Santa Cruz de la Sierra
26 Enero 2016

El Comité Cívico y el Defensor del Pueblo pidieron el martes la intervención de la ministra de Salud, Ariana Campero, y el alcalde Percy Fernández para solucionar el conflicto con los médicos de Santa Cruz, que iniciaron un paro de 72 horas en demanda de la creación de más de 600 ítems.

"La ministra tiene la potestad de solucionar este conflicto y venir a Santa Cruz para que, a través del diálogo, se solucione un problema que no sólo le concierne al municipio sino al propio ministerio", dijo el líder cívico Roger Montenegro.

Por su parte, el representante del Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, informó que envió una carta al alcalde de Santa Cruz para escuche personalmente la demanda de los médicos y pueda solucionar el conflicto.

"Pedimos la participación de todos los actores involucrados en este conflicto y hemos pedido al alcalde que intervenga y nos pueda responder", manifestó.

Por el momento ese conflicto ha sido encarado por la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, y la ausencia del alcalde fue notoria.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, se ofreció como mediador en el diálogo.

"Los compañeros más allá de ser profesionales también son trabajadores y como trabajadores tienen derechos amparados en la Constitución", subrayó.

Los médicos sostienen que la Alcaldía tiene al menos 22 millones de bolivianos que podrían ser invertidos en la creación de ítems; las autoridades municipales sostienen que podría crear máximo 100.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: ABI

28 Diciembre 2015

El representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, pidió el lunes mayor presencia del Estado en la localidad fronteriza de San Matías, tras seis asesinatos registrados en los últimos tres meses en esa región.

"El silencio se está imponiendo allá, porque llama la atención que se hayan producido seis muertes en menos de tres meses, lo que amerita la intervención del Estado con mayor presencia policial e incluso militar en la zona", dijo.

El último hecho se registró el pasado viernes con el asesinato de la funcionaria de Migración, Patricia Román, que murió acribillada.

Para Cabrera los asesinatos no son hechos aislados, sino que todos estarían relacionados con ajustes de cuentas o negocios con el narcotráfico o contrabando.

Los asesinatos se registraron desde el 28 de octubre, cuando el brasileño Washington Santos Silva fue acribillado por un supuesto ajuste de cuentas.

El 7 de noviembre fue asesinada la empresaria hotelera Verónica Terrazas y el 27 de noviembre Ruth Gómez López y Freddy Altieri, todos por sicarios.

El 18 de diciembre, la víctima fue Tania Franco, que murió con ocho disparos en el cuerpo.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

17 Diciembre 2015

El Órgano Judicial, la Policía y la Fiscalía son las instituciones públicas más denunciadas en Bolivia ante la Defensoría del Pueblo por vulneración de derechos humanos, según un informe presentado hoy por esa institución.

El defensor, Rolando Villena, informó estos datos durante un acto de rendición de cuentas en el que anunció que de enero a octubre de este año se recibieron en total 16.053 denuncias, de las que se admitieron y gestionaron directamente 13.228 casos, mientras que el resto se derivó a otras entidades.

De las quejas atendidas por la Defensoría, 1.635 fueron contra la Justicia, 1.084 contra la Policía, 1.003 contra la Alcaldía de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, y 832 contra el Ministerio Público.

Villena, citado en un comunicado de su departamento, destacó el incremento "sustancial" de las quejas "por problemas referidos a la justicia, derechos laborales y violencia, muchos de los cuales tienen que ver con la falta de credibilidad y la poca respuesta que tienen de las instancias que corresponden".

La Justicia boliviana lleva meses inmersa en una seria crisis institucional, reconocida por el Gobierno, y causada entre otros factores por la extendida corrupción, la lentitud de los procesos y las injerencias políticas.

Según el informe presentado este jueves, entre los grupos vulnerables que pidieron el amparo de la Defensoría figuran las mujeres (4.930 casos), seguidas por las personas de la tercera edad (2.462 casos) y menores (1.993 casos).

La Defensoría pidió este año la declaración de emergencia nacional por violencia machista debido al alto número de feminicidios y agresiones a mujeres y logró que se emitieran siete de esas declaraciones a nivel municipal y regional.

Bolivia es el país latinoamericano con mayor índice de violencia contra las féminas y el segundo en violencia sexual después de Haití, según datos del programa ONU Mujeres.

Además, el defensor del Pueblo, que ha sido acusado por el Gobierno boliviano de politizar su cargo, insistió en que no dejará de denunciar "las vulneraciones a los derechos humanos, aunque eso signifique ser objeto de críticas y cuestionamientos".

Entre las denuncias de Villena que han molestado al Ejecutivo figuran su postura respecto de la calidad de la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la violencia.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

10 Diciembre 2015

Destacó la falta de credibilidad en el Tribunal Constitucional, el Órgano Electoral y los casos de corrupción evidenciados en la Policía, el Ministerio Público y el extinto Fondo Indígena.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, destacó que en la presente gestión la sociedad sufrió el debilitamiento de la institucionalidad y la calidad de la democracia. Dijo que existe una permanente vulneración de los derechos humanos en el país, especialmente de pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes.

“Todavía el Estado, especialmente el Órgano Legislativo, no tiene una concepción integral de los derechos humanos. Hay lecturas parciales, sesgadas de los mismos. Cuando se produce la vulneración de derechos (…) por esa inacción del Estado o porque el acceso a la justicia es el verdadero escollo, esto se constituye en un problema grave”, sostuvo Villena en una conferencia de prensa donde mostró las principales conclusiones del informe defensorial anual.

Villena apuntó al debilitamiento de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral que destituyó a todos sus miembros, y la “crisis profunda y prolongada” del sistema judicial. Según la autoridad, estos problemas generan “un marco de incertidumbre respecto a la garantía y cumplimiento de los derechos constitucionales relativos a la justicia, probidad y transparencia”.

El Defensor reconoció los avances en el acceso de las mujeres a espacios políticos, pero matizó que pese a que el 51% de las concejalas son mujeres, no hay gobernadoras y solo resultaron electas 27 alcaldesas en los comicios subnacionales de marzo.

Redacción Leo.bo

Fuiente: ANF

19 Noviembre 2015

Rolando Villena, defensor del pueblo, indicó que los hechos de corrupción de jueces y fiscales es la “alerta máxima” para agilizar los cambios en la justicia boliviana y de esta manera recuperar la credibilidad ante la sociedad.

“(Que) un juez este recibiendo una cantidad de dinero para favores o  torcer la justicia en favor de algún peticionario es grave y debería ser ya un tema de alerta máxima para que desde la Magistratura, pero también el otro órgano del Estado referido al Ministerio Publico desde la Fiscalía General, se asuman todas las medidas en términos de agilizar estos procesos y que se dé la sanción como corresponde porque la justicia con este tipo de jueces no va a avanzar un solo milímetro”, señaló Villena a ANF.

El defensor del pueblo se mostró indignado por estas faltas graves cometidos por algunos operadores de justicia y pidió que los implicados en corrupción sean sancionados como corresponde.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

23 Octubre 2015

El Defensor de Pueblo, Rolando Villena, mostró el jueves su preocupación por el incremento de embarazos en menores de 18 años, muchos de ellos producto de la violencia sexual o por falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos, según boletín institucional.

Villena, planteó la necesidad de mejorar las normativas e implementar políticas públicas referidas a la niñez y adolescencia, crear un sistema de atención diferenciada en salud sexual y reproductiva y desarrollar acciones concretas para prevenir la violencia sexual para disminuir los embarazos en niñas y adolescentes en Bolivia, expresa el informe.

"Alarma el incremento de los embarazos en menores de 18 años, muchos de ellos, producto de la violencia sexual o por falta de información sobre los derechos sexuales y reproductivos; preocupa aún más el riesgo que conlleva esta situación, pues muchas recurren al aborto en situaciones insalubres e inseguras o por sufren daños irreversibles por complicaciones surgidas durante el parto", manifestó el Defensor.

Durante 2014, al menos se conocieron de 14 casos de niñas y adolescentes de entre 11 y 16 años, que quedaron embarazadas producto de la violación sexual por parte de sus padres, padrastros, hermanos, primos o tíos; tres de ellas recurrieron al aborto que puso en peligro su vida.

En mayo de este año se conoció de nueve adolescentes de entre 14 y 17 años que fueron violadas y producto de esta acción quedaron en estado de gravidez.

Esta realidad no cambiará, afirmó la autoridad, si no se aprueban y trabajan en políticas que apunten a la prevención de la violencia sexual, si no se crea un sistema de atención diferenciada y especializada para adolescentes mujeres sobre la salud reproductiva y sexual y la disposición del servicio diferenciado para este grupo poblacional en todos los niveles de salud.

El Defensor lamento que no existan datos actuales al respecto, aunque se estima que el 38,5% de embarazos en adolescentes menores de 15 años termina en aborto.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

15 Octubre 2015

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó el jueves de "temeraria" la postura del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre la supuesta vulneración gubernamental de los derechos de los pueblos indígenas.

En conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno, indicó que el pasado fin de semana la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado que señala: "Pretender el desarrollo económico a costa de invasión y colonización de los territorios indígenas, de la depredación de la Madre Tierra, la distorsión del derecho de los pueblos indígenas a ser consultada sobre sus formas de desarrollo y la negación de los derechos de las generaciones presentes y futuras no pueden considerarse coincidentes con la democracia que habíamos decidido construir".

Quintana indicó que ese conjunto de afirmaciones "merecen nuestro total repudio, rechazo y una expresión, obviamente de disconformidad con las expresiones temerarias del  Defensor del Pueblo".

Consideró que con ese comunicado la Defensoría del Pueblo acusa al Gobierno de invadir y colonizar tierras indígenas.

A su juicio, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en una "factoría política" y cambió sustancialmente su mandato establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

"Esta declaración está en línea con las sistemáticas declaraciones que ha desarrollado el Defensor del Pueblo durante los últimos años. Declaraciones que tienen que ver con asuntos políticos fundamentalmente", dijo.

Detalló que en los últimos años, Villena acusó al Gobierno de asumir decisiones a favor de militantes frente a los desastres naturales registrados a principios de año en Beni.

Además, precisó que en declaraciones sobre la democracia en Bolivia, el Defensor dijo que está en riesgo y se está ralentizando, por lo que sugirió a la oposición replantearse.

"Son expresiones de un político o ustedes me dirán que son expresiones de un Defensor del Pueblo", cuestionó Quintana.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

13 Octubre 2015

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena alertó este martes que 20 áreas protegidas de las 22 están en riesgo por la exploración petrolífera, hidrocarburífera y mineras.

“Son 20 parques en riesgo, algunos por su no acceso a la información hablaban de 8 áreas en riesgo, pero hablamos de 20 áreas en peligro”, expresó Villena.

Manifestó que el interés por encontrar recursos no renovables como el petróleo y el gas impulsa proyectos de “crecimiento de ultranza”, es decir que se realice sin importar el costo, los retos ni las opiniones.

“La Pachamama está pasando factura a esta administración de Estado como también a las otras, no podemos hipotecar los recursos naturales no renovables y dejar sin acceso a las siguientes generaciones a éstos”, sostuvo Villena.

Las áreas protegidas en riesgo por exploración de petróleo, gas, minería, hidroeléctricas son los parques Madidi, Manuripi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari,Carrasco, Amboró, San Matías, Toro Toro, El Palmar, Iñao, Aguarague, EBB, Kaa Iya, Otuquis, Sama y Tariquia.

Las áreas protegidas que no estarían en riesgo son el parque Eduardo Abaroa y el parque Sajama.

El Defensor expresó que hace falta el acceso a la información a las comunidades como a la población en general sobre los procesos de las consultas previas a las comunidades.

“Es un momento donde aún bajo presión y conciencia social se debe exigir tener acceso a la información para que el pueblo pueda decidir”, señaló Villena.

A su juicio, las consultas previas no se ejercen y los mecanismos de compensación no los asumen con responsabilidad con los pueblos indígenas.

“No se ejercen (las consultas previas) hemos participado en varias y han acabado dando más poder al gobierno central”, explicó.

Agregó que las conclusiones de la II Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático, que se realizó del 10 a 12 de octubre en Tiquipaya, Cochabamba, no se quede en papel y que se respete.

“Es un momento de inflexión y que las conclusiones no se queden como un documento de análisis, debe ser serio, coherente y socializado con todos los grupos”, dijo.

Villena manifestó que hay algunas “medidas torpes” que tomó el gobierno como los tres decretos supremos que van en contra de la Constitución Política del Estado.

Hace referencia al Decreto supremo 29033, reglamento de consulta y participación, el decreto 2298 que modifica el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas sobre actividad hidrocarburífera en áreas protegidas y el decreto 2195 sobre consulta previa.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

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