Santa Cruz de la Sierra
13 Marzo 2017

El asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, calificó como una “bufonada” la convocatoria para que declare por el caso Terrorismo, debido a que tendrá que retornar nuevamente a  Santa Cruz, lugar donde se lleva el juicio, el siguiente 20 de marzo para responder 60 preguntas.

El pasado miércoles el juez Sixto Fernández, del Tribunal de Sentencia de La Paz, emitió un mandamiento de aprehensión en contra de Torrico por no presentarse a declarar en el juicio oral por el caso Terrorismo. Luego de conocer esta orden, el asambleísta se dirigió a Santa Cruz para responder al llamado de la autoridad judicial.

“Tengo que volver el día 20 (de marzo) ya que los abogados de la defensa dicen que tienen 60 preguntas más pero qué va a ser, como les reitero, otro día más de bufonadas, de circo, esto es dilatorio, están dilatando el hecho”, manifestó.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

14 Julio 2016

El asambleísta departamental del MAS y exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, demandó al actual director ejecutivo del Fondo Indígena, Eugenio Rojas, que presente un informe sobre qué autoridades están involucradas en los hechos irregulares y que las mismas renuncien para ser investigadas por la justicia.

Emplazó a Rojas a revelar quién están involucrados en este caso. “Eugenio Rojas ya debería sacar un informe y decirnos todos estos están metidos ya, si son nuestras autoridades todo el mundo a renunciar y al Ministerio Público. Pero no salen los informes”, protestó Torrico.

Expresó sus opiniones al referirse a la situación de la exministra de Desarrollo Rural y expresidenta del directorio del Fondo Indígena, Nemesia Achacollo, quien desde que se conocieron las irregularidades no ha sido convocada por el Ministerio Público.

Torrico cree que ello es producto de la “pasividad, negligencia y desidia” con la que actúa el Ministerio Público en la investigación sobre el Fondo Indígena, ya que desde el año pasado “no avanza el caso” y que simplemente se prendieron un par de “petardos” y nada más.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

20 Enero 2016

El asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, advirtió el miércoles que algunos medios de comunicación adoptaron una "descarada" postura política de oposición contra el Gobierno nacional, manipulados por la publicidad que maneja el empresario Samuel Doria Medina y algunas entidades públicas subregionales, como la Alcaldía de La Paz.

"El mundo mediático, llámese radio, televisión, prensa escrita, incluso algunos periódicos digitales, algunas agencias noticieras, como la Agencia de Noticias Fides (ANF), están en un franco y descarado posicionamiento político contrario al Gobierno", aseveró.

A su juicio, como los políticos de oposición ya no pueden mostrarse "limpios" ante la sociedad boliviana, utilizan a los medios de comunicación para transmitir falsedades a la población, transgrediendo cualquier parámetro de ética periodística y respecto a la opinión pública.

"Su idea fue manejar supuestos colectivos ciudadanos, pero como no lo lograron, resulta que utilizan a los medios de comunicación, a sabiendas de que lo que sale en un medio de comunicación, uno lo ve como si fuera verdadero", dijo.

Torrico alertó que la arremetida mediática contra el Gobierno se acentuará aún más en los próximos días, tomando en cuenta que se busca promover el 'No' a la reforma constitucional para evitar que el presidente Evo Morales se repostule a las elecciones de 2019.

Algunos medios de comunicación -consideró-sólo se dedican a amplificar lo que se publica en las redes sociales, cuyo escenario puede ser alterado con mentiras y perfiles falsos.

"Los medios se han convertido en una réplica de estas redes sociales, cuando las redes sociales deberían ser la réplica de un medio de comunicación, que saque una información fidedigna, investigada y comprobada", apuntó.

El asambleísta fue más allá y acusó a algunos medios de comunicación de esconder información a la población, sobre denuncias contra el diputado Rafael Quispe o del "robo" que efectuó Doria Medina al Estado boliviano, por 18,5 millones de dólares.

"Están ocultando información", sentenció.

En ese sentido, pidió a la población no dejarse sorprender con las falsas noticias que circulan en algunos medios de comunicación contra el Gobierno nacional, como la fotografía alterada digitalmente donde aparecía el 'No' en el muro de la casa presidencial, cuyo contenido fue difundido por ANF y retirado posteriormente.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

05 Octubre 2015

El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, pidió el lunes a los municipios del departamento de La Paz que se pronuncien, para evitar que el proyecto de construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Energía Nuclear se traslade a otro lugar, tal como anunció ayer la viceministra de Energía, Hortensia Jiménez, debido a la resistencia de la población de Mallasilla.

"Antes de que se tome una decisión yo les pediría a los municipios de La Paz que se pronuncien y que den el espacio en su territorio para que ahí podamos desarrollar este centro", dijo.

Ayer, Jiménez, a nombre del Gobierno, informó que se tomó la decisión de trasladar el proyecto de del primer Centro de Investigación y Desarrollo de Energía Nuclear, inicialmente planificado en la zona de Mallasilla de La Paz, a otro departamento del país por la intransigencia de un reducido grupo que se opone al proyecto.

Según Torrico ese centro le significaría a La Paz una gran inversión, ya que se moverá recursos económicos desde la construcción hasta su funcionamiento.

"No estamos queriendo poner una planta de energía nuclear, hay que saber diferencias, sino que queremos poner un centro de investigación nuclear, y eso es lo que no entienden estos vecinos", indicó.

Dijo que aún no se definió el nuevo lugar donde se instalará ese centro, por lo que anunció conversaciones con alcaldes del municipio paceño, para evitar su traslado.

"Vamos a pedir como Asamblea Legislativa Departamental al Ministerio de Salud buscar otro sitio adecuado que nos permita hacer este trabajo, pero no un traslado", mencionó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

23 Abril 2015

Después de que el coronel suspendido Germán Cardona reveló que las armas usadas como pruebas en el caso Rózsa fueron sacadas de la Octava División del Ejército, el exdiputado Gustavo Torrico afirmó que en realidad las municiones de ese hecho salieron de un regimiento.

Sin embargo, Torrico –que formó parte de la comisión de Diputados que investigó el caso Rózsa– aseguró que toda la munición encontrada en el stand de Cotas fue  entregada o vendida al grupo “terrorista” por un teniente de las Fuerzas Armadas.

“Se supo que la munición era de Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional), luego se supo que salió de un regimiento, (por eso) había un teniente involucrado porque él dijo que había vendido”, recordó el ahora asambleísta departamental electo de La Paz. 

 Aunque Torrico no recordó el nombre del teniente que supuestamente vendió la munición de Cofadena, señaló que ese militar ya estaba involucrado en el proceso de investigación del caso Rózsa.

“Yo ahora no recuerdo (su nombre) pero cuando se entrega se ve que había un teniente, un militar en Santa Cruz, las municiones habían salido de ahí, era de Cofadena”, insistió.

Asimismo, conminó al coronel Cardona a entregar a los medios de comunicación un informe detallado sobre el número de serie, calibre, la fabricación y otros datos de las armas que él dice que salieron de la Octava División.

En cambio, el comandante general del Ejército, José Luis Begazo, a tiempo de expresar su indignación sobre la versión de Cardona, no quiso referirse en detalle al tema específico de las armas usadas en el caso Rózsa.

“Yo no voy a abundar en el tema terrorismo, en el tema narcotráfico o en cualquier otra elucubración, opinión ajena; en este caso no voy a entrar en detalles de lo que habla el coronel Cardona, no corresponde al Comando General del Ejército”, aseveró.

El general únicamente puso en claro que la institución militar cumple rigurosamente los procedimientos establecidos para el control de armamento, ingreso y salida de armas, en base a una cadena de responsabilidades.

Consultado sobre el teniente que habría vendido las municiones de Cofadena, el general Begazo sólo se limitó a responder que “en este momento no tengo un dato preciso de identificación de ese personal”.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

20 Abril 2015

Las exautoridades del Ministerio de Gobierno, Sacha Llorenti y Gustavo Torrico, además del excomandante general de la Policía, Óscar Nina, fueron excluidos de las investigaciones por las muertes de dos jóvenes durante protestas de habitantes de Caranavi en 2010, informó la abogada de las familias de las víctimas, Claudia Lecoña.

 “Se ha emitido una resolución de sobreseimiento a Sacha Llorenti, Gustavo Torrico y Óscar Nina. Esta resolución refiere que se han tomado todas las previsiones en la intervención y, a pesar de que hay dos personas muertas, la las medidas que han tomado son correctas y que, por estos argumentos, se excluye a estas tres personas de la investigación”, indicó la jurista.

En mayo de 2010, habitantes de Caranavi se movilizaron en protestas y bloqueos en demanda de que el presidente Evo Morales cumpla con su promesa electoral de instalar una planta procesadora de cítricos.

La Policía reprendió. El 7 de mayo de ese año, el estudiante Fidel Hernani recibió el golpe de una granada de gas y murió. Al día siguiente, el joven David Callisaya falleció por impactos supuestamente de balín.    

Entonces, Llorenti era Ministro de Gobierno, Torrico fungía como Viceministro de Régimen Interior y Nina era Comandante de la Policía. Hoy, Sacha es Embajador ante la ONU, Gustavo Torrico fue elegido como asambleísta departamental y el General está preso acusado de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.      

Lecoña señaló que la resolución de sobreseimiento, firmada por el fiscal Leopoldo Ramos, fue suscrita en enero, y que recién será notificada a los padres de las víctimas. Anunció que apelará esta decisión del Ministerio Público.

Señaló que ahora sólo cuatro policías de bajo rango quedaron imputados.

Similitudes con el caso Chaparina

 Lecoña indicó que en el caso Caranavi, como en el de Chaparina, se ha liberado a las autoridades principales del Ministerio de Gobierno y la Policía para inculpar a uniformados de menor rango.

Llorenti fue Ministro de Gobierno cuando los dos jóvenes murieron en Caranavi y cuando hubo una violenta represión a indígenas del TIPNIS, que marchaban en defensa de su territorio.

Lecoña anunció que llevará ambos casos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), bajo los argumentos de que hay impunidad, mal manejo de las investigaciones, además de injerencia política, puesto que se exculpó a la misma exautoridad.  

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

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