Santa Cruz de la Sierra
15 Enero 2020

Enviados del Gobierno de Argentina expresaron al expresidente Evo Morales su malestar por las declaraciones que realizó el fin de semana sobre la organización "milicias armadas del pueblo" y que pone en una "situación incómoda" a la administración del presidente argentino Alberto Fernández, según publicó el diario Infobae de Argentina

El medio argentino relata que los dos funcionarios del vecinopaís visitaron a Morales, en la zona de Colegiales donde habita, para expresar que "Argentina no avala las milicias armadas populares porque ello va en contra de todo el espíritu democrático de vivir en paz y bajo los parámetros de los derechos universales".

Se supo también que Fernández no hizo público su malestar para "no seguir el juego" al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, al que consideran "dictatura".

Por otro lado, otro funcionario aseguró a Infobae que Morales se comprometió a bajar el tono de sus declaraciones.

El expresidente se encuentra refugiado en el país vecino desde diciembre.

El fin de semana, durante un encuentro de militantes del Movimiento Al Socialismo, en Buenos Aires, Morales manifestó que: "Si volviera (a Bolivia), hay que organizar como Venezuela, milicias armadas del pueblo".

Las declaraciones generaron repudio en diferentes sectores y desde Argentina, un partido político manifestó que pedirá la expulsión del exmandatario. 

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

13 Enero 2020

El gobierno boliviano, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, anticipó este lunes que llevará adelante un proceso penal en contra del expresidente Evo Morales, por sus recientes declaraciones de organizar milicias en el país en el caso de que retorne.

"En ese mandato constitucional que tenemos vamos a salir como Ministerio de Justicia, como Ministerio de Gobierno, a iniciar las acciones penales en contra del señor Evo Morales porque si él está planteando llevar adelante esta creación ilegal, inconstitucional y fuera de cualquier norma de milicias armadas tiene que venir al país y rendir cuentas", dijo Coímbra hoy en Palacio de Gobierno.

Tras la afirmación de Morales desde Argentina, a través de la radio comunitaria Kawsachun Coca, de que si "volvería (a Bolivia), o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela, milicias armadas del pueblo", las autoridades de Gobierno anticiparon que tomarán todas las medidas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el país.

"Las Fuerzas Armadas le van a dar la seguridad que el boliviano y la boliviana necesitan, estamos preparados, entrenando y atentos, no vamos a permitir nada. No vamos a permitir que fuerzas extranjeras quieran tomar el poder en el país", dijo por su parte el ministro de Defensa, Fernando López.

A la vez Coímbra manifestó que la intención de Morales en conformar milicias debe también activar una investigación desde el Ministerio Público. “El Fiscal General tiene que activar de oficio una investigación por estas declaraciones que incitan a delinquir. El expresidente Morales lo que está haciendo es generar, en nuestro país, sedición y terrorismo de Estado".

Las autoridades aclararon que este proceso penal será otro caso y diferenciado del que se instauró el pasado 23 de noviembre, cuando el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una querella en contra de Morales y del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por la presunta comisión de delitos de sedición y terrorismo, tras sus afirmaciones y el audio en el que se oye al expresidente incitando y ordenando al cierre y cerco de las ciudades para que no ingresen alimentos.

"Este es un nuevo proceso porque ha incurrido con sus acciones de llamar al terror al país con milicias armadas, él está llamando a la muerte (...) nadie por mas líder político que sea o referente tiene el derecho de intentar por cualquier medio destruir la paz y la seguridad", agregó Coímbra a los medios.

Tras la polémica y repudio de estas afirmaciones, Morales en su cuenta de Twitter intentó explicar esta conformación de milicias con matices indígenas. "El movimiento indígena originario campesino, orgánicamente, ha tenido su seguridad. En algunas regiones se llamó guardia comunal; en otros tiempos: milicias. Ahora, policía sindical o seguridad sindical. Todo en el marco de nuestros usos y costumbres, y respetando la Constitución". No obstante la referencia a milicias armadas fue explícita y tomando como referencia a las existentes en Venezuela.

Redacción: Leo.com

Fuente. Agencias

10 Enero 2020

El viceministro Eddy Luis Franco informó que se obtuvo una negativa a dialogar de parte de los productores de coca.

Gobierno reitera invitación al diálogo con cocaleros del trópico de Cochabamba El viceministro Eddy Luis Franco en una conferencia de prensa junto al dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Eddy Luis Franco, informó la mañana de hoy que se obtuvo una respuesta negativa ante la convocatoria al diálogo a las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, a la invitación a dialogar enviada por el gobierno a ese sector.

"Hemos recibido una respuesta negativa de los cocaleros del trópico de Cochabamba y eso demuestra que los cocaleros van por el camino equivocado. No van por el camino del diálogo ni de la paz (...). En todo caso aguardamos que todos los sectores sociales apuesten por el diálogo", lamentó Franco.

Añadió además que se apueste por el camino del diálogo, independientemente de la postura política de los sectores sociales. Acotó que seguirán invitando al diálogo a los cocaleros.

La semana pasada, el viceministro Franco informó del envío de notas a las autoridades cocaleras y a la gobernación de Cochabamba para establecer una mesa de diálogo entre el Gobierno y los productores del arbusto.

Sin embargo, el dirigente cocalero Leonardo Loza indicó la pazada jornada que las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba no tienen ninguna razón para entablar un diálogo con el gobierno y que la misiva enviada por Franco nunca llegó.

 

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

08 Enero 2020

El director general de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutschel, informó hoy que el Gobierno investiga a 592 exautoridades de la gestión del expresidente Evo Morales y sus familiares, por presuntos actos de corrupción.

"En esta reunión de ayer (martes) se decidió iniciar las investigaciones contra 592 exautoridades del Órgano Ejecutivo del anterior Gobierno, de los últimos 14 años, que estuvieron ejerciendo el poder", dijo en conferencia prensa.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, presidió en instalaciones del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción la importante reunión del grupo StAR Gira, cuyo objeto es la recuperación de activos en el extranjero, que aprobó la lista de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs), donde figuran 592 exautoridades del Poder Ejecutivo -que asumieron funciones entre el año 2006 y el 20 de octubre de 2019- que serán investigadas, al igual que sus familiares.

Kutschel manifestó que entre los investigados figuran el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, exministros, exviceministros y exjefes de Gabinete, así como sus familiares.

"Star Gira" trabaja con los países en desarrollo y los centros financieros, para evitar el lavado de dinero producto de la corrupción y para facilitar la devolución sistemática y oportuna de los activos robados.

Kutschel calculó que las exautoridades manejaron más de dos billones de bolivianos y que cometieron delitos de corrupción, pues desviaron los recursos públicos y los derivaron a otros países donde actualmente están refugiados.

La investigación se realiza en el marco de la Ley 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz, y de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Coimbra apuntó que entre todos los miembros del grupo se decidió incluir al listado también a las máximas autoridades ejecutivas de entidades y empresas estratégicas que administraron millonarios recursos del Estado en obras y proyectos “como en el caso del Fondioc BoA, Empa, Mi Teleférico, el Sistema de Transporte Férreo Bulo Bulo, Hidroeléctricas Novillas, Termoeléctrica Warnes y la Planta Eléctrica Piloto Laguna Colorada y otras de esa naturaleza” puntualizó Coimbra.

  StAR trabaja con los países en desarrollo y los centros financieros para evitar el lavado del producto de la corrupción y para facilitar la devolución más sistemática y oportuna de los activos robados.En Bolivia, el grupo trabaja desde 2005.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

08 Enero 2020

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró este miércoles que el dinero contrabandeado por una asistente de Juan Ramón Quintana a la Argentina, serviría para financiar el evento del 22 de enero que pretende realizar Evo Morales por el Día del Estado Plurinacional.

En Argentina se anunció que Morales dará su informe de gestión el 22 de enero, en un evento que se realizará en el estadio del club San Lorenzo en Buenos Aires.

Murillo recalcó que el dinero contrabandeado serviría para el evento de Morales, pero además financiar el terrorismo. Aseguró que no se permitirá que dinero “robado” en Bolivia se utilice para esos fines.   

La mujer, identificada como María Palacios, fue detenida durante la madrugada de este miércoles en el Aeropuerto de El Alto, cuando pretendía viajar a Buenos Aires con 100 mil dólares en su posesión.

Murillo aseveró que la asistente de Quintana no declaró formalmente que estaba llevando el dinero. Ella reconoció que no lo hizo y que ese fue su error.

Palacios aseveró que el dinero está vinculado a PDVA, la empresa venezolana de petróleo, y que era para pagar planillas, sueldos, hotel y viáticos.

El Ministro aseveró que Venezuela financia el narcoterrorismo en la región.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

26 Diciembre 2019

El Gobierno se declaró hace minutos víctima de ataques de México, por el resguardo policial reforzado a la Embajada azteca en La Paz y el anuncio de una denuncia contra la administración de Jeanine Áñez ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En breve comparecencia ante la prensa, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reaccionó airado ante el aviso del Gobierno de México de acudir a la CIJ para procesar a Áñez y sus colaboradores más cercanos.

Dijo que el “ataque que estamos recibiendo del Gobierno mexicano” no tiene razón de ser, porque el Ejecutivo tiene la información de que movimientos sociales del MAS tienen previsto “tomar la Embajada e incendiarla”, porque culpan al exministro Juan Ramón Quintana –asilado en esa sede diplomática– por el derrocamiento de Evo Morales.

“Nuestra obligación como Gobierno es dar todo el resguardo a las embajadas. ¿Por qué se quejan de que cuidemos la residencia, la salud de sus alojados, de la misma embajadora?”, se preguntó Murillo.

Sobre la anunciada denuncia de esta misma mañana, el Ministro dijo que “nos amenazan (México, pero) allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados”. Acusó al país azteca de “faltar a la verdad”, con sus recurrentes sindicaciones.

“Nos parece –continuó– que los únicos que han permitido que se violen los tratados, ha sido el Gobierno de México, cuando le ha dado refugio a Evo Morales y le han permitido que haga declaraciones políticas”.

Insistió que como gobierno continuarán resguardando la Embajada mexicana, porque es su obligación, “pese a que está refugiando a delincuentes, como Ramón Quintana”.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

23 Diciembre 2019

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó este lunes que en los próximos días se develará irregularidades en la Unida de Proyectos Especiales (UPRE) que manejaba el exministro de ese despacho, Juan Ramón Quintana.

"En estos días vamos a conocer el caso de la UPRE, los proyectos que se manejaban desde Palacio de Gobierno que manejaba el exministro de la Presidencia se trataban en el día las obras, muchas de ellas mal construidas y paralizadas", dijo a Unitel.

En las últimas semanas, el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez encontró varias irregularidades en instituciones, empresas estatales y descentralizadas como Entel, ANH, ABC, BoA, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el Ministerio de Comunicación, entre otras.

Núñez explicó que en el caso de la UPRE se están realizando todas las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

A su juicio, el Movimiento Al Socialismo (MAS), debe encontrarse "nervioso" porque los bolivianos de a poco están conociendo todas las irregularidades que se cometieron en los últimos 14 años.

Según datos oficiales la UPRE habría administrado desde el 2007 al 2019 más o menos 20.355 millones de bolivianos en obras y proyectos en el país.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

23 Diciembre 2019

  “Silencio sindical”, así se llama la medida asumida por la Central Obrera Boliviana (COB) para evitar el cambio de los comités ejecutivos sindicales afines al MAS. Esta decisión fue refrendada por el Ministerio de Trabajo mediante resolución ministerial, cuyo trámite duró seis días en medio de la crisis política y social y se dictó diez días antes que Evo Morales renuncie a la presidencia del Estado.

La resolución N° 1058 del 31 de octubre de 2019, impide que la COB, las centrales obreras departamentales, regionales, confederaciones, federaciones  nacionales y sindicatos, puedan ser obligadas a una renovación de sus directivas, por una presión de las bases que cuestionan a sus dirigentes nacionales que respaldaron al gobierno de Morales.

La mayor beneficiada fue la actual directiva de la COB a la cabeza de Juan Carlos Huarachi, cuyo mandato fenece el 26 de febrero de 2020 y de otras, como la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, que ha recibido el desconocimiento de seis departamentos pero que al amparo de esta resolución, no escucha el pedido de sus federaciones y continúa en funciones.

La solicitud de ampliación del silencio sindical ingresó al Ministerio de Trabajo el 25 de octubre, la dirección general de asuntos sindicales del mismo ministerio evacuó informe positivo el 29 del mismo mes y dos días después, el entonces ministro de Trabajo Milton Gómez, firmó la resolución que prorroga mandato de todos los dirigentes sindicales.

Extrañamente, el ampliado de la COB del 7 de febrero ya sabía que las elecciones subnacionales se postergarían y por ello en resolución de esa fecha, dispuso que todos los comités ejecutivos se prorroguen hasta los primeros meses de 2020.

La ley aprobada el pasado viernes por la Cámara de Diputados ordena al Tribunal Supremo Electoral llamar a elecciones subnacionales a las 48 horas siguientes de la posesión del nuevo presidente del Estado que se prevé pueda ocurrir en junio o agosto del próximo año.

El beneficio del “silencio sindical” no alcanza a federaciones departamentales, sindicatos y asociaciones de distintos rubros afiliadas a la Central Obrera Boliviana.

Otra parte de la resolución ministerial, amplía también la declaración de la comisión sindical con el goce del cien por ciento de sus haberes y demás derechos laborales para los comités ejecutivos de la confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales, centrales obreras regionales.

En contrapartida ratifica que al finalizar su mandato, los ejecutivos sindicales de alcance nacional o regional, deben rendir cuentas y enviar informes a la oficina de auditoría y control sindical del Ministerio de Trabajo.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

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