Santa Cruz de la Sierra
28 Agosto 2018

El Ministerio Público imputó hoy al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franklin Gutiérrez, por asesinato en grado de instigación y tentativa, tenencia o porte de armas de fuego y otros delitos por la “emboscada” que derivó en la muerte del teniente Daynor Sandoval el pasado viernes en el municipio de La Asunta de La Paz.

De acuerdo con la resolución fiscal, Gutiérrez no acreditó domicilio ni ocupación, razón por la cual se pide que sea detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

Cerca a las 17:30 de hoy, la audiencia cautelar de Gutiérrez se instaló en el juzgado octavo de instrucción penal, encabezado por el juez Orlando Rojas. Al inicio de la audiencia, la abogada de Gutiérrez, Paola Barriga, denunció que su defendido fue aprehendido ilegalmente.

Ya en horas de la mañana, el otro abogado del dirigente cocalero, Ernesto Jauregui, explicó que la aprehensión de Gutiérrez se dio sin la orden de aprehensión respectiva, la cual recién fue presentada en horas de la noche de ayer, además que estuvo encerrado en celdas judiciales sin una imputación formal.

En entrevista con Página Siete, Gutiérrez desde celdas judiciales aseguró que el Gobierno busca encarcelarlo por pedir respeto a la Constitución y rechazar la legalización de las plantaciones de coca en el Trópico cochabambino.

"El Gobierno injustamente me está acusando, me está procesando en este momento, con falsos argumentos me quiere trasladar a San Pedro, porque quiere verme bajo rejas, porque mi persona siempre ha estado pidiendo que se respete la Constitución Política del Estado, que se respete la democracia", manifestó.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

12 Junio 2018

La policía presentó públicamente a Carlos Enrique Cruz Aguilera y José Ángel Durán, ambos con antecedentes penales, acusados de ser los autores materiales de la muerte de Rodrigo Rivera Subirana, de 22 años, a quien le dispararon y lo mataron para robarle un celular.

El pasado sábado, Rivera acudió a una tienda de barrio en la localidad de Montero, en Santa Cruz, a comprar una tarjeta para cargar crédito a su teléfono celular y fue en ese momento que uno de los delincuentes se le acercó y le quitó el teléfono disparándoles en el rostro.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gonzalo Medina, informó que gracias al hallazgo del teléfono celular de la víctima, que fue comercializado, se pudo capturar al cómplice, así se llegó al autor material que acabó con la vida del joven montereño, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

“Inmediatamente que fue encendido el celular pudimos dar con la persona, una señora que había comprado en 200 bolivianos el celular, y que al prender encontró la fotografía del occiso y dio parte a la Policía, tomamos contacto con la dama y a partir de ese momento ya identificamos a uno de los autores, el motociclista, con la identificación del sujeto logramos la identificación del primer que realizó el disparo del arma de fuego, Carlos Enrique “alias el loquito”, quien se encontraba huyendo”, indicó.

Carlos Cruz pidió disculpas a la familia doliente y argumentó que no era su intensión dispararle. “No era mi intensión, se disparó el arma (…) yo no quería hacerlo, se disparó, el tiro salió”, dijo a los medios locales.

Ese mismo día atracaron a otras dos personas bajo el mismo modus operandi pero que las víctimas no presentaron resistencia.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente:  radiofides

 

 

01 Junio 2018

El Ministerio Público imputó la mañana de este viernes al subteniente de la Policía, Cristian Casanova , por el delito de asesinato y pidió su detención preventiva, luego que fuera presentado como el autor de la muerte del estudiante de la UPEA,.

“Después de evaluar los antecedentes, que cursan en el cuaderno de investigación dentro de la etapa preliminar, así como los elementos que se encuentran de una manera objetiva se ha logrado establecer la comisión del ilícito de asesinato”, informó el fiscal César García, coordinador de El Alto.

García indicó que el Ministerio Público remitió el caso a la justicia ordinaria y el aprehendido está en celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

“A pesar que el imputado se acogió al derecho al silencio existen los elementos suficientes para la imputación y solicitar su detención preventiva”, dijo.

Manifestó que existen suficientes elementos para la persecución penal del ahora imputado y no descartó, conforme avance la investigación, convocar a otras personas.

Por su parte, el abogado defensor, Álvaro Elías, dijo que su cliente se acogió al derecho al silencio en su declaración, extremo que no puede ser utilizado en su contra durante el proceso penal.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

27 Febrero 2018

Ocho fiscales firmaron la imputación formal contra dos mujeres que se manifestaban con pancartas en contra de la vocal Carmen del Río Quisbert Caba por un tema de herencia.

Las procesadas, Ana Patricia Quisbert Caba y Adelina Quisbert Caba denunciaron abuso de poder de parte del Ministerio Público que designó ocho fiscales con el propósito de “amedrentarlas” y “someterlas” como si se tratara de un caso complejo y de alta peligrosidad.

“Estamos siendo sometidas a un abuso de poder de parte de la vocal Carmen del Río Quisbert Caba porque ocho fiscales son los que firman la imputación formal de esta persona contra nosotras, por el solo hecho de haber ejercido nuestro derecho a la protesta, pidiendo justicia”, denunció Ana Quisbert a ANF.

Ambas mujeres fueron imputadas por violencia familiar o doméstica porque con las pancartas habrían “generado presión, chantaje, amedrentamiento, dañar su nombre, imagen y el prestigio” de su hermana.

Las procesadas exigen que la vocal cumpla con un acuerdo “conciliatorio herencial” firmado en 2016 para poner fin al conflicto por la herencia dejada por su padre.

“Nosotras no hemos robado, no hemos matado, no hemos hecho llorar a la gente, no hemos vendido ningún bien que no sea nuestro, yo y mi hermana estamos siendo sometidas y no tenemos ningún poder político y mucho menos judicial para que se nos someta de esta manera”, manifestó Ana Quisbert.

Por la presión que ejerce el Ministerio Público, dijeron que se vieron obligadas a aceptar el delito para someterse a un juicio abreviado, pero esperan que la fiscal directora del caso, Evelyn Calderón Yana, sea imparcial porque nunca consideró sus pruebas de descargo y por el contrario las maltrata y humilla.

“Ella, ha pedido nuestra detención con custodio: ‘señora fiscal, nosotras no somos delincuentes, no hemos robado nada en nuestra vida, se nos ha armado un proceso del cual usted está siendo parte’”, apuntó.

Las mujeres protestaron con pancartas en siete ocasiones para exigir el cumplimiento del acuerdo conciliatorio herencial, pero con la imputación la fiscal les prohibió cualquier manifestación, así como que denuncien el tema ante alguna institución. El caso es conocido y seguido por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Redacción: Leo.com                   

Fuente: noticiasfides

30 Enero 2018

La Fiscalía de La Paz decidió imputar a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, por el delito de incumplimiento de deberes y el proceso está ahora para citación de audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Tercero Anticorrupción, informó a radio Fides, Fernando Montalban, abogado del diputado Rafael Quispe, quien interpuso la demanda.

“El Fiscal asignado al caso nos ha comunicado que ya salió la imputación con el delito de incumplimiento de deberes y ahora está en el despacho del juez del Juzgado Tercero Anticorrupción para dictar resolución de audiencia de medidas cautelares para la Alcaldesa de El Alto”, explicó Montalban.

La denuncia está relacionada con un terreno destinado para área verde ubicado en el Distrito 4 de El Alto y que fue dispuesto por la administración de Chapetón para el funcionamiento de un surtidor  de gasolina privado.

El terreno está en litigio desde la década del 90, desde entonces los alcaldes como Flavio Clavijo, José Luis Paredes, Edgar Patana y Zacarías Maquera defendieron el espacio porque es área verde y ahora fue transferido por resolución municipal a un privado.

La Alcaldesa de El Alto se presentó a declarar al Ministerio Público el 8 de enero pasado y al terminar su comparecencia dijo “es una rezonificación, en primer lugar, no dispone propiedades y en segundo lugar es un proceso meramente interno de la Alcaldía para poder identificar áreas e iniciar o encarar proyectos. Está mal orientada la denuncia”.

Redacción: Leo.com

Fuente: radiofides

04 Septiembre 2017

El Ministerio Público presentó este lunes la imputación formal por lesiones gravísimas en accidente de tránsito en contra del viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, y pedirá la detención preventiva en la audiencia cautelar en las próximas horas. Aparicio atropelló el domingo a una niña de tres años que circulaba con su familia por la calle, en el día del peatón, inmediatamente él la auxilió y la llevó al hospital Santa Barbará . El fiscal departamental Roberto Ramírez informó que la Fiscalía inicio de oficio la investigación y que tiene también la denuncia de la Defensoría de la Niñez, además de la querella de los familiares de la víctima. “La fiscalía investiga el hecho con objetividad como en un caso de cualquier ciudadano común, el fiscal emitirá su requerimiento conclusivo en el transcurso de hoy”, aseguró Ramírez. Dijo que el viceministro actualmente está aprehendido en las oficinas de Tránsito.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: radiofides.com

13 Junio 2017

La Fiscalía imputó a la exministra de Agua, Alexandra Moreira, por el caso de la crisis del agua que se suscitó en La Paz hace medio año, informó el abogado Andrés Zúñiga, defensor de uno de los implicados en este caso.

Según Zúñiga, además de Moreira el Ministerio Público imputó al exdirector de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe, y al exinterventor de EPSAS, Ruddy Rojas, quien es su defendido.

El abogado aseveró en contacto con ERBOL que la imputación ya está radicada en el juzgado cautelar anticorrupción, y que en la misma la Fiscalía está solicitando la detención preventiva de los tres implicados.

Precisó que a Moreira y Quispe se los está acusando por el delito de incumplimiento de deberes y a Rojas por el tipo penal de atentado a los servicios públicos.              

No obstante, la exministra dijo a medios de comunicación que no conoce la imputación, pero que ya presentó su declaración y descargos en el caso.

La crisis del agua en La Paz se sintió desde noviembre de 2016 con racionamientos que afectaron sobre todo a la zona Este. Entonces Moreira negó su responsabilidad bajo el argumento de que no le avisaron a tiempo de que habría escasez.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

28 Marzo 2017

El Ministerio Público informó que se presentó la acusación formal, en contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Armando Costas Aguilera por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de deberes, Conducta Antieconómica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.

“La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos en el marco de la investigación del caso Ley Departamental 001 y 007. También fueron acusados Roly Aguilera Gasser, Juan Carlos Parada Landívar y José Luis Parada Rivero por los mismos tipos penales”, informó la Directora Nacional Anticorrupción Fanny Alfaro Vaquila.

En la acusación formal también figuran Bladimir Ariel Peña Virhuez, Alcides Vargas Vega, Lilian Roig Justiniano, Erwin Aguilera Antúnez, Carlos Fernando Dabdoub Arríen, Elías Eduardo Pérez y Álvaro Francisco Cirbian Fuchtner.

De acuerdo con el cuaderno de investigación en fecha 11 de junio de 2012, se formaliza denuncia en contra de estas 11 personas por haber emitido y dar aplicación de la Ley Departamental Nº 001 y del Decreto Departamental Nº 007.

En ese contexto los instrumentos normativos no tienen el reconocimiento formal dentro de los parámetros legales en el territorio nacional, violentando así los preceptos legales establecidos en la Ley Nº 1654, de descentralización administrativa.

También se evidencio que se infringió la Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 y el decreto supremo Nº 29894 referido a la Estructura del Órgano Ejecutivo Plurinacional en vigencia de la gestión 2008.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: Radiofides.com

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