Santa Cruz de la Sierra
14 Noviembre 2018

Por primera vez en siete meses, cuando fue recluido en una prisión de Curitiba, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sale de su cárcel. Lo hace para declarar por tercera vez en el proceso que adelanta la justicia en su contra por corrupción.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó este miércoles por primera vez en siete meses la cárcel donde se encuentra preso por corrupción para declarar en otra de las causas que tiene abiertas en la justicia.

El exmandatario dejó la celda donde se encuentra recluido desde el pasado 7 de abril sobre las 13.30 hora local (16.30 GMT) y fue llevado en un vehículo de la policía hasta el tribunal de Justicia de la ciudad de Curitiba (sur), donde era esperado por decenas de seguidores.

Lula será interrogado hoy por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye provisionalmente a Sergio Moro en el caso Lava Jato después de que el magistrado aceptara ser el futuro ministro de Justicia del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

En este caso, las autoridades investigan las millonarias reformas realizadas por las constructoras OAS y Odebrecht, salpicadas por corrupción, en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, en Sao Paulo, la cual la Fiscalía le atribuye a Lula.

Las autoridades quieren esclarecer si el exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, es el verdadero propietario de la casa, la cual era utilizada frecuentemente por él y sus familiares como finca de recreo.

La de hoy es la tercera declaración que Lula hará ante la Justicia de Curitiba y la primera desde que fue ingresado en prisión por otro caso de corrupción.

Lula, de 73 años, fue condenado a nueve años y medio de cárcel en primera instancia por el juez Moro, pero su pena fue ampliada este año a 12 años y un mes por un tribunal de segunda instancia al dar por comprobado que el expresidente recibió un apartamento en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) a cambio de favores a la constructora OAS durante el ejercicio de su mandato.

Moro se apartó recientemente de los procesos de la Lava Jato después de que aceptó ser el futuro ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, uno de los principales rivales políticos de Lula y quien llegó a admitir su deseo de que el expresidente se "pudra en la cárcel".

Tras el fichaje de Moro como ministro, la defensa de Lula resaltó la "la irremediable pérdida de la imparcialidad" del magistrado y presentó un habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Brasil para conseguir la libertad del antiguo líder sindical.                 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

 

09 Noviembre 2018

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, negó este viernes que haya incurrido en el delito de encubrimiento, como lo denunció el diputado Amílcar Barral. Aseveró que él mismo ha denunciado a dos de sus hermanos que fueron involucrados en cobros irregulares.

Días antes el diputado Barral presentó ante el Ministerio Público un escrito en el cual denuncia que el ministro Cocarico encubrió a su hermano Rogelio - encarcelado por estafa a una comunidad menonita- porque conocía del caso el año pasado y no habría hecho nada al respecto.

El Ministro aclaró que ese delito de encubrimiento y el complicidad no se pueden aplicar a su persona, porque él sí presentó la denuncia al conocer que “ciertas personas y familiares estaban haciendo mal uso” de su nombre.

Afirmó que presentó las denuncias ante el Ministerio Público tanto en La Paz como en Santa Cruz.

Además, señaló que cuando le enviaron una carta en 2017 denunciando a su hermano Rogelio, él respondió que el proceso penal abierto debería seguir su curso.

El Ministro agregó que también ha denunciado a otro hermano suyo en Tarija. Se trata de Luis Cocarico, quien fue implicado en una estafa a una comunidad, usando su influencia como familiar de una alta autoridad.

César Cocarico afirmó que puso tres denuncias contras sus hermanos: una en La Paz, otra en Santa Cruz y la tercera en Tarija. “Soy el único que ha denunciado a su propio hermano”, sostuvo.

El Ministro aseguró que no cometió delito. Indicó que la responsabilidad penal es personal y él no puede pagar por lo que hizo su familiar.  

Advierte con proceso a Barral y lo llama “mafioso”

El Ministro de Desarrollo Rural aseveró que el “mafioso” y “maleante” es el diputado Barral. Recordó que el opositor fue suspendido de la Cámara Baja al descubrirse que había cobrado la mitad del sueldo a un funcionario suyo.

También llamó “cobarde” al diputado porque, según su explicación, sólo presentó una carta ante el Ministerio Público y no así una querella formal para acusarlo. Dijo que esperará hasta el lunes para que Barral haga su querella o, de lo contrario, él presentará una denuncia contra el legislador. 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

 

08 Noviembre 2018

El candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, aseguró hoy que los sobornos referidos al caso Lava Jato en Bolivia, por la construcción del tramo Roboré-El Carmen a cargo de la empresa Brasilera Camargo-Correa, fueron pagados entre los años 2005 y 2008, en las gestiones del exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual jefe de Estado, Evo Morales.

Dijo que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), presidida por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Susana Rivero, tiene dos objetivos: la demolición política de su persona y alejar a los verdaderos responsables de las irregularidades.

Mesa, en un vídeo difundido en su canal de YouTube, dijo que la investigación que llevó adelante la Policía de Brasil estableció que la empresa Camargo-Correa pagó sobornos en Bolivia para facilitar su actividad en la construcción del tramo Roboré- El Carmen, parte de la carretera Santa Cruz Puerto Suarez.

“Esos sobornos se pagaron, de acuerdo a la investigación brasileña, entre septiembre del 2005 y agosto del 2008, es decir meses después de que yo dejé la presidencia. Yo dejé la presidencia en junio del año 2005, sobornos que desarrollaron en los gobiernos del presidente Rodríguez Veltzé y el gobierno del presidente Evo Morales”, detalló.

El expresidente explicó que en agosto del año 2005 se aprobó el financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para la construcción del tramo Roboré-El Carmen. "Yo ya no era presidente" agregó.

“El financiamiento de la CAF fue el que hizo posible la construcción de la carretera, ninguno de los tramites, financiamientos o contratos que yo intenté llevar adelante se concretó porque no pudimos cumplir una de las clausulas con Camargo-Correa”, mencionó.

Por otro lado, Mesa detalló que en la investigación de Brasil se identificó “arreglos” entre Camargo-Correa y parlamentarios bolivianos que estaban en el Congreso de 2005 “de partidos como el MAS, el MNR, la UCS, el NFR, el MIR y la ADN” para la aprobación de la ley que permitió a esa empresa construir el tramo carretero.

“Se establece que se iba a dar un fondo de 60 mil dólares para convencer a esos parlamentarios de que aceptaran aprobar ese contrato y así ocurrió, ese contrato garantizó a Camargo-Correa la construcción del tramo mencionado, no se hizo una licitación y se le entrego a Camargo-Correa la autorización para que construya ese tramo”, enfatizó.

El expresidente explicó que en el Gobierno de Rodríguez Veltzé aprobó el tramo corretero y que los desembolsos y la construcción fueron ejecutados en la gestión de Evo Morales.

Finalmente reiteró que “por tercera vez” el MAS intenta demolerlo y proteger su propia gestión “una gestión donde hubo corrupción. Es obviamente una persecución política”, concluyó.            

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

07 Noviembre 2018

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, presentó este miércoles una denuncia penal contra el exprefecto Ernesto Suárez, acusándolo de que bajo se administración en 2006 se pagó más de 600 mil bolivianos por una “piscina fantasma”, es decir, que ni siquiera se comenzó a construir.         

“La piscina no se hizo nunca, se cobró y nunca se devolvió la plata a la Prefectura, es uno de los muchos robos y engaños que se hizo durante la administración de los Demócratas”, aseguró Ferrier, tras presentar la denuncia.

Explicó que la administración de Suárez contrató a una empresa para la construcción de la piscina y le pagó un adelanto de casi 500 mil bolivianos, además de una planilla de avance de obra de unos 150 mil bolivianos. Sin embargo, aseguró que la obra ni siquiera se instaló.

El gobernador, militante del MAS, aseveró que como este caso existen otros de obras “fantasmas” cuya responsabilidad es de los actuales miembros de Demócratas. 

“Si me van a a responder insultándome, que es lo que sabe hacer esa gente, que lo haga, pero que vayan y le digan al pueblo beniano dónde está esa piscina que se comieron”, expresó.

En su denuncia, Ferrier pidió al Fiscal General del Estado que disponga de una comisión de fiscales para investigar los casos de corrupción.

Aclaró que la piscina olímpica recién estrenada se trata de otra obra, que costó 50 millones de bolivianos y fue financiada con apoyo del Gobierno nacional.     

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

06 Noviembre 2018

Por un supuesto encubrimiento a su hermano implicado en un proceso de tráfico de tierras, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral presentó este martes en la Fiscalía de La Paz una denuncia en contra del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

“Acabamos de presentar la denuncia ante el fiscal departamental William Alave contra el ministro César Cocarico por los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento  y omisión a denuncia, todo esto en el caso Clan Cocarico”, anunció el legislador.

Recordó que el hermano del Ministro, Rogelio Cocarico Yana, guarda detención en Palmasola, sindicado de la “estafa agravada de $us 200.000” que cobró a múltiples víctimas de una comunidad menonita a quienes ofreció sanear “tierras ilegales” y fiscales en 2016. Dijo que Cocarico conocía de esta irregularidad desde el año pasado.

De acuerdo al cuaderno de investigaciones, ese monto era el anticipo de un total de $us 600.000.

La abogada de las víctimas, Marianela Bozo, denunció que Cocarico fue alertado del ilícito y de que se usaba su nombre, “pero él me colgó el teléfono y no quiso saber nada”.

 “Que el ministro haya reconocido que sabía del delito desde el año pasado y no haya hecho nada corresponde nomás iniciarle ese proceso, ojalá no se politice y esto tenga que llegar a buen puerto y los culpables de extorsiones estafas y tráfico de tierras sean sancionados de acuerdo a ley”, dijo Barral.

Varios legisladores de la oposición denunciaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) formaron “una red de corrupción” que solapó ese tipo de hechos.

“Aunque seamos hermanos, nada puedo hacer, no puedo aprovechar mi condición de autoridad nacional para influir de alguna manera. Si está involucrado de hechos ilegales, debe aclararse su situación”, escribió Cocarico en un comunicado de prensa divulgado el 26 de octubre.

En la misma nota admitió:  En “agosto del año 2017 recibí una nota escrita denunciando discriminación del INRA, pidiéndome que interceda en esta supuesta injusticia y advirtiéndome al final que tienen un proceso penal contra mi hermano”.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Agencias

07 Febrero 2017

La Central Obrera Boliviana (COB) en la reunión de la Conalcam presentó al presidente Evo Morales una lista de siete casos de presunta corrupción e irregularidades en la Caja Nacional de Salud. El Gobierno analiza la destitución del gerente, Alfredo Jordán.

Una lista de siete casos presentó la COB al mandatario en la reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio donde analizaron el proceso de institucionalización y no descartan una intervención del Gobierno y el Pacto de Unidad a dicha entidad.

“Se ha entregado un listado para que se investigue a actuales y anteriores funcionarios. Se hizo conocer siete posibles casos de corrupción que se debe investigar. Los involucrados son desde arriba hasta abajo y viceversa”, declaró el dirigente campesino, Rodolfo Machaca.

Mientras que el secretario de Seguridad Industrial de la COB, Rodolfo Pérez, dijo que las denuncias no solo fueron declarativas sino que se presentaron pruebas sobre irregularidades en la CNS, aunque no quiso asegurar que el gerente general Alfredo Jordán será destituido, manifestó que el Gobierno analiza el tema.

“El presidente se ha dado cuenta de todo esto (…). Yo le diría que está en análisis (la destitución), con todo lo que hemos podido justificar”, declaró Pérez después de la reunión que la Conalcam sostuvo con el mandatario en Palacio de Gobierno.

Machaca anunció que ante el fracaso de reformar la CNS a lo largo de esta última década “se ha confiado a los administradores para que mejore pero no han respondido, como no han respondido van a tener que actuar el Gobierno y el Pacto de Unidad”, advirtió.

El dirigente cobista manifestó que fue contratado en la Caja un representante de una empresa de construcción española que a su vez tenía la adjudicación de una obra entonces son “juez y parte”; se refirió a otro servidor que además fue parte del Fondo Financiero Minero y que tiene un proceso por 28 millones de dólares y “que se transfirió recursos a sus cuentas particulares”.

Jaime Santa Cruz que es procesado por irregularidades acotó el representante de la COB. Precisó que se ha entregado al presidente Morales toda la información para que se inicien las investigaciones, asimismo que se realicen las auditorías y se pidió que de las ocho organizaciones del Pacto deleguen a un representante “el más idóneo” para fiscalizar estos procesos.

Pérez también informó que la Conalcam pidió que los trabajadores de la CNS declaren un cuarto intermedio en sus medidas de presión hasta que las autoridades gubernamentales analicen el tema y tomen una decisión.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

03 Febrero 2017

Alrededor de 180.000 personas, según la emisora pública RTV, se manifestaron en Rumania contra la despenalización parcial de los delitos de corrupción aprobada por el gobierno socialdemócrata, en lo que es ya la oleada de protestas más importante desde la caída del comunismo.

Unas 60.000 personas se han congregado en la Plaza Victoria de Bucarest, donde se halla la sede del Gobierno; hay otras 30.000 personas en Cluj-Napoca, la segunda ciudad del país; 25.000 más han salido a la calle en Timisoara; y 18.000 en Sibiu, además de varios miles en Brasov e Iasi.

Gritos de "vergüenza", "no legalicen el robo" o "no destrocen Rumania" se escuchaban entre los manifestantes, en la cuarta jornada consecutiva de protestas desde que el Ejecutivo aprobó el martes, por la vía de urgencia, un decreto que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por un costo inferior a los 44.000 euros.

"Espero que la presión de la calle haga retroceder al Gobierno para que retire el decreto y la lucha contra la corrupción continúe", explicó a Efe Ana Nedelea, una de las manifestantes.

"No podemos dejar que se rían de nosotros mientras hacen leyes para los propios políticos", prosiguió esta traductora de 37 años.

"Nos están desafiando. A pesar del ruido que estamos haciendo, nos ignoran", lamentó a Efe Daniel Arvinte, un mecánico de 54 años que acudió a la marcha, como muchos otros, con una vuvuzela.

"No aman el país, sino a sí mismos, por eso saldremos a la calle hasta que ganemos esta batalla", dijo a Efe una pensionista de 80 años, quien aseguró que protesta por sus nietos.

Mientras, se ha abierto una nueva brecha en el respaldo que el Partido Socialdemócrata ha mostrado en este asunto al Gobierno, que lleva apenas un mes en el poder.

El eurodiputado Sorin Moisa pidió el viernes la retirada del decreto al afirmar que la demanda de los manifestantes es "legítima". Ya ayer un vicepresidente de la formación se opuso también a la medida y el ministro de Comercio llegó incluso a dimitir por "conciencia".

El defensor del pueblo, Victor Ciorbea, anunció que ha recurrido el polémico decreto ante la Corte Constitucional.

El presidente de Rumania, el conservador Klaus Iohannis, ya había solicitado antes al Constitucional que tomara cartas ante lo que considera que es un conflicto entre el Ejecutivo y la Judicatura, y ha solicitado que se celebre un referéndum sobre el tema.

Pese a las protestas, tanto el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, como el primer ministro, Sorin Grindeanu, defendieron ayer el polémico decreto.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: EFE

 

 

26 Enero 2017

La Policía de Brasil allanó el jueves el domicilio de Eike Batista en Rio de Janeiro, con una orden de captura por sospechas de lavado de dinero que no pudo cumplirse debido a que quien fuera uno de los hombres más ricos del mundo se hallaba fuera del país.

La operación incluye nueve órdenes de captura, entre ellas de personas que ya se hallan tras las rejas por otras causas, como el ex gobernador de Rio, Sergio Cabral, y dos de sus asistentes, indicó la estatal Agencia Brasil.

La operación se desprende de la Operación Lava Jato ("lavadero de autos") sobre los sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para hacerse con contratos en la estatal Petrobras.

La causa está relacionada con crímenes de blanqueo de dinero en obras públicas en Rio de Janeiro, por unos 100 millones de dólares, precisa el informe. Los sospechosos también deberán responder a acusaciones de corrupción activa o pasiva y de pertenencia a una organización criminal.

El abogado de Batista, citado por los medios, indicó que su cliente se hallaba en el exterior, pero que regresaría para entregarse.

La Policía Federal convocó a una conferencia de prensa a las 10:30 a.m. (01:30 p.m.) para dar detalles sobre los procedimientos.

Eike Batista, de 60 años, llegó a ser el hombre más rico de Brasil y el octavo del mundo, pero sus proyectos se fueron a pique con el hundimiento de su empresa OGX, que en 2013 se declaró en quiebra.

Llegó a tener una fortuna estimada en 2011 en 30.000 millones de dólares, que en un plazo de un año y medio se redujeron a mil millones.

El empresario, que amasó un gran patrimonio gracias a sus negocios en minería y petróleo, responde a varias acciones de la Justicia, que le acusa de haber manipulado el mercado de valores mediante el uso indebido de información privilegiada para vender acciones de OGX.

La Gran Corte de Justicia de las Islas Caimán bloqueó esta semana bienes por valor de 63 millones de dólares de Batista, ha pedido de fondos que habían invertido en sus negocios petroleros.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: AFP

 

 

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