Santa Cruz de la Sierra
21 Septiembre 2018

El senador Rubén Medinaceli (MAS) manifestó que el “nerviosismo” y la “preocupación” está llevando al Ministerio Público a tomar decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, como pedir que se revele la fuente que filtró el audio sobre el caso del bebé Alexander.

“En la Fiscalía parece que hay muchas dificultades con este tema (del bebé Alexander), pienso que es el nerviosismo y la preocupación lo que hace que a veces tomen decisiones contrarias al ordenamiento vigente”, declaró el legislador.

En las últimas horas, el fiscal Ramiro Prieto solicitó a la red televisiva ATB que entregue el nombre de la fuente que proporcionó el audio de la jueza Patricia Pacajes en el que revela que el bebé Alexander no fue violado y que el médico Jhiery Fernández es inocente.

Además, relata que el primer error de la Fiscalía fue el informe forense de Ángela Mora, quien supuestamente tenía un vínculo con el Fiscal General ,Ramiro Guerrero, donde establece sin pruebas que el pequeño sufrió violación, posteriormente el Ministerio Público no pudo retractarse y mantuvo la versión de la violación y la culpabilidad.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Noticiasfides

06 Septiembre 2018

La Fiscalía General del Estado informó que entre enero y agosto de este año se registraron un total de 76 feminicidios, en todo el país. En primer lugar en cantidad de casos está el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo a los datos, en Santa cruz se registraron 17 casos, en Cochabamba y La Paz hubo 16, en Oruro y Tarija se reportó siete, en Chuquisaca y Potosí registraron cinco, en Beni dos y en Pando uno.

El tipo penal de feminicidio se incorporó a la norma con la Ley 348 de 2013. Desde entonces la Fiscalía registró 503 de estos crímenes: 26 casos el 2013, 71 el 2014, 110 el 2015, 111 el 2016 y 109 el 2017, además de los 76 de este año.

De acuerdo a la Ley 348 se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a adulto a quien a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia;

Por haberse negado la victima a establecer con el autor, una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;

Por estar la víctima en situación de embarazo;

1La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo;

2La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;

3Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;

Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual;

Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;

Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Erbol

29 Agosto 2018

El fiscal Fernando Atanasio informó este miércoles que el líder de los cocaleros de Yungas, Franklin Gutiérrez, realizó viajes a Perú y Colombia, lo cual podría ser coincidente con la versión de que había extranjeros que tuvieron participación en los hechos de violencia en La Asunta.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo con anterioridad de que había informes en sentido de que colombianos habían ido a los Yungas a preparar a los cocaleros en resistencia armada.

El fiscal indicó que, por esa versión, se pidió informes a Migración, que a su vez reportó que Gutiérrez había viajado dos veces a Colombia y Perú. “Hay muchas  casualidad o coincidencias en relación a la investigación”, acotó Atanasio.

Atanasio dijo que no se puede apresurar a confirmar si Gutiérrez tuvo vínculos con extranjeros, pero se analizará la información para asumir una posición al respecto.

Franklin Gutiérrez fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, acusado de instigar el asesinato del teniente Daynor Sandoval, quien fue herido fatalmente en un enfrentamiento con cocaleros de La Asunta el pasado viernes.

El fiscal aseguró que existe un “sinfín” de indicios que incriminan a Gutiérrez. Señaló por ejemplo a informes de inteligencia que ubican al dirigente en reuniones con las personas protagonistas de los hechos ilícitos, además de testimonios.

Resaltó que en el teléfono celular de un allegado a Gutiérrez se encontraron fotos de armas de grueso calibre. Aseveró que varias de esas imágenes se tomaron con el mismo dispositivo en la localidad de Trinidad Pampa. Aseguró que el dueño de ese móvil tenía contacto permanente con el dirigente.

Atanasio indicó también que Gutiérrez no proporcionó su celular con excusas de que lo tenía su esposa y otras. Expresó que ojalá se pueda entregar el teléfono del presidente de Adepcoca.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Erbol

28 Agosto 2018

El Ministerio Público imputó hoy al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franklin Gutiérrez, por asesinato en grado de instigación y tentativa, tenencia o porte de armas de fuego y otros delitos por la “emboscada” que derivó en la muerte del teniente Daynor Sandoval el pasado viernes en el municipio de La Asunta de La Paz.

De acuerdo con la resolución fiscal, Gutiérrez no acreditó domicilio ni ocupación, razón por la cual se pide que sea detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

Cerca a las 17:30 de hoy, la audiencia cautelar de Gutiérrez se instaló en el juzgado octavo de instrucción penal, encabezado por el juez Orlando Rojas. Al inicio de la audiencia, la abogada de Gutiérrez, Paola Barriga, denunció que su defendido fue aprehendido ilegalmente.

Ya en horas de la mañana, el otro abogado del dirigente cocalero, Ernesto Jauregui, explicó que la aprehensión de Gutiérrez se dio sin la orden de aprehensión respectiva, la cual recién fue presentada en horas de la noche de ayer, además que estuvo encerrado en celdas judiciales sin una imputación formal.

En entrevista con Página Siete, Gutiérrez desde celdas judiciales aseguró que el Gobierno busca encarcelarlo por pedir respeto a la Constitución y rechazar la legalización de las plantaciones de coca en el Trópico cochabambino.

"El Gobierno injustamente me está acusando, me está procesando en este momento, con falsos argumentos me quiere trasladar a San Pedro, porque quiere verme bajo rejas, porque mi persona siempre ha estado pidiendo que se respete la Constitución Política del Estado, que se respete la democracia", manifestó.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

21 Agosto 2018

Los diputados opositores, Wilson Santamaría y Rafael Quispe, anunciaron este martes que objetarán la determinación asumida por el Ministerio Público para no investigar al procurador general del Estado, Pablo Menacho, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y otras autoridades, por el caso Quiborax.

“Cuando hay desestimación de la denuncia, (la ley) permite hacer objeción y eso se presenta a la Fiscalía de Distrito y como ahí también nos van a rechazar, luego vamos a iniciar un proceso por prevaricato, porque es una barbaridad lo que afirman en su fundamentación, dicen que no se adjuntó la documentación suficiente, pero para eso está el Ministerio Público, para indagar y obtener toda la información”, manifestó el diputado Santamaría.

Horas antes, se conoció que el Ministerio Público desestimó la denuncia planteada por tres diputados opositores contra “contra Elizabeth Arismendi Chumacero, Héctor Arce Zaconeta, Félix Cesar Navarro Miranda, Pablo Menacho Diederich, Edwin Blanco y Favio Maldonado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”.

Redacción: Leo.com

Fuente: Noticiasfides

21 Agosto 2018

La Fiscalía determinó desestimar la denuncia que presentaron diputados de oposición contra ministros, una exministra, el procurador y fiscales, acusados de haber realizado una “pésima defensa” del Estado en el caso Quiborax.

La denuncia por el delito de incumplimiento de deberes fue presentada por los diputados Wilson Santamaría, Rafael Quispe y Grover Huanca.

Los acusados eran los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Miniaría, César Navarro; la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi; el procurador Pablo Menacho; además de los fiscales Edwin Blanco y Fabio Maldonado.

La denuncia se sustentaba en el hecho de que Bolivia tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la chilena Quiborax, después de un arbitraje ante la CIADI por haberle expropiado sus concesiones para la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni.

Para los acusadores, las autoridades acusadas realizaron un mal trabajo en defender al Estado, porque no conciliaron el litigio con un monto menor de pago, dejaron filtrar información a la empresa Quiborax, aceptaron levantar procesos penales contra representantes de la firma chilena en Bolivia y, además, pactaron un acuerdo dándose la mano con esa compañía.

La resolución fiscal señala que “no se cuenta con suficientes elementos necesarios para tomar una decisión, toda vez que el presente caso sólo señala aspectos subjetivos de posibles conductas iliciticas inciertas que carecen de certeza”.

En ese entendido, la Fiscalía decidió desestimar la denuncia contra las autoridades.

Santamaría lamentó la desestimación y afirmó que la Fiscalía está al servicio del poder y lo encubre, pero aclaró que tienen cinco días para presentar una objeción.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

17 Agosto 2018

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó el viernes que se convocará al exjefe de la Casa Militar, Alberto Mansilla, para que declare sobre el robo de la medalla y banda presidencial.

 "Sobre la base de requerimientos que hizo la comisión de fiscales, seguramente en los próximos días se convocará al exjefe de la Casa Militar", dijo en conferencia de prensa.

 Guerreo explicó que se recibió de Mansilla un informe escrito sobre los protocolos de seguridad y custodia de esos símbolos presidenciales que fueron sustraídos por 16 horas, el 7 de agosto.

Indicó que luego de analizar ese documento se lo convocará para recibir su testimonio.

Recordó que, en ese caso, el teniente de Ejército, Juan de Dios Ortiz Blanco, custodio de ambos objetos, fue imputado y cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Al ser consultado sobre intenciones de crear fricciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas, el Fiscal dijo "nosotros no vamos a ingresar de ninguna manera en temas de fricciones entre dos instituciones respetadas y encargadas de la seguridad del país".

En el caso del robo de la medalla y banda presidencial hay tres implicados que también cumplen detención preventiva en la cárcel de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: ABI

17 Agosto 2018

El Ministerio Público y la Comisión de la Verdad suscribieron este viernes un convenio de  cooperación, mediante el cual la Fiscalía brindará información clasificada para la investigacion de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras militares.

El Fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, y el Presidente Alterno de la Comisión de la Verdad, Edgar “Huracán” Ramírez, firmaron el documento en un acto desarrollado en instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz.

Según la Fiscalía, la Comisión de la Verdad podrá acceder a archivos públicos y privados y documentación calificada de reservada y confidencial; además de acceder a inmuebles, casas de seguridad y centros de privación de libertad.

Guerrero afirmó que el Ministerio Público brindará toda la información requerida a la Comisión de la Verdad bajo el principio de la confidencialidad, además de brindar el apoyo técnico científico desde el Instituto de Investigaciones Forenses (IDFI).

De acuerdo con el convenio, la Fiscalía brindará la información requerida bajo el principio de confidencialidad establecido en el art. 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y conforme a procedimiento. La Comisión de la Verdad por su parte, se compromete a guardar la debida reserva en el uso de dicha información documental.

La Fiscalía realizará los estudios científicos técnicos laboratoriales requeridos para la investigación de los delitos, mediante el Instituto de Investigaciones Forenses. Todos los casos puestos a conocimiento de la Fiscalía, serán procesados de acuerdo a Ley.

La vigencia de este Convenio es de dos años, computables a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado luego de una verificación del cumplimiento del objeto.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

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