Santa Cruz de la Sierra
10 Agosto 2016

El calendario oficial hacia un referendo revocatorio echaría por tierra los planes de la oposición de sacar a Maduro del poder este año.

El calendario oficial hacia un referendo revocatorio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro echaría por tierra los planes de la oposición de sacarlo del poder este año. Pero ¿qué posibilidades le quedan para lograr su objetivo?

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) busca que el referendo se haga antes del 10 de enero de 2017 porque si Maduro pierde se debe llamar a elecciones. En cambio, si es revocado después de esa fecha, los dos años restantes de mandato los completará su vicepresidente.

Acusado por la MUD de servir al chavismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el martes que la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para convocar la consulta, se haría a fines de octubre.

Ello llevaría la celebración del referendo a fines de febrero o inicios de marzo de 2017 si el órgano electoral toma los plazos máximos.

Aun cuando el CNE organizó la elección de Maduro en cinco semanas tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, analistas consideran que no hay voluntad para acelerar el revocatorio.

- Presión ciudadana -

La MUD considera las movilizaciones como su principal arma de presión y convocó a una gran marcha nacional hacia Caracas el 1 de septiembre para exigir la fecha de recolección de firmas.

Pero desde 2014, cuando hubo protestas masivas que dejaron 43 muertos, no logra organizar marchas multitudinarias.

"No hay una conexión entre los líderes políticos con la población. Es un desafío que tienen, el acompañamiento de la protesta social. Además, la gente está enfocada en su vida cotidiana, haciendo cola desde temprano buscando alimentos y medicinas", dice a la AFP Marco Ponce, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social.

En contraste con la poca acogida de las manifestaciones, la MUD asegura haber recaudado 1,8 millones de firmas en apenas cinco días en abril -nueve veces más de lo exigido- en el primer paso del revocatorio.

"La oposición debe repensar su estrategia de presión. El venezolano ya se cansó de la marcha porque no tiene efecto práctico, pero sí" la votación, aseguró Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.

La MUD tiene a su favor la impopularidad de Maduro (74%) y espera que la recolección de firmas sea tan contundente que acelere el proceso.

Según la firma Venebarómetro, un 64% del electorado (12 millones de personas) revocaría al mandatario. Para sacarlo del poder se requiere más de los 7,5 millones de votos con que fue elegido en 2013.

- Negociación -

Para el analista Luis Vicente León, Venezuela no está en una "batalla jurídica ni ética, sino política", y la oposición debe superar sus diferencias internas para ganar fuerza y negociar, lo cual implicará ceder algo.

Aunque el CNE no lo dijo abiertamente, dejó entrever que el referendo no se hará este año. "Ahora cabe esperar que el gobierno insista mucho más en un diálogo", estimó el politólogo Benigno Alarcón.

Por iniciativa del gobierno, un grupo de expresidentes liderado por el español José Luis Rodríguez Zapatero promueve acercamientos, aún sin resultados.

De todos modos, la negociación deberá tener como correlato la protesta para que el gobierno la asuma con seriedad y la oposición logre resultados, agregó.

"Si solo me amenazas con quemar el país si el referendo no va, no te hago caso; pero cuando vea que tienes capacidad de movilización y puedes meterme en problemas, las cosas cambian", opinó Alarcón.

- Presión política -

Aunque neutralizado por la justicia -también acusada por la MUD de aliada del gobierno-, el Parlamento de mayoría opositora puede ejercer presión sobre el gobierno.

El jueves abrirá el proceso para renovar a dos de los cinco rectores del CNE.

La Asamblea también debe aprobar los cupos de endeudamiento, en momentos en que el gobierno requiere urgentemente fondos para reanimar la postrada economía.

"En la medida en que la oposición sea capaz de elevar los costos de la no cooperación, puede hacer que el gobierno ceda. La pregunta es si la MUD tiene esa capacidad", sostuvo Alarcón.

- Presión internacional -

La MUD ha desplegado una ofensiva internacional logrando poner de su lado a Estados Unidos y otros países, así como al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que exigen el referendo.

Almagro amenaza con aplicar la Carta Democrática Interamericana, una sanción diplomática que el peor de los casos podría sacar al país del organismo.

Venezuela también enfrenta un boicot de Argentina, Brasil y Paraguay para que no ejerza la presidencia rotativa del Mercosur.

La presión internacional es tan importante como la protesta, aseveró Alarcón, para quien el gobierno teme perder por completo la gobernabilidad, con lo cual "todo el juego quedaría en manos de los militares".

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

28 Julio 2016

Los legisladores asumieron ante la falta de un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, a quien la oposición de acusa de servir al gobierno y entorpecer el proceso.

La mayoría opositora en el Parlamento venezolano juramentó este jueves a tres diputados pese a que su elección se encuentra suspendida por la justicia, ante acusaciones de fraude realizadas por el oficialismo.

"No vamos a acatar ninguna sentencia inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", advirtió el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, al juramentar a Nirma Guaruya, Julio Ygarza y Romer Guzamana, elegidos por el estado Amazonas (sur).

La Sala Electoral del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- no ha fallado sobre un recurso de amparo presentado por el chavismo que impugnó la elección de esos tres diputados alegando fraude tras los comicios del 6 de diciembre, en los que la oposición logró una súper mayoría de dos tercios de las bancas.

A finales de ese mes, la corte suspendió provisionalmente la toma de posesión del cargo de esos tres legisladores.

Pero el 5 de enero fueron posesionados por la mayoría opositora del Congreso, ante lo cual el TSJ declaró en desacato a la directiva del Legislativo, con lo cual sus actos serían considerados nulos mientras los impugnados se mantuvieran en sus curules.

Debido a ello, los tres políticos pidieron su desvinculación del cargo mientras se resolvía la causa.

"Hasta que no haya sentencia, no hay delito", subrayó este jueves Ramos Allup, quien defendió la juramentación de los tres diputados ante la falta de un dictamen del tribunal.

"No hay sentencia, mucho menos de una Sala Electoral llena de vicios, que nos pueda quitar el poder que nos dio el pueblo de Amazonas de ser su voz", celebró Ygarza tras la votación que decidió restituirlo en su puesto.

El jefe del bloque oficialista, Héctor Rodríguez, tildó a la decisión de "absolutamente ilegal" y señaló que el Legislativo ha incurrido nuevamente en desacato, por lo que sus decisiones futuras son írritas.

"Ningún acto ilegal genera derechos. Por el contrario, genera responsabilidades" ante la justicia, apuntó.

Su compañero de bancada, Pedro Carreño, expresó que los dirigentes de Amazonas usurpan funciones, por lo que los tribunales "tendrán que actuar de manera expedita".

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

08 Julio 2016

Dos hombres en motocicleta lanzaron los artefactos explosivos hacia adentro de la comisaría. Uno de ellos fue abatido en respuesta.

Un policía muerto y 25 heridos dejó este viernes un atentado con granadas contra una comisaría en la ciudad venezolana de Guanare, tras el cual fue abatido uno de los presuntos atacantes, informaron las autoridades.

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta lanzaron los artefactos al patio de la sede policial, donde los agentes estaban formados en fila para iniciar sus labores, dijo a periodistas Reinaldo Castañeda, gobernador del estado Portuguesa, del que Guanare es capital.

La explosión de las granadas de fragmentación "causó la muerte de Elvis José Medina y múltiples heridas a 25 oficiales del cuerpo de seguridad", indicó por su parte la Fiscalía en un comunicado.

Según Castañeda, uno de los agresores fue abatido a tiros posteriormente en un enfrentamiento con la policía.

 
Además del oficial muerto, al menos 25 policías resultaron heridos
Además del oficial muerto, al menos 25 policías resultaron heridos

Es un "hecho de terrorismo", afirmó el gobernador oficialista, e indicó que los servicios de inteligencia y la policía científica investigan los móviles del atentado.

Asimismo, reportó que la mayoría de los heridos están en condición estable y reciben atención médica.

Desde mediados de 2015 se registraron en áreas urbanas de Venezuela una decena de ataques con granadas.

Los artefactos fueron arrojados contra sedes de la Guardia Nacional y de la policía en Caracas y los estados Carabobo, Aragua y Táchira, así como contra una cárcel y un periódico en la ciudad de Maracay.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: Infobae

 
28 Junio 2016

Acusan al Congreso de usurpar funciones del gobierno en materia interna y diplomática, así como de traición a la patria y violación de las normas constitucionales.

El oficialismo en Venezuela abrió el martes la posibilidad de pedir la disolución judicial del Parlamento de mayoría opositora, en medio de la enconada lucha que libran en torno a un eventual referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

La coalición del chavismo destapó la que podría ser su carta más osada contra las fuerzas que buscan sacar del poder a Maduro, presionado por una severa crisis económica.

"El Gran Polo Patriótico ha iniciado una discusión para solicitar una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia" (TSJ) con el fin de pedir "la abolición de esta Asamblea Nacional", señaló Didalco Bolívar, portavoz de la alianza, en rueda de prensa.

El dirigente acusó al Congreso de usurpar funciones del gobierno en materia interna y diplomática, así como de traición a la patria y violación de las normas constitucionales.

"Pedimos que la abolición sea acompañada por la convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo el que diga si esta Asamblea obstruccionista y violatoria de la Constitución es la que debe ejercer o, en lo contrario, el pueblo decida qué tipo de Asamblea (...) debe darse", indicó.

El oficialismo comenzó a discutir este martes esa propuesta y una decisión será anunciada la próxima semana, dijo el vocero.

Si la Sala Constitucional la aprueba, el Gran Polo Patriótico prevé acudir al TSJ, al que la oposición tilda de ser el "bufete jurídico" del gobierno.

A mediados de junio, esa corte admitió una demanda de Maduro contra el Parlamento, también por usurpación de funciones. El tribunal dictó entonces medidas cautelares e invalidó dos decisiones del Legislativo.

La lucha de poderes que envuelve a Venezuela coincide con un muy difícil momento económico marcado por la escasez de productos básicos y una inflación del 180,9% en 2015.

"Gigantesco fraude"

El chavismo blandió la amenaza contra el Congreso frente a los planes opositores de activar este año un referendo contra Maduro.

Congregados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los adversarios del gobierno validaron la semana pasada las firmas de respaldo a la consulta.

Según la oposición, 409.313 personas autenticaron su apoyo con la huella dactilar, el doble de lo exigido por el CNE para activar la consulta, pese a las trabas del oficialismo.

La autoridad electoral revisará las rúbricas en un plazo de 20 días hábiles que terminará el 26 de julio, y deberá decidir si autoriza la siguiente fase del revocatorio: la recolección de cuatro millones de firmas, el 20% del registro electoral.

La MUD está empeñada en que este mismo año los venezolanos acudan a las urnas porque, en caso de perder Maduro, habrá elecciones anticipadas.

Si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017, Maduro, de salir derrotado, podrá elegir a su sucesor.

Este martes el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, instó al poder electoral a que active inmediatamente el referendo y autorice la recolección de firmas.
"Nuestro llamado ahora es a avanzar de manera expedita, atendiendo al principio constitucional de celeridad", declaró Torrealba a la prensa.

Sin embargo, el chavismo anunció el lunes que entablará "tantas demandas y acciones legales (...) como eventos fraudulentos haya habido".

Jorge Rodríguez, delegado por Maduro para el proceso revocatorio, ha acusado a la MUD de una serie de irregularidades en la recolección de firmas.

La noche del lunes, Maduro dijo que hay denuncias sobre "un gigantesco fraude de carácter electoral" que tendrá "impactos de carácter jurídico" y político.

De su lado, el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, advirtió que el gobierno daría "un golpe de Estado" si bloquea el referendo.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

20 Mayo 2016

Las cancillerías de los tres países firmaron un documento conjunto en el que se muestran preocupados por la "grave polarización" que vive el país petrolero. "Llamamos a un genuino entendimiento cívico", señala el escrito.

Chile, la Argentina y Uruguay formularon este viernes "un urgente llamado a un efectivo diálogo político" en Venezuela, que vive horas de "grave polarización", según una declaración conjunta de las tres cancillerías.
 
"En la presente hora de grave polarización que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, los Ministros de Relaciones Exteriores abajo firmantes, en representación de sus respectivos Gobiernos, formulan un urgente llamado a un efectivo diálogo político y a un genuino entendimiento cívico entre todos los actores políticos y sociales de esa nación hermana", dice el texto.
 
El documento completo
 
DECLARACIÓN DE LOS CANCILLERES DE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY
 
 
En la presente hora de grave polarización que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, los Ministros de Relaciones Exteriores abajo firmantes, en representación de sus respectivos Gobiernos, formulan un urgente llamado a un efectivo diálogo político y a un genuino entendimiento cívico entre todos los actores políticos y sociales de esa nación hermana.
 
Con pleno respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos, creemos que los problemas de Venezuela deberán ser resueltos por los propios venezolanos, de conformidad a su institucionalidad y observando los compromisos internacionales de plena protección de los derechos humanos y las libertades individuales.
 
Confiamos en que el pueblo venezolano sabrá honrar su larga tradición democrática y su histórico compromiso con las soluciones políticas pacíficas y de consenso, desalentando así alternativas radicales que lo alejen de las vías democráticas.
 
Los Cancilleres que suscriben, al formular esta exhortación al Gobierno, a la Asamblea Nacional, y a todas las fuerzas políticas y sociales venezolanas, expresan su fraternal disposición a acompañar mediante un grupo de amigos dicha imperiosa tarea de reencuentro nacional.
 
 
Susana Malcorra
Ministra de Relaciones Exteriores y de Culto de la República de Argentina
 
 
Heraldo Muñoz
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile
 
 
Rodolfo Nin
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay

Redacción Leo.com.bo

Fuente: Infobae

07 Abril 2016

En medio de un cruce de arengas e insultos, los oficialistas lanzaron piedras contra los opositores.

Partidarios de la oposición y el chavismo se enfrentaron este jueves en la capital venezolana cuando los primeros acudían a la sede del organismo electoral para pedir la activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, constató la AFP.

La refriega -que incluyó golpes y pedradas- se produjo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas, hasta donde unos 150 opositores, entre ellos una treintena de diputados, habían llegado exigiendo planillas para la recolección de firmas.

En medio de un cruce de arengas e insultos, los oficialistas (medio centenar instalados frente a la entrada principal del CNE) lanzaron piedras contra los opositores, desatándose un choque sobre el que las autoridades aún no habían entregado un balance.

Sin embargo, el diputado opositor Tomás Guanipa reportó "varios heridos", incluido un legislador, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció en Twitter que periodistas y fotógrafos de medios nacionales y extranjeros "fueron agredidos y despojados de su equipo" por parte de grupos cercanos al gobierno.

Los seguidores de la oposición también respondieron con pedradas y se enfrentaron a golpes con los oficialistas, tras lo cual la militarizada Guardia Nacional desplegó un cordón que los separó momentáneamente, pues los chavistas lo rompieron obligando a sus adversarios a dispersarse.

Cerca del CNE está la sede del Parlamento -controlado por la oposición-, cuyos alrededores fueron militarizados para evitar que la revuelta se extendiera a ese sector.

"Pese a la emboscada madurista, consignamos el documento que exige al CNE entregar los formatos para iniciar la recolección de firmas" destinadas a activar el referendo, escribió en Twitter el secretario ejecutivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.

La oposición impulsa esa consulta y una enmienda constitucional que acorte el mandato de Maduro (2013-2019), además de movilizaciones populares.

El referendo revocatorio puede ser activado a la mitad del período de Maduro, que se cumple este mes, y para convocarlo se requiere la firma de 20% del padrón electoral, casi cuatro millones de electores.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

04 Abril 2016

El país bolivariano es una de las naciones que figuran en más oportunidades en los más de once millones de documentos filtrados por el ICIJ.

El escándalo mundial desatado tras la filtración de millones de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca de Panamá ha salpicados a decenas de funcionarios de América Latina. Venezuela es uno de los países que figuran en más casos por ser investigados, al aparecer en 240 mil ocasiones, de acuerdo con el reporte publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Adrián Velázquez, su esposa, Claudia Díaz Guillén; Víctor Cruz Weffer y Jesús Villanueva son los funcionarios cercanos al fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez nombrados en los más de once millones de documentos filtrados.

Velásquez fue jefe de Seguridad del Palacio de Miraflores en 2007. Cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, abrió una cuenta bancaria en Seychelles.

Actualmente vive en República Dominicana con su esposa, Díaz Guillén, quien fue la ex jefa de la Oficina Nacional del Tesoro y enfermera de Chávez.

Jesús Villanueva es otro funcionario cercano al chavismo que está involucrado en el escándalo Panamá Papers. Entre 2005 y 2008 trabajó como director de la petrolera estatal PDVSA.

De acuerdo con la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp, fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca Luxemburgo, tenía como principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de Villanueva.

Según se conoció, ese dinero era depositado en el banco suizo EPG.

Mossack Fonseca emitió un poder de representación en el que le otorgaba el derecho a Villanueva de realizar esas transacciones.

No obstante, los fundadores de la compañía panameña revocaron esa autoridad porque consideraban que era un "alto riesgo" hacer negocios con una persona con "acceso directo al tesoro público".

El otro funcionario oficialista involucrado es Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército venezolano en 2001.

Weffer habría adquirido una empresa en Seychelles luego de acusaciones por malversación de fondos.

Los registros mostraron que era el accionista de Univers Investments Ltd., una empresa constituida en esas islas en 2007.

La firma emitía acciones al portador para ocultar la propiedad de las estructuras offshore.

En enero de 2011, la compañía fue registrada como inactiva.

Redacción Leo.bo

Fuente: Infobae

04 Abril 2016

 

Los abusos se habrían cometido en desarrollo de la denominada Operación Liberación del Pueblo (OLP), ideada para acabar con el bachaqueo y la inseguridad.

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea denunciaron este lunes casos de detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos 20 ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela.

En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 y por la que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas "violentas".

"En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos -incluyendo asesinatos ilegales- nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección", aseguró el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.

HRW y Provea presentarán las conclusiones de su informe en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que han sido invitados representantes del Estado venezolano.

Las dos organizaciones analizaron testimonios de "decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia) que afirmaron haber sido víctimas de abusos durante redadas de la OLP o haber presenciado abusos sufridos por otras personas", sostiene el comunicado sobre el informe.

En otros dos estados, Mérida y Táchira, analizaron información de organismos, defensores de derechos humanos y fuentes oficiales.

El pasado febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en el marco de ejecución de la OLP en 2015, y "decenas más han sido asesinadas" desde que empezó este año, según HRW.

Aunque el Gobierno venezolano ha atribuido esas muertes a "enfrentamientos" con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron "20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento".

Entre ellos hay "varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial", de acuerdo con el informe.

Un ejemplo es el ocurrido el 17 de agosto pasado, cuando "agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asesinaron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años, mientras estaba acostado en su propia cama, según contó la madre de la víctima, que presenció el asesinato", apunta el reporte.

Tras consultar documentos oficiales y otras fuentes, Provea y HRW identificaron "3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos" en el contexto de las redadas de la OLP.

"La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del Gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la Policía", aseguraron las organizaciones.

Además, denunciaron que las fuerzas de seguridad "detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas" entre julio y enero y "menos de 100 fueron finalmente acusadas" de algún crimen, y deportaron a "cientos de colombianos" que "habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados".

Las organizaciones instaron al Gobierno venezolano a llevar ante la Justicia "a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos" y a "adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial" en el país.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

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