Santa Cruz de la Sierra
15 Julio 2016

La Fiscalía argentina pidió hoy embargar 4,66 millones de dólares hallados este jueves en cajas de seguridad de Florencia Kirchner, hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en el marco de una causa que investiga a la empresa familiar Hotesur.

Según informaron fuentes jurídicas, se trata de una medida cautelar “que también alcanzaría a dos cajas de ahorros en dólares y en pesos”.

La petición de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques deberá ser resuelto ahora por el juez federal Julian Ercolini, que investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, administradora de hoteles, en la que Fernández es accionista.

En su dictamen, los representantes del Ministerio Público señalaron que la causa busca determinar si los expresidentes y sus hijos Florencia y Máximo resultaron beneficiarios en forma “sistemática y coordinada” de los pagos que los empresarios “favorecidos” por el Estado “habrían realizado a favor de ellos”.

“Vía el alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones, lo que les habría permitido, valiéndose de un entramado societario, otorgarle carácter legítimo al dinero obtenido -en gran medida- a través de la ilícita concesión de obra pública en perjuicio del erario público”, añaden.

Asimismo, los fiscales sostienen que el pedido de embargo se sustenta “no solo en que la nombrada tendría una comprobada participación en el entramado societario”, que se habría utilizado “para canalizar fondos de procedencia ilícita”.

“Sino que a ello se debe sumar que -cuanto menos- parte del dinero hallado en su esfera de custodia se lo habrían proporcionado, en diferente carácter y circunstancia, sus progenitores”, remarcan.

En la noche del jueves, un operativo ordenado por Ercolini en la casa central del Banco de Galicia, en Buenos Aires, culminó con la apertura de cajas de seguridad atribuidas a Florencia.

La Fiscalía confirmó la existencia de 4,66 millones de dólares.

Según detalla la agencia estatal de noticias Télam, la apertura había sido incluso pedida por la propia Kirchner tras la anterior decisión del juez de “fajarlas” para que no pudieran ser abiertas.

La hija de la exmandataria, de 26 años, pidió a través de su abogado que sus dos cajas de seguridad fueran abiertas “con premura” para evitar que “continuara el show mediático” alrededor del tema.

El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.

Stolbizer aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur), podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.

En medio de esta situación, Fernández denunció la pasada semana a la legisladora y al juez federal Claudio Bonadío por “tráfico ilícito de información”, poco después de que Stolbizer pidiera a la Justicia que investigue presuntos movimientos irregulares en las cuentas de la anterior jefa de Estado.

A juicio de la diputada, la ex jefa de Estado tiene diferentes cajas de seguridad no declaradas”, en las que habría “unos 5 millones de dólares”, con el fin de “ser sustraídos de los ojos de la Justicia”.

Sin embargo, el pasado 11 de julio, Fernández aseguró, en escritos presentados ante la Justicia, que “no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias” y rechazó los cargos contra ella por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes del caso a Efe.

La exmandataria reclamó “que se ponga fin a la campaña de persecución y hostigamiento que viene padeciendo, utilizándose a un sector del Poder Judicial con tales objetivos”, dijeron las mismas fuentes.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: EFE

07 Julio 2016

El juez federal argentino Claudio Bonadio ordenó hoy congelar las cuentas bancarias de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) hasta que acepte el embargo por 15 millones de pesos (un millón de dólares) que se le fijó al ser procesada en la causa conocida como “Dólar futuro”.

Bonadio ya había dictado la inhibición general de bienes de la expresidenta, una medida cautelar que afecta a todos los bienes inmuebles y muebles registrables, lo que impide que pueda venderlos o hipotecarlos.

Según la resolución judicial, divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ), estas medidas fueron tomadas después de que la exmandataria, que acudió ayer a los tribunales en Buenos Aires para ser notificada del procesamiento y embargo, manifestara “no poseer ni bienes ni dinero para dar a embargo”.

“Toda vez que al momento de ser intimada a embargo por el Oficial de Justicia del Juzgado, la encausada manifestó que no satisfaría el mismo, y que de acuerdo a la prueba reunida en los autos (…), la nombrada registra productos bancarios, financieros y valores en distintos bancos del país, procédase a inmovilizar los mismos”, añade el texto de Bonadio.

Es así que se pide a los bancos en los que la expresidenta se encuentra como titular y/o cotitular de cuentas, que den “curso inmediato a la medida dispuesta, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho”.

Además, se procede a oficiar al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, “con el objeto de que se cumpla con dicha medida en caso de poseer la nombrada productos en otros bancos del sistema financiero del país”.

Por otro lado, y en el marco de otro expediente judicial que roza a la expresidenta, un juez ordenó realizar hoy un registro en el Banco de Santa Cruz, en el sur del país, para detectar supuestas cajas de seguridad pertenecientes a la familia Kirchner, aunque la entidad bancaria rechazó posteriormente la existencia de las mismas.

La causa “Dólar Futuro” investiga la venta de futuros de dólar en el Banco Central durante el mandato de Fernández y se inició en 2015 tras una denuncia interpuesta por los entonces legisladores opositores Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, que integra el hoy oficialista bloque Cambiemos, y Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado de la Nación.

En ese expediente, y luego de que acudieran a declarar a los tribunales, Bonadio, a quien Fernández acusa de prevaricación, decidió en mayo pasado procesar y embargar a la exmandataria y a otros ex altos cargos de su Ejecutivo por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por el dólar futuro”.

El juez cree que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron millonarias pérdidas para la entidad bancaria.

Tanto la ex jefa de Estado como el kirchnerismo en general rechazan los cargos y alegan que las pérdidas se produjeron debido a la devaluación ordenada por el Gobierno de Mauricio Macri, que tomó el cargo el pasado diciembre.

Además, Fernández, que en los últimos tiempos la exmandataria ha denunciado ser víctima de una persecución, acusó ayer a “un sector” del Poder Judicial de “hostigamiento”, en declaraciones a la prensa a su salida del juzgado.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: EFE

09 Mayo 2016

La diputada opositora argentina Margarita Stolbizer amplió hoy una denuncia por la que solicita que se indague por supuesto cohecho la empresa Los Sauces, participada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que la justicia ya investiga por presunta manipulación de documentos públicos.

La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada por la propia Stolbizer en abril, apunta a determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.

Stolbizer hace referencia en el nuevo documento, divulgado hoy, al modo a su juicio “irregular” en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez, principal adjudicatario en la provincia de Santa Cruz, el bastión kirchnerista, y que está detenido en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.

Es así que asevera que “en forma paralela”, Fernández “recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado”.

La diputada cree que se utilizó “la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales”.

Las obras adjudicadas a Báez, añade Stolbizer, tienen como características la “duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos, falta de cumplimiento de las condiciones de contratación”.

El pasado jueves, el juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar varias oficinas en Buenos Aires en busca de datos sobre inmuebles de la empresa Los Sauces.

En concreto, según explicaron a Efe fuentes judiciales, el operativo se ordenó y realizó con el fin de “proceder al secuestro” de toda la documentación relacionada con los propietarios de tres pisos a nombre de la sociedad, “además de toda aquella que se relaciona con el pago de servicios y quienes abonaban las expensas desde el primer pago”.

La causa, surgida tras una denuncia presentada en abril por Stolbizer, busca determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.

Según Stolbizer, la presunta alteración de los documentos de Los Sauces permitieron también modificar “el contenido de las declaraciones juradas presentadas” por Fernández cuando era presidenta (2007-2015), por lo que también pidió investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de la exmandataria.

Es así que el fiscal Carlos Rívolo acusó a la expresidenta y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

Ahora, si se logran reunir elementos de prueba, el juez deberá decidir si llama o no a declaración indagatoria a la exmandataria.

Fernández está involucrada en otra causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa hotelera Hotesur, también participada por ella.

Según la Justicia, el lujoso hotel Alto Calafate, controlado por Hotesur, habría funcionado como alojamiento “fantasma” para presuntos negocios irregulares con Báez.

Además, el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar a la expresidenta en el marco de la causa por la que está detenido el empresario y que investiga un delito de lavado de activos.

Fernández aparece también acusada en una investigación por irregularidades en el Banco Central que lleva adelante Bonadio, también a cargo del caso Los Sauces.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: EFE

03 Mayo 2016

El fiscal también involucra a su hijo Máximo en una causa que investiga falsificación de documentos públicos.

Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo fueron imputados ayer por el fiscal Carlos Rívolo por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, en el marco de una investigación que pone el foco en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, presuntamente involucrada con empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. Según informó el diario argentino Clarín, el juez del caso, Claudio Bonadío, dispuso el secreto de sumario a la causa, iniciada luego que la legisladora del partido GEN, Margarita Stolbizer, presentara una denuncia ante la justicia el pasado 4 de abril.

En la denuncia de Stolbizer se apunta a los alquileres de inmuebles de Los Sauces S.A. a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López; y a Valle Mitre; Loscalzo y del Curto; y Kank y Costilla, de Lázaro Báez. Este último se encuentra detenido por lavado de dinero en el marco de la causa de la "Ruta del dinero K" en el penal de Ezeiza desde hace algunas semanas. "En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López", señaló Stolbizer en su denuncia.

"La empresa no tuvo demasiados movimientos hasta el 2008, año en el que comienza a realizar sus inversiones inmobiliarias más importantes", agregaba también la legisladora.

En total, Los Sauces era titular de ocho inmuebles en distintos puntos del país: dos terrenos en el Calafate; dos terrenos y una casa en Río Gallegos, Santa Cruz; uno en el Chaltén, en la Patagonia; y dos apartamentos en Puerto Madero, Buenos Aires.

Según establece Clarín, la denuncia también detallaba los bienes que eran alquilados a las empresas de Báez y a las firmas de López, y explicaba como ellos eran los únicos que suministraban los ingresos a la familia Kirchner. "En el 2007 y 2008, la empresa no distribuye utilidades, ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones. Al año siguiente, 2009, sin haber operado los años anteriores, las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos", explica. Para 2012 las inversiones en los terrenos superaban los 10 millones y además aparecen más vínculos entre Los Sauces S.A. y las empresas de Lázaro Báez.

La legisladora había solicitado que la AFIP, organismo de regulación fiscal argentina, proporcionara las declaraciones juradas de los bienes de la empresa Los Sauces desde el año 2006 a fin de avanzar en la causa. También pidió otros documentos relativos a las propiedades vinculadas a la sociedad relacionada a los Kirchner.

Redacción Leo.bo

Fuente: Agencias

18 Abril 2016

Tras un año de indagaciones, la investigación será asumida ahora por un equipo de procuradores, según acordaron la Procuración General de la Nación y el fiscal Eduardo Taiano.

El Ministerio Público Fiscal de Argentina acordó crear un equipo de procuradores para llevar adelante la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que tras más de un año continúa sin ser esclarecida, confirmaron este lunes a Efe fuentes judiciales.

La creación del equipo fue acordada entre la Procuración General de la Nación y el fiscal Eduardo Taiano, que recientemente quedó a cargo de la investigación del caso tras el giro de la causa a la Justicia Federal.

Fuentes judiciales consultadas por Efe indicaron que la creación de un equipo de fiscales para investigar la muerte de Nisman ya había sido ofrecida por la Procuración a Viviana Fein, la primera fiscal que intervino en la causa y que rechazó esa posibilidad.

Ahora, tras la remisión de la causa a la Justicia federal, la Procuración y Taiano "coincidieron en que lo mejor es crear un equipo de fiscales y secretarios que puedan trabajar" en la investigación del deceso, señalaron las fuentes.

Nisman, fiscal encargado de la causa del atentado contra la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, fue hallado con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su domicilio en Buenos Aires.

Cuatro días antes había presentado una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas.

La demanda de Nisman fue poco después desestimada pero, transcurrido más de un año de la muerte, la Justicia argentina aún no ha determinado si fue un suicidio, suicidio inducido o un homicidio.

La familia del fiscal, que defiende que fue un homicidio, solicitaba que la causa pasase del tribunal de instrucción al fuero federal, que tiene mayores competencias.

Dicha petición se vio satisfecha recientemente, después de que la jueza que se encargaba desde el comienzo se declarara incompetente.

Actualmente es el magistrado Julián Ercolini, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10, el responsable de la causa.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

 

13 Abril 2016

La exmandataria argentina, que debe responder ante la justicia por lavado de activos, llamó a conformar un frente nacional opositor político.

La exmandataria argentina Cristina Kirchner acusó este miércoles al presidente Mauricio Macri de buscar encarcelarla "plantando" causas en su contra y llamó a conformar un frente nacional opositor político, en un acto masivo tras su primera audiencia en la justicia.

Kirchner sostuvo que la acusación por la que comparece sobre una controvertida operación cambiaria del Banco Central durante su mandato revela "la intención del gobierno con la colaboración imprescindible del poder judicial, de plantar una causa penal que me prive de la libertad", escribió en un documento que entregó al juez Claudio Bonadio.

"Me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa, pero lo que no pueden hacer es hacerme callar", indicó.

Tras pasar por el tribunal, donde no respondió a las preguntas del juez, Kirchner encabezó el primer gran mitin opositor al gobierno de centroderecha de Macri ante decenas de miles de seguidores.

Kirchner acudió para declarar en una causa en la que se la acusa por supuesta defraudación a la administración pública por operaciones cambiarias del Banco Central al fin de su mandato (2003-2015).

Tras repasar entre vítores y aplausos las principales medidas de ajuste de Macri en los últimos cuatro meses, Kirchner pidió la conformación de "un gran frente ciudadano, convoquen a los dirigentes sindicales también porque están echando a gente como perros", dijo a las puertas de los tribunales.

La exmandataria habló casi una hora desde un escenario montado a las puertas de tribunales donde miles de seguidores la respaldaron con euforia: "Aguante morocha" (morena) le gritaban y alternaban cánticos pidiéndole "volver".

En su encendido discurso se refirió a empresas offshore de Macri reveladas en la investigación internacional sobre paraísos fiscales, conocida como 'Panama Papers'.

"Se la pasaron buscando la ruta del dinero K y se encontraron con la ruta del dinero M", dijo al aludir a otra causa en la que un fiscal pide investigarla por supuesto lavado de dinero, por la causa contra un empresario cercano a ella y su difunto esposo el exmandatario Néstor Kirchner.

La exmandataria, recluida en la Patagonia (sur) desde que dejó el gobierno el 9 de diciembre, evitó referirse a su futuro político.

"No he venido acá a dividir a los argentinos", dijo.

También señaló que Macri llegó al gobierno "diciendo que no iba a devaluar, que no iba a haber ajustes, que no iba a echar. Que respete esa voluntad del 51% que creyeron en él", afirmó mencionando los miles de despidos en el sector público y privado y los aumentos de tarifas de servicios básicos de entre 100 al 600%.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

25 Febrero 2016

El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, emitió hoy un dictamen en el que apunta que su colega Alberto Nisman, fue víctima de homicidio, en enero de 2015 días después de denunciar a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas.

"Concuerdo con los apelantes en que el objeto procesal de esta causa hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio", señala el dictamen del fiscal.

En este sentido, Sáenz señala que la investigación debería ser proseguida por la Justicia Federal de Buenos Aires, "que es la que tiene la competencia más amplia para conocer y dilucidar cuál de todas las hipótesis implicadas resulta finalmente aplicable al hecho".

"De lo contrario se pondría en riesgo la legalidad y se afectaría la garantía del juez natural", añade.

Nisman, que estaba a cargo de la investigación del atentado contra la sede de la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, fue hallado muerto en su domicilio el 18 de enero de 2015, horas antes de comparecer en el Congreso para explicar la demanda contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes.

El fiscal basaba su denuncia en el acuerdo de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, según Nisman, implicaba encubrir a los sospechosos del ataque a la AMIA a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.

Dicha denuncia fue finalmente archivada en mayo del año pasado.

Asimismo, más de un año después, la investigación sobre la muerte de Nisman sigue estancada y sin un dictamen oficial sobre las circunstancias del deceso.

Es así que Sáenz se muestra convencido en su informe de que "ante la sola posibilidad" de que Nisman fuese "asesinado cuatro días después de esa denuncia" la investigación debería ser proseguida por la Justicia Federal y declarar así la incompetencia de la Justicia de Instrucción en la que se halla el caso.

El fiscal de Cámara se adhiere en su informe a las querellas que representan, por un lado a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y por otro a las dos hijas del fallecido y su exmujer Sandra Arroyo Salgado, que han pedido apartar a la jueza Fabiana Palmaghini de la causa que investiga la muerte del fiscal.

Tras considerar que no hay pruebas suficientes para inclinarse hacia la hipótesis de homicidio, Palmaghini se negó a pasar el caso a la Justicia federal, una decisión que los familiares de Nisman, que defienden que fue asesinado, apelaron.

"Es el primer dictámen donde una autoridad judicial se expresa en términos de la hipótesis que nosotros hemos planteado de hace meses", dijo hoy Manuel Romero Victorica, abogado de la exmujer y las hijas del fiscal fallecido, quien en el momento de dar estas declaraciones al canal Todo Noticias no había leído todavía el dictamen.

El letrado, en una primera impresión, mostró "una gran satisfacción", al ser algo que las querellas venían planteando "desde hace mucho tiempo, prácticamente hasta ahora en soledad".

"No había habido ningún dictamen judicial que hasta el momento nos acompañara y el hecho de que el fiscal de la Cámara de Apelaciones se adhiera a nuestro recurso no deja de ser una satisfacción, porque no somos los únicos que vemos el expediente en el sentido en el que lo estamos planteando a los jueces", añadió.

Entre los puntos que trata en su dictamen, Sáenz dice coincidir con la querella presentada por el equipo que integra Victorica en que Nisman, "lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero".

El fiscal agrega que la tesis referida a que los estudios periciales realizados sobre las manos de Nisman y sobre el arma utilizada demuestran "que estamos en presencia de un homicidio".

Sáenz fue uno de los 10 fiscales que convocaron para el pasado 18 de febrero la marcha de "memoria y justicia" para recordar que hace 13 meses Argentina se "conmovía" con la muerte de quien investigaba el atentado terrorista "más brutal" que haya sufrido el país.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

10 Diciembre 2015

Mauricio Macri, nuevo jefe de Estado de Argentina, completó hoy los actos protocolarios de la asunción al recibir el bastón de mando y la banda presidencial en la Casa Rosada, sede de la Presidencia, tras prestar juramento en el Congreso.

El senador Federico Pinedo, quien desde la medianoche fue durante doce horas la máxima autoridad del país, fue el encargado de entregar los atributos de mando a Macri, ante la negativa de la ya exmandataria Cristina Fernández a participar en la ceremonia.

Precisamente la entrega de los atributos de mando a Macri generó una agria polémica con la expresidenta que terminó en la Justicia en vísperas de la investidura.

Macri quiso retomar la tradición previa al kirchnerismo y tomar los atributos en la Casa Rosada, mientras que Fernández pretendía entregárselos en el Congreso, siguiendo una costumbre que estrenó el fallecido Néstor Kirchner y que había seguido ella misma en las asunciones de sus dos mandatos.

Finalmente, el ahora presidente recurrió a la Justicia, que limitó el mandato de Fernández a la medianoche del miércoles y despejó a Macri el camino para organizar su protocolo de investidura.

En una situación sin precedentes, en las doce horas que transcurrieron entre el final del mandato de Fernández y la asunción de Macri, el país estuvo formalmente a cargo del senador Pinedo.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

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