Santa Cruz de la Sierra
12 Abril 2019

La Fiscalía de La Paz , citará  a declarar  la  próxima semana a dos ejecutivos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), que estuvieron a cargo del proceso de contratación y recepción de la elaboración de folders institucionales, donde equivocaron la palabra presidente con “dictador” para nombrar a Evo Morales.

Según memorándum  de designación del pasado 19 de febrero, dos personas estuvieron relacionadas con la contratación y  recepción, lo manda Marcela Pantoja S., responsable de Procesos de Contratación Menor, al doctor Wilge Antonio Suarez, designándolo como “responsable de la  Recepción de Adquisición de Folders”.

“Estamos en diligencias de investigación en la siguientes  semanas se convocará a varias personas que están conformando esa institución, encargadas de la designación de contratación de bienes, en esta caso las que realizaron la contratación para los folders”, informó el fiscal  Omar Mejillones  a Radio Fides.

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

08 Abril 2019

Los diputados de oposición Wilson Santa María y Rafael Quispe, presentaron su declaración ante el Ministerio Público de La Paz, ratificaron la denuncia contra Vías Bolivia y la dirigencia de la Federación 1º de Mayo y Andina, por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y contratos lesivos al Estado, respectivamente.

El diputado, Rafael Quispe, anunció que promueven las diligencias en temas de requerimientos para acelerar las investigaciones que se encuentran estancadas según el asambleísta.

“Ratificamos nuestra denuncia y pedimos que se acelere las investigaciones, el caso de los choferes se presentó el 15 de febrero ya estamos en abril, y no avanza”, dijo Quispe a Radio Fides La Paz.

Considera que el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que investiga las cuentas de los representantes de la Federación de Choferes 1º de Mayo, será una prueba contundente.

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

 

 

 

 

 

05 Abril 2019

El Ministerio Público activará un proceso por incumplimiento de deberes en el caso de la red de tráfico de medicamentos falsos, adulterados y de contrabando descubierta en la última semana, anunció este viernes el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave. Recordó que la responsabilidad de fiscalizar la venta de fármacos corresponde a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y al Servicio Departamental de Salud (Sedes), en este caso de La Paz.

“Paralelamente vamos a ingresar a generar una investigación por incumplimiento de deberes porque no solamente vamos a sancionar al que trafica medicamento ilegal, sino a aquel que no controla”, sostuvo durante una entrevista en la red Unitel, al referirse a la investigación que hasta la fecha descubrió que la red funcionaba desde hace al menos cinco años y que distribuía los fármacos ilegales a todo el país.

"Hace cinco años se ha permitido realizar esta situación que va en contra de la salud pública y sin embargo las instituciones encargadas de generar un control tanto en el ámbito de las farmacias, como del expendio, como del consumo de este tipo de medicamentos, no han sido efectivas y ahí vemos que sí existe un incumplimiento de deberes por parte de estas personas", afirmó.

Añadió que con el inicio del proceso por incumplimiento de deberes se buscará “una sanción para los responsables”.

La directora de Agemed, Patricia Tames, aseguró, en una entrevista con la misma estación de televisión, pero el jueves, que la entidad “hace controles constantes y diarios en los establecimientos, tanto en distribuidoras, importadoras, la industria farmacéutica y en establecimientos donde se expenden los medicamentos”.

Agemed, aclaró, es la instancia que emite la autorización para la comercialización de medicamentos. Cuando se le pregunto por el paradero de los medicamentos ilegales, respondió: “Específicamente habría que preguntar a ellos (la Policía)”.

Para Alave, “lo que sí tenemos que ver es que las instituciones, en este caso Sedes y Agemed, tienen que controlar periódicamente esto y no lo han hecho. Damos un ejemplo, no conocen el número de farmacias que hay en La Paz”.

El director Técnico del Sedes, Freddy Valle, dijo que las funciones de control de esa repartición “están ligadas a la Agemed” y al Ministerio de Salud. Precisó que tienen registradas 1.600 farmacias, pero además reveló que “sabemos que existen farmacias clandestinas, o sea que no están registradas, el número es difícil de calcular, calculamos que puedan ser unas 500”.

El Sedes, por orden de Agemed, activó operativos de control, pero “llegar a 1.600 farmacias es imposible, peor a las clandestinas”, dijo Valle. “Tenemos métodos de investigación de campo con teorías estadísticas y estamos llegando en lo posible a un 90% de efectividad”, afirmó a la red Uno.

Tames reveló en los días pasados que su despacho identificó un medicamento muy similar a uno que se identificó dentro del lote ilegal y que es de uso clínico. El hallazgo se hizo en una farmacia cercana al Hospital de Clínicas, pero nunca se lo reportó a la Policía.

“Lastimosamente las instituciones hacen una omisión para evitar ser involucrados en este tipo de casos, pero no olvidemos que en nuestro sistema penal también el encumbramiento es un delito que cuando no se denuncia un hecho, mucho más se sanciona a la persona cuando es un funcionario público porque además comete el delito de incumplimiento de deberes”, indicó Alave.

Bajo esos indicios, las investigaciones, a juicio del fiscal, deben ir más allá del ilícito por el cual hay 13 procesados. Se han identificado varias irregularidades, entre ellas que la Agemed no coordinó con la Fiscalía para hacer los operativos de control.

“Partamos de la hipótesis de que este tipo de actividad ilícita lo realizan hace cinco años y hace cinco años se ha permitido realizar esa situación que va en contra de la salud pública, sin embargo las instituciones encargadas para generar un control tanto en el ámbito de las farmacias, como del expendio y consumo de este tipo de medicamento no ha sido efectivo y ahí vemos que sí existe un incumplimiento de deberes por parte de estas personas”, señaló Alave.  

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

04 Abril 2019

El abogado del dirigente cocalero Franklin Gutiérrez, Jorge Santiesteban, denunció que la fiscalía de manera irregular pretende ampliar el plazo de las investigaciones del  proceso que se le sigue a Gutiérrez por la muerte de un oficial de Policía durante un operativo de erradicación de coca excedentaria en la Asunta a 18 meses, ya que la figura se aplica solo cuando en una investigación hay detalles que se deben considerar.

Denuncia que el Ministerio Público de La Paz no cuenta con las bases suficientes para la solicitud, entiende que el único objetivo es, mantener en cárcel al  dirigente.

“Lo ilegal es que la solicitud se hace cuando en las investigaciones hay detalles que se deben indagar pero en este caso en particular no se hizo nada, no hay bases suficientes para solicitar la ampliación”, denunció Santiesteban a Radio Fides.

Actualmente la investigación está en su séptimo mes, la defensa presentó el quinto pedido de cesación a la detención de Franklin Gutiérrez, el mismo que se resolverá en los próximos días.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

01 Abril 2019

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el juez aplicó  medidas de protección conforme a la Ley 348 e instruyó que el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos abandone su domicilio.

“Se dispuso medidas de protección conforme a la ley 348, la primera medida se dispuso es que el denunciado pueda abandonar su domicilio, el ministerio público solicita algunas medidas de protección y el juez homologa”, puntualizó Nava.

Ceballos se presentó a declarar por la denuncia instaurada en su contra por violencia familiar, el proceso de  investigación continúa la fiscal a cargo debe hacer cumplir los plazos de 30 días según establece la norma.

En marzo la  esposa de Ceballos, Wilma Torrez, presentó una  denuncia por las agresiones físicas y verbales que sufrió, sin embrago pasado unos días desistió.

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

18 Marzo 2019

La situación de exdirigentes y dirigentes de los choferes federados de La Paz se complica. La tarde de este lunes la Fiscalía admitió la demanda presentada por dos diputados de oposición en contra de seis de ellos por el manejo en cuentas personales del dinero proveniente de los aportes de sus afiliados retenidos en el pago del peaje de la Autopista La Paz-El Alto.

La fiscal de materia Verónica Jara informó de la admisión. “La Unidad de Análisis (de la Fiscalía), haciendo la relación fáctica de los que se habría suscitado y de acuerdo a la denuncia, ha aceptado la denuncia y se ha mandado a la unidad especializada que corresponde (la querella)”, indicó.

Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque, Crisostomo Choque y Mario Silva fueron acusados por la comisión de los delitos de apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Según la denuncia, Vías Bolivia habría depositado entre 2008 y 2017 un total de Bs 11.905.191 a cuentas privadas de estos sindicalistas. El dinero es resultado de la retención de 0.20 centavos de boliviano del peaje, como aporte voluntario de los afiliados a la Federación de Choferes Primero de Mayo de La Paz para un fondo pro salud.

En los últimos días se filtró un audio en el que actuales dirigentes dicen desconocer sobre los cerca de Bs 12 millones provenientes de Vía Bolivia. El actual ejecutivo de los choferes de La Paz, Rubén Sánchez, dice en el audio que no conoce nada sobre el monto del que se habla y que únicamente tiene referencia de Bs 500.000 que dejó a la federación el dirigente Ismael Fernández, ahora ejecutivo nacional.

Sánchez y Silva, ambos en la denuncia presentada por los opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría, ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en la que ratificaron que desconocen el destino de ese dinero. Sánchez aseguró que él y el directorio que lo acompaña son víctimas de un daño psicológico por las denuncias en contra de dinero que no manejaron.

“Mis compañeros de mi directorio ya no salen ni a trabajar, ni el chofer quiere manejar su carro, porque cuando llega a la parada le dicen ‘¿cómo es de los 12 millones que se ha robado tu jefe?’ O sea que aquí  se está causando daños psicológicos hacia la dirigencia, hacia los secretarios generales y hacia los dirigentes del autotransporte”, expresó.

Ahora deberán comparecer ante la Fiscalía, que una vez aceptada una denuncia cita a los denunciados para que presenten sus descargos.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Agencias

 

 

 

 

18 Marzo 2019

La Fiscalía de Roma pidió reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 miembros de las Juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en el Plan Cóndor, la operación represiva ejecutada entre 1970 y 1980.

 Los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini justificaron su petición en apelación asegurando que 23 italianos fueron asesinados en el marco de un "programa de exterminio abominable" y que todos los acusados son "responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte".

 El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras que el resto fueron absoluciones y 6 sobreseimientos.

En el proceso solo se ha personado el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, único de los imputados residente en Italia tras escapar de la Justicia de su país y que hoy no acudió al tribunal, mientras el resto no participa en las vistas y se encargan de su defensa abogados de oficio.

De Troccoli, absuelto en primera instancia, la fiscal Cugini afirmó hoy que "fue en realidad el jefe de la S2 (el servicio de la inteligencia de la Marina militar uruguaya) en el FUSNA, la sede del Cuerpo de Fusileros Navales donde se llevaban a los prisioneros, y que de él dependía si vivían o eran asesinados".

 La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos el dictador de Bolivia Luis García Meza, el ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada y el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez Armelino, encarcelado en su país desde 2007.

El Tribunal de apelación, presidido por la jueza Agatella Giufridda, programó otras cinco vistas, la última en julio cuando podría llegar la sentencia.

El resto de acusados son el exministro de Interior boliviano Luis Arce Gómez, de 80 años y detenido en La Paz y los chilenos: el exfuncionario Carlos Luco Astroza, el exsuboficial Orlando Moreno, el excoronel Hernán Jerónimo Ramírez, el exoficial de artillería Rafael Ahumada, el excapitán Manuel Abraham Vasquez Chahuan y el exprefecto Daniel Aguirre Mora.

Mientras que la acusación al antiguo jefe de la Inteligencia chilena Pedro Octavio Espinoza fue por el momento suspendida por problemas en las notificaciones.

Los peruanos acusados son el antiguo presidente Francisco Morales Bermúdez y los exmilitares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.

Los uruguayos son Troccoli, el excanciller Juan Carlos Blanco, el exteniente Ricardo Eliseo Chávez, el excoronel Pedro Mato Narbondo, el excapitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

También el excapitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el excoronel Ernesto Ramos Pereira, el exgranadero José Felipe Sande Lima, el excoronel Gilberto Vázquez Bisio y los exmilitares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.

 La Operación Cóndor, ideada por el general chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: EFE

 

 

 

 

12 Marzo 2019

El diputado de oposición  Rafael Quispe informó a Radio Fides, que la Fiscalía de La Paz rechazó la denuncia contra del presidente Evo Morales, por la presunta falsificación de sus datos para registro como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La comisión que revisa la documentación de las denuncias firmó una resolución de desestimación de la denuncia que realice, contra Juan Evo Morales, de acuerdo a procedimiento esta decisión  se puede apelar al Fiscal Departamental”, aseveró Quispe.

Presentará una apelación a la determinación, además solicitara una interpelación al Fiscal Departamental de La Paz  para que explique por qué se rechazó la denuncia cuando presentó pruebas, como el libro legalizado que reconoce que la firma no le pertenece.

“Yo veo un hecho real, falsificaron mi firma y sello y él es el presidente del MAS  la comisón de fiscales de admisión amarra guatos, llunquerio  que teniendo una prueba contundente no puedan iniciar el proceso”, dijo el diputado.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

 

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