Santa Cruz de la Sierra
04 Mayo 2015

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, alertó que la vulneración de derechos laborales se ha incrementado considerablemente y que ahora ocupa el primer lugar en denuncias recibidas por la institución en la gestión 2014. Alcanza 2.294 casos, 24% más que en 2013 cuando se recibieron 1.747 denuncias.

Las denuncias giran en torno a situaciones como la negación de salario justo, vacaciones, permisos por salud y horarios de lactancia, además de despidos injustificados, consultorías y casos recurrentes de acoso laboral. También señaló que la población más vulnerable son las mujeres, jóvenes y los niños trabajadores.

Con base en los resultados, el Defensor señaló que "el ejercicio de los derechos laborales, en general, se encuentran en situación preocupante en sus distintos componentes, especialmente por la precariedad de un alto porcentaje de los empleos, ya que la mayoría corresponden al sector privado, donde debido a la falta de normativa adecuada y de mecanismos de seguimiento y vigilancia desde el Estado, se observa el incumplimiento de derechos como la vacación, el salario justo, la estabilidad e incluso la aplicación de medidas de seguridad y protección para las y los trabajadores, además de graves falencias en el acceso a la seguridad social de corto y largo plazo”.

El departamento que registró mayor cantidad de denuncias fue La Paz con 719 casos, seguido por El Alto con 390, Tarija con 188, Oruro con 174 y Beni con 117, aunque también existe una cantidad considerable en las otras capitales y en ciudades intermedias como Llallagua, Caranavi, Puerto Suárez y Riberalta.

El informe muestra también una mayor vulneración de los derechos laborales de la mujeres por su condición de género. "Nos preocupa especialmente la situación de poblaciones específicas como las mujeres que son sometidas de manera recurrente a la discriminación, al acoso laboral y al acoso sexual en sus fuentes de trabajo, los que se ven agravados por la vigencia de un sistema patriarcal y machista que aplica altos niveles de discriminación contra las mujeres embarazadas, adultas mayores incluso las mujeres indígenas”, señaló Villena.

Según una revista Oxígeno de 2013, las mujeres, que representan 45 por ciento de la población trabajadora en Bolivia, son las más explotadas en el mercado laboral, pues reciben salarios menores a los de los varones y desempeñan sus labores en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo en el mercado informal.

En el caso del trabajo juvenil, la situación es igual preocupante, especialmente para quienes ingresan por primera vez al mercado laboral y sufren con mayor rigor la explotación, el acoso, los ingresos insuficientes y la negación de vacaciones, horas extras o estabilidad. Además se refirió a la situación de las niñas, niños y adolescentes que trabajan muchas veces en situación de alto riesgo, ante la ausencia de mecanismos de vigilancia y protección desde el Estado.

Según el CEDLA un 55,7% de los jóvenes tienen empleos informales y siete de cada 10 cuentan con empleos inestables, temporales o eventuales, con ingresos que no alcanzan ni para cubrir los alimentos básicos. Unicef sostiene que existen 850 mil niños y adolescentes trabajadores, el 58% son menores de 14 años y que el 90 % del trabajo infantil es informal.

Villena se refirió también a las limitaciones y afectación del derecho a la libre organización de trabajadoras y trabajadores en el país. "El derecho a la sindicalización es uno de los más importantes y aquí también tenemos problemas ya que la organización sindical continúa siendo vista por los empresarios y por el sector público como un mecanismo peligroso que atenta contra los intereses patronales y en muchos casos se lo proscribe directa o indirectamente”, afirmó la autoridad.

Sobre la situación de los servidoras y servidores empleados como consultores de línea que representan un porcentaje importante en el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías, observó que están sometidos a una discriminación constante ya que las actuales leyes vigentes les niegan el derecho a la vacación, a la seguridad social e incluso a la licencia por embarazo, lo que los transforma en una especie de servidores de segunda clase que son despedidos con cada cambio de autoridades.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

30 Abril 2015

La representante del Defensor del Pueblo en Tarija, Gladys Sandoval, pidió que el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jacinto Vega, renuncie a su cargo debido a que pesa sobre él dos denuncias de violación contra menores de edad que además son sus familiares, reportó radio Aclo de la red Erbol.

"Pedimos que es diputado. Si todavía le queda algo de ética, se aleje de su cargo”, dijo Sandoval.

La representante de la institución defensorial recibió la información sobre las violaciones y solicitó un informe a la Fiscalía, el cual le llegó ayer confirmando las denuncias.

Anunció que enviará la documentación a la Cámara de Diputados para que la Comisión de Ética procese a Vega.

Los casos

Sandoval indicó que en primer lugar Vega está acusado de violar a su sobrina de 10 años en reiteradas ocasiones. Afirmó que hay un certificado forense que confirma el delito y recordó que incluso el ahora diputado fue imputado por el Ministerio Público.

A comienzos de abril, se publicó un documento del Ministerio Público, que data de 2012, en que el fiscal Miguel Ángel Exeni acusó formalmente a Vega por abusar sexualmente de la niña. La Fiscalía pidió entonces 25 años de prisión para el legislador, quien fue electo por la circunscripción indígena de Tarija el año pasado.

En el segundo caso, Sandoval explicó que la víctima puso en persona la denuncia contra Vega ante la Policía. Señaló que el acusado fue aprehendido, pero sólo estuvo pocos días preso.

Asimismo, la representante defensorial utiliza amenazas contra testigos para mantener en silencio las acusaciones.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

28 Abril 2015

El tema del aborto es una realidad en Santa Cruz. Como también la incidencia de los hechos de violación es altísima, siendo las principales víctimas adolescentes y jóvenes, que ven en riesgo su integridad y su salud al ser abusadas sexualmente. Más allá de las estadísticas, debemos asumir que hay un problema social grave y que debemos verlo en su real dimensión.

Según datos oficiales de los hospitales de segundo nivel y de los centros de salud que administra el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el año pasado se registraron 3.816 abortos, obedeciendo a diferentes causas. Mientras que en el Hospital de la Mujer se reportan, 1.826 abortos desde el mes de julio 2013 a marzo de 2014, entre las causas: desconocidas, espontáneos, inducidos por misoprostol, esfuerzos físicos, caídas, traumas, y otras. A ello hay que agregar los muchos casos que no llegan a los centros médicos, sino que se practican de forma clandestina o en su caso, no se informan debido al miedo de algún proceso judicial.

Pero en lo que hace a las adolescentes y jóvenes, los datos desnudan una cruda realidad. Según el Hospital de la Mujer “Percy Boland”, en la gestión 2014 se han dado en adolescentes (10 a 14 años), y jóvenes (15 a 19 años) 468 abortos, debido a múltiples causas, siendo que la mayoría llegan ya al Hospital con sangrado y complicaciones, y en el primer trimestre de este año son 104 abortos registrados en este hospital de tercer nivel.

Los casos de violencia sexual que atendió el Hospital de la Mujer en la gestión 2014, alcanza a 95 adolescentes, y en el primer trimestre de este año, son 17 adolescentes que han sido violadas o abusadas sexualmente.

La Defensoría del Pueblo ante esta situación expresa su preocupación y en el marco del respeto de los derechos sexuales y reproductivos, recuerda que el aborto impune o no punible es el practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada  por las causales permitidas en la ley penal, garantizando a la paciente su derecho a la salud sexual en condiciones de higiene y asepsia adecuadas para que no corra riesgo su vida. Este tipo de aborto es permitido bajo dos circunstancias, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.

En ambos casos el aborto debía ser autorizado judicialmente, sin embargo este procedimiento demoraba demasiado, y hasta que salga la autorización judicial, pasaba el plazo de semanas en la que la interrupción del embarazo sin riesgos para la madre era posible. Por esta razón es que se planteó una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional que emitió  la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 de 5 de febrero del 2014 que  elimina el permiso y trámite  judicial en la solicitud de aborto para las mujeres víctimas de violación que quedaran embarazadas, señalando que basta  denunciar el hecho. Esto hace que las víctimas pueden ejercer su derecho de forma más fácil, aunque todavía deben enfrentarse a la objeción de conciencia del personal médico.

Pese a que existe la obligación de cumplirla,  a un año y dos meses de estar vigente,  esta sentencia aún no se aplica en Santa Cruz como corroboró una verificación defensorial realizada a inicio del mes de abril en la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP/UVE) del Ministerio Público, en el Hospital de la Mujer “Percy Boland” y Colegio Médico de Santa Cruz.

Según los servidores públicos consultados  no hay nada claro sobre la aplicación de esta Sentencia, por ello ante el desconocimiento y falta de información es necesario impulsar su cumplimiento obligatorio en las instancias competentes. 

Hay que hacer comprender que procede en casos de violación, incesto, estupro y riesgo para la salud o vida de la mujer, eliminando las barreras legales para acceder a un aborto legal y seguro, despenalizando el aborto en las primeras fases de desarrollo del embrión que si bien goza de protección de la Constitución Política del Estado y las leyes, lo hace en menor proporción que la que se le otorga a una persona nacida.

Esta sentencia es de cumplimiento obligatorio para médicos/as, policías, fiscales trabajadoras sociales, psicólogas y cualquier otra autoridad competente en el tema, que si no la cumpliera, será pasible a un proceso por responsabilidad penal, que constituye un delito cuya sanción puede ser la reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días.

La verificación defensorial también  mostró que además de esta situación y pese a la norma vigente tampoco se orienta a las víctimas de violación acerca la posibilidad de tomar la píldora de emergencia (o del día después hasta 72 hrs de ocurrido el hecho) y así evitar un embarazo no deseado. Siendo que este es un derecho que está incluido en el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y su distribución en estos casos es gratuita.

De igual forma, no se está aplicando lo que establece la Ley Nº3729 para la prevención del VIH/SIDA, protección de los derechos humanos y asistencia integral multidisciplinarias para las personas que viven con VIH, así como su Decreto Reglamentario Nº 0451 que “toda persona víctima de los delitos de violación y estupro, deberá recibir de inmediato, en cualquiera de los componentes del Sistema Nacional de Salud, el tratamiento profiláctico post exposición de acuerdo a normas y protocolo vigentes en el país”.

“Estas situaciones deben cambiar, deben ser objeto de mayor trabajo y mayor información hacia los operadores de justicia y responsables de atención a víctimas, la norma es clara y como servidores públicos tiene la misión de cumplirla, más allá de cualquier creencia personal, la violencia sexual afecta vid as y el incumplimiento de las normas, las revictimiza y las afecta más aún. Seguiremos con un estricto seguimiento a este tema que debe ser ampliamente difundido y conocido, más ahora que existe tanta violencia y las autoridades no se dan abasto para contenerla”, señaló Hernán Cabrera sobre esta información.

Redacción Leo.bo

Fuente: Defensor del Pueblo

27 Marzo 2015

La Defensoría del Pueblo señaló, mediante un comunicado, que en varias ocasiones las actuaciones del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no fueron transparentes, en el marco del proceso para las elecciones subnacionales del domingo.

“Expresamos nuestra contrariedad y reclamo por las actuaciones del Órgano Electoral Plurinacional que, en varias ocasiones durante el proceso preelectoral, no han mostrado la transparencia, eficiencia, seriedad y responsabilidad que demanda un proceso electoral de esta naturaleza, al asumir decisiones cuestionables justificadas en interpretaciones poco claras e inequitativas de las normas, lo que puede haber generado vulneración de los derechos que les asiste a los frentes y partidos que participan en los comicios y a la propia ciudadanía”, dice el documento.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue criticado en meses anteriores porque decidió la inhabilitación de candidatos que fueron legisladores en la gestión 2010-2015. Asimismo, la semana pasada resolvió la cancelación de la personería jurídica de una organización política de Beni, lo cual conllevó a que 228 candidatos queden fuera de carrera.

Asimismo, la Defensoría se refirió a las elecciones en Beni y los problemas con las papeletas que se usarán en ese departamento.

El comunicado señala: “Expresamos nuestra seria preocupación por las condiciones en que se planifica realizar las elecciones en el departamento del Beni, utilizando una papeleta con datos incompletos e inadecuados que puedan dar lugar a confusiones, desinformación e incluso manipulación, especialmente en algunos municipios y comunidades donde sólo está presente una candidatura, aunque en la papeleta figuran otros candidatos, agravado por el hecho que en el escrutinio no puedan participar ni ser vigilados por otros frentes políticos”

Ayer, el Defensor del Pueblo, Rodolfo Villena, afirmó que en el caso del Beni hay una flagrante vulneración de derechos políticos y manifestó que “lo mejor” sería postergar los comicios.

Critica a autoridades

La institución defensorial sostuvo que hubo autoridades de Estado que usaron recursos públicos para la campaña electoral.

“Señalamos nuestra preocupación por las acciones emprendidas por algunas autoridades de instituciones del Estado, tanto a nivel local como nacional, que utilizaron recursos, horas de trabajo e incluso espacios institucionales para realizar campañas de apoyo a determinadas candidaturas, generando un injusto desequilibrio que perjudicó a los frentes y partidos que no eran parte de los gobiernos”.  

Lamentó además que algunas autoridades hayan amenazado en varias oportunidades con negar “recursos públicos del Estado central, a aquellos municipios o gobernaciones donde resulten ganadores los frentes o partidos de oposición”.

“Creemos que esas advertencias dañan la democracia y generan un innecesario malestar en las bolivianas y bolivianos que tienen derecho de elegir en completa libertad y exentos de presiones, amenazas o condiciones, a sus candidatos de preferencia”, agrega el texto.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol.com

26 Marzo 2015

Villena señala que los problemas para los electores en Beni constituyen “una violación flagrante a un derecho político”.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, indicó hoy que "lo mejor” para preservar los derechos políticos de elegir y ser elegido de los ciudadanos benianos es que las elecciones en este departamento se posterguen en este departamento.

El domingo, en Beni, la población votará por el nuevo gobernador en una papeleta que tiene una franja por demás -puesto Unidad Demócrata (UD) perdió su personería jurídica- y la foto de un candidato que renunció en la casilla de la agrupación Nacer.

Enterado de estas deficiencias, Villena señaló que "eso (la postergación) sería tal vez lo mejor, sería recomendable, sería bien que se tome en cuenta estos antecedentes que aseguran que se lleve adelante elecciones en armonía y con la gente bien informada”.

Para el Defensor, los problemas para los electores en Beni constituyen "una violación flagrante a un derecho político. Es un caso muy elocuente que dice mal de la Corte (Tribunal Supremo Electoral) porque nada justifica que no se haya tomado en cuenta todos estos criterios”.

Advirtió que "hay deterioro de la democracia en términos de la calidad”.

El TCP rechazó recurso de UD

La anterior semana, UD planteó un recurso de inconstitucionalidad concreta contra el artículo de la Ley 026, en el cual se dispone la cancelación de la personalidad jurídica de la organización política que difunda encuestas irregularmente.

Este jueves, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zenón Bacarreza, informó que esta entidad determinó rechazar el recurso planteado por UD, reportó radio Aclo de la Red Erbol.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

26 Marzo 2015

Llueven denuncias contra los instructores de la Escuela Básica Policial por abuso y maltrato físico. Madres de varios estudiantes denuncian a la subteniente Jenny Huayllani y José Luis Ramos de someter a los aspirantes a humillaciones y trato degradante. Piden la intervención del Defensor del  Pueblo y Derechos Humanos.

Aspirante a Esbapol fue obligada a firmar su baja por denunciar los abusos y excesos de dos instructores.

Redacción Leo.bo

Fuente: Leo.bo

10 Diciembre 2014

La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó hoy del riesgo de debilitamiento de la democracia en el país y trazó un panorama sombrío de los derechos de mujeres y niños.

A pesar del reiterado ejercicio electoral y la mayor inserción de mujeres en el estado, "se están generando condiciones que afectan la calidad de esta participación y por lo tanto de la misma democracia", advirtió un informe anual del Defensor Rolando Villena entregado a la AFP.

Este deterioro "se refleja en la intolerancia a la opinión crítica, el debilitamiento de la independencia de las instituciones del Estado y la división y cooptación de los movimientos sociales y pueblos indígenas", sostuvo.

"Creemos que uno de los problemas más graves para los derechos humanos en Bolivia, continúa siendo la violencia estructural, transversal y creciente que está golpeando cada vez con más dureza a las niñas, las mujeres, los niños y adolescentes", agregó.

El Defensor arguyó que esa situación "también se evidencia contra todas las poblaciones vulnerables y en prácticamente todos los espacios de su vida".

El informe destaca también el resultado de un estudio de la ONU que señala que Bolivia ocupa, detrás de Haití, los primeros lugares en violencia contra la mujer.

En ese sentido mencionó que en lo que corre del año se registraron 104 feminicidios, según datos del Observatorio de la Mujer, Cidem.

También cuestionó que, a abril de este año, 1.200 niños y niñas menores de seis años estuvieran viviendo en cárceles junto con sus padres que cumplen condenas.

El reporte, que aborda diversas temáticas, expresó también preocupación, porque "el 58 por ciento de los niños trabajadores en Bolivia son menores de 14 años y el 90 por ciento del trabajo infantil es informal".

Villena entregó el informe en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

10 Diciembre 2014

La orden de detención del suspendido magistrado Gualberto Cusi, quien desde el lunes se encuentra hospitalizado por una enfermedad crónica, generó el rechazo de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que si se concreta la orden emitida por el Senado –que procesa a tres magistrados suspendidos (Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez) por el caso de la Ley del Notariado– tendremos un antecedentes “grave” en el país.

“Exhortar y no permitir que ese mandamiento (para la captura de Cusi) se concrete, porque sería un precedente nefasto ¿Qué se estaría pretendiendo si se lograra sacarlo a él de la Clínica? ¿Para llevarlo a dónde? Es grave, es grave,  todo esto pasa por el sentido común”, aseveró Villena.

Agregó dijo que debemos ponernos en la situación de la víctima más allá de quién sea, porque Cusi y cualquier otra persona tiene derecho a defenderse en igualdad de condiciones “respecto a quienes lo están defenestrando”.

“Esto nos lleva a un escenario de incertidumbre y podría profundizarse aún más la crisis de la  jurídica (...) porque al final de cuentas en qué acabará todo esto, aquí una vez más va estar en tela de juicio la independencia de los Órganos del Estado. Ojalá que más temprano que tarde este tema sea revertido”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera,  dijo que probablemente los magistrados no sean perfectos y hayan cometido algunas acciones no adecuadas en el desempeño de sus funciones.

“Pero la Asamblea Legislativa no es la instancia juzgadora, hubo un error en la elaboración de la Constitución Política del Estado, porque no se le ha dado el marco y los impactos que ahora tiene, no puede un ámbito legislativo, que es un ente político partidario, hacer y administrar justicia, ahora lo que estamos viendo  es intentar subsanar mediante ajustes a las leyes un proceso (que ya está en marcha)”, manifestó.

Apuntó que es caso, en el futuro puede ser un argumento que lleve al Estado boliviano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ese es el alto nivel de riesgo al que el Estado boliviano está siendo sometido por una Asamblea que no ha visibilizado este tema, que podría haber una sanción a los magistrados por una contravención, es posible, pero no de la manera como se está llevando actualmente”, insistió.

Entre tanto, el Tribunal de Sentencia del Senado reinstaló esta mañana la audiencia de juicio de responsabilidades contra las tres autoridades suspendidas en ausencia de Cusi.

El magistrado Cusi, desde la clínica donde se encuentra internado, dijo ayer que lo único que le queda es esperar y cumplir con el mandamiento que han emitido en su contra en el Senado.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

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