Santa Cruz de la Sierra
11 Febrero 2019

El médico de la maternidad Percy Boland, de la ciudad de Santa Cruz, que dio por muerto a un bebé recién nacido, fue imputado por el delito de lesiones graves y gravísimas, informó este lunes el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero.

“Se lo ha imputado a ese médico (por la falta) de lesiones graves y gravísimas, porque el bebé está vivo y ha sido expuesto por el mal procedimiento, mal análisis que ha hecho el medico; su vida ha sido expuesta”, indicó.

El pasado jueves, en el Percy Boland nació un infante de 24 meses, el galeno que estuvo a cargo del parto lo dio por muerto e incluso firmó el certificado de óbito. Sin embargo, cuando la familia llevó al niño a su casa para iniciar con los preparativos del entierro, uno de los familiares se dio cuenta que estaba vivo.

Inmediatamente conocido, el caso el Ministerio Público inició con el proceso de investigación. En tal sentido el fiscal de materia asignado al caso, Lorgio Viveros, señaló que iban a citar a declarar a varias personas, las cuales comparecerán desde hoy ante la instancia judicial.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

24 Enero 2019

El Ministerio Público rechazó la denuncia interpuesta por el senador opositor Oscar Ortiz contra la exministra de Comunicación, Gisela López, a quien acusaron por uso de dinero público en la difusión de una encuesta que favorece al presidente Evo Morales.

"La denuncia ha sido observada, notificada y después desestimada, notificada también en su despacho del senador Ortiz, toda vez que no contaba con los elementos necesarios", informó Verónica Jara, fiscal coordinadora de análisis criminal.

La fiscal explicó que la denuncia tenía falencias porque solo adjuntaron fotografías y un reporte de una encuesta, sin especificar el daño que se habría cometido y otros aspectos referidas a las partes procesales.

La pasada semana Ortiz presentó una querella contra López por uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e inducción al voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta.

La denuncia fue hecha a raíz de la publicación de una encuesta que desató polémica y desde diciembre de 2018 la oposición denunció que la difusión de la encuesta vulneró la Ley de Régimen Electoral y además fue financiada con recursos públicos.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

24 Enero 2019

La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia presentada por Kary Arias en contra de su esposo, el hoy exdefensor del Pueblo David Tezanos Pinto por violencia intrafamiliar. Se prevé que la próxima semana sea citado a declarar.

La División para Víctimas de Atención Prioritaria estará a cargo de la investigación del caso que salió a luz pública el lunes cuando la exautoridad llamó a una conferencia para denunciar que era chantajeado por su pareja debido a una infidelidad.

“Presumo que entre el día de mañana (viernes) o el lunes, la División y la fiscal encargada emitirán las notificaciones para citar al exdefensor del Pueblo de tal forma que él mismo se presente y preste su declaración informativa, si así él lo desea”, explicó Verónica Jara, fiscal de la unidad de Coordinación de Análisis Criminal.

Manolo Rojas, abogado de Arias, sostuvo el miércoles que su cliente fue víctima de violencia psicológica y económica al ser dependiente económicamente de su pareja. También indicó que sufrió en su relación una "agresión sexual" que se demostrará, además de violencia física que está respaldada en un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

La mañana de este jueves, Tezanos Pinto renunció a su cargo a través de una carta enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pide disculpas por sus errores.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

 

14 Enero 2019

La Fiscalía Departamental de La Paz conformó este lunes una comisión de tres fiscales: Miguel Aramayo, Samuel Lima y Willy Rojas, quienes llevarán adelante el proceso investigativo del caso de cobros irregulares en los exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol).

Según informó el titular de ese despacho, William Alave, el propósito de esta decisión es darle celeridad a la investigación en la que se encuentran involucrados empresas, personas particulares y efectivos policiales. “El Ministerio Público no va escatimar ninguna situación ajena a la investigación y va a tener que imputar a las personas que corresponda, no se va encubrir a nadie ni a ningún oficial de alto rango”, puntualizó.

El pasado 11 de enero, los fiscales designados al caso lograron que la autoridad jurisdiccional determine la detención preventiva del teniente Freddy T.H. y la doctora Fanny M.O. además se tiene previsto convocar a todas las personas necesarias para recabar y abundar con mayor prueba investigativa y realizar la imputación formal en contra de las personas implicadas a fin de esclarecer este caso.

La autoridad del Ministerio Público Departamental, afirmó que la tarea y la obligación del Ministerio Público es poner a los investigados ante la autoridad jurisdiccional competente.

La semana pasada el Ministerio Público junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inició un proceso de investigación, sobre pagos anómalos de exámenes de postulantes a la Academia Nacional de Policías.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

08 Enero 2019

El Ministerio Público decidió iniciar la indagación por el presunto pago de sobornos en el denominado caso Lava Jato-Odebrecht. En el requerimiento hay al menos cuatro exfuncionarios investigados entre las gestiones 2007 - 2009 por vinculación directa.

El expresidente y candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, figura en otra lista de investigados por movimientos bancarios sospechosos.

El requerimiento de la Fiscalía General de Estado llegó a La Paz la pasada semana, donde se instruyó a realizar las investigaciones respectivas, confirmó el fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave, en rueda de prensa.

El 14 de noviembre de 2018 el Legislativo -controlado por la mayoría oficialista- aprobó el informe de una comisión especial que se encargó de indagar el caso y decidió enviarlo al Ministerio Público ante la serie de sospechas que se encontraron de exfuncionarios que habrían recibido sobornos.

Alave precisó que se decidió dividir el caso en dos investigaciones. Por un lado se encuentran los cuatro exfuncionarios, quienes fueron identificadas de forma directa por el Legislativo como responsables de haber recibido pagos irregulares, y por otro, la segunda investigación se centra en quienes habrían tenido “movimientos bancarios inusuales o sospechosos detectados”.

 “Se está dividiendo la investigación a efectos, primero, de establecer las denuncias hechas por la Asamblea en contra de estas cuatro personas y posteriormente de estos autores se va a indagar los hechos que nos ha referido la investigación”, afirmó.

Una comisión de tres fiscales se encargará de la investigación y analizará las siete cajas que contienen la documentación con todos los antecedentes del caso y la investigación del Legislativo sobre el pago de sobornos.

"Por fines investigativos”, la autoridad evitó mencionar los nombres de las cuatro personas implicadas y tampoco mencionó los delitos por los que son acusadas, pero sostuvo que se trata de depósitos bancarios que presuntamente habrían recibido.

Las cuatro personas habrían tenido participación en el pago de sobornos para la construcción de las carreteras Roboré - El Carmen y El Carmen - Arroyo Concepción. El actual candidato a la presidencia por la alianza CC, Carlos Mesa, no se encuentra en la primera lista que la Fiscalía se apresta a investigar, pero sí en la segunda, de acuerdo con datos del informe de la comisión legislativa.

En el informe del legislativo figuran como directos responsables: Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente General del Servicio Nacional de Caminos, Luis Humberto Landivar Pereira, exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos; y Mario Avelino Moreno Viruez, ministro de Obras Públicas del gobierno der Eduardo Rodríguez Veltzé.

En el caso de quienes deberían ser investigados por posibles sospechas de movimientos bancarios se encuentran: Carlos Diego de Mesa Gisbert, expresidente; Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, viceministro de Justicia y ministro interino de Obras Públicas en la gestión de Carlos Mesa.

Además de Carlos Silvestre Romero Mallea, viceministro de Energías Alternativas e interino de Obras Públicas en el gobierno de Carlos Mesa;  Luis Carlos Jemio Mollinedo, ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Mesa; Luis Humberto Landivar Pereira, exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente General del exServicio Nacional de Caminos; y Mario Avelino Moreno Viruez, ministro de Obras Públicas del gobierno der Eduardo Rodríguez Veltzé.

En todo momento, el expresidente Mesa sostuvo que los contratos con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción “no entraron en vigencia” durante su gestión por carencia de contraparte presupuestaria, sino en la de su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien adjudicó esa obra y el tramo Roboré-El Carmen a consorcios brasileros.

Se espera que en los próximos días ya se tenga una agenda tentativa de trabajo para comenzar con la investigación.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

20 Diciembre 2018

El alcalde cruceño Ing. Percy Fernández Añez, firmó este miércoles un convenio interinstitucional  con el Ministerio Público para cederle un centro ubicado en el Distrito 5, zona séptimo anillo y Av. Cristo Redentor. En este lugar funcionará el  Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que presta atención a las víctimas de violencia.

“Entregamos este centro hermoso, yo como Alcalde de la ciudad deseo que la Fiscalía sea el edificio de la verdad y sea el soporte de los ciudadanos”, expresó la primera autoridad municipal.

Luego de la firma del convenio con los representantes del Ministerio Público, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, junto  al Fiscal General, Dr. Fausto Lanchipa; el Fiscal de Distrito, Dr. Mirael Salguero y secretarios del Ejecutivo realizaron una inspección al centro donde funcionará el IDIF.

 “Felicidades a Santa Cruz y a nuestro querido Alcalde por esta acción, vamos a trabajar de la mano por una ciudad justa, con familias protegidas por sus autoridades a través de este convenio que da seguridad a las mujeres víctimas de violencia, es un centro que tendrá todas las condiciones”, indicó la autoridad edil.

Por su parte el Fiscal General, agradeció al burgomaestre cruceño  por brindar un espacio para que se concentren todas las unidades del IDIF en un solo lugar y con todas las condiciones.

“El Ministerio Público va trabajar para que en estas instalaciones funcione el IDIF, en este espacio se concentrarán todas las unidades del Instituto, de tal manera que todas las operaciones que hace la Fiscalía tendrán mejores resultados en estas instalaciones amplias que nos ha brindado el Gobierno Municipal”, manifestó el Dr. Fausto Lanchipa.

El Fiscal de Distrito, aseguró que el convenio firmado cubre una gran necesidad de la ciudadanía, especialmente para las mujeres que son víctimas de violencia.

“Agradecemos al Alcalde por otorgarnos este inmueble que va cumplir un gran servicio a la ciudadanía para mujeres víctimas de agresión física y sexual. Cubre una gran necesidad que tiene Santa Cruz, estamos satisfechos por el convenio, le vamos a dar funcionalidad al lugar”, expresó Salguero.

El centro está ubicado en el Distrito 5 en un terreno de casi 4.000 m2 con una superficie construida de 600 m2. En  este lugar se concentrarán  todas las unidades del IDIF como medicina forense, psicología forense, antropología forense y todas las especialidades. Además contará con laboratorios, salas de valoración e internación, consultorios, oficinas, sanitarios y morgue.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: GAM

 

09 Noviembre 2018

El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de La Cruz Vargas Vilte, aclaró que el alcalde José María Leyes no puede retomar sus funciones como autoridad municipal.

En contacto con Los Tiempos, Vargas Vilte manifestó que la decisión del juez anticorrpución Iber Gonzales fue rechazar la solicitud de la defensa de Leyes y mantener "incólumes", es decir sin modificaciones, las medidas cautelares sustitutivas  que se le habían impuesto.

"Leyes puede ejercer cualquier otra labor que no tenga relación con la Alcaldía.", enfatizó Vargas Vilte y explicó: "Incluso los abogados de la defensa solicitaron una aclaración en la audiencia y el juez les indicó eso, que no se trataba de que pudiese trabajar (como alcalde) desde su casa. Es una interpretación errada, los motivos tendrá".

Sin embargo, justo después de finalizar la audiencia el abogado defensor de Leyes, Humberto Trigo aseguró que Leyes volvería a ejercer su función edil desde su domicilio."El juez ha determinado que no hay ninguna suspensión para el trabajo de Alcalde Municipal", dijo.

"El doctor Trigo, seguramente  tiene algún interés especial en tergiversar la realidad, esperemos que no", respondió Vargas Vilte al respecto.

El juez determinó también que se mantiene la restricción de Leyes de tener contacto con funcionarios y oficinas municipales.

Leyes  permanece con detención domiciliaria desde el 21 de abril después de que el Viceministerio de Transparencia inició la acusación por supuestas irregularidades en la compra de mochilas escolares para el municipio.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Lostiempos

08 Noviembre 2018

El Ministerio Público ha determinado levantar la apelación que había presentado la fiscal Susana Boyán para aumentar la sentencia contra Jhiery Fernández a 30 años de cárcel, dentro el caso Alexander.

El fiscal general Juan Lanchipa informó que se tomado esa decisión al evidenciar que la apelación presentada por el Ministerio Público no tenía la suficiente argumentación.

Explicó que para fundamentar una apelación tiene que haber existir una debida argumentación jurídica y se debe comprobar que se han agraviado los intereses del Ministerio Público, pero esos requisitos no se cumplido.

Lanchipa indicó que también se tomó en cuenta el informe del Defensor del Pueblo, en el cual se advierte que el trabajo de los fiscales en el caso Alexander careció de los principios de legalidad y transparencia.

Fernández fue condenado a 20 años de cárcel en marzo de este año. Luego se presentaron dos apelaciones: una de parte de la defensa que pidió anular la sentencia y la segunda de parte de la fiscal Boyán que solicitó aumentar el castigo.

Ahora, con el retiro de la apelación de la Fiscalía, sólo sigue en curso la apelación de la defensa de Jhiery Fernández.

El fiscal Lanchipa dejó en manos del Tribunal Departamental de Justicia determinar si la sentencia de primera instancia se mantiene vigente.

Respecto a los fiscales que abordaron el caso, como Boyán y Edwin Blanco, el Fiscal General señaló que se está esperando el informe de la comisión encargada de revisar el proceso, para tomar una determinación.           

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

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