Santa Cruz de la Sierra
15 Noviembre 2018

La plataforma ciudadana G21 anunció este jueves que se realizará una segunda marcha de protesta rumbo a la ciudad de La Paz en contra de la repostulación del presidente Evo Morales.

La vocera de G21, Xiomara Klinsky, dijo que la marcha iniciará desde la localidad de Chaparina el 26 de noviembre para tratar de llegar el 7 de diciembre a la sede de Gobierno, según un reporte de radio Fides.

“Al llegar a La Paz vamos a montar una vigilia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ver si estas personas, si estos descarados, habilitan al dictador Evo Morales para una nueva reelección”, manifestó Klinsky.

En la segunda marcha –según la activista– se espera la participación de los pobladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que también están en contra de la reelección de Morales porque en este gobierno se trató de imponer un proyecto carretero por medio de la reserva natural.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

16 Marzo 2016

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó este miércoles,  el  “Informe sobre la violación de derechos humanos de la capitanía Takovo Mora”, en el que se concluye que el Estado, a través de las fuerzas policiales,  durante la intervención a la movilización que realizaba este pueblo indígena, el 18 de agosto del año pasado,  vulneró “de manera flagrante, premeditada y culposa”, los derechos a la integridad; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal;  además de derechos específicos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y  de los pueblos indígenas,  como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada. Esta acción fue calificada por la autoridad como “despiadada y criminal” y la comparó con lo sucedido en Chaparina.

“Se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”, señala el informe que recomienda al Fiscal General del Estado proseguir las acciones penales contra los autores directos e indirectos, así como cómplices, encubridores e instigadores de este hecho, especialmente, en relación a aquellos delitos cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Durante la conferencia de prensa, el Defensor consideró que las acciones de Takovo Mora, como las de Chaparina tiene su origen en la política extractivista salvaje y depredadora que está conduciendo irremediablemente a la desaparición de pueblos y comunidades indígenas y la degradación y destrucción del medio ambiente.

“Las experiencias en varios lugares del mundo, donde se han implementado políticas extractivistas dan cuenta de los extremos que señalamos y se repetirán en Bolivia, si no se retorna a la racionalidad y la búsqueda de un desarrollo en armonía con la naturaleza y con la protección de los territorios indígenas, hoy amenazados por las acciones que se originan en Decretos como el 2366, que entrega las áreas protegidas a la voracidad de las empresas petroleras transnacionales, que ya han iniciado actividades de exploración en zonas endémicas e,  incluso,  parques nacionales que ya pone en peligro el equilibrio ecológico y la sobrevivencia de los pueblos y comunidades indígenas que allí habitan”, afirmó.

El Informe, que será enviado a las autoridades correspondientes y publicado en el sitio web de la institución, señala que en la represión llevada a cabo en la comunidad de Yateirendá de la Capitanía Takovo Mora, ubicada a 120 kilómetros de Santa Cruz,  se produjo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales, pese a que muchas personas ya se hallaban reducidas; adicionalmente las fuerzas policiales procedieron a la destrucción y el despojo de diversos objetos de propiedad de los comunarios, sin ninguna justificación.  Además, afirma que la intervención fue utilizada para aprehender a dirigentes y personas de la comunidad, entre ellas, menores de edad, quienes en muchos casos se hallaban encerrados en sus casas y no en el sector del conflicto.

Villena señaló que además de las lesiones físicas ocasionadas por los 500 policías que realizaron la intervención, se ejercieron agresiones verbales mediante insultos, acusaciones, amenazas y gritos mostrando desprecio “desde una posición de poder y encaminadas a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal de las víctimas.  La comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los comunarios de Takovo Mora, no sólo ocurrieron durante la intervención, sino que se extendieron mientras se encontraban detenidos en carceletas y recintos policiales”, concluye el informe.

Este informe, según explicó el Defensor,  se realizó recurriendo a entrevistas y testimonios de las personas afectadas de la comunidad y a la dirigencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), revisión de las noticias y las imágenes publicadas en los medios de comunicación locales y nacionales e informes oficiales que “fueron entregados con un retraso considerable”. “Se presentaron dificultades en la recopilación de los datos habida cuenta del temor y el recelo que evidenciamos, de parte de las personas entrevistadas, a sufrir represalias posteriores”, indicó.

El documento también refiere que desde hace 19 años los indígenas de Takovo Mora han demandado la titulación de ese sector como Tierra Comunitaria de Origen, pero que  el proceso de saneamiento no avanza en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Durante estos años sólo se sanearon 45 mil hectáreas a favor de los indígenas de un total de 271.000 hectáreas.

El conflicto que derivó en la represión policial se generó por la demanda de los indígenas que se realizara la consulta previa antes de iniciar actividades hidrocarburíferas en sectores donde está ubicado el Bloque el Dorado que afecta al área rodeada por el Territorio Originario Indígena Campesino Guaraní de Takovo Mora.  El gobierno respondió que la consulta no era necesaria porque ese predio era propiedad privada del señor Juan Carlos Soza Soruco y que se encuentra saneado y titulado por el INRA.

El Informe Defensorial señala al respecto,  que de acuerdo a lo investigado existe “sobreposición de predios privados en los territorios demandados por la TCO Takovo Mora”, además de “inexactitud sobre la superficie del territorio en el que se desarrollan las actividades hidrocarburíferas”.  Además precisó que “en las distintas fases de la exploración y explotación hidrocarburífera,  las prácticas operacionales típicas de la industria petroleram producen la destrucción de la biodiversidad y del ambiente en general. Así, los impactos ambientales no se restringen a la zona donde se desarrolla el proyecto hidrocarburífero, pues  la alteración ecosistémica provocada por la extracción petrolera se extiende mucho más allá de los límites del proyecto”.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

21 Noviembre 2015

A propósito de la reforma a la ley de juzgamiento de altas autoridades (044), miembros de la oposición sugirieron que a futuro se enjuicie a las autoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la represión en Chaparina, la corrupción en el exFondo Indígena (Fondioc), las irregularidades en el caso terrorismo,  además de otros temas.

“Todo el mundo hemos visto el salvajismo con que se ha actuado con los indígenas en Chaparina”, manifestó el senador Edwin Rodríguez.

El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino violentamente la marcha que realizaban indígenas del TIPNIS en rechazo a la construcción de una carretera a través de su territorio.

La Fiscalía lleva adelante una investigación, de la cual excluyó al presidente Evo Morales y al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.     

El diputado Wilson Santamaría manifestó que “Llorenti será uno de los primeros en responder” por este caso. Además, planteó que también se enjuicie al canciller, David Choquehuanca, quien tuvo participación en el desarrollo del conflicto.

Sobre el caso Fondioc, el diputado Gonzalo Barrientos aseveró que los actuales miembros del Ejecutivo podrían ser enjuiciados por omisión.

La Contraloría General del Estado identificó un supuesto daño económico de 71 millones de bolivianos por el desvío de recursos destinados para proyectos. Asimismo, la intervención al Fondioc determinó que presunto daño es de 102 millones.

Santamaría afirmó que los miembros del Directorio del exFondioc tienen responsabilidad por omisión. La exministra Nemesia Achacollo fue presidenta de esta entidad, que contaba con la representación de otros ministerios.

La diputada Norma Piérola, a su turno, mencionó el caso terrorismo.

El 16 de abril de 2009 la Policía ingresó al hotel Las Américas y acribilló a Eduardo Rózsa y dos extranjeros, acusados de terrorismo y planear asesinar a Evo Morales. Sin embargo, los opositores aseguran que este caso fue un montaje del Gobierno para implicar a líderes autonomistas cruceños.

Asimismo, familiares de Michael Dwyer, uno de los abatidos en dicho hotel, ha pedido una investigación internacional por la supuesta ejecución extrajudicial del irlandés.

Otros casos

La diputada Rufina Cladera indicó que el caso Caranavi también puede derivar en un juicio para los actuales gobernantes. En 2010, dos jóvenes murieron tras una intervención policial a una protesta de comunarios que exigían la construcción de una planta de procesamiento de cítricos. Llorenti también fue excluido de estas investigaciones.

Piérola recordó que ella misma inició un juicio de responsabilidades por la muerte de Cristian Urresti en Cochabamba. En 2007, este joven fue asesinado violentamente en un enfrentamiento derivado por una pugna entre el masismo y el entonces prefecto Manfred Reyes Villa. La opositora lamentó que este proceso esté paralizado.

Cladera manifestó que los actuales gobernantes también podrían ser procesados por la quiebra de empresas públicas. En este tema, sus colegas mencionaron al Mutún y Enatex.

Observación a la reforma

Los opositores rechazan la reforma a la ley de juzgamiento de altas autoridades porque crea una instancia de apelación a las sentencias. En su opinión, el oficialismo incorporó esta modificación para beneficiar a los actuales gobernantes en un posible juicio a futuro. 

Las modificaciones a la ley 044 se aprobaron en el Senado y ahora deberán ser tratadas en Diputados.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

08 Abril 2015

El fiscal interventor de La Paz, Paul Franco, dijo hoy que seis acusados por el caso Chaparina, integrados por exjefes policiales, serán enviados a juicio una vez que sean notificados como corresponde, mientras otros 12 implicados fueron sobreseídos.

El Ministerio Público emitió en los últimos días dos resoluciones sobre las investigaciones sobre la represión a la marcha indígena que se registró el 25 de septiembre de 2011 en la localidad beniana de Chaparina.

En la primera se resolvió la acusación formal contra seis exjefes policiales y en la segunda el sobreseimiento de 12 uniformados que también estaban imputados.

“Hay que esperar a las notificaciones con ambas resoluciones para que con posterioridad a ello, de acuerdo a procedimiento, ya se solicite la instalación del juicio. Teniendo en cuenta el número de personas, hay que esperar que cada uno sea notificado pero a la brevedad posible”, dijo Franco.

Resolución de acusación:

1. General Óscar Muñoz Colodro

2. Coronel  Luis Alberto Zapata Vásquez

3. Coronel Edwin Ponciano Durán Velasco

4. Coronel Ricardo Cadima Coca

5. General Carlos Reemberto Flores Cuellar

6. Coronel Henry Manuel Terrazas Verduguez

Resolución de sobreseimiento 

1. Coronel William Enrique Albarracín Triveño

2. Coronel Rubén Antonio Zegada Portugal

3. Coronel José Luis Aranibar Guzmán

4. Coronel Oscar Chavez Rueda

5. General Gino Antonio Catacora Belmonte

6. Teniente coronel Saul Fernando Torrico Calderon

7. Modesto Palacios Cruz

8. coronel Edmundo Rivero Cors

9. General Víctor Santos Maldonado Hinojosa

10. Coronel Jorge Celiar Cadima Medrano

11. Marcos Jaime Farfán, exviceministro de Régimen Interior

12. Cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Erbol

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