Santa Cruz de la Sierra
26 Septiembre 2019

El candidato la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseguró que si la acusación en su contra fuera cierta, por presuntamente lavar dinero a través de la exgerenta de PAT y la empresa Itaca, es un hecho que ya prescribió hace más de 16 años.

“No vamos a rendirnos ante esas amenazas que son absolutamente arbitrarias y son absolutamente injustas. Están basadas en testimonios falsos, en investigaciones falsas y en un hecho que, de haberse sido un hecho irregular, prescribió hace más de 16 años”, dijo el también expresidente, en una entrevista con el programa Cabildeo.

El martes pasado, el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, acusó a Mesa de lavar dinero a través de la exgerenta de PAT, Ximena Valdivia, y de la empresa Itaca.

"Ese 12 de febrero de 2003, mientras compatriotas muertos eran asesinados en las calles de La Paz, Carlos Mesa recibía la suma de Bs 400 mil equivalentes a $us 52.910 a través del lavado de dinero que se puede ver que se estaba realizando a través de Ximena Valdivia, a través de la empresa que crean, Itaca, que supuestamente da un préstamo a PAT", afirmó Mayta, quien también es candidato a senador por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Acusó a Mesa de esconderse en un discurso de guerra sucia en su contra para no explicar el origen de los recursos que percibió en la gestión del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada.

El candidato del MAS dijo que Itaca es propiedad de Mesa, Valdivia y otros socios de PAT. Aseguró que esta empresa tendría un origen "oscuro" porque no estaría generando actividad económica.

“Yo no voy a responder a la guerra sucia y no voy a ser parte del juego de la guerra sucia, así de claro, así de simple” concluyó Mesa.

Entretanto, la Fiscalía hizo conocer una imputación formal contra Valdivia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y anunció que solicitará la detención domiciliaria.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

25 Septiembre 2019

El senador y candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, presentó este miércoles su informe denominado Carlos Gill Ramírez: El Empresario Favorito del MAS, en el cual hace una relación de los vínculos y negocios que tiene el empresario paraguayo-venezolano con las obras estatales en el Gobierno de Evo Morales.

Según el informe de Ortiz, el empresario Gill cuenta con buenas relaciones con el régimen chavista de Venezuela para enfrentar a los empresarios críticos al gobierno y obtener apoyo gubernamental para sus negocios.

El texto sostiene que la llegada de Gill a Bolivia “ha mostrado vínculos con el régimen del Presidente Hugo Chávez Frías de Venezuela”.

“Su estrecha relación con el embajador venezolano en Bolivia, Julio Montes Prado, sus niveles de confianza al designarlo asesor, representante o director en alguna de las empresas, no dejan lugar a dudas de esta estrecha relación”, señala.

Según el senador, el empresario Gill tiene negocios con obras estatales y también con medios de comunicación.

En cuanto a los proyectos estatales, Ortiz explicó que el modus operandi del empresario consiste en gestionar obras con el gobierno, a nombre de grandes compañías. Una vez se adjudica los proyectos a esas grandes compañías, aparecen empresas vinculadas a Gill para ser subcontratadas y encargarse de las obras civiles.

En esa línea, Ortiz afirmó que en la construcción del teleférico de La Paz se implementó esa modalidad. Según el senador, Gill intermedió para la contratación de Doppelmayr y, luego de la contratación, la empresa Cottiene -presuntamente vinculada al empresario- se hizo cargo de las obras civiles.

Aclaró que en los papeles Gill no aparece como parte de Cottiene, pero el mismo empresario declaró que se asoció a ese consorcio.

Ortiz aseveró que lo mismo ocurrió con un proyecto relacionado a plantas de gas y la provisión de radares, contratada a la empresa francesa Thales. Aseveró que en estos casos Gill intermedió con el Gobierno para hacer la adjudicación y luego Cottiene se encargó de obras civiles.

Indicó que Gill es dueño de las ferroviarias occidental y oriental, las únicas que no fueron nacionalizadas tras su capitalización. Ortiz agregó que incluso Gill se precia de que lidera el proyecto del tren bioceánico y que habla con el presidente Evo Morales al respecto.       

Medios

Ortiz sostuvo que Gill es dueño de los periódicos La Razón y Extra, pero además estaría relacionado con ATB.

Según el texto del senador, el Gobierno presionó al Grupo Prisa para que vendiera La Razón y el Extra, con una inspección encabezada por un Ministro de Trabajo y auditorias de impuestos.

“Desde que compró las empresas editoras de La Razón y El Extra, ambos medios han modificado con claridad su línea editorial, asumiendo una postura claramente pro oficialista; además, es de conocimiento público la ingeniería corporativa internacional compleja para ocultar la participación de Gill”, dice el informe.

Respecto a ATB, el texto dice que Gill niega ser el dueño, pero se explica que el vínculo está en una personas identificada como Marcelo Hurtado, quien figura en las estructuras de la televisora y los periódicos en cuestión.

 Redacción: Leo.com     

Fuente: Agencias

16 Septiembre 2019

El expresidente de la brasileña OAS, Léo Pinheiro, al negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad con la Fiscalía en el caso Lava Jato, reveló que vino a Bolivia para asumir a pérdida la construcción de la carretera Potosí-Tarija y recibir como compensación otra licitación del gobierno de Evo Morales, según una publicación del diario Folha de Sao Paulo.

La declaración que menciona a Bolivia corresponde a una propuesta de denuncia en junio de 2017. Ahí, Pinheiro menciona al expresidente Lula Da Silva como intermediario comercial de la compañía con los gobiernos de Costa Rica y Chile, además del caso boliviano.

Según indica el reporte, la carretera entre Potosí y Tarija fue iniciada por Queiroz Galvão en 2003, sin embargo, está empresa estuvo involucrada en una disputa con el gobierno de Evo Morales, que exigió la reparación de grietas.

Queiroz Galvão cedió la obra, que pasó a ser ejecutada por la OAS, a pesar de que -según la información- era un proyecto deficitario.

De acuerdo con Pinheiro, Lula articuló el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y prometió a la OAS obtener otro contrato en Bolivia como compensación por llevar a cabo el proyecto problemático.

Según Pinheiro, le habían dicho que el estancamiento de la obra planteaba "riesgos diplomáticos" porque se empezarían a generar protestas.

El empresario relató que, en una reunión, le dijo a Lula sobre el déficit de la obra, pero la respuesta fue que Evo Morales estaría dispuesto a "compensar económicamente a la empresa mediante la adjudicación de otro contrato a favor de la OAS".

La defensa de Lula, en un comunicado replicado por Folha de Sao Paulo respondió que esa versión se trata de una "mentira negociada" para la persecución política contra el expresidente en el caso Lava Jato.

Las obras de OAS en Bolivia

En Bolivia la OAS reparó las fisuras de dejó la obra de Quieroz Galvão en la carretera Potosí-Tarija y entregó la obra en 2013. 

El otro contrato adjudicado por el gobierno a la OAS fue la construcción de la carretera Potosí-Uyuni de 199 kilómetros en julio de 2007 a un costo de 108,1 millones de dólares. La obra fue entregada en 2012.

El tercer contrató ocurrió en agosto de 2008, cuando el gobierno adjudicó a la misma empresa la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a través del TIPNIS. El proyecto fue interrumpido por la resistencia de los indígenas

El expresidente Jorge Tuto Quiroga denunció que el propietario de OAS, Léo Pinheiro llegó al Chapare junto al exmandatario Luiz Inácio Lula da Siilva para concretar la construcción de la carretera por el Tipnis.

En ese entonces, pidió al Ministerio Público investigar en Brasil las denuncias de corrupción que comenzaron a salir contra la OAS.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

                                   

  

 

21 Noviembre 2018

El senador opositor Arturo Murillo, presentó una denuncia en contra de la exministra de Defensa, Cecilia María Chacon Rendon y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Roger Gandarillas Salazar, ante la Fiscalía General por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, contratos lesivos y daño económico millonario al Estado boliviano en la compra irregular de seis helicópteros chinos H425.

“La compra de seis helicópteros por un monto de 108 millones de dólares (tuvo un procedimiento anómalo). El contrato es irregular porque se hizo la suscripción del contrato, el 6 de agosto de 2011, que firmaron Chacon y Gandarillas; luego se rubricó el convenio del préstamo entre el Estado boliviano y la República de China, el 3 de diciembre de 2011; posteriormente, la ratificación del convenio mediante ley (en la Asamblea Legislativa) se hizo el 28 de marzo de 2012. Cuando, el procedimiento debía ser lo siguiente: primero la firma del convenio de préstamo, luego la ratificación mediante una ley en la Asamblea; posteriormente,  la emisión de la resolución ministerial autorizando el inicio de las adquisiciones de los bienes (helicópteros) y al final, recién, (debía efectuarse) la suscripción del contrato”, explicó.

El legislador opositor también denunció que llama la atención del gasto de 50 millones de dólares en los cursos, documentos técnicos, entrenamiento, asistencia técnica, sistemas adicionales, simulador, motores de repuesto y otros; casi el mismo costo de los seis helicópteros (58 millones de dólares), es decir, realizaron un gasto millonario en elementos secundarios.

“Cuando se compra un equipo técnico, todos sabemos que junto al costo principal, vienen incorporado la asistencia técnica, el entrenamiento del personal, los repuestos, los documentos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la máquina o el equipo”, argumentó.

Además, la exministra de Defensa, Cecilia María Chacon Rendon y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Roger Gandarillas Salazar, no tenían la atribución de firmar el convenio internacional y adeudar al Estado boliviano.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

 

14 Noviembre 2018

Por primera vez en siete meses, cuando fue recluido en una prisión de Curitiba, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sale de su cárcel. Lo hace para declarar por tercera vez en el proceso que adelanta la justicia en su contra por corrupción.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó este miércoles por primera vez en siete meses la cárcel donde se encuentra preso por corrupción para declarar en otra de las causas que tiene abiertas en la justicia.

El exmandatario dejó la celda donde se encuentra recluido desde el pasado 7 de abril sobre las 13.30 hora local (16.30 GMT) y fue llevado en un vehículo de la policía hasta el tribunal de Justicia de la ciudad de Curitiba (sur), donde era esperado por decenas de seguidores.

Lula será interrogado hoy por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye provisionalmente a Sergio Moro en el caso Lava Jato después de que el magistrado aceptara ser el futuro ministro de Justicia del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

En este caso, las autoridades investigan las millonarias reformas realizadas por las constructoras OAS y Odebrecht, salpicadas por corrupción, en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, en Sao Paulo, la cual la Fiscalía le atribuye a Lula.

Las autoridades quieren esclarecer si el exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, es el verdadero propietario de la casa, la cual era utilizada frecuentemente por él y sus familiares como finca de recreo.

La de hoy es la tercera declaración que Lula hará ante la Justicia de Curitiba y la primera desde que fue ingresado en prisión por otro caso de corrupción.

Lula, de 73 años, fue condenado a nueve años y medio de cárcel en primera instancia por el juez Moro, pero su pena fue ampliada este año a 12 años y un mes por un tribunal de segunda instancia al dar por comprobado que el expresidente recibió un apartamento en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) a cambio de favores a la constructora OAS durante el ejercicio de su mandato.

Moro se apartó recientemente de los procesos de la Lava Jato después de que aceptó ser el futuro ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, uno de los principales rivales políticos de Lula y quien llegó a admitir su deseo de que el expresidente se "pudra en la cárcel".

Tras el fichaje de Moro como ministro, la defensa de Lula resaltó la "la irremediable pérdida de la imparcialidad" del magistrado y presentó un habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Brasil para conseguir la libertad del antiguo líder sindical.                 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

 

09 Noviembre 2018

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, negó este viernes que haya incurrido en el delito de encubrimiento, como lo denunció el diputado Amílcar Barral. Aseveró que él mismo ha denunciado a dos de sus hermanos que fueron involucrados en cobros irregulares.

Días antes el diputado Barral presentó ante el Ministerio Público un escrito en el cual denuncia que el ministro Cocarico encubrió a su hermano Rogelio - encarcelado por estafa a una comunidad menonita- porque conocía del caso el año pasado y no habría hecho nada al respecto.

El Ministro aclaró que ese delito de encubrimiento y el complicidad no se pueden aplicar a su persona, porque él sí presentó la denuncia al conocer que “ciertas personas y familiares estaban haciendo mal uso” de su nombre.

Afirmó que presentó las denuncias ante el Ministerio Público tanto en La Paz como en Santa Cruz.

Además, señaló que cuando le enviaron una carta en 2017 denunciando a su hermano Rogelio, él respondió que el proceso penal abierto debería seguir su curso.

El Ministro agregó que también ha denunciado a otro hermano suyo en Tarija. Se trata de Luis Cocarico, quien fue implicado en una estafa a una comunidad, usando su influencia como familiar de una alta autoridad.

César Cocarico afirmó que puso tres denuncias contras sus hermanos: una en La Paz, otra en Santa Cruz y la tercera en Tarija. “Soy el único que ha denunciado a su propio hermano”, sostuvo.

El Ministro aseguró que no cometió delito. Indicó que la responsabilidad penal es personal y él no puede pagar por lo que hizo su familiar.  

Advierte con proceso a Barral y lo llama “mafioso”

El Ministro de Desarrollo Rural aseveró que el “mafioso” y “maleante” es el diputado Barral. Recordó que el opositor fue suspendido de la Cámara Baja al descubrirse que había cobrado la mitad del sueldo a un funcionario suyo.

También llamó “cobarde” al diputado porque, según su explicación, sólo presentó una carta ante el Ministerio Público y no así una querella formal para acusarlo. Dijo que esperará hasta el lunes para que Barral haga su querella o, de lo contrario, él presentará una denuncia contra el legislador. 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

 

08 Noviembre 2018

El candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, aseguró hoy que los sobornos referidos al caso Lava Jato en Bolivia, por la construcción del tramo Roboré-El Carmen a cargo de la empresa Brasilera Camargo-Correa, fueron pagados entre los años 2005 y 2008, en las gestiones del exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual jefe de Estado, Evo Morales.

Dijo que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), presidida por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Susana Rivero, tiene dos objetivos: la demolición política de su persona y alejar a los verdaderos responsables de las irregularidades.

Mesa, en un vídeo difundido en su canal de YouTube, dijo que la investigación que llevó adelante la Policía de Brasil estableció que la empresa Camargo-Correa pagó sobornos en Bolivia para facilitar su actividad en la construcción del tramo Roboré- El Carmen, parte de la carretera Santa Cruz Puerto Suarez.

“Esos sobornos se pagaron, de acuerdo a la investigación brasileña, entre septiembre del 2005 y agosto del 2008, es decir meses después de que yo dejé la presidencia. Yo dejé la presidencia en junio del año 2005, sobornos que desarrollaron en los gobiernos del presidente Rodríguez Veltzé y el gobierno del presidente Evo Morales”, detalló.

El expresidente explicó que en agosto del año 2005 se aprobó el financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para la construcción del tramo Roboré-El Carmen. "Yo ya no era presidente" agregó.

“El financiamiento de la CAF fue el que hizo posible la construcción de la carretera, ninguno de los tramites, financiamientos o contratos que yo intenté llevar adelante se concretó porque no pudimos cumplir una de las clausulas con Camargo-Correa”, mencionó.

Por otro lado, Mesa detalló que en la investigación de Brasil se identificó “arreglos” entre Camargo-Correa y parlamentarios bolivianos que estaban en el Congreso de 2005 “de partidos como el MAS, el MNR, la UCS, el NFR, el MIR y la ADN” para la aprobación de la ley que permitió a esa empresa construir el tramo carretero.

“Se establece que se iba a dar un fondo de 60 mil dólares para convencer a esos parlamentarios de que aceptaran aprobar ese contrato y así ocurrió, ese contrato garantizó a Camargo-Correa la construcción del tramo mencionado, no se hizo una licitación y se le entrego a Camargo-Correa la autorización para que construya ese tramo”, enfatizó.

El expresidente explicó que en el Gobierno de Rodríguez Veltzé aprobó el tramo corretero y que los desembolsos y la construcción fueron ejecutados en la gestión de Evo Morales.

Finalmente reiteró que “por tercera vez” el MAS intenta demolerlo y proteger su propia gestión “una gestión donde hubo corrupción. Es obviamente una persecución política”, concluyó.            

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

07 Noviembre 2018

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, presentó este miércoles una denuncia penal contra el exprefecto Ernesto Suárez, acusándolo de que bajo se administración en 2006 se pagó más de 600 mil bolivianos por una “piscina fantasma”, es decir, que ni siquiera se comenzó a construir.         

“La piscina no se hizo nunca, se cobró y nunca se devolvió la plata a la Prefectura, es uno de los muchos robos y engaños que se hizo durante la administración de los Demócratas”, aseguró Ferrier, tras presentar la denuncia.

Explicó que la administración de Suárez contrató a una empresa para la construcción de la piscina y le pagó un adelanto de casi 500 mil bolivianos, además de una planilla de avance de obra de unos 150 mil bolivianos. Sin embargo, aseguró que la obra ni siquiera se instaló.

El gobernador, militante del MAS, aseveró que como este caso existen otros de obras “fantasmas” cuya responsabilidad es de los actuales miembros de Demócratas. 

“Si me van a a responder insultándome, que es lo que sabe hacer esa gente, que lo haga, pero que vayan y le digan al pueblo beniano dónde está esa piscina que se comieron”, expresó.

En su denuncia, Ferrier pidió al Fiscal General del Estado que disponga de una comisión de fiscales para investigar los casos de corrupción.

Aclaró que la piscina olímpica recién estrenada se trata de otra obra, que costó 50 millones de bolivianos y fue financiada con apoyo del Gobierno nacional.     

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

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