Santa Cruz de la Sierra
05 Junio 2019

Unidad Nacional (UN) demandó una investigación "profesional y despolitizada" en el caso del diputado de este frente Amilcar Barral, aprehendido junto a su asistente tras una acusación de extorsión presentada por el exalcalde de El Alto, Édgar Patana, preso en el penal de San Pedro de La Paz por corrupción.

Mediante un comunicado, su partido hizo saber que "no acepta la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga", aunque también señaló que no confía en la justicia, "por lo que esperar una investigación imparcial no basta". Por ello, anunció que movilizará a su bancada parlamentaria para que "supervise la claridad y la honestidad del trabajo de la Fiscalía y la Policía en este caso”.

UN hace notar además que Patana es "enemigo político", por lo que considera que la investigación debe tomar en cuenta dos aspectos: que Patana "tiene intereses para hacer lo que está haciendo" y que "debe respetarse el derecho constitucional de presunción de inocencia".

De acuerdo a las investigaciones preliminares de la Policía, el caso se activó por una denuncia de Patana, quien acusó a un reo, quien sería nexo de Barral, de haberle pedido un dinero para evitar que el diputado presente un pedido de informe escrito a Régimen Penitenciario sobre la administración de kioskos al interior de San Pedro, lo que supuestamente afectaría a terceros.

Barral admitió tener contacto con al menos seis reos de San Pedro, pero negó la acusación de Patana. Por el contrario, dijo que los reclusos le informaron que el exalcalde de El Alto es quien negocia con la construcción de espacios en ese recinto penitenciario, algo que ahora también será investigada por la Policía, según señaló el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

“Sí, vamos a hacer una profunda investigación como lo hicimos en el caso Palmasola (Santa Cruz) y El Abra (Cochabamba). En el caso de San Pedro hay estas referencias antes de Patana”, afirmó cuando fue consultado sobre las irregularidades denunciadas en el penal paceño.

El diputado del MAS David Ramos propuso derivar el caso a la comisión de ética y alejar a Barral de la legislatura hasta que se esclarezca el caso.

En tanto, la Policía dispuso analizar el flujo de llamadas del sindicado con otro recluso que habría actuado como intermediario y, además, a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del penal de San Pedro, donde presuntamente ocurrió el ilícito.

Redacción: Leo.com        

Fuente: Agencias

 

24 Mayo 2019

Un polémico desfile de menores listos para ser adoptados en la pasarela de un centro comercial en Brasil será investigado por las autoridades del sistema judicial después de que se difundiera un video en internet en donde aparecen los menores.

El Departamento de Asuntos Internos de la Justicia de Mato Grosso, estado en donde tuvo lugar el incidente que causó repudio, deberá enviar informaciones detalladas sobre el apoyo ofrecido por la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), institución pública que vela por el trabajo del sistema judiciario en el país.

El corregidor nacional de Justicia, magistrado Humberto Martins, instauró el jueves de oficio el pedido para que el evento, denominado “Adopción en la pasarela”, realizado en el Pantanal Shopping, sea investigado y los responsables procesados en caso de comprobarse la violación de los derechos de los menores.

De acuerdo con la CNJ, el evento en el que menores, en su mayoría adolescentes que nunca fueron adoptados, desfilaron ante el público para ganar “visibilidad”, fue autorizado por la jueza de Derecho de la Infancia Gleide Bispo Santos y tuvo el apoyo de la Comisión de Infancia y Juventud de la OAB en Mato Grosso.

La Asociación de Jueces para la Democracia (AJD) divulgó un comunicado en el calificó el evento como un “retroceso al tiempo de la Conquista” que “remitía” a las “ferias de esclavos”.

 “Hay varias otras formas y campañas para la adopción que no exponen los niños y adolescentes y que nos los vuelven a poner otra vez como víctimas”, apuntó la AJD.

Los organizadores, la OAB de Mato Grosso y la Asociación Matogrossense de Investigación y Apoyo a la Adopción (Ampara), divulgaron una nota conjunta en la que afirman que el evento “nunca” tuvo como “objetivo” presentar a los menores para que se “concretara su adopción” y que ninguno de los menores fue “obligado” a desfilar.

“Los niños y adolescentes que desfilaron lo hicieron en compañía de sus padrinos o con sus padres adoptivos”, añadió el texto de la OAB regional, entidad que regula el ejercicio de la profesión de abogado en el país.

No obstante, para la AJD, el evento abandonó lo estipulado en el Código del Menor, a pesar de la buena intención de “dar visibilidad a los niños y jóvenes entre cuatro y 17 años aptos para la adopción” y del aval de los propios menores, pero terminó “exponiéndolos” como “mercancía”.

El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, manifestó en una nota su “repudio” al evento y recordó que el Estatuto del Niño y del Adolescente “atribuye a la sociedad y al Estado el deber de proteger integralmente” a los menores en su “identidad y emociones”.

En tanto, el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que también repudió el desfile, reafirmó su “compromiso con la garantía de los derechos” de los menores, “entre ellos el de adopción por medio de acciones que aseguren, prioritariamente, su bienestar” en este tipo de “situación”.

Redacción: Leo.com

Fuente: EFE

22 Mayo 2019

El abogado del empresario Mauricio Higa, investigado por presuntos vínculos con el narcotraficante, Pedro Montenegro, Nestor Higa, negó que su defendido haya sido el “estafeta” encargada de lavar el dinero proveniente del narcotráfico de Montenegro con la empresa constructora que administraba.

Para el abogado, su cliente podía sostener conversaciones con cualquier persona para ofrecer sus servicios y eso no significa que se tergiverse la comunicación, en ningún momento se habla de una protección, encubrimiento o asociación delictuosa por que no corresponde llevar la investigación contra Mauricio, dijo que él no tenía antecedentes.

Esperan las declaraciones del comandante departamental de la  Policía de Santa Cruz Igor Echegaray, para despejar dudas respecto al tema. El mayor José Saldaña dijo que se contactó con Mauricio Higa (empresario relacionado a Montenegro) por órdenes del comandante departamental de la  Policía de Santa Cruz Igor Echegaray.

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

21 Mayo 2019

El capitán de la Policía, Carlos Alberto Q.M., acusado de tener vínculos con Pedro Montenegro, aseguró hoy que autoridades policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) le ofrecieron 50 mil dólares para que investigue al narcotraficante.

“Incluso se me ha ofrecido una cantidad de 30 o 50 mil dólares por el informante que dé información acerca del paradero de Pedro Montenegro (…). Ellos mismos me han dicho que me garantizaban la total y absoluta reserva y discreción en el caso para que yo consiga información a través del señor Mauricio Higa”, dijo el policía en un vídeo difundido por el portal Detrás de la Verdad.

El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz determinó ayer la detención domiciliaria, arraigo y fianza de 200 mil bolivianos para este capitán de la Policía.

La Fiscalía lo imputó, junto al mayor Miguel José S.M. que tiene detención preventiva, por los delitos de encubrimiento, confabulación y asociación delictuosa.

Fue imputado porque según su flujo de llamadas telefónicas, habría sostenido conversaciones telefónicas con el excoronel Gonzalo Medina y el empresario Mauricio Higa, implicados en el proceso.

"Me sindican, me humillan, me denigran, me estigmatizan ante la sociedad, ante los medios de comunicación (...) siendo que yo en persona me he constituido en más de cinco ocasiones a la Felcn para aportar  con la información que yo sabía. He sido víctima de vigilancia", sostuvo.

A la fecha sobre Montenegro pesan tres procesos penales en Bolivia, una por delitos de falsedad, otro por legitimación de ganancias ilícitas y la tercera por tráfico de sustancias controladas. Montenegro está detenido preventivamente en el penal de Palmasola.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

17 Mayo 2019

El papa aceptó la dimisión del obispo brasileño de Limeira, monseñor Vilson Dias de Oliveira, anunció hoy la Santa Sede en un comunicado.

El prelado está siendo investigado en su país por sospechas de encubrimiento de abusos sexuales y extorsión, según la prensa brasileña.

Dias de Oliveira supuestamente protegió a un sacerdote acusado de abusos.

El obispo confesó además a la policía en abril haber recibido una "donación" de una parroquia para uso personal, alegando que tenía problemas financieros.

En su carta de dimisión, publicada en el sitio de la diócesis, Monseñor Vilson Dias de Oliveira cita "ataques contra nuestra Iglesia de Limeira, contra mí y otras parroquias". Dice pedir su dimisión "por el bien de la diócesis, para que la labor pastoral pueda seguir su curso".

El prelado fue reemplazado de momento por un administrador apostólico, Monseñor Orlando Brandes, arzobispo de Aparecida, precisa la Santa Sede.

El Vaticano siempre anuncia cuando el papa Francisco acepta la dimisión de un obispo, pero nunca explica las razones.

Francisco, confrontado a una serie de abusos sexuales que han dañado la imagen de la Iglesia católica, organizó en febrero una cumbre mundial de obispos sobre el tema de abusos sexuales, y prometió acciones concretas.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

16 Mayo 2019

La comisión de fiscales que investiga al procesado por narcotráfico Pedro Montenegro Paz y sus vínculos en el país, presentó la ampliación de la investigación por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento contra cuatro autoridades judiciales y un exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En una carta enviada al Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz con fecha de ayer, los fiscales piden ampliar las pesquisas en contra de Gonzalo Hurtado Zamorano, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); Joyce Lizeth Choquerive Sosa, magistrada suplente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Darwin Vargas Vargas, vocal del TSJ de Santa Cruz; Juan José Paniagua, Juez 4to. de sentencia en lo penal de Santa Cruz y María Belén Laguna Rojas, exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni.

En el caso de Choquerive el Ministerio Público analiza las fotografías que fueron tomadas para la realización de ese spot, que concuerdan con imágenes capturadas por los investigadores durante el allanamiento a la vivienda de Montenegro.

Por su parte, Hurtado fue acusado de reunirse con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

A la ampliación de investigación se añade al exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizu Janco, según el documento al que accedió el portal Detrás de la Verdad.

Esta mañana el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TJS), José Antonio Revilla, denunció que la supresión de una frase del Auto Supremo 075/2015 (sentencia máxima que emite ese tribunal) impidió la aprehensión del narcotraficante Montenegro Paz, por lo que pidió una investigación para conocer si ese cambio se produjo en el Tribunal o en un juzgado de la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

En el caso de Garvizu fue diputado por la Circunscripción 46 del departamento de Santa Cruz por el MAS, durante la gestión 2010-2015. Desde el 2002 está vinculado al partido gobernante, cuando fue dirigente de las Juventudes del MAS en Yapacaní, municipio en el que también fungió como juez pero por cuestionamientos a su designación fue retirado del cargo.

Policías declaran

Esta mañana se presentaron en la Fiscalía Antinarcóticos de Santa Cruz, los policías Ismael Sánchez y el exjefe de la unidad de Trata y tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Villca, presuntamente vinculados al extraditable Pedro Montenegro.

Villca y Sánchez aparecen en fotografías y videos junto a Montenegro.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

14 Mayo 2019

El caso Montenegro salpica a otra autoridad de Justicia. Esta vez, a la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Joyce Lizeth Choquerive, quien habría filmado spot de campaña para las elecciones judiciales de 2017 en una de las casas del acusado de narcotráfico en Bolivia y Brasil.

La Fiscalía de Santa Cruz informó que se inició una investigación, que parte de las comparaciones de fotografías y videos del spot de Choquerive con las de la vivienda ubicada en la zona de Urbari, la misma que fue allanada el mes pasado, cuando la Policía buscaba a Pedro Montenegro Paz.

Actualmente, el Ministerio Público analiza las imágenes del spot de la magistrada y las capturadas en el allanamiento a la vivienda de Montenegro. Los elementos que coincidirían serían el sofá, las instalaciones, lámparas y el cuadro de pared. Para ello, la Comisión de fiscales requirió un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) al respecto.

“(…) Los vínculos que relación ha tendido (Choquerive) con el señor Montenegro Paz; eso es lo que se investiga. Qué más hay detrás de la fotografía, eso es lo que vamos a ver”, dijo el fiscal departamental Mirael Salguero, en contacto con los medios locales.

Precisó que a partir del análisis la Comisión de fiscales evaluará si es necesario abrir otro proceso o se puede investigar dentro de uno de los tres procesos contra Montenegro.

En la presentación Montenegro Paz, la FELCN exhibió un diagrama con nombres de al menos 20 personas vinculadas al acusado. Entre ellas, el actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y expresidente del TSJ, Gonzalo Hurtado; el vocal del TSJ de Santa Cruz Darwin Peña; la exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni Belén Laguna y el juez Juan José Paniagua.

Redacción: Leo.com

Fuente: Noticiasfides

 

  

 

 

 

09 Mayo 2019

La dirección de Régimen Penitenciario confirmó que familiares del exdirector de la FELCC en Santa Cruz, Gonzalo Medina, visitaron la cárcel de San Pedro, antes de que sea trasladado a La Paz, por lo que, investigarán si es que pretendieron comprar una celda.

El director de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, señaló que no pudieron “confirmar ni descartar esa situación, estamos indagando” sostuvo, al referirse a la denuncia de que Medina buscaba comprar una celda en el penal de San Pedro, donde fue trasladado este jueves.

Aunque admitió que “Si se ha verificado a algunas personas allegadas al coronel Medina”, afirmó al ser consultado sobre la venta y compre de celdas para habitar en la cárcel.

Redacción: Leo.com

Fuente: Noticiasfides

 

Últimas Noticias

Prev Next

ESPAÑA-¿Vuelve el tridente?

ESPAÑA-¿Vuelve el tridente?

El PSG parece haberle perdido la paciencia a Neymar, por sus lesiones y el incidente...

Argentina se enfrenta a Paraguay-Obligad…

Argentina se enfrenta a Paraguay-Obligados a ganar

Argentina y Paraguay, que empezaron la Copa América de Brasil con mal pie, se jugarán...

BOLIVIA VOLVIÓ A CAER EN LA COPA AMÉRICA…

BOLIVIA VOLVIÓ A CAER EN LA COPA AMÉRICA-Se lo dieron vuelta

La ilusión de Bolivia se había trasladado hasta el Maracaná de Río de Janeiro. A...