó el archivo definitivo de  obrados, que inicialmente fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la Resolución a la que  tuvo acceso ERBOL en fuentes de la Fiscalía de La Paz,  el Fiscal General en Suplencia Legal Roberto Ramírez, firmó el rechazo de la denuncia contenida en la proposición acusatoria y, en consecuencia, su archivo en favor de Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante.

La resolución también beneficia a José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Fernando Candia Castillo, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy e Irvin Alcaraz del Castillo inicialmente acusados por el delito de incumplimiento de deberes.

También levantó cualquier responsabilidad por los delitos de Contratos Lesivos al Estado,  contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Fernando Candia, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos. Igualmente por los delitos de conducta Antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contra Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otásevic, René Osvaldo Blattmann, Freddy Teodovic, Moisés Jarmusz e Irving Alcaraz.

La Fiscalía libera de culpa a José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya por el delito de contratos lesivos al Estado.

La resolución del 13 de octubre último, aclara que “la decisión que no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la han fundamentado. Al emitirse la presente resolución en el marco de la Ley N| 014 y no existiendo superior jerárquico en el Ministerio Público al Fiscal General conforme al Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no cabe objeción prevista en el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal”.

El juicio fue autorizado el 13 de enero de 2016  por la Asamblea Legislativa en el marco de una investigación al proceso de la privatización/capitalización. Sin embargo la Fiscalía General desvirtuó el trabajo del Legislativo porque de acuerdo al Art 304, numeral 3, la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la acusación.

De acuerdo a los antecedentes, Sánchez de Lozada,  mediante el decreto 24165 de 1995 convirtió a parte de ENFE en la Empresa Ferroviaria Andino SAM (FCA-SAM) con un valor –que figura en la norma- de 137 millones de bolivianos. Luego, mediante el decreto 24186, Sánchez de Lozada y sus ministros capitalizaron FCA-SAM a la empresa Cruz Blanca por 66 millones de bolivianos, la mitad de su valor real.

Se conoce que durante la etapa investigativa, ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín ejercieron representación alguna para asumir defensa ante la acusación, por lo que el sobreseimiento absoluto fue más una conclusión de la fiscalía que un mérito de la defensa legal.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

21 Enero 2016

El abogado de las víctimas del caso “Octubre Negro”, Rogelio Mayta, aseguró que accedió a una nota que envió Carlos Sánchez Berzaín, exministro de la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, al gobierno de Estados Unidos en la cual afirma que llegó a ese país asistido por esferas del país norteamericano.

En contacto telefónico con ERBOL, Mayta explicó que en los documentos que Sánchez Berzaín presentó para acogerse al asilo político existe una nota. Indicó que en este documento, el exministro afirma que en octubre de 2003, durante la Guerra del Gas, tuvo que salir de Bolivia “por la fuerza” y llegó a Estados Unidos con la asistencia del Departamento de Estado de ese país.

“Dice de forma expresa en una nota escrita que firma (…) que el Gobierno de Estados Unidos lo protegió tanto a él como a Sánchez de Lozada, lo protegieron y probablemente lo seguirán haciendo mientras consideren que es de su interés hacerlo”, afirmó.

Según Mayta, la nota de Sánchez Berzaín cita: “Hasta que tuve que salir de mi país por la fuerza junto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, llegué a Estados Unidos con la asistencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

“Lo han estado protegiendo desde un principio, nosotros consideramos que determinadas esferas del gobierno de Estados Unidos, lo han incluso aleccionado, apoyado en todas las declaraciones que ha venido haciendo”, agregó el abogado.

En octubre del año 2003, se conoció que el entonces presidente Sánchez de Lozada tenía la intención de exportar gas por puertos chilenos, lo que desencadenó una serie de movilizaciones y enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas. Después de una masiva tensión y el registro de al menos 70 fallecidos y centenares de heridos, el exmandatario y Sánchez Berzaín huyeron del país hacia Estados Unidos.

Asilo político

Por otro lado, Mayta explicó que el tipo de asilo político que protege a Sánchez Berzaín, no limita su derecho a hacer declaraciones de tinte político ante los medios de comunicación.

 

“El asilo que le conceden a Sánchez Berzaín no está vinculado al Tratado de Montevideo, que es el que rige y que se autoriza generalmente. Pero él está bajo el asilo cuyo convenio está en contra de la tortura y otros tratos crueles, dentro de ese ámbito, por un lado no se le ha limitado su posibilidad de expresión en Estados Unidos”, detalló el jurista.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

19 Enero 2016

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció el martes, en la ciudad de La Paz, que la oposición en el país recibe financiamiento de Estados Unidos para realizar una campaña contra la democracia promoviendo el 'No' en el referendo constitucional y mantiene contacto directo con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa del fugado expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

"Dos pruebas contundentes, uno sobre el financiamiento que reciben para hacer una campaña negativa en contra de la democracia (...) segundo sobre esta relación directa de la oposición con el señor Carlos Sánchez Berzaín", dijo en conferencia de prensa.

El 21 de febrero los bolivianos asistirán a las urnas para aprobar o rechazar la modificación parcial de la Constitución, que habilitará o no al presidente Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones generales de 2019.

La semana pasada, el presidente Evo Morales denunció que la oposición recibe financiamiento para la campaña por el 'No' de políticos de la derecha que huyeron de Bolivia para refugiarse en Estados Unidos.

Los opositores rechazaron esa afirmación, y calificaron de "mentirosas" las declaraciones del Mandatario.

Sin embargo, en entrevista con radio Panamericana, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, manifestó "que presente esas pruebas (sobre el financiamiento extranjero), para que no generalicemos, porque si así fuera, ¿dónde está el delito?".

"La diputada Norma Piérola, antes eneferista, después de Convergencia Nacional y ahora del Partido Demócrata Cristiano, ha confirmado que no es ningún delito recibir recursos de afuera, y acepta al mismo tiempo esta advertencia que habíamos hecho", dijo Paco, tras presentar públicamente la grabación de la entrevista en que la legisladora hizo esas declaraciones.

La Ministra de Comunicación presentó también una grabación de una entrevista al diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, en la que confirma que los políticos de la oposición tienen contacto con el exministro Sánchez Berzaín.

En la entrevista, Barral dice "lo que yo decía es que si gana el Sí, ya le estoy queriendo de verdad llamar al Carlos Sánchez Berzaín, (...) pero es medio complicado eso, pero se va a poner fregado".

Paco dijo que esas son las muestras de que la oposición es dirigida desde Estados Unidos, por políticos que pretenden volver al país para "desangrar" a Bolivia.

"Hay un neoliberalismo que se ha acostumbrado a desangrar al Estado, a chuparle la sangre al Estado y que continúa con sus, digamos entre comillas, esfuerzos por recuperar esa forma de vida, son los mismos de siempre, aseguró.

Asimismo, presentó fotografías, en las que se identifican a los actuales políticos de derecha con exautoridades que huyeron de Bolivia.

"Confirmado, esas relaciones con el período neoliberal, con esos prófugos de la justicia boliviana, continúa vigente y en una actitud clara de conspiración en contra de nuestra democracia, en contra de la dignidad de nuestro país que le ha costado tanto recuperar a nuestro pueblo boliviano", complementó.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

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