Santa Cruz de la Sierra
28 Septiembre 2015

El 30 por ciento de los estudiantes en Bolivia son víctimas de acoso escolar de manera directa y el 60 por ciento de los alumnos que ve esta situación no denuncia ni defiende a sus compañeros, informó la representante de la ciudad de La Paz de la Defensoría del Pueblo, Teófila Guarachi.

"La mitad son víctimas, es decir, cerca del 30 por ciento de estudiantes reconoce que algún momento fue víctima de sus propios compañeros y el 60 por ciento son espectadores que no denuncia, no frenan y a veces se mofan", expresó Guarachi.

De acuerdo al estudio realizado por Voces Vitales, la Defensoría del Pueblo y el Plan Internacional evidenciaron que el 50 por ciento de los estudiantes participa de algún modo en el acoso escolar en los colegios, seis de cada diez estudiantes sufren de acoso escolar (bullying) a nivel nacional, el 60 por ciento de violencia verbal, 40 por ciento de marginación, expulsión y de "actitudes de ninguneo" y el 10 por ciento de los estudiantes son amenazados por sus compañeros.

De acuerdo a estos datos, la Defensoría del Pueblo, los colegios y los estudiantes trabajan de manera conjunta para prevenir e identificar estas acciones en los cursos.

"Queremos realizar políticas de prevención y educación sin violencia en los centros educativos", explicó Guarachi. Agregó que la población vulnerable al bullying en su mayoría son las mujeres y que el acoso inicia desde los ocho años y se hace más evidente en los años de adolescencia.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

01 Septiembre 2015

El Gobierno instó el martes al Defensor del Pueblo y a las organizaciones no gubernamentales a cruzar las estadísticas sobre delitos sexuales con los datos que proporciona el Observatorio de Seguridad Ciudadana, para no desinformar a la población sobre esa temática.

"El Defensor del Pueblo, las ONG y todas las instituciones deben apersonarse al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana para cruzar información para contar con datos estadísticos reales", dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano.

Indicó que el observatorio es la entidad encargada de armonizar, unificar y procesar los datos sobre delitos que hacen a la seguridad ciudadana de acuerdo con la información que brinda la Policía.

Lazcano expresó su desacuerdo con el informe que presentó el Defensor del Pueblo que habla de la existencia de 16 casos de vejación sexual a menores de 18 años de edad por día, lo que supondría, dijo, que entre enero y junio existirían 2.880 casos reportados.

Para el viceministro de Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Pérez, esos datos son "contradictorios" porque no se asemejan a las estadísticas preliminares proporcionadas por la Policía, que establecen cinco casos de delitos sexuales por día de 732 hechos registrados de enero a mayo.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

 

17 Agosto 2015

Señala que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar ONG. Recuerda que en 2013 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de "inconstitucional" la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Pidió que ésta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma. "Nosotros en su momento hemos sido oportunos para decir que es inconstitucional, hemos pedido que se revisen este tipo de medidas que no hacen otra cosa que poner en serio riesgo la democracia en nuestro país", manifestó Villena.

El recurso de inconstitucionalidad, presentado en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo.

La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado "35 días después" de anunciada su disolución. A juicio del Defensor, las ONG han jugado un papel importante en Bolivia y en la región latinoamericana en lo que se refiere a la articulación de la sociedad y el Estado.

"El derecho a la libre asociación para conformar la ONG es constitucional, por lo tanto esta ley tiene que ser revisada en profundidad para que haya coherencia entre lo que dice el texto constitucional y las normas que se han venido estableciendo", expresó.

Con la finalidad de evitar mayor incertidumbre en el caso, Villena pidió al Tribunal Constitucional dar una respuesta al recurso presentado hace dos años, de no ser así, señaló, se estarían dando señales poco alentadoras para la democracia.

En 2013, además del recurso, la Defensoría también envió la solicitud de "amicus curiae" para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo. En esa línea, el pasado 5 de agosto, la organización Human Rights Watch advirtió que la ley boliviana sobre ONG "atenta contra el derecho de la libertad de asociación". El objeto de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

14 Julio 2015

El Defensoría del Pueblo, Hernán Cabrera Maraz, precisó que en este semestre se han registrado 582 casos de maltrato infantil, lo que significa que cada día entre tres a cuatro niños y niñas son maltratados, siendo en su mayoría en el entorno familiar. La autoridad considera que las autoridades pertienentes deben asumir accione sinmediatas para frenar la violencia y maltrato infantil.

RedacciónLeo.bo

Fuente: Leo.bo

03 Junio 2015

La responsable de la Defensoría de la Niñez, Rossy Valencia, rechazó las declaraciones del Defensor del Pueblo sobre el  accionar de esa unidad referente al proceso contra dos implicados en trata de menores. La autoridad dijo que están siguiendo las acciones que manda la ley y son parte querellante en el proceso.

Redacción Leo.bo

Fuente: Leo.bo

03 Junio 2015

La libertad de dos proxenetas ordenada por la juez Albina Caballero ha generado alarma en la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, cuyas autoridades anunciaron la impugnación del fallo para impedir la salida de los acusados que guardan detención en la cárcel de Palmasola.

La directora de dicha dependencia estatal, Melania Torrico, pidió que la juez sea procesada por ordenar la libertad de los dos empresarios que fueron hallados en flagrancia por trata y abuso sexual al menos a tres menores.

"La juzgadora está echando por la borda todo un trabajo de investigación realizado por fiscales, policías e investigadores; no sabemos que le motivo a dictar esta sentencia porque los acusados fueron encontrados en flagrancia y existen todos los elementos acusatorios en su contra", dijo Torrico.

Según informes del Ministerio Público los acusados René C.V. (de 55) y Pedro R. (de 57) por una menor de 15 años, que se encuentra en un Centro de Rehabilitación, hacían contacto con adolescentes de 13 a 16 años con fines de trata y explotación sexual.

Ambos fueron cautelados en la cárcel de Palmasola el 26 de abril, tras pruebas presentadas por la Fiscalía que identificó al menos a tres víctimas de la supuesta red.

El lunes en una audiencia realizada en la cárcel de Palmasola, la jueza declaró procedente el recurso de cesación presentada por los acusados.

"Es extraño que este acto se haya llevado a cabo en la cárcel y no en el juzgado, existen elementos que demuestran una acción extraña por parte de la juez de quien sabemos que no es la primera vez que obra de esta manera, por eso solicitaremos que sea investigada y que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto", agregó Torrico.

Por su parte el  representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, expresó su indignación por ese hecho y dijo que espera que el fallo se revierta porque desde el momento que se emite quedan sólo 72 horas para revertirlo.

Torrico dijo que como dirección han visto acciones irregulares de jueces no sólo en Santa Cruz sino en Cochabamba y Tarija, donde se han liberado a proxenetas y de ocho casos sólo uno tuvo sentencia condenatoria el año pasado.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

01 Junio 2015

Al menos trece niñas, niños y adolescentes fueron asesinados y 133 fueron víctimas de violencia sexual desde enero pasado en Bolivia, denunció hoy la Defensoría del Pueblo, que advirtió de que las cifras de este tipo de delitos se incrementan cada año.

La Defensoría dio a conocer los datos en un comunicado en el que alertó de la frecuencia con la que se suceden los delitos de violencia contra menores y en particular contra las niñas.

La impunidad en la que quedan estos casos es una afrenta contra “el dolor y la consternación ciudadana”, según la institución.

Esta alerta de la Defensoría fue difundida tras los disturbios que tuvieron lugar la semana pasada en la localidad minera de Llallagua (suroeste), donde una protesta por la violación y el asesinato de una niña de cuatro años a manos de un joven de 16 años derivó en el saqueo y destrozo de varios edificios.

Los manifestantes de Llallagua incendiaron primero la casa donde vivía el presunto violador y asesino y luego se dirigieron a las oficinas de la Defensoría de la Niñez y a las de la Policía, que fueron saqueadas y quemadas por la turba.

Los manifestantes reclamaban a la policía la entrega del muchacho para hacer justicia por mano propia por la muerte de la niña.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que reacciones similares a la de los pobladores de Llallagua puede repetirse en varias ciudades del país debido a que la violencia contra los menores “es una constante que está en aumento en el país”.

Según datos de la institución, de las 133 denuncias de violencia sexual registradas en lo que va de año, casi todas tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes mujeres, y nueve de ellas tenían entre varios meses de vida y cinco años.

El año pasado se registraron en Bolivia al menos 73 infanticidios, de los que 60 corresponden a infantes menores de cinco años, además de 326 denuncias de abuso sexual contra menores.

Villena consideró que los datos muestran la gravedad de la situación y sostuvo que hay “una falta de voluntad y capacidad de las instancias estatales” para cumplir con su obligación de proteger a los menores.

“Esta situación viene repitiéndose cada año con la misma saña, salvajismo e impiedad, y se ve alimentada por una impunidad recurrente y la desidia culpable de las instituciones y las autoridades responsables de velar por la protección y el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, recriminó el defensor del Pueblo.

Bolivia es el país latinoamericano con mayores niveles de violencia física contra la mujer, y el segundo después de Haití en violencia sexual, según datos de Naciones Unidas.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

07 Mayo 2015

El Defensor del Pueblo Rolando Villena se encuentra en Santa Cruz para recibir una distinción del Concejo Municipal. En la oportunidad aprovechó para reunirse con su par de Santa Cruz, Hernán Cabrera Maraz, con quien ofrecieron una conferencia de prensa en la que abordaron diversos temas relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Redacción Leo.bo

Fuente: Leo.bo

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