Santa Cruz de la Sierra
22 Agosto 2014

India bloqueó el estreno de una película sobre el asesinato de la ex primera ministra Indira Gandhi, argumentando que glorifica a sus asesinos y que podría generar protestas violentas.

El consejo de certificación de cine de India señaló que la cinta glorifica a los dos guardaespaldas sij que mataron a Gandhi para vengar la supresión de un levantamiento que culminó en un ataque armado al Templo Dorado, el más sagrado santuario del sijismo.

El filme "Kaum De Heere" (Diamantes de la comunidad) iba a estrenarse el viernes en el norte de India.

La directora del consejo de certificación, Leela Samson, dijo que los miembros del panel vieron el filme y decidieron no exhibirlo por considerar que representa una amenaza para el orden público.

El Ministerio del Interior de India había expresado sus dudas ante una aprobación previa del filme y le había pedido al panel que lo revisara, agregó Samson.

El ministerio había recibido reportes de inteligencia de que la película en idioma punjabi podría desatar sentimientos de enemistad entre las comunidades sij e hindús del país, dijo la funcionaria.

"Vimos la película y decidimos que no podría estrenarse como estaba por temor a que pudiera perturbar el orden público", dijo.

"La película es problemática, glorifica a los asesinos de Indira Gandhi quienes tomaron la ley en sus propias manos y glorifica el hecho de que hayan sido ahorcados esos dos hombres", apuntó Samson.

La cinta está basada en la vida de tres hombres sij, incluyendo los dos guardaespaldas que mataron a tiros a Gandhi, en medio de una insurgencia que sacudía al estado norteño de Punjab a finales de la década de 1970 y comienzos de los años 80, cuando los milicianos sij exigían la creación de su propio país.

Gandhi ordenó en junio de 1984 una operación militar para controlar a cientos de separatistas sij fuertemente armados y acuartelados en el Templo Dorado. El ataque indignó a los sijs y llevó a un rompimiento catastrófico en las relaciones entre las comunidades.

Ese mismo año Gandhi fue asesinada y el país se sumió en una ola de disturbios contra los sijs que llevó a la muerte de más de 2.000 de ellos.

Las autoridades dijeron que el reciente arresto del principal censor de cine en India, acusado de haber recibido sobornos para acelerar la aprobación de películas, hizo que se revisara la aprobación a "Kaum De Heere".

El director general del consejo de certificación Rakesh Kumar fue arrestado el martes cuando le tendieron una trampa en la que dos de sus asociados pidieron 70.000 rupias (unos 1.050 dólares) a nombre de Kumar para acelerar el proceso de aprobación de una película.

Durante el interrogatorio, Kumar reveló que aceptó un soborno de 100.000 rupias (1.666 dólares) de los creadores de "Kaum De Heere" para que fuera aprobada.

Los productores de la cinta, Pardeep Bansal, y su creador Ravinder Ravi han negado los cargos.

Mientras tanto los líderes del partido en el poder, Bharatiya Janata, y el principal partido de oposición en el Congreso han pedido que se prohíba la película, argumentando que ofendería la religión de la gente y los ánimos de la comunidad.

Bansal dijo que el filme está basado en hechos históricos y que pedirá que se revise la decisión del consejo.

"Es una película equilibrada, algunas personas tratan innecesariamente de crear una controversia", dijo Bansal a reporteros.

Samson dijo que la película no ha sido prohibida y que podrá ser revisada después de que se hagan los cambios necesarios.

"Los productores siempre pueden presentar una apelación ante el tribunal de apelaciones de certificación de películas y buscar que se revise nuevamente", dijo.

El punjabi es principalmente hablado en la región de Punjab en India y en Pakistán. Es el 10mo idioma más hablado a nivel mundial, con unos 130 millones de hablantes.

Redacción Leo.bo

Fuente: AP

21 Agosto 2014

El Congreso peruano negó el jueves su respaldo al gabinete de ministros del presidente Ollanta Humala al abstenerse de darle un voto de confianza, lo que complica la gestión del equipo del sexto primer ministro del actual gobierno cuando el país enfrenta una desaceleración económica.

En una maratónica sesión en la que debatieron por casi 15 horas, la mayoría del Congreso unicameral liderado por la oposición se abstuvo de darle el voto de confianza al gabinete encabezado por Ana Jara, una cercana colaboradora del mandatario.

"Nosotros hemos cumplido con nuestro deber constitucional y estamos a la espera de que el Congreso también haga lo suyo. Espero que una vez que baje la pasión, el día de mañana, el Congreso tome una decisión en función a los intereses nacionales", dijo Humala a periodistas.

La siguiente votación será realizada el viernes a las 9.00 hora local (1400 GMT).

En caso de que Jara no logre el voto de confianza en esta segunda ocasión, el gabinete pondría sus cargos a disposición de Humala, como sucedió en marzo, cuando el equipo de ministros logró recién el apoyo del Parlamento en una tercera votación.

"El Gobierno ha tenido una serie de errores, poco reconocimiento y mucha soberbia. Es un llamado de atención y el pedido de cambio de algunos ministros", dijo Luz Salgado, legisladora del partido del ex presidente Alberto Fujimori y la segunda fuerza opositora en el Parlamento.

Parte de la oposición reclama la salida de algunos cuestionados funcionarios, entre ellos los claves ministros de Economía, Luis Castilla, y de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

También piden la solución de una huelga de médicos estatales que reclaman aumento de sueldos y que ya cumplió 100 días y la investigación de denuncias de corrupción dentro del Gobierno.

La encrucijada política se produce en momentos en que la economía anotó en junio un crecimiento de sólo un 0,3 por ciento, su menor tasa mensual en casi cinco años, que ha puesto en revisión las estimaciones oficiales de expansión para el 2014.

La economía de Perú, un gran productor de minerales, se está desacelerando desde hace meses debido a una menor demanda de materias primas de grandes consumidores como China y una ralentización del flujo de la inversión privada en el país.

Entre los que critican las últimas acciones del presidente Humala para reactivar la economía figura el conservador Partido Popular Cristiano (PPC), alineado a las políticas económicas de libre mercado del Gobierno peruano.

"Hemos comentado que Castilla llegó a un agotamiento", dijo Luis Galarreta, un influyente legislador del PPC, aunque enfatizó que no han condicionado su voto a la salida de este ministro. "El Gobierno en general no nos da confianza", acotó.

La turbulencia política se produce además cuando la popularidad de Humala, un militar que moderó sus ideas de izquierda al llegar al poder en el 2011, registra una leve recuperación, aunque aún está por dejado del 30 por ciento.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

18 Agosto 2014

El director general de Lucha Contra el Racismo, Leoncio Gutiérrez, informó el lunes que su despacho recepcionó 109 denuncias de discriminación entre 1 de enero y el 31 de julio de este año.

"En la gestión 2014 del 1 de enero al 31 de julio se tiene registrado 109 denuncias de discriminación, en algunos casos de racismo, los mismos que se están haciendo el tratamiento pertinente en función de la naturaleza de las denuncias", informó a los periodistas.

Explicó que al menos 47% de esas denuncias provienen de instituciones públicas, y 53% de personas particulares.

"La mayoría provienen del departamento de La Paz y muy pocos casos en los demás departamentos", enfatizó.

Precisó que de las 109 denuncias sólo 7 se encuentran en el Ministerio Público.

Gutiérrez señaló que los motivos, en su mayoría, están relacionado a la apariencia de las personas, seguido por la procedencia, por el grado de instrucción, por razones de género y discapacidad física.

Recordó que desde la promulgación de la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, el 8 de octubre de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2013 se registraron 552 denuncias.

"A esas 552 denuncias hay que sumarle estas 109, que serían un total, desde la promulgación de la Ley, de 661 denuncias", finalizó.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

 

12 Agosto 2014

La etapa más compleja del proceso de paz para Colombia arrancó este martes en La Habana con el inicio de la discusión sobre la reparación a las víctimas del conflicto armado, un punto clave para la reconciliación y el fin del enfrentamiento de medio siglo.

"Estamos abriendo ese debate trascendental (del) tema de las víctimas", dijo a la prensa el jefe negociador de la guerrilla comunista FARC, Iván Márquez, al comenzar el vigésimo séptimo ciclo de diálogos de paz.

"Este asunto es muy importante porque nos va a entregar las claves para desbrozar el camino hacia la reconciliación de la familia colombiana", agregó el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país.

La reparación de las víctimas es el cuarto de los seis puntos de la agenda y uno de los más complejos, pues ambas partes se culpan mutuamente por la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y más de cinco millones de desplazados. Las dos delegaciones ya consensuaron los tres primeros temas de la agenda.

La fase crucial de esta nueva etapa arrancará el sábado cuando una primera delegación de 12 víctimas del conflicto entregue sus testimonios ante los dos equipos negociadores, con el fin de que sus demandas sean consideradas en un eventual acuerdo de paz.

En total, 60 víctimas entregarán sus testimonios.

"Tendremos, eso sí, que disponer el espíritu para la humildad, para escuchar, para el perdón, y digo esto refiriéndome a todos los colombianos: hay que dejar atrás los sentimientos de odio y de venganza, si queremos tener patria en paz", dijo Márquez.

La delegación del gobierno, encabezada por el exvicepresidente Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa.

- "Desconocemos ese Acto Legislativo" -

El debate de este martes comenzó en medio de nuevas tensiones entre la guerrilla y el gobierno colombiano, luego de que los rebeldes reiteraran su rechazo a dos iniciativas legales clave del presidente Juan Manuel Santos, quien procura dotar de un "marco jurídico" al proceso de paz iniciado en 2012.

Márquez reiteró el rechazo de las FARC al "marco jurídico para la paz y la justicia transicional", también conocido formalmente como "Acto Legislativo 01 de 2012", así como a la propuesta de un referendo para ratificar un eventual acuerdo de paz.

La Corte Constitucional colombiana ratificó hace cuatro días el "marco jurídico", que permite a los rebeldes participar en política una vez que dejen las armas, con la sola excepción de los máximos responsables por crímenes de lesa humanidad o genocidio.

"Desconocemos el Acto Legislativo 01 de 2012 (...). Somos aún más claros: para los efectos de lo que se construye en La Habana, ese Acto Legislativo no existe, porque no ha sido consensuado" con las FARC, dijo Márquez.

"La guerra no ha sido una ficción; su solución no se encontrará nunca en la formulación desde altos estrados jurisdiccionales, de malabares jurídicos que más bien son atropellos a la paz", agregó.

La discusión sobre víctimas partió cinco días después de que Santos iniciara un nuevo mandato de cuatro años, en el que espera sellar la paz no sólo con las FARC, sino también con la otra guerrilla izquierdista colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El gobierno y el ELN anunciaron en junio que iniciarán negociaciones de paz, aunque no han precisado la fecha ni el lugar.

- "Violencia pone en riesgo la paz" -

El apoyo de los colombianos al proceso de paz fue clave para la reelección de Santos, quien en su discurso de toma de posesión afirmó que empleará todas sus energías para acabar con el conflicto, pero advirtió que recientes ataques atribuidos a las FARC amenazan las negociaciones de paz.

"Los hechos de violencia de las últimas semanas son una contradicción inaceptable que ponen en riesgo el mismo proceso" de paz, dijo el mandatario de centroderecha.

Las negociaciones se desarrollan mientras siguen las hostilidades. Santos ha rechazado una tregua bilateral propuesta por las FARC, afirmando que la guerrilla la usaría para fortalecerse militarmente, como ocurrió en el fracasado proceso de paz del Caguán, terminado en 2002.

Hasta ahora ambas partes han consensuado los puntos de reforma rural (mayo de 2013), participación política de las FARC y otros grupos (noviembre de 2013) y drogas ilícitas (mayo de 2014).

Además de la atención a las víctimas, quedan pendientes los temas del abandono de las armas por las FARC y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo de paz.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

11 Agosto 2014

Catorce niños acompañados de sus respectivas madres llegaron este lunes a El Salvador deportados de Estados Unidos, tras solicitar la suspensión de sus procesos migratorios en aquel país, informaron fuentes oficiales en San Salvador.

"Estamos haciendo la recepción de catorce madres acompañando a sus niñas y niños, once niños y tres niñas de las edades entre uno y 15 años", declaró el director general de Migración, Héctor Rodríguez.

Los niños llegaron al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, 44 km al sureste de San Salvador, donde fueron recibidos por personal de migración, trabajadores sociales y otros funcionarios.

"Ellos (las madres con sus hijos) decidieron regresar al país, ellos estaban en el proceso (ante un juez migratorio) y han desistido", explicó Rodríguez.

Luego de registrar legalmente su ingreso y sin hacer declaraciones a la prensa, las madres con sus hijos abandonaron la terminal aérea para dirigirse a sus lugares de origen.

El pasado 20 de julio, las autoridades salvadoreñas recibieron a los primeros cuatro niños junto a sus madres, pero se estima que hay unos 450 casos de menores salvadoreños en proceso de repatriación en Estados Unidos.

La vicecanciller para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, declaró que las familias retornadas estaban en centros de detención donde recibieron "todo el apoyo consular" para documentarlos.

"Es una decisión de cada compatriota continuar su proceso o regresar (a El Salvador) y eso es lo que se ha cumplido. Estas familias tomaron su decisión y ya están (aquí)", destacó Magarín.

Para la viceministra, los albergues de detención en Estados Unidos no tienen un ambiente "adecuado" para las madres con sus hijos y en virtud de problemas en la salud que afrontaban los infantes es que tomaron la decisión de regresar.

Desde que se generó la crisis de la migración de niños no acompañados, a inicios de junio pasado, las autoridades salvadoreñas han destacado personal en la frontera sur de Estados Unidos para brindar asistencia consular.

"Ha bajado el flujo de niñas y niños que llegan a la frontera sur de Estados Unidos", reconoció la vicecanciller.

Desde octubre, más de 57.000 niños centroamericanos han cruzado ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de adultos, lo que ha desbordado tanto a las autoridades estadounidenses como a las mexicanas, debido a que México es territorio de paso obligado para los migrantes.

Del total, 43.933 menores provienen de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

09 Agosto 2014

La comunidad indígena colombiana celebra el vigésimo aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas reivindicándose como esencial para implementar la paz después de haber sufrido con especial intensidad la violencia desatada durante más de 50 años entre guerrillas, paramilitares y el Estado.

Gabriel Mujuy, director del Programa Presidencial Indígena, reconoció en una entrevista con Efe que implementar la paz que podría llegar si el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firman un eventual acuerdo, es uno de los mayores retos del colectivo.

El Ejecutivo de Juan Manuel Santos y el grupo armado negocian la paz desde noviembre de 2012 en La Habana, donde ya se han alcanzado preacuerdos sobre tres de los cinco puntos de la agenda, referido a propiedad de la tierra, participación política y cultivos ilícitos.

"El papel de los pueblos indígenas va a ser fundamental para implementar esos acuerdos, porque estamos presentes en las distintas regiones del país donde se vive el conflicto pero al mismo tiempo ofrecemos una convivencia pacífica", aseguró Mujuy.

Esta experiencia de diversidad hace que los indígenas puedan aportar, en palabras de este representante, un ejemplo de convivencia que "significaría mucho" para el país.

Asumir ese papel supone una reivindicación histórica de los 102 pueblos indígenas que habitan actualmente en Colombia, y que son descendientes de los dueños originales de la tierra, elemento que supone uno de los pilares del conflicto armado.

Según datos del Ministerio de Salud, en el país residen casi 2 millones de indígenas, lo que representa el 3,4 % de la población total de Colombia y una riqueza natural que incluye hasta 65 idiomas repartidos, en su mayoría, en la región amazónica.

Sin embargo, este colectivo ha sido tradicionalmente desplazado y perseguido en territorios tan conflictivos como los departamentos de Nariño (suroeste), Chocó (noroeste) o Arauca (este), tradicionales feudos de grupos armados que se han disputado la riqueza minera y los cultivos ilícitos de esas tierras.

"Uno de los temas centrales es el derecho al territorio, para nosotros es un aspecto central, porque hay una discusión fuerte entre el planteamiento de la reserva campesina contra territorios ancestrales y territorios colectivos indígenas", destacó Mujuy, que pertenece a la comunidad Inda.

Aunque reconoce que se han realizado "avances importantes en los últimos tiempos", este representante afirmó que "no se puede tapar el sol con un dedo" al hablar de la seguridad de estas comunidades en regiones como Chocó, cuya situación fue descrita como de "emergencia" por la ONU el pasado julio.

"La situación humanitaria en algunas regiones ha provocado mucha preocupación debido al conflicto armado, que genera desplazamiento forzado, vulneración a las condiciones físicas de la vida, o asesinato a dirigentes por cultivos ilícitos que nada tienen que ver con los indígenas", admitió Mujuy.

Por este motivo, aseguró, esta comunidad es una de las "más interesadas" en que se firme la paz con las FARC.

No obstante, Mujuy aseguró que, con respecto a la situación que los indígenas viven en otros países de América Latina, los colombianos van "un pasito por delante" por los avances conseguidos en derechos colectivos fundamentales, especialmente en materia territorial.

"Se han reconocido 782 resguardos indígenas que son propiedades colectivas, lo cual significa que poco más de 30 % del territorio nacional es de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, y eso es muy importante", señaló.

Con el objetivo de conseguir la mayor autonomía posible en aspectos esenciales como la educación y la sanidad, los indígenas colombianos se proponen como principales retos conseguir una normativa integral que les reconozca plenamente, y garantizar el acceso a un mayor presupuesto y equipos humanos. 
Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

07 Agosto 2014

El Gobierno erogará 200 millones de bolivianos adicionales para el pago de la Renta Dignidad que incluirá el aguinaldo para los ciudadanos mayores de 60 años prometido por el presidente Evo Morales, durante su discurso en conmemoración por los 189 años de la independencia de la República. El nuevo beneficio será cancelado el último mes de cada año.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, explicó que las fuentes de financiamiento de la Renta Dignidad provienen en un 33 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las utilidades de las exempresas capitalizadas que hoy fueron estatizadas y del aumento en la producción de hidrocarburos que generó mayores ingresos.

"Hasta el momento estamos pagando 2.434 millones de bolivianos con la Renta Dignidad, eso fue el pago que hicimos el año pasado y este año con este aditamento va a incrementarse en 8,3 por ciento este beneficio, vale decir a 2.636 millones de bolivianos (que es) cerca de 200 millones de bolivianos (adicionales) va a ser lo que se ha de redistribuir ahora de la renta petrolera a los bolivianos que se benefician de la Renta Dignidad", sostuvo Arce.

El presidente Morales informó este miércoles que enviará a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley para que sean aprobados, el primero referido a la creación de un aguinaldo a la Renta Dignidad y la reducción de edad para la jubilación de los trabajadores que desempeñan labores en áreas insalubres.

El ministro Arce detalló que el proyecto de ley establecerá que el pago del aguinaldo sea de 250 bolivianos "adicionales" para los que no son rentistas y 200 bolivianos para los que son rentistas.

"El último mes de cada año los rentistas y los no rentistas beneficiarios de la Renta Dignidad estarían recibiendo dos rentas al final del año, lo que equivale a un aguinaldo en la Renta Dignidad", señaló.

El servidor público enfatizó que el 80 por ciento de las personas que se benefician de la Renta Dignidad es gente que no es rentistas. Además deshecho toda posibilidad de aceptar el planteamiento hecho por la Confederación de Jubilados y Rentistas de crear el bono del jubilado.

Arce Catacora aclaró que en el caso del segundo proyecto de ley, no sólo los mineros se beneficiarían con la reducción de los años de trabajo para jubilarse, sino otros sectores donde los trabajadores desempeñan sus labores en condiciones insalubres.

Esclareció que la propuesta enviada al Legislativo para su aprobación define que se realizarán estudios que establecerán si esas condiciones de trabajo reducen la esperanza de vida de los empleados.

La Central Obrera Boliviana (COB) demandó del Gobierno la reanudación de las reuniones de la comisión para la reglamentación del trabajo insalubre, con el objetivo de que sectores como los mineros de interior y exterior mina, fabriles o maestros se beneficien con la reducción de edad para su jubilación, manifestó el 22 de mayo el secretario de finanzas de dicha entidad laboral, Oscar Tapia.

El artículo 126 de la Ley de Pensiones dice que para el caso de los mineros, por cada dos años de trabajo en condiciones insalubres, se reduce un año para el acceso a la pensión de vejez hasta un máximo de cinco años. Los trabajadores de este sector se jubilan a los 56 años.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

05 Agosto 2014

El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, manifestó este martes sus críticas a la celebración de las denominadas "ceremonias interreligiosas", las cuales fueron instituidas por el Gobierno en ocasión de celebraciones de carácter cívico e histórico. Afirmó que las mismas debieran ser organizada por "líderes religiosos y no políticos".

Juárez dijo a medios locales que no participará de esos actos programados para este 6 de agosto porque "la visión que tiene la Iglesia es que un Estado que se dice laico no puede preparar la organización de una ceremonia interreligiosa", y añadió que ésta debe ser instaurada "por líderes religiosos y no por líderes políticos".

El prelado lamentó que no se hubiese escuchado la posición de la Iglesia respecto a este tema manifestada en distintas oportunidades y señaló que "no hay peores sordos que los que no quieren oír".

Consultado sobre si del Te Deum participarían autoridades nacionales, Juárez dijo desconocer si ellas estarían presentes en esos actos, aunque dijo que las puertas de la Iglesia "estaban abiertas" a todos los que quisieran ser parte de la ofrenda de Acción de Gracias.

De esta manera, Juárez convocó al pueblo católico de Sucre a participar del Te Deum (Acción de Gracias) que se realizará el miércoles a las 8:00 en la Catedral Metropolitana de Sucre.

"Si una nación quiere vivir unida y solidaria, aceptando a todas sus personas, entonces Dios debe estar en el corazón de todos los bolivianos", manifestó.

El Gobierno oficializó este tipo de actividades durante las celebraciones cívicas departamentales y nacionales, en las cuales participan personas pertenecientes a grupos evangélicos y representantes indígenas, y donde se combinan lecturas de la biblia con ritos andinos ancestrales.

El Te Deum se constituía en una de las ceremonias principales de las celebraciones patrias, hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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