Santa Cruz de la Sierra
25 Noviembre 2014

Los índices de violencia contra la mujer se han disparado en Santa Cruz, pero los que llegan a procesos judiciales son muy pocos, y mucho menos son los que tienen sentencia. En ese marco, reuniendo todos los casos que han atendido la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la Fuerza Especial de Vìctimas de Atenciòn Prioritaria (ex UVE), la Casa de la Mujer, la Defensoria del Pueblo y otras instancias los hechos de violencia hacia la mujer superarán los 20.000 en el presente año. Sin duda, es para preocuparse, para pensar y reaccionar de forma rápida y eficiente.

Pero mientras eso pasa con las denuncias y el accionar de las instituciones competentes, se produce otro hecho que debe movernos a interpelarnos como Estado, y para ello una muestra: de marzo a octubre de 2014 han ingresado a la cárcel de Palmasola 1.689 personas acusadas de robo, narcotráfico, asesinato, atracos y otros; de los cuales 342 son por los delitos que establece la Ley 348, y 75 por delitos sexuales. De los delitos de violencia contra la mujer y violencia sexual solo existen cinco sentencias en el presente año. Los demás están con detención preventiva. Es el caso de María del Carmen Vasquez Paz, asesinada el año pasado, cuyo proceso avanza muy lentamente.

Como se puede apreciar las denuncias son miles, pero los que van como detenidos y los que siguen los procesos judiciales, la cifra va disminuyendo notablemente. Algo està pasando para que las autoridades judiciales y policiales no estén cumpliendo a cabalidad sus competencias.

La Representaciòn Departamental de la Defensorìa del Pueblo junto a Fundaciòn Paz y Esperanza, Levàntate Mujer, Fe y Alegría, carrera de Trabajo Social de la UAGRM, y otras entidades, ayer realizaron una jornada de reflexión y de exhortación a la sociedad y a las autoridades para asumir con honestidad y decisión la lucha contra la violencia hacia la mujer. En tal sentido, se està insistiendo en la declaratoria de Alerta Departamental ante la Gobernación y el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, tal como lo establece la Ley 348 para activar todos los mecanismos operativos, económicos, recursos humanos, voluntad política de encarar este proceso para eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres.

CUADRO

2014: de enero a octubre

FELCV: 5.675 casos de violencia contra la mujer

FEVAP: 374 denuncias de violación y 277 abusos sexuales

Distrito Plan Tres Mil: 155 hechos de violaciones

Distrito Pampa de la Isla: 90 casos de violaciones

Distrito Los Lotes; 121 casos de violaciones

Palmasola: de marzo a octubre ingresaron 342 personas por delitos de la Ley 348 y 75 por delitos sexuales. De los cuales solo cinco sentencia

Feminicidios: 16 casos, uno solo con sentencia

Redacción Leo.bo

Fuente: Defensoría del Pueblo (Santa Cruz)

25 Noviembre 2014

El Defensor del Pueblo exigió hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformar una comisión de investigación de los casos de feminicidios y asesinatos que se encuentren pendientes de resolución en todos los tribunales del país, a fin de acelerar las sentencias y sancionar a los culpables.

En un comunicado de prensa en el Día Internacional contra toda forma de violencia hacia la mujer, recordó que ocho de cada 10 mujeres en Bolivia sufren algún tipo de violencia y que la mayoría de los casos ocurren al interior de los hogares.

“Demandamos una  vez más que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y los locales asuman su responsabilidad y coherentes con su mandato, cumplan 348 y su Reglamento, emitiendo el Estado de alerta nacional ante la situación generalizada de violencia contra las mujeres y la reproducción sistemática de sus 16 formas identificadas en la ley”, subraya la Defensoría del Pueblo en otra parte de su boletín.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

16 Noviembre 2014

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, cuestionó hoy la actuación del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, por "hacer política y no velar por los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y privados de libertad".

"La Defensoría del Pueblo creada por la Constitución Política del Estado es la instancia para verificar, hacer seguimiento y de exigir el cumplimiento de los derechos humanos, pero se hace política", expresó a medios estatales.

Apuntó que el Defensor del Pueblo está ocupado en presentar amparos a favor de jueces cuestionados, en lugar de velar por los derechos humanos de los privados de libertad, de las mujeres y de los niños.

Suxo dijo que no vio al personal de la Defensoría del Pueblo trabajar en los hogares de niños y dijo que los derechos humanos se los defiende en el lugar del hecho, donde existe vulneración de derechos y no desde un escritorio.

Respecto a la muerte del bebé Alexander de 8 meses, supuestamente vejado en un hogar de niños, Suxo demandó que "los responsables del hecho reciban la sanción correspondiente, pero también que la ciudadanía empiece a exigir a las instancias que deben ocuparse de estas temáticas".

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

 

28 Octubre 2014

El defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, lamentó el martes que los casos de violencia sexual y trata y tráfico de personas denunciados en 2014 no tengan a la fecha una sentencia.

"Nosotros tenemos en la Fiscalía de Distrito este año, hasta septiembre, 40 casos aproximadamente presentados de personas que han cometido (el delito) de trata y tráfico, pero no hay detenidos, son denuncias que han quedado a medias', lamentó.

Cabrera remarcó que los casos de violencia contra niñas y mujeres jóvenes se incrementan cada año por la falta de atención de las autoridades locales.

De enero a septiembre de 2014, los casos de violencia sexual contra niñas, producidos por adultos, sumaron 366 en sólo tres zonas de Santa Cruz: el Plan 3000, Los Lotes y el Distrito 8, de los que ninguno tuvo sentencia hasta la fecha, denunció.

Cabrera dijo que en los próximos días espera tener una reunión de coordinación con el nuevo Fiscal de Distrito para dar celeridad a la culminación de casos sin sentencia.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

09 Octubre 2014

El representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, anunció el jueves que en esta oficina operará una línea telefónica directa el día de las elecciones generales para ayudar a la ciudadanía a emitir su voto.

A través de la línea telefónica, dijo que se atenderán las quejas o problemas que eventualmente enfrenten los votantes.

"La Defensoría del Pueblo estará presente en estas elecciones para atender la demanda de la gente que lo requiera, atendiendo en el 3338808 ese día, un apoyo más que vamos a brindar, velando que los derechos humanos sean respetados", remarcó Cabrera.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

09 Octubre 2014

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió hoy a los jurados, notarios y candidatos que protejan las condiciones para garantizar que la ciudadanía pueda sufragar de manera libre y sin presiones, especialmente en el área rural, las comunidades indígenas y en recintos militares como de la Policía.     

“Quiero además pedir a las y los bolivianos que fungen como jurados, delegados de mesas, notarios electorales o candidatos a que promuevan y protejan las condiciones para que el pueblo pueda elegir de manera libre, sin presiones ni amenazas, secreta, individual, directa y sin diferencias ni discriminaciones; de modo que no se empañe la voluntad popular ni el ejercicio de sus derechos, especialmente en las áreas rurales y las comunidades indígena originaria campesinas, así como en los recintos militares y policiales”, dice el comunicado leído por Villena.

Anteriormente, organizaciones campesinas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron con controlar y hasta “chicotear” a sus afiliados que osen votar cruzado, es decir, por un partido para la Presidencia y por otro para la diputación.       

La Iglesia Católica también se manifestó al respecto y pidió a la población que denuncie el “voto consigna” y añadió que atenta contra los derechos fundamentales “todo lo que impide o condiciona el voto: presiones, insultos, descalificaciones, discriminaciones de diverso tipo, peor aún, cualquier forma de amenaza o agresión física”.

Para verificar el cumplimiento de las normas, Villena anunció que las oficinas de la Defensoría del Pueblo en todo el país estarán abiertas y atenderá cualquier denuncia sobre vulneración del derecho al sufragio, en las condiciones que determina la Constitución Política del estado y la Ley del  Tribunal Supremo Electoral.

Asimismo, el Defensor dispuso que, el día de las elecciones, se desplacen “comisiones y delegados defensoriales a los hospitales, recintos penitenciarios, unidades militares y policiales, casas de acogida para verificar que se están prestando todas las garantías para que las personas que allí se encuentren puedan ejercer plenamente sus derechos”.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

15 Septiembre 2014

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inconstitucionalidad de varios requisitos que se exigen a los postulantes a la Universidad Policial (UNIPOL), según nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.

Los requisitos que ahora son inconstitucionales son los referidos a la exigencia de una estatura mínima, 1,70 metros para varones y 1,60 para mujeres; la soltería, que no estén casados o casadas ni tengan descendencia; que no tengan tatuajes, marcas o señales visibles en sus cuerpos; y que los postulantes no tengan antecedentes policiales ni sus progenitores.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien fue notificado de esta sentencia el pasado 5 de septiembre, expresó su satisfacción por este fallo y agradeció a los miembros del Tribunal Constitucional.

“Creemos que el fallo del alto Tribunal no es en contra de la Policía, sino a favor de los y las jóvenes bolivianos, especialmente de quienes optan, con todo derecho, a seguir estudios en los institutos de formación policial y esto les era impedido por situaciones inherentes a su condición, decisión o autoidentificación y constituían a nuestro criterio, vulneraciones a sus derechos humanos”, señaló.

En cuanto a los argumentos de la decisión del TCP, Villena explicó que en el caso de la estatura mínima exigida, no se tomaba en cuenta que el promedio de estatura en Bolivia oscila entre 1,60 metros para varones y 1,45 para mujeres y, por lo tanto aplicaba privilegios para un grupo reducido en relación a otro mayoritario, afectando especialmente a los y las postulantes provenientes de pueblos indígena originario campesinos de regiones donde la altura promedio es mayoritariamente menor.

En relación al requisito sobre ser soltera o soltero y no tener descendencia, el TCP considera que la exigencia no es adecuada ni necesaria para cumplir la misión constitucional asignada a la institución policial, puesto que las funciones pueden ser cumplidas por las personas con independencia de su estado civil y descendencia, al no menoscabar sus capacidades físicas, psicológicas y éticas.

Asimismo esta prohibición era lesiva a los derechos de las familias, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad ya que “en vez de proteger a la familia, consideran a ésta como un obstáculo para lograr la formación profesional y, en vez de garantizar las condiciones sociales y económicas que, en el futuro, podrán coadyuvar al desarrollo integral de la misma, las limita”, señala la sentencia.

En relación a la presencia de tatuajes, marcas o señales adquiridas en lugares visibles, lo que se prohibía en los reglamentos policiales, el Tribunal consideró que esta prohibición lesiona el derecho al libre desarrollo de la personalidad. “La determinación se basaba en un prejuicio social vinculado a que sólo quienes ejercen actividades delictuales podrían tener tatuajes, señas o marcas”, indicó.

En cuanto a los antecedentes penales de los padres, se declara la inconstitucionalidad de dicho requisito en razón a que éste es contrario a las garantías del debido proceso pues extiende una sanción a terceros, sin considerar que la responsabilidad penal es personal, que no corresponde la medida los fines perseguidos y que la misma viola la presunción de inocencia.

Sobre la exigencia de presentar "antecedentes policiales" del postulante, el TCP ha considerado que afecta a la garantía a la presunción de inocencia toda vez que los antecedentes policiales no constituyen una prueba de la efectiva participación, responsabilidad y culpabilidad de la o el postulante en actividades delictivas. 

Aunque, también en este punto el Tribunal ha considerado que si bien los antecedentes policiales no deben constituirse en una causal de inhabilitación del postulante, estos pueden ser analizados y ponderados de manera integral de acuerdo a las circunstancias, la gravedad, la reiteración, etc., al momento de su incorporación.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

09 Septiembre 2014

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció que ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) planteará la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y códigos militares que permiten la violencia y la vulneración de derechos humanos.

Villena recordó la impunidad por las muertes de soldados en recintos militares y el amedrentamiento contra los suboficiales que se movilizaron por mejores condiciones de vida e indicó que “ante la evidencia de que estas acciones se cometen al amparo de una norma anacrónica y de naturaleza colonialista, he dispuesto que se realice un análisis jurídico de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de los Código Penal Militar y del Procedimiento Penal Militar para plantear, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la inconstitucionalidad de aquellos aspectos que permiten y viabilizan las acciones de violencia y vulneración de derechos”.

La LOFA fue actualizada hace 22 años, mientras que los Códigos Penal  y de Procedimiento Penal Militar fueron aprobados, mediante decreto, en 1976. 

Los tribunales militares utilizan estas normas militares para justificar sus acciones. Por ejemplo, se niegan a soltar a los suboficiales detenidos porque, según el Código Penal Militar, no existe la figura de libertad provisional para los acusados de delitos contra la seguridad del Estado, figura que también se desprende de la misma norma.
  
Silencio de autoridades

El Defensor reveló que ha solicitado reuniones al Comandante de las Fuerzas Armadas y al Presidente de la Asamblea Legislativa (Vicepresidente del Estado) para viabilizar un cambio en la entidad castrense, sin embargo enfrentó “una negativa sistemática, cuando no a un silencio incomprensible, que ha impedido cualquier acción para enfrentar estos temas de manera adecuada y efectiva”.
 
De acuerdo a los datos recogido por la Defensoría del Pueblo, existe un incremento en las denuncias recibidas que señalan como responsables de vulneración de derechos a miembros de las FFAA. El año pasado se registraron 119 quejas, de las cuales 14 corresponden a la figura de tortura y/o tratos crueles e inhumanos.

“Pese a las constantes demandas y reclamos, pareciera que la institución castrense no ha tomado ninguna acción para prevenir la reiteración de estas conductas  y la prevalencia de un sistema de formación que privilegia la violencia y desestima la necesidad de orientar las acciones en base al respeto a los derechos humanos”, agregó Villena.

No obstante, durante el conflicto por la descolonización de las FFAA, el Comando dispuso que mesas de trabajo dialoguen sobre los cambios en la LOFA, sin embargo aún no se conocen resultados de esta tarea.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

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