Santa Cruz de la Sierra
28 Marzo 2016

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, indicó que el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, se ha convertido en el defensor de los pandilleros y dificulta el trabajo de lucha contra la delincuencia.

Tras la detención y presentación de varios miembros de la pandilla Cartel Family, acusados de robar y golpear a una pareja, Villena pidió al Gobierno que no convierta a estos jóvenes en “un espectáculo montado para ocultar la realidad de violencia, alcoholismo y abandono” en la que viven millones de jóvenes y adolescentes en Bolivia.

Ante esto, Aparicio dijo que “el Defensor del Pueblo se ha convertido en defensor de pandilleros y eso nos preocupa mucho porque estas organizaciones juveniles no son organizaciones inocentes, no son organizaciones juveniles que se han conformado por el azar, manifestó Aparicio.

Antes de ello, el ministro de Gobierno tildó al Defensor de "defensor de los delincuentes" porque pidió aclarar la muerte de cuatro supuestos delincuentes, aparentemente ejecutados por la Policía en Santa Cruz. En esa ocasión, Villena emitió un duro comunicado contra el ministro Romero, en el que hizo un repaso, además, de los derechos de las personas.

Redacción: Leo.bo
Fuente: ANF

 

22 Marzo 2016

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, en su condición de Secretario General de las Defensorías del Pueblo de América, participa desde este lunes en la 29ª. Asamblea General de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de todo el mundo, que se desarrolla en Ginebra, Suiza, con lo cual culmina su gestión internacional.

En el evento, Villena habló sobre la necesidad de una lucha común contra la trata y tráfico de personas y la violencia sexual hacia la niñez, el derecho de los pueblos indígenas la consulta previa y el fortalecimiento de la independencia de las Defensorías del Pueblo.

Además del evento señalado, Villena presidió por última vez la XV Asamblea Ordinaria de las Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos del Continente Americano, en la que se aprobó el Plan Estratégico 2015 – 2017 que planteó la Defensoría Boliviana y que se basa en la necesidad de una mayor coordinación y defensa mutua de las Defensorías del Pueblo de la región frente a cualquier acción dentro de los Estado y fuera de ellos que pretenda afectar su independencia.

Este 22 de Marzo, el Defensor Villena presentó ante más de 200 asistentes de todo el mundo el análisis sobre las condiciones necesarias para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Septiembre pasado y para cuya materialización se ha pedido el concurso de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Durante su discurso, Villena señaló que el rol que le corresponde a las INDH en el cumplimiento de los ODSs no es complementario ni tangencial, sino sustantivo.

“En muchos casos las INDHs debiéramos marcar las líneas de orientación que se deben seguir en nuestros países sobre estos temas, desde nuestra responsabilidad como entidades del Estado, pero también desde la experiencia, el conocimiento y el trabajo de muchos años que hemos desarrollado en esas temáticas, incluso antes de plantearse como objetivos globales”, manifestó.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

18 Marzo 2016

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, observó que el anuncio del ministro de Gobierno, Carlos Romero de pedir la disminución en la edad de imputabilidad penal a los adolescentes, contradice tratados internacionales de derechos humanos y se constituye en un extremo inaceptable e inhumano, pero además que es una determinación que no frenará el incremento de la violencia en la sociedad.

El Defensor explicó que el Código Niño Niña Adolescente (CNNA) aprobado en 2014, ya disminuyó la edad de imputabilidad de los y las adolescentes de 16 a 14 años. “Como Defensoría del Pueblo presentamos una acción abstracta de inconstitucionalidad porque esta disminución contradice acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Bolivia; lamentablemente hasta la fecha no fue respondida por el Tribunal Constitucional”, dijo.

Para Villena una nueva disminución de 14 a 13 ó 12 años, se constituiría en “una medida draconiana que mostraría no solo la ignorancia, sino el menosprecio a los acuerdos internacionales y la propia Constitución Política del Estado”. “El abordaje simplista que hace el gobierno de un tema que es estructural es preocupante, ya que resulta insensato justificar esta medida frente al posible incremento en los hechos delictivos cometidos por adolescentes o a la proliferación de pandillas juveniles”, añadió.

Redacción: Leo.bo
Fuente: ANF

 

16 Marzo 2016

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó este miércoles,  el  “Informe sobre la violación de derechos humanos de la capitanía Takovo Mora”, en el que se concluye que el Estado, a través de las fuerzas policiales,  durante la intervención a la movilización que realizaba este pueblo indígena, el 18 de agosto del año pasado,  vulneró “de manera flagrante, premeditada y culposa”, los derechos a la integridad; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal;  además de derechos específicos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y  de los pueblos indígenas,  como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada. Esta acción fue calificada por la autoridad como “despiadada y criminal” y la comparó con lo sucedido en Chaparina.

“Se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”, señala el informe que recomienda al Fiscal General del Estado proseguir las acciones penales contra los autores directos e indirectos, así como cómplices, encubridores e instigadores de este hecho, especialmente, en relación a aquellos delitos cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Durante la conferencia de prensa, el Defensor consideró que las acciones de Takovo Mora, como las de Chaparina tiene su origen en la política extractivista salvaje y depredadora que está conduciendo irremediablemente a la desaparición de pueblos y comunidades indígenas y la degradación y destrucción del medio ambiente.

“Las experiencias en varios lugares del mundo, donde se han implementado políticas extractivistas dan cuenta de los extremos que señalamos y se repetirán en Bolivia, si no se retorna a la racionalidad y la búsqueda de un desarrollo en armonía con la naturaleza y con la protección de los territorios indígenas, hoy amenazados por las acciones que se originan en Decretos como el 2366, que entrega las áreas protegidas a la voracidad de las empresas petroleras transnacionales, que ya han iniciado actividades de exploración en zonas endémicas e,  incluso,  parques nacionales que ya pone en peligro el equilibrio ecológico y la sobrevivencia de los pueblos y comunidades indígenas que allí habitan”, afirmó.

El Informe, que será enviado a las autoridades correspondientes y publicado en el sitio web de la institución, señala que en la represión llevada a cabo en la comunidad de Yateirendá de la Capitanía Takovo Mora, ubicada a 120 kilómetros de Santa Cruz,  se produjo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales, pese a que muchas personas ya se hallaban reducidas; adicionalmente las fuerzas policiales procedieron a la destrucción y el despojo de diversos objetos de propiedad de los comunarios, sin ninguna justificación.  Además, afirma que la intervención fue utilizada para aprehender a dirigentes y personas de la comunidad, entre ellas, menores de edad, quienes en muchos casos se hallaban encerrados en sus casas y no en el sector del conflicto.

Villena señaló que además de las lesiones físicas ocasionadas por los 500 policías que realizaron la intervención, se ejercieron agresiones verbales mediante insultos, acusaciones, amenazas y gritos mostrando desprecio “desde una posición de poder y encaminadas a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal de las víctimas.  La comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los comunarios de Takovo Mora, no sólo ocurrieron durante la intervención, sino que se extendieron mientras se encontraban detenidos en carceletas y recintos policiales”, concluye el informe.

Este informe, según explicó el Defensor,  se realizó recurriendo a entrevistas y testimonios de las personas afectadas de la comunidad y a la dirigencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), revisión de las noticias y las imágenes publicadas en los medios de comunicación locales y nacionales e informes oficiales que “fueron entregados con un retraso considerable”. “Se presentaron dificultades en la recopilación de los datos habida cuenta del temor y el recelo que evidenciamos, de parte de las personas entrevistadas, a sufrir represalias posteriores”, indicó.

El documento también refiere que desde hace 19 años los indígenas de Takovo Mora han demandado la titulación de ese sector como Tierra Comunitaria de Origen, pero que  el proceso de saneamiento no avanza en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Durante estos años sólo se sanearon 45 mil hectáreas a favor de los indígenas de un total de 271.000 hectáreas.

El conflicto que derivó en la represión policial se generó por la demanda de los indígenas que se realizara la consulta previa antes de iniciar actividades hidrocarburíferas en sectores donde está ubicado el Bloque el Dorado que afecta al área rodeada por el Territorio Originario Indígena Campesino Guaraní de Takovo Mora.  El gobierno respondió que la consulta no era necesaria porque ese predio era propiedad privada del señor Juan Carlos Soza Soruco y que se encuentra saneado y titulado por el INRA.

El Informe Defensorial señala al respecto,  que de acuerdo a lo investigado existe “sobreposición de predios privados en los territorios demandados por la TCO Takovo Mora”, además de “inexactitud sobre la superficie del territorio en el que se desarrollan las actividades hidrocarburíferas”.  Además precisó que “en las distintas fases de la exploración y explotación hidrocarburífera,  las prácticas operacionales típicas de la industria petroleram producen la destrucción de la biodiversidad y del ambiente en general. Así, los impactos ambientales no se restringen a la zona donde se desarrolla el proyecto hidrocarburífero, pues  la alteración ecosistémica provocada por la extracción petrolera se extiende mucho más allá de los límites del proyecto”.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

10 Marzo 2016

El defensor del pueblo, Rolando Villena, exigió a las autoridades de gobierno protección "al derecho constitucional a la vida" y además a que sus opiniones sean "respetadas", luego de ser criticado por Carlos Romero, Ministro de Gobierno, en el marco de las observaciones por la actuación de los efectivos policiales que abatieron a cuatro extranjeros presuntamente implicados con el crimen organizado.

“En el caso que nos ocupa, les recuerdo a las autoridades de Gobierno que por mandato de la Constitución y de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Boliviano, el derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales y el más importante de la sociedad. Es un derecho intrínseco, propio de la naturaleza humana de todas las personas, incluidos los derechos de quienes son consideradas delincuentes”, sostuvo un pronunciamiento que fue leído por la autoridad defensorial.

En ese sentido lamentó las declaraciones de Romero, quien este miércoles calificó a Villena como “defensor de delincuentes”. Dijo que es criticable que una autoridad de Estado responda con “insultos y epítetos inaceptables, a una opinión y posición institucional referida a los derechos humanos”. 

La polémica se dio tras los sucesos del viernes pasado en Santa Cruz, donde murieron cuatro supuestos delincuentes, pero en la que existen versiones de que fueron ejecutados por la Policía. En el caso de esas muertes, Villena recordó que surgieron una serie de contradicciones y versiones incompletas que dieron las autoridades al momento de explicarlas, por lo que exigió una investigación y aclaración en el ámbito del estado de derecho.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

09 Marzo 2016

Vecinos del barrio de Sopocachi reportaron la madrugada del miércoles un incendio en la verja de entrada de la casa del Defensor del Pueblo, Rolando VIllena.

En reportes de televisión de medios de comunicación que llegaron al lugar se pudo constatar que algunos pinos de la cerca de entrada se quemaron.

Vecinos señalaron que la unidad de Bomberos informó que el incidente pudo originarse por una chispa.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

08 Marzo 2016

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, espera que la policía explique de manera “contundente” los hechos entorno a la muerte de cuatro presuntos delincuentes extranjeros en la ciudad de Santa Cruz, ya que en otros países lo sucedido puede ser “tipificado como ejecuciones extrajudiciales”.

Villena se mostró preocupado porque la policía –en su criterio- no estaría demostrando un cambio respecto a su rol y todavía sigue incurriendo en episodios como el sucedido el pasado viernes en la capital cruceña.

“Ojalá que haya la sanción y se responsabilice a quienes dieron la orden  para que esto acabe en esa situación, porque es una vergüenza para la policía. Este es un tema que en otros países podría estar tipificado como ejecuciones extrajudiciales”, afirmó el Defensor del Pueblo.

El pasado viernes, cuatro presuntos delincuentes murieron en una balacera con la policía, la que en su primer informe sostuvo que el operativo se desarrolló en la tarde y que los sospechosos pretendían asaltar una entidad bancaria, porque se hallaron tickets de un banco en sus habitaciones de hotel.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

 

05 Marzo 2016

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al Órgano Ejecutivo la apertura de una mesa de diálogo con la dirigencia de las personas con discapacidad que realizan medidas de presión desde fines de enero sin que hasta la fecha hayan sido escuchadas por las autoridades demandadas.

“El gobierno no puede actuar con tanta insensibilidad, especialmente con las personas con discapacidad que durante tantos años han sido desatendidas y discriminadas”, señaló el Defensor al explicar que esta actitud de las autoridades se constituye en una vulneración a los derechos constitucionales que establecen el derecho a la petición y a una respuesta oportuna cuando reclaman derechos o plantean demandas.

El sector pide un bono mensual de 500 bolivianos. El primer movimiento se gestó en Cochabamba y esta semana se sumaron a la medida de presión, los departamentos de Santa Cruz y Potosí.

Villena dijo que desde el inicio de la vigilia en las puertas de la Gobernación de Cochabamba, la Representación Defensorial en ese departamento ha realizado un acompañamiento a las gestiones de las personas movilizadas, primero ante las autoridades locales y luego con el envío de notas a los Ministerio de la Presidencia y de Justicia, instancias a quienes se les demanda atención en este conflicto.

Pese a que se entregó una carta de la dirigencia del movimiento, dirigida al Ministro de la Presidencia y  las notas remitidas por la propia Defensoría del Pueblo,  “hasta la fecha no han sido respondidas y ni siquiera parece haber voluntad para dialogar, lo que parece mostrar la tendencia de la actual administración gubernamental de esperar a que los problemas se agraven para recién intervenir”, manifestó.

En las cartas enviadas al ministro Juan Ramón Quintana y a su colega Virginia Velazco,  el pasado 2 de marzo, Villena señala que “con la finalidad de prevenir posibles daños  en la integridad física de las personas en conflicto, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, solicito a su autoridad pueda canalizar el diálogo con este grupo población en cuestión”

Asimismo, se les hizo conocer que la Representación Defensorial de Cochabamba, canalizó reuniones interinstitucionales en las que participaron instancias públicas vinculadas al tema, a fin de contribuir a que se establezca un diálogo entre las partes encontradas y se suspendan las medidas de presión que llevan adelante las personas con discapacidad desde hace más de 30 días.

El Defensor, tras remarcar la urgencia en sentar las bases para iniciar un diálogo, señaló la disponibilidad de la institución para llevar adelante gestiones que puedan viabilizar un acercamiento entre las autoridades gubernamentales y las dirigencia de las personas con discapacidad.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

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