Santa Cruz de la Sierra
12 Febrero 2019

A diecinueve días de concluir su mandato que ejerció durante 11 años continuos y para no perder su fuero sindical, el secretario general de los trabajadores de YPFB-Aviación Marcos Melgarejo, busca prorrogarse en el cargo en un acto de aclamación, pese a estar enjuiciado penalmente por uso indebido de bienes del Estado y enfrentar una demanda de desafuero solicitado por la empresa estatal, denunció este martes el diputado opositor Tomás Monasterio (UD).

Dijo que la aclamación fue programada para este viernes en Santa Cruz, bajo la anuencia del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, y del líder de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda Padilla.

Sostuvo que Melgarejo cumple el próximo 3 de marzo, 11 años de dirigente sindical sin rendir cuentas ni llamar a elecciones internas, porque ya antes optó por el mecanismo de “asambleas amañadas para una supuesta aclamación de sus bases, que ahora piden ir a las urnas y elegir democráticamente a sus representantes”.

Lamentó que ambos dirigentes asuman una línea de encubrimiento a la corrupción sindical porque Melgarejo enfrenta un juicio penal por haber utilizado a fines de enero de 2018, una movilidad de YPFB-Aviación para transportarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz.

Monasterio sostuvo que la justicia es también cómplice de proteger la corrupción, porque hace un año que no resuelve los delitos imputados por la Fiscalía a solicitud de YPFB. Melgarejo recibió la orden de detención domiciliaria que fue apelada por el afectado bajo el argumento que YPFB-Aviación es una sociedad anónima privada.

La justicia falló en primera instancia en favor del dirigente y puso al descubierto que YPFB-Aviación no fue nacionalizada, por tanto, no se puede aplicar la Ley 004 de Lucha Anticorrupción, porque no es funcionario público, recordó Monasterio. 

Advirtió que Melgarejo sólo busca protegerse con el fuero sindical para no ser despedido sin goce de beneficios sociales y lamentó que “Borda y Domínguez favorezcan a un dirigente que practica el abuso sindical y alardee tener influencia política en su calidad de militante del MAS para mostrarse inmune ante sus bases y ante la justicia”.

En criterio del diputado tanto el juicio penal instaurado por YPFB como la apelación de Melgarejo para evitar su desafuero, tiene “amarrado de pies y manos” al gobierno, porque si en la etapa de apelación la justicia falla a favor al dirigente estará probado que no hubo nacionalización. Pero si falla a favor de YPFB, el dirigente estará con un pie en la cárcel y “eso quieren evitar”, acotó.

Monasterio anunció que en las próximas horas visitará a la Fiscalía y el despacho judicial en Santa Cruz para hacer seguimiento al proceso.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

11 Febrero 2019

El diputado del Movimiento al Socialismo  (MAS) y representante de los choferes, Franklin Durán, fue expulsado de su gremio por cuestionar el traspaso de recursos de Vías Bolivia a cuentas personales de la dirigencia de los choferes.

Durán remarcó que los recursos de instituciones deben ir a las cuentas institucionales de la Federación de Choferes, y no a las cuentas personales de los dirigentes, y que en este caso se ha vulnerado la ley.

Sobre su expulsión determinada el viernes en un ampliado de los choferes, indicó que pedirá conocer los motivos de esa decisión.

"Estoy pidiendo a través de mis abogados una copia legalizada del acta de la asamblea (de choferes) del viernes, quiero saber por qué se me ha expulsado, el hecho de que yo pida un informe a través de mi facultad de diputado, no quiere decir que esté traicionando al gremio", apuntó Durán.

El pasado martes, el diputado Wilson Santamaría mostró un informe de Vías Bolivia sobre un acuerdo suscrito con los choferes para retener 20 centavos de boliviano adicionales a la tasa de rodaje para atención médica para los transportistas de la urbe alteña. La tasa de peaje es de 1,80 bolivianos, de los cuales 1,60 bolivianos son para Vías Bolivia y 20 centavos para un  Fondo Prosalud del sector.

Los recursos depositados por Vías Bolivia por un monto de 11,9 millones de bolivianos, en 10 años, fueron a cuentas particulares de los dirigentes del sector como Rubén Sánchez, Mario Silva, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque e Ismael Fernández.

Para Durán, el hecho de que los dirigentes tengan ese dinero en cuentas personales, implica que jurídicamente es una "apropiación indebida de recursos".

 Redacción: Leo.com                       

Fuente: Noticiasfides

07 Febrero 2019

Después de que el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, pidió que le muestren la denuncia sobre depósitos a cuentas particulares de dirigentes de los choferes, los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe remitieron a esa autoridad gubernamental las constancias de los desembolsos y un informe realizado por Vías Bolivia en que se confirma esas transacciones.

El diputado Santamaría denunció públicamente que Vías Bolivia había depositado sumas millonarias a cuentas particulares de dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo, debido a que desde 2008 ambas entidades tienen un acuerdo para transferir parte de la recaudación del peaje en la Autopista (20 centavos por cada vehículo liviano de transporte sindicalizado), para un fondo Pro-Salud. El monto de las transferencias hasta 2017 llegaba a casi 12 millones de bolivianos.

El ministro Coca, en conferencia de prensa, consideró malicioso que le pregunten del tema, y manifestó que si existe la denuncia que le muestren, porque cualquiera puede hacer acusaciones, pero se deben sustentarlas.

Ante las declaraciones del Ministro, los diputados opositores le mandaron una nota con las pruebas de los depósitos. Santamaría criticó a Coca, le dijo que no ve televisión porque los mismos choferes reconocieron los desembolsos.

“Desde que estaba en Entel (Coca) está acostumbrado a ocultar información, a no transparentar la gestión y lo que ha demostrado ayer es que ni siquiera sabe lo que funciona bajo su dependencia. A diferencia de Entel, aquí no va a ser lo que le da la gana”, afirmó el diputado.

Santamaría señaló que “para salvar un poco la ignorancia del Ministro” se le ha enviado “un legajo de alrededor de 40 páginas donde están todas estas constancias de depósito, una por una, señalando las fechas y los bancos”.

Indicó que el detalle de los desembolsos le fueron proporcionados por la propia Vías Bolivia, que es una entidad bajo dependencia del Ministerio de Obras.

Asimismo, adjuntó al legajo una copia del acuerdo entre Vías Bolivia y la Federación de Choferes 1º de Mayo.

El diputado señaló que no se puede depositar dinero del Estado en cuentas particulares, y recordó que por esa irregularidad dirigentes fueron encarcelados en el caso Fondo Indígena.

Advirtió que si el Ministro no le responde en 10 días, se activará una petición de informe oral y, si persiste en ocultar información, se le interpelará. Si aun así no da detalles, se le iniciará un juicio de responsabilidades.

La nota con los sustentos también se remitieron el Ministerio de Justicia y Transparencia. Además, los diputados analizan la figura legal para presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

La diputada del MAS, Mireya Montaño, dijo que no es correcto el depósito a cuentas particulares, pero considera que no es veraz la denuncia, porque a ella no le consta. Señaló que los opositores deben comprobar su acusación.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

06 Febrero 2019

La Justicia brasileña condenó hoy al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Lula (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.

La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.

Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).

Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.

Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

21 Enero 2019

El Ministerio Público investigará a los ministerios de Gobierno, Educación y Salud, además a la gestión del excomandante de la Policía Boliviana, general Faustino Mendoza (2018), por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de dos empresas encargadas de la admisión de los exámenes de postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol).

Este caso se destapó por las denuncias que hicieron padres de familia sobre presuntos hechos de corrupción en el proceso de selección y evaluación de los postulantes a la Anapol, donde se detectó el pago de coimas y manipulación de exámenes, y donde estarían vinculados jefes y funcionarios policiales, empresas irregulares que se adjudicaron la administración y control de los exámenes de admisión, médicos y particulares.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que para evitar las irregularidades en el proceso de selección de postulantes habían "ideado" que las personas que formen parte de la Comisión de Máxima Instancia (CMI) se encarguen de "controlar y transparentar" esas acciones. 

"Forman parte de la CMI un representante del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Gobierno y un representante de la Policía. Justamente se ha ampliado (la investigación) contra la CMI y hemos pedido que la investigación avance", señaló Quiroga.

Pidió a la Fiscalía que las investigaciones no se queden en mandos bajos, medios o intermedios, sino que se identifique a los autores y cómplices de estos hechos "y se extirpe de raíz toda esa maraña de corrupción" en la Anapol.

La Fiscalía investiga no solo los cobros irregulares que se hicieron a los postulantes, sino también el proceso irregular de la contratación de las empresas Anstrangung y Sipcoes, mismas que se adjudicaron la elaboración de exámenes de ingreso a la Anapol y la Escuela Básica Policial (Esbapol). Es por esta situación que fueron vinculados también importantes autoridades policiales encargadas de controlar los procesos de contratación y los trabajos que hacían estas dos entidades.

"Toda esta convocatoria data desde la gestión 2018, octubre concretamente, además de que hay que ir más atrás inclusive desde la génesis de dónde nació la empresa, y estas empresas precisamente su número de identificación tributaria datan desde mayo de 2017. En consecuencia se va a traspolar la investigación hasta ese momento inclusive", aseguró al fiscal Samuel Lima.

Anunció que serán convocadas como testigos distintas autoridades policiales de estas gestiones. 

Asimismo, dijo que el asesor del excomandante Mendoza, coronel Richard Olivares, será convocado a declarar por este caso.

Lima anunció que ampliarán las investigaciones contra otras personas más, entre particulares y otros funcionarios policiales, y no descartan la vinculación de otros exjefes policiales.

Además se investigarán por el delito de cohecho pasivo a los 261 postulantes que habrían pagado para ingresar a la Anapol, es decir 7 de cada 10 postulantes habrían coimeado.

"Han sido identificados como que habrían aprobado de manera irregular, van a ser convocados (porque) el cohecho pasivo también está penado por ley, es aquel quien recibe y aquel quien da plata está penado", manifestó el fiscal.

A la fecha están recluidas preventivamente en cárceles de La Paz 11 personas: los generales Iván Vladimir Quiroz V. (rector de la Universidad Policial-Unipol) y Juan Walter Lizeca T. (exinspector General), el coronel Rubén Vicente Quinteros (vicerrector de la Unipol), el teniente coronel Héctor Hugo Illanes Riveros (exasesor jurídico de la Academia Nacional de Policías-Anapol), el teniente Freddy T. H., el sargento Ludwing T. Ch. y la sargento Zulma S., además de la médico Fanny M. O., el psicólogo Juan C. A y los presentantes de las empresas, Luis F. D. J. y Juan D. G. M. 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

18 Enero 2019

La Fiscalía informó que ya son cuatro los jefes policiales, dos generales, un coronel y un teniente coronel, aprehendidos por el caso de corrupción en los exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policía (Anapol).

Los aprehendidos son el teniente coronel Héctor H.I.R., asesor jurídico de la Anapol, el coronel Rubén V.Q. vicerrector de la Universidad Policial (Unipol), el general Iván V.Q.V., rector de la Unipol y el general Walter L.T.

El fiscal departamental William Alave señaló los jefes policiales son investigados por los presuntos delitos de Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Información Privilegiada, Incumplimiento de Deberes, Asociación Delictuosa y Uso Indebido de Influencias.

Después de tomarse declaraciones a los jefes policiales, los mismos serán puestos ante un juez que definirá su situación jurídica.   

Según explicó el coronel Jhonny Aguilera, director de la fuerza anticrimen, los jefes aprehendidos estarían implicados en la contratación irregular de empresas para el proceso de evaluación de los postulantes a la Anapol.

Señaló que entre las acciones ilegales se identificaron: informalidad de contratos y control, ventajas indebidas a empresas, y la no exigencia de requisitos.

Precisó que las empresas contratadas no cumplen con los requisitos mínimos de experiencia, como de un lugar permanente de operaciones.

El ministro Carlos Romero, con anterioridad, señaló que las dos empresas contratadas para la evaluación eran “fantasma”.

De acuerdo con la investigacion, las empresas habrían imprimido una mayor cantidad de exámenes que las estipuladas en contrato, favoreciendo así supuestamente a que haya la suplantación de las pruebas.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

 

20 Diciembre 2018

Un tribunal argentino confirmó el procesamiento con prisión preventiva dictado en setiembre pasado contra la ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los Gobiernos kirchneristas (2003-2015) en el caso conocido como “cuadernos de las coimas”, aunque seguirá libre por ser senadora y tener fueros.

La Cámara Federal de Buenos Aires, encargada de resolver los recursos planteados por las defensas de los imputados, también confirmó la imputación contra el ya detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informaron fuentes judiciales.

Tanto a él como a la ex mandataria de Argentina se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la conocida como causa de los “cuadernos de las coimas”.

Desde que surgió el escándalo, principios de agosto, decenas de importantes empresarios y ex funcionarios han sido procesados -algunos declarados imputados “arrepentidos”- y muchos han reconocido ante el juez de instrucción, Claudio Bonadio, la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Cristina Kirchner y su fallecido esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Entre los empresarios involucrados está además Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, y el padre y el hermano del mandatario, Franco y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.

El caso surgió después de que llegasen a la justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.

El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.

Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner -fallecido en el 2010-, su viuda, y De Vido.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

 

13 Diciembre 2018

"Los cuadernos de la corrupción", un escándalo de sobornos que sacude a la clase política y empresarial de Argentina, tomó un giro inesperado con la citación ante tribunales de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri.

Citados este jueves en Buenos Aires ante el juez Claudio Bonadio, solo se presentó Gianfranco Macri a primera hora de la mañana, según la agencia oficial de noticias Telam.

Sus abogados pidieron suspender la comparecencia de Franco Macri (88) por motivos de salud, solicitud que será evaluada por el tribunal luego de que se le haga una revisión médica.

Los Macri deben responder a denuncias de que la empresa Autopistas del Sol, parte del conglomerado Socma (Sociedad Macri), pagaba regularmente cuantiosas sumas para conseguir licitaciones de obras viales.

Prudencia en el gobierno

El presidente Macri, que tuvo cargos de responsabilidad en la empresa familiar antes de incursionar como dirigente del fútbol y luego en la política, no ha comentado el caso y sus ministros apenas han declarado que el gobierno respeta la independencia de la justicia.

"Es una decisión judicial, es el único comentario que tenemos para hacer", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, enfatizó que el mandatario "no va a interceder de ninguna manera" en el caso.

En su defensa, los Macri alegan que para el momento de la investigación habían cedido ya buena parte de sus acciones en Autopistas del Sol, empresa en la que solo les quedaba una participación de 7% y por tanto no incidían en el nombramiento de directores ni en las decisiones, según informó la prensa.

Socma está actualmente bajo la conducción de Gianfranco Macri, el menor de los cinco hijos de Franco, pero sus negocios son mucho menos importantes que en el pasado y se concentran ahora en el sector de servicios a la industria petrolera y cuentan con la representación de la marca de los autos chinos Chery.

En las citaciones para este jueves ante el juez Bonadio figura también Eduardo Eurnekian, poderoso empresario a la cabeza del holding Corporación América, que maneja terminales de aeropuerto en Argentina y otros países de América Latina.

La archirrival

La causa, surgida de los cuadernos de apuntes que durante años llevó un chofer del ministerio de Planificación, indaga sobre el supuesto pago de sobornos en bolsos con dólares en efectivo por parte de empresarios a cambio de concesiones para la construcción de obra pública entre 2003 y 2015, periodo que corresponde a los mandatos de Néstor Kirchner, ya fallecido, y su esposa Cristina.

Según las primeras estimaciones, la trama de corrupción involucró al menos 160 millones de dólares. Hay unos 40 procesados.

La principal involucrada es Cristina Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, senadora desde 2017 y la principal rival política de Macri.

En septiembre, el juez pidió el desafuero de Kirchner, que el Senado no ha tramitado, y prisión preventiva por considerarla "jefa de una asociación ilícita". Semanas antes, ordenó el allanamiento de sus tres domicilios, uno en Buenos Aires y dos en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur).

Por el despacho de Bonadio han desfilado exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas, así como varios de los más connotados empresarios argentinos, entre ellos Paolo Rocca, del grupo ítalo argentino Techint, de siderurgia y metalurgia.

Varios empresarios y algunos de los exfuncionarios se han acogido a la figura de arrepentido, que les permitió quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia. Sus testimonios han servido en los avances de la causa.

En este caso ya se vio involucrado Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, por la supuesta participación en la trama de corrupción de su empresa IECSA, que hasta 2007 pertenecía al grupo Socma. Está procesado en libertad tras declarar que aportó dinero no registrado a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2015.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: AFP

                                               

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