Santa Cruz de la Sierra
09 Noviembre 2018

El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de La Cruz Vargas Vilte, aclaró que el alcalde José María Leyes no puede retomar sus funciones como autoridad municipal.

En contacto con Los Tiempos, Vargas Vilte manifestó que la decisión del juez anticorrpución Iber Gonzales fue rechazar la solicitud de la defensa de Leyes y mantener "incólumes", es decir sin modificaciones, las medidas cautelares sustitutivas  que se le habían impuesto.

"Leyes puede ejercer cualquier otra labor que no tenga relación con la Alcaldía.", enfatizó Vargas Vilte y explicó: "Incluso los abogados de la defensa solicitaron una aclaración en la audiencia y el juez les indicó eso, que no se trataba de que pudiese trabajar (como alcalde) desde su casa. Es una interpretación errada, los motivos tendrá".

Sin embargo, justo después de finalizar la audiencia el abogado defensor de Leyes, Humberto Trigo aseguró que Leyes volvería a ejercer su función edil desde su domicilio."El juez ha determinado que no hay ninguna suspensión para el trabajo de Alcalde Municipal", dijo.

"El doctor Trigo, seguramente  tiene algún interés especial en tergiversar la realidad, esperemos que no", respondió Vargas Vilte al respecto.

El juez determinó también que se mantiene la restricción de Leyes de tener contacto con funcionarios y oficinas municipales.

Leyes  permanece con detención domiciliaria desde el 21 de abril después de que el Viceministerio de Transparencia inició la acusación por supuestas irregularidades en la compra de mochilas escolares para el municipio.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Lostiempos

08 Noviembre 2018

El Ministerio Público ha determinado levantar la apelación que había presentado la fiscal Susana Boyán para aumentar la sentencia contra Jhiery Fernández a 30 años de cárcel, dentro el caso Alexander.

El fiscal general Juan Lanchipa informó que se tomado esa decisión al evidenciar que la apelación presentada por el Ministerio Público no tenía la suficiente argumentación.

Explicó que para fundamentar una apelación tiene que haber existir una debida argumentación jurídica y se debe comprobar que se han agraviado los intereses del Ministerio Público, pero esos requisitos no se cumplido.

Lanchipa indicó que también se tomó en cuenta el informe del Defensor del Pueblo, en el cual se advierte que el trabajo de los fiscales en el caso Alexander careció de los principios de legalidad y transparencia.

Fernández fue condenado a 20 años de cárcel en marzo de este año. Luego se presentaron dos apelaciones: una de parte de la defensa que pidió anular la sentencia y la segunda de parte de la fiscal Boyán que solicitó aumentar el castigo.

Ahora, con el retiro de la apelación de la Fiscalía, sólo sigue en curso la apelación de la defensa de Jhiery Fernández.

El fiscal Lanchipa dejó en manos del Tribunal Departamental de Justicia determinar si la sentencia de primera instancia se mantiene vigente.

Respecto a los fiscales que abordaron el caso, como Boyán y Edwin Blanco, el Fiscal General señaló que se está esperando el informe de la comisión encargada de revisar el proceso, para tomar una determinación.           

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

06 Noviembre 2018

El exfiscal departamental Edwin Blanco explicó que ha renunciado al Ministerio Público, porque considera que su nuevo cargo en ventanilla de la Fiscalía fue una forma de hacerle “bullying”, al exponerlo a las burlas y críticas,.

“Ha sido una forma de hacer una especie de bullying hacia mi persona, porque me han exhibido, me han expuesto, aunque yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo han sido ciertas agresiones a mi persona”, manifestó.

El exfiscal departamental explicó que entre esas agresiones que recibió están las burlas de la gente y las críticas de autoridades, las cuales más que dañarlo a él lastiman a su familia.

Blanco fue designado a la ventanilla de control biométrico por instrucción del nuevo fiscal departamental, William Alave. El lunes hizo noticias nacional porque se lo vio atendiendo directamente a los imputados.

Dijo que el trabajo dignifica, pero considera “un poco injusto” la designación que se le hizo. Acotó que Alave tendrá sus razones para haberlo hecho.

Su futuro

Blanco afirmó que tiene dos o tres ofertas de trabajo mejores y que está evaluando cuál aceptar. No quiso adelantar de dónde vienen los ofrecimientos por no pecar de “alevoso”.

“Es hora de caminar mi vida, de sanar las heridas que se ha caudado sobre todo a mi familia”, agregó el exfiscal departamental, según difundió ATB.  

Redacción: Leo.com       

Fuente: Erbol

05 Noviembre 2018

De manera sorpresiva, el otrora máxima autoridad de la Fiscalía en La Paz, Edwin Blanco, apareció este lunes trabajando en una ventanilla atendiendo a la población. Afirmó que no tiene porqué sentirse mal y renunciar, puesto que la labor en el Ministerio Público se puede hacer “arriba, abajo, al centro o adentro”.

Blanco fue enviado a la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones, por instrucción del flamante fiscal departamental William Alave. Se le vio atendiendo a los imputados que tienen la obligación de marcar el registro como parte de sus medidas preventivas.

Consultado cómo se siente en su nueva labor, Blanco dijo que “no hay ningún problema, precisamente porque el trabajo que se lo realiza en el Ministerio Público se puede hacer arriba, abajo, al centro o adentro”.

“El servicio a la sociedad no tiene límites. Yo no tengo por qué sentirme mal al desarrollar una función”, afirmó.

Dijo que más al contrario en su nuevo cargo se dio cuenta de los problemas que atraviesan los imputados que deben hacer su registro biométrico, como por ejemplo que la computadora se cuelga. En ese sentido, anunció que planteará sugerencias al nuevo Fiscal Departamental para mejorar el servicio.

Blanco recordó que en el Ministerio Público, trabajó como asistente, auxiliar, fiscal de materia y fiscal departamental, siempre desempeñando funciones como corresponde.

Manifestó que su nueva designación no es un castigo. Aseveró que si lo hubiesen mandado al área rural lo habría cumplido tranquilamente, porque antes ya trabajó en provincia por dos años. 

Dijo que cualquier trabajo en el Ministerio Público es amplio y complejo. Señaló que en su nuevo cargo ya tuvo que lidiar con una “enorme” fila de personas que pretenden marcar su registro biométrico.  

Descarta renunciar

Blanco aseguró que no renunciará porque considera que no ha hecho nada malo.

Respecto a los procesos que se le siguen por el caso Alexander, dijo que no le han notificado, pero él no se ha escapado y presentará sus descargos. Aseguró que en su gestión de Fiscal Departamental actuó con “absoluta legalidad” y no se ha desviado ningún caso.

Consultado sobre el encarcelamiento de la exjueza Patricia Pacajes, Blanco se negó a responder porque en su nuevo cargo opinar de esos temas sería extralimitarse.

 Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

24 Febrero 2017

Humberto Claure Quezada, interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), declaró en el Ministerio Público y con él ya suman cinco las personas que brindan sus testimonios luego de ser vinculados en la crisis del agua, suscitada en la ciudad de La Paz, informó el fiscal del caso, Daniel Ayala.

“Debemos indicar que son cinco personas que ya han prestado declaraciones, (dos) exinterventores, uno actual, total tres y dos personas que eran directores de la AAPS”, señaló Ayala.

Dijo que la comisión de fiscales en el transcurso de las investigaciones hará una evaluación y si corresponde convocará a otras personas relacionadas al caso.

Agregó que algunas de las partes vinculadas pidieron la acumulación de procesos, situación que debe ser definida por la autoridad jurisdiccional, que de ocurrir todas las denuncias respecto a la crisis del agua se llevarían en un solo proceso.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

22 Febrero 2017

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó este miércoles que 31 cocaleros de los Yungas fueron remitidos a la Fiscalía para ser investigados por los desmanes provocados el martes en La Paz. Entretanto, el presidente de la Adepcoca, Franclin Gutiérrez, se declaró preocupado por esta situación e informó que hará gestiones a favor de sus compañeros detenidos.

Romero calificó como “vandálico” que los cocaleros hayan protagonizado actos de violencia el martes en La Paz, como ataques a oficinas de Policía y Bomberos y apedreadas que afectaron a civiles.         

Los cocaleros se movilizaron en rechazo al proyecto de Ley General de la Coca que impulsa el Gobierno, puesto que legaliza 13 mil hectáreas de cultivo para La Paz y 7 mil para Cochabamba, cuando los yungueños exigen plantaciones sin límite en el cordón tradicional.

Romero indicó que hubo alrededor de 170 arrestados de los cuales la mayoría se benefició con la liberación al no encontrarse mayores indicios de responsabilidad en la violencia, pero 31 quedaron detenidos para ser sometidos a investigación por parte de la Fiscalía.         

“Afortunadamente eso ha sido entendido por los compañeros de Adepcoca, porque ellos estaban condicionando primero que iban a dialogar con detenciones y ellos han entendido que no podemos trastocar la aplicación de las normas”, manifestó el Ministro.

No obstante, el presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, dijo estar preocupado porque se está queriendo culpar a los cocaleros de hechos que no son su responsabilidad.   

Paralelamente, mujeres cocaleras volvieron a marchar hacia oficinas policiales para exigir la liberta de los detenidos. 

El ministro Romero indicó que los Bomberos cuantificaron que necesitarán unos 100 mil bolivianos para reparar los daños que dejaron los cocaleros en su sede, pero también se está por evaluar el costo de las averías a un módulo policial en la avenida Tejada Sorzano, además de las denuncias de particulares que se vieron afectados por la jornada violenta.

Los cocaleros y tres ministros retomaron la mañana de este miércoles el diálogo para superar las diferencias respecto a la Ley General de la Coca. Romero informó que se pidió a los dirigentes que la reunión sea por tiempo y materia.

Sin embargo, en la tarde, Gutiérrez abandonó momentáneamente la sala de diálogo. Informó que hablaría con sus asesores para realizar gestiones a favor de los detenidos.

El líder cocalero de Yungas criticó que la Cámara de Diputados haya dispuesto el tratamiento de la ley para el jueves en la mañana, y advirtió que su sector no aceptará ninguna imposición de parte del Gobierno.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol                  

13 Febrero 2017

El nuevo comandante de la Policía, general Abel de la Barra reveló que la Fiscalía no lo convocó a declarar por el caso del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, dijo no tener responsabilidad porque cuando la exautoridad fue secuestrada y asesinada no era Comandante de la Policía, por lo tanto no tenía facultad para tomar decisiones.

Sin embargo, de acuerdo al extracto de llamadas telefónicas, el exviceministro le llamó en más de 50 ocasiones al número 72026576 y de este número se pueden advertir que se realizaron cuatro llamadas a Illanes, cuando éste se encontraba secuestrado por los mineros cooperativistas.

"Nunca me citaron. Eso está bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Nunca me citaron no había porqué (…) No tuve nada que ver, además yo no era Comandante era Subcomandante y no tomaba ninguna decisión", afirmó el nuevo Comandante de la Policía al ser consultado sobre el tema.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

10 Febrero 2017

El Ministerio Público imputó este viernes al dirigente minero, Josué Caricari Quecaña, por el asesinato del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y solicitó su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

“La comisión de fiscales determinó imputar a Caricari por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita (de explosivos) y atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado”, dijo el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Caricari se entregó ayer a la Policía y es el principal sospechoso del asesinato de Illanes porque es la persona que de manera pública advirtió con matar a la entonces autoridad gubernamental momentos antes de que se concrete ese extremo en medio de las movilizaciones de los cooperativas mineros en agosto de 2016.

Por eso “ante los indicios detallados en la imputación, la comisión de fiscales solicitó la detención preventiva del sindicado en el penal de Chonchocoro, toda vez que se presume su probabilidad de autoría y concurren los riesgos procesales”, cita un comunicado oficial de la Fiscalía.

Las investigaciones determinaron que Caricari se encontraba en la localidad de Panduro el 25 de agosto de 2016, cuando Illanes fue asesinado.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

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