Santa Cruz de la Sierra
13 Enero 2016

La FIFA despidió a su secretario general Jerome Valcke, quien está siendo investigado por un caso de corrupción relacionado con la reventa de entradas del Mundial Brasil 2014, anunció el ente rector del fútbol mundial en un escrito.

"El Comité de emergencia de la FIFA decidió el 9 de enero de 2016 cesar a Jerome Valcke de la posición de secretario general de la FIFA con efecto inmediato", dijo en un comunicado este miércoles la FIFA.

El juez instructor de la FIFA había dictado su suspensión provisional por 90 días el 8 de octubre, prolongada por 45 días más el pasado 5 de enero. Esta suspensión sigue en vigor y va más allá de su puesto como secretario general, ya que le prohíbe cualquier actividad relacionada con el fútbol.

El ex mano derecha del presidente Joseph Blatter durante casi una década, fue relevado de su cargo el 17 de septiembre pasado. El francés se expone a una suspensión de nueve años de toda actividad relacionada con el fútbol.

Además de esta pena, la justicia interna de la FIFA pidió una multa de 100.000 francos suizos (99.905 dólares) contra su ex número 2.

El francés está acusado de haber violado varios artículos del código ético de la FIFA; entre ellos el conflicto de intereses, haber ofrecido o aceptado regalos y otras ventajas y haber rechazado colaborar, según la FIFA.

"La justicia interna de la FIFA optó por ignorar la conducta ejemplar de Jerome Valcke y sus extraordinarias contribuciones durante su largo mandato de secretario general", protestó Harry Berke, el abogado estadounidense de Valcke, en un comunicado transmitido a la AFP.

Valcke, antiguo periodista, había sido relevado de sus funciones "hasta nueva orden" en septiembre después de que la prensa inglesa desvelara sus prácticas. Los medios británicos informaron de un sistema que habría permitido al francés recibir comisiones de operaciones de reventa en el mercado negro de miles de entradas en la última Copa del Mundo.

Redacción: Leo.bo

Fuente: AFP

18 Diciembre 2015

La Corte Suprema de Brasil determinó hoy que la Cámara de Diputados elija nuevamente a los miembros de la comisión que analizará si existen razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Por una muy ajustada mayoría, los once magistrados del Supremo decidieron que la elección no podrá ser secreta y que cada partido político representado en la Cámara Baja postulará a los miembros de la comisión, que tendrán que ser elegidos en forma individual y no a través de listas.

De esa manera, la corte anuló la elección de los miembros de la comisión realizada el pasado día 8, cuando se presentaron dos listas de candidatos a integrar ese grupo y se impuso la propuesta por la oposición en un votación realizada bajo secreto.

El Supremo intervino en el asunto a pedido del oficialismo, que pidió esclarecer algunos aspectos del trámite que debe ser seguido para el posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, que se fundamenta en maniobras contables irregulares que el Gobierno ha hecho para maquillar sus resultados desde 2014.

Además de pedir opinión sobre la forma de elegir a esa comisión especial, el oficialismo argumentó que la Cámara de Diputados, antes de aceptar a trámite la solicitud de la oposición para enjuiciar a la mandataria, debería haber escuchado antes su defensa, lo cual fue negado por la corte.

Según la mayoría de los magistrados, Rousseff tendrá una amplia garantía de defensa durante el proceso y, en especial, frente a la comisión de diputados que decidirá sobre la legalidad de un eventual proceso.

El Supremo también ratificó que esa comisión deberá preparar un informe, favorable o no al proceso, que deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios en el pleno de la Cámara de Diputados, que tiene 513 miembros.

Si la mayoría calificada del pleno votara por la continuidad del proceso, la palabra pasaría el Senado, que examinaría la decisión adoptada por los diputados y podría optar por archivar la causa o iniciar lo que sería el propio juicio político.

En caso de que el Senado se incline por enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

15 Diciembre 2015

La policía de Brasil allanó hoy la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, principal rival político de la presidenta Dilma Rousseff que desató el proceso de "impeachment" en su contra y está acusado de corrupción en el megaescándalo de Petrobras.

Agentes realizaban búsquedas desde temprano en la residencia de Cunha en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP. La operación ocurre simultáneamente en varios estados de Brasil, involucra a otras autoridades federales, y según informó la policía, busca "evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados".

Según los medios locales, también allanaron la casa de Cunha en Rio de Janeiro, realizaron búsquedas en la Cámara de Diputados y en las residencias de al menos dos legisladores y dos ministros del mismo partido político de Cunha, el PMDB.

Cunha, un poderoso legislador evangélico que le ha declarado la guerra al gobierno, aceptó el 2 de diciembre un pedido de impeachment contra Rousseff, paso inicial para juzgar a la presidenta, que transita su segundo mandato con una popularidad del 10 por ciento y una profunda recesión económica.

Su anuncio, pocos días antes del receso de verano del Parlamento, provocó un cimbronazo en el Congreso, donde legisladores oficialistas y opositores protagonizaron discusiones, tumultos y peleas en los primeros pasos para decidir el destino de la presidenta.

La Corte Suprema puso en suspenso el proceso y se pronunciará mañana sobre la validez de lo avanzado hasta ahora.

El pedido de destitución presentado en su contra por tres abogados le acusa de haber maquillado las cuentas públicas en 2014 y 2015 y de haber ordenado aumentos de gastos que requerían permiso previo del Congreso.

"¡Fuera Cunha!"

El polémico jefe de Diputados fue acusado por la fiscalía en agosto de haber cobrado sobornos por al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción que funcionaba dentro de la mayor empresa del país.

Además, es investigado por supuestamente guardar dinero de origen sospechoso en cuentas bancarias en en Suiza sin declarar.

El mismo Cunha es objeto de un proceso disciplinario en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, por haber mentido a sus colegas acerca de las cuentas en Suiza.

Al tiempo que echó a andar el proceso de impeachment contra Rousseff, Cunha es acusado de ejecutar diversas maniobras para retrasar su proceso en el Consejo de Ética, que potencialmente podría acabar con su mandato al frente de la Cámara Baja.

Cunha es miembro del centrista PMDB, un partido que se ha aliado al poder con todos los gobiernos desde 1989 tras las primeras elecciones directas post dictadura y es la mayor fuerza electoral de Brasil. La tienda sigue aliada al gobierno, pero no así Cunha y una porción de políticos fieles a él, que se alejaron de la coalición e impulsan una agenda contraria al gobierno.

Aumentar las restricciones para los abortos en caso de violación, reducir de la edad penal a 16 años, y excluir a los homosexuales del concepto de familia son algunas de las propuestas legislativas respaldadas por Cunha, que es repudiado en todo el país por movimientos feministas y de izquierda al grito de "¡Fuera Cunha!".

Objeto de multitudinarias manifestaciones callejeras desde que comenzó su segundo mandato en enero, La presidenta Rousseff no ha sido alcanzada directamente por los escándalos de corrupción.

Rousseff considera improcedente el impeachment y dice que está siendo blanco de un "golpe".

De acuerdo con la investigación del llamado "Petrolao" las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de la estatal mediante el pago de sobornos a directivos de la compañía vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores.

Varios empresarios, exfuncionarios de Petrobras e importantes figuras del izquierdista Partido de los Trabajadores de Rousseff fueron detenidos y enfrentan juicios por participar del esquema.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

03 Diciembre 2015

El Congreso brasileño puso hoy en marcha un complejo proceso para la posible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el cual estará en manos de 65 diputados de 23 partidos, quienes decidirán si la mandataria será sometida a un juicio político.

Esos 65 legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.

La comisión, según se acordó hoy, se instalará el próximo lunes y ese mismo día notificará oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones, aún no definidas en términos de días, para presentar su defensa.

Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso.

Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por al menos dos tercios (342 votos).

En caso de que los diputados lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.

El proceso fue aceptado a trámite por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un polémico legislador enemistado con Rousseff pese a que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria del Estado brasileño.

El oficialismo en pleno ha puesto el grito en el cielo en defensa de Rousseff, pero en medio de las protestas sorprendió el silencio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su antecesor y padrino político, quien se ha limitado a compartir en redes sociales las quejas de otros sin hacer pública una opinión propia.

Cunha acogió un pedido presentado por juristas y cuatro partidos opositores que se fundamenta en irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

El jefe de los Diputados integra la lista de medio centenar de políticos salpicados por las corruptelas en Petrobras y puede perder su escaño en un juicio iniciado por esa causa en el Consejo de Ética de la Cámara Baja, que hoy fue motivo de acusaciones mutuas entre el Gobierno y Cunha, que agriaron aún más el clima político.

Cunha aseguró que emisarios del Gobierno buscaban un acuerdo mediante el cual ellos le apoyaban en las investigaciones sobre sus supuestas implicaciones en las corruptelas detectadas en Petrobras, a cambio de que él no aceptara que la presidenta fuera juzgada.

Sin embargo, aseguró hoy que se negó a aceptar ese trato y acusó a Rousseff de "mentirle a la Nación" cuando la víspera dijo que ella no aceptaba negociaciones que "atenten contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos".

El Gobierno, que respondió a través del ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, quien también acusó a Cunha de mentir, aseguró que desde el Ejecutivo no se le propuso nada y atribuyó su decisión de promover el juicio contra Rousseff a que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) decidió votar por la pérdida de su escaño.

Wagner consideró además que un juicio contra Rousseff permitiría al Gobierno probar que no hay "nada" que justifique las acusaciones y trabajar sin sufrir las "amenazas" o "chantajes" de Cunha.

Aún así, el oficialismo también se movió en el terreno jurídico y diputados del PT acudieron a la Corte Suprema para demandar que se declare nula la decisión de abrir un juicio contra Rousseff.

"Es una acción para anular esa decisión y también todos sus efectos", dijo a periodistas el diputado Wadih Damous tras entregar la demanda en el tribunal.

Entre sus argumentos, Damous sostiene que Cunha actuó motivado por "intereses personales", "sin ninguna finalidad pública", y que incurrió así en lo que la ley califica de "desvío de funciones".

En el mercado financiero, deprimido en los últimos meses por la grave situación económica del país, el terremoto político generó una euforia que reflejó el descontento con la gestión de Rousseff y la bolsa de Sao Paulo tuvo ganancias del 3,29 %, mientras que la moneda brasileña se apreció un 2,26 % y el dólar cerró a 3,748 reales.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

19 Noviembre 2015

Jessica Saravia, viceministra de Lucha Contra la Corrupción, anunció que la instancia a la que representa pedirá al Consejo de la Magistratura que se destituya al juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, quien fue captado por una cámara mientras pedía un monto de 15 mil dólares a una madre de familia para que su hijo, acusado de violación, pueda someterse a un proceso abreviado.

“Somos parte denunciante dentro del proceso, vamos a coadyuvar con todos los trámites y con todas las diligencias que se puedan realizar. Es facultad del Ministerio Público de poder ampliar la investigación a quien corresponda. En el caso disciplinario, sí vamos a pedir la destitución porque existen evidencias contundentes del actuar irregular de estas autoridades judiciales y por el lado del proceso penal vamos a estar pendientes de la investigación y que las sanciones se acojan de acuerdo a la norma”, aseguró la autoridad.    

Saravia explicó que ayer se abrió un proceso en el Ministerio Público en contra de este juez y cuatro implicados más, dos jueces, una secretaria y un fiscal. Los delitos por los que Barrientos será procesado por beneficios en razón de cargo, uso indebido de influencias, extorsión e incumplimiento de deberes. También se remitió los antecedentes al Consejo de la Magistratura para que esta entidad, actúe a través de la vía disciplinaria.

Días atrás, la madre de un procesado por el abuso sexual de una adolescente visitó a Barrientos para rogarle que en vez de los 15.000 dólares que le pidió acepte  2.000. Así,  el fiscal asignado, Félix Marín, solicitaría el juicio abreviado por estupro (pena de  dos a seis años de cárcel) y al menos dos jueces del tribunal aceptarían esta sanción. Caso contrario, el imputado sería  sentenciado por violación (de cuatro a 10 años).

El encuentro fue filmado y se observa cómo la secretaria del tribunal, Micaela Alí, revisa por orden de Barrientos que la víctima no grabe la conversación. Apaga su celular e inspecciona su bolso.

Barrientos llama a otro de los tres jueces que componen el tribunal, Jorge Viscarra, y le explica la situación. Le dice a la víctima que fue el fiscal Marín quien pidió los 15.000 dólares; pero por lo menos debe reunir 3.000 antes de la audiencia de su hijo. Por el poco tiempo, Viscarra sugiere postergar la audiencia.

Ayer, Barrientos negó las acusaciones en su contra. “Eso es falso, yo no voy a emitir criterio alguno con referencia a supuestos”, aseveró.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

27 Octubre 2015

José Mourinho no quiere perder el tiempo. El portugués se juega el puesto en el Chelsea esta semana. Este martes se mide al Stoke City en partido de octavos de la Copa de la Liga inglesa y el sábado recibe en Stamford Bridge al Liverpool de Jurgen Klopp. Dos malos resultados, y sobre todo una derrota ante los ‘reds’, precipitaría su destitución, según todos los medios.

Por si acaso, el técnico portugués está ofreciéndose a diversos clubs para conocer si estarían interesándose en su fichaje. Según el diario inglés The Independent, los asesores de Mou habrían contactado con el Paris Saint-Germain y con el Inter de Milán en los últimos días. Recordemos que el club italiano ha sido siempre señalado por el portugués como el de sus preferencias: con él ganó Liga, Coppa italiana y Champions antes de aterrizar en el Real Madrid.

Este mismo medio apunta que con anterioridad, y siempre a través de sus representantes, Mou habría contactado con Florentino Pérez para tantear las posibilidades de un retorno al Santiago Bernabéu que, hoy por hoy, se adivina más que difícil.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Mundodeportivo.com

21 Octubre 2015

La oposición brasileña entregó hoy a la Cámara de Diputados un nuevo pedido para un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ahora fundamentado en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y que, según órganos de contraloría, se extendieron a 2015.

"Este no es un movimiento solo de oposición", pues "representa a la población brasileña que no soporta más a este Gobierno mentiroso y corrupto", declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras formaciones opositoras.

El documento entregado hoy sostiene que Rousseff incurrió en un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla entre los posibles motivos para destituir a un mandatario, al avalar maniobras fiscales dirigidas a maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y que, según órganos de contraloría, continúan al día de hoy.

El nuevo pedido de juicio político está firmado, entre otros, por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y alejado de la formación desde hace años, quien estuvo presente en el acto.

El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en la estatal Petrobras.

Sin embargo, Cunha es, según establecen las leyes, el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", como serían los manejos irregulares de las finanzas públicas.

Eso precisamente es lo que alega la oposición, según la cual se ha "comprobado" que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos cuando avaló maniobras fiscales que permitieron maquillar los resultados que el Gobierno presentó el año pasado.

Los balances de las cuentas públicas el año pasado ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría que además ha detectado que esas maniobras se han mantenido incluso durante este año.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

16 Octubre 2015

Según el fiscal que investiga a la presidenta, su ejecutivo ha cometido y comete "irregularidades graves" en el manejo de las cuentas públicas.

El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha cometido y comete "irregularidades graves" en el manejo de las cuentas públicas, dijo este viernes a Efe el fiscal a cargo de la investigación en que se basa la oposición para intentar que se celebre un juicio político contra la mandataria.

El miembro del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira detectó el año pasado maniobras fiscales realizadas por el Gobierno para maquillar sus resultados, que finalmente han sido reprobados por ese órgano de contraloría, el cual recomendó al Congreso que haga lo mismo, aunque la cámara aún no se ha pronunciado. "Hay una multiplicidad de conductas irregulares", declaró el fiscal en una entrevista a Efe y resumió los hechos afirmando que "el Gobierno generó gastos sin tener el dinero suficiente, sin sustentación financiera", y se valió de la banca pública para financiarlos.

Según la oposición, eso configura un "delito de responsabilidad", contemplado en la Constitución como un posible motivo para un juicio con miras a la destitución de un mandatario, tesis rechazada por el Ejecutivo, que pretende consultar sobre el caso a la Corte Suprema.

La investigación del fiscal constató que en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres o créditos para campesinos, entre otras obligaciones.

Eso llevó a los bancos a cubrir dichos compromisos con sus propios recursos y generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (10.530 millones de dólares al cambio actual). Algo más del 50% de esa deuda fue generado con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y los montos restantes se reparten sobre todo entre la Caixa Económica y el Banco do Brasil. De Oliveira explicó que esas irregularidades comenzaron en 2013, pero aclaró que a 31 de diciembre de ese año el Gobierno llegó a cubrir sus deudas con la banca pública.

Sin embargo, estas maniobras se retomaron a principios de 2014 y se acentuaron en el segundo semestre de ese año, cuando Rousseff fue reelegida para un segundo mandato, que comenzó el 1 de enero pasado. A diferencia de 2013, esas obligaciones no se cubrieron y, aunque las deudas fueron reducidas por el Gobierno a comienzos de este año, han vuelto a subir y a día de hoy se sitúan en el mismo nivel en que se cerró 2014, aseguró De Oliveira.

En opinión del fiscal, eso demuestra que ha habido "continuidad" en lo que calificó de "abuso" en el manejo del dinero público. El Tribunal de Cuentas ya ha reprobado los balances del Gobierno de 2014 y ahora, con los nuevos datos aportados, ha iniciado un proceso para examinar los correspondientes al actual ejercicio fiscal.

La oposición, apoyada en los datos de 2014, solicitó al Congreso el inicio de un juicio con miras a la destitución de Rousseff, pero lo dejó en suspenso después de que muchos especialistas en leyes consideraran que un delito cometido en el mandato anterior no puede servir como base para juzgar la actual gestión.

No obstante, la investigación realizada por De Oliveira sobre la continuidad de las irregularidades durante los últimos meses han dado nuevos bríos a la oposición, que este jueves presentó ante un notario público otra demanda de juicio político, fundamentado ahora en las maniobras fiscales de 2014, pero también en las de 2015.

Esa nueva solicitud será formalizada ante el Congreso el próximo martes y deberá ser analizada por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, que hasta ahora ha rechazado once iniciativas de esa naturaleza porque no cubrían los requisitos jurídicos necesarios.

El fiscal De Oliveira declinó comentar si esas irregularidades suponen un "delito de responsabilidad", como sostiene la oposición. Explicó que el Tribunal de Cuentas sólo examina los resultados del Gobierno y da un "parecer técnico", que luego ha de ser analizado por el Congreso, el cual tiene la última palabra en relación al manejo de las cuentas públicas y sobre cómo debe ser tipificado el caso.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

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