Santa Cruz de la Sierra
30 Julio 2019

Tras declinar hace un mes con el argumento de falta de competencia, el juez electoral de Morochata en Cochabamba, Omar Blanco, asumiría el caso de la denuncia contra el presidente Evo Morales por ofrecer obras a cambio de votos en la mencionada localidad.

"Recientemente me lo han remitido y, como estoy en suplencia de otro juzgado, voy a revisar detalladamente la resolución. En cuanto a la competencia, no habría mayor discusión si es que los argumentos son válidos, tendría que proseguir con el trámite", confirmó Blanco a Los Tiempos.

En un principio, el juez electoral declinó resolver el caso argumentando que no tenía competencia, y el 11 de julio devolvió el expediente al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, y éste lo remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pero, el TSE ratificó que el juez debía resolver el caso, por lo que devolvió el expediente.

El juez explicó que en los próximos tres días emitirá una resolución y notificará del caso a la parte denunciada, es decir a Morales.

El 18 de junio, el presidente Morales en un acto público aseveró que si ganaba con el 100% de votos en esa región, iba a dar "lo que ustedes pidan".

Tras esas declaraciones, un juez electoral identificó posibles vulneraciones a la Ley de Régimen Electoral, referidas a la prohibición de ofrecer prebendas o dinero de cualquier naturaleza.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

22 Noviembre 2018

El Juez 8vo de Instrucción Penal, Orlando Rojas, determinó la tarde de este jueves negar la libertad al líder de los cocaleros de Yungas, Franclin Gutiérrez, y solo dio permiso de tres días para que el dirigente viaje a enterrar a su hijo menor, fallecido el miércoles.

“Estoy muy decepcionado”. Esas fueron las únicas palabras que dijo el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) al salir de la audiencia.

La abogada de Gutiérrez, Paola Barriga, explicó que el juez rechazó otorgar la libertad al considerar que el cargo de presidente de Adepcoca es incompatible con su petición.

Por otra parte, el fiscal Fernando Atanasio aseveró que persisten los riesgos procesales y que el sindicado debe presentar documentación actualizada para intentar lograr su libertad. 

Gutiérrez fue encarcelado desde finales de agosto acusado de ser autor intelectual de la muerte del teniente Daynor Sandoval en un enfrentamiento en La Asunta. Su defensa asegura que no existe prueba alguna en su contra y que fue detenido sólo por ser opositor al Gobierno.

Ahora deberá emprender viaje a Tajma (Sud Yungas), donde tiene su domicilio y se está velando a su hijo Franclin. Después de cumplirse su permiso deberá volver a la cárcel.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

14 Noviembre 2018

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió este miércoles por primera vez en siete meses de la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde cumple una pena de más de 12 años de cárcel, para ser interrogado en otra de las causas de corrupción en su contra.

La audiencia, cerrada a la prensa y sin transmisión en directo, comenzó a las 14H00 locales (16H00 GMT) y está a cargo de la jueza Gabriela Hardt, que comanda provisoriamente la operación anticorrupción "Lava Jato" (Lavadero de autos) en sustitución de Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro.

Los abogados que acompañaron a Lula en la audiencia aseguraron a Folha de Sao Paulo que Hardt hizo cuestionamientos incisivos, tanto como su antecesor, y hallaron al ex presidente, detenido desde abril, más delgado.

Pero José Roberto Batochio, que integra la defensa, el político prestó un testimonio "satisfactorio".

Antes del expresidente, fue interrogado por cerca de una hora el ganadero José Carlos Bumlai, acusado de lavado de dinero en el marco del mismo proceso, que involucra a trece personas.

Lula, de 73 años, llegó a la sede de la Justicia Federal en un patrullero a las 13:40 locales. Un fuerte operativo de seguridad acompañó la caravana que salió de la sede de la Policía Federal, frente a la cual decenas de militantes cantaban y enarbolaban banderas de apoyo al ex mandatario (2003-2010).

El convoy abandonó el edificio por una puerta trasera. "Sabíamos que no le iban a dar el gusto a Lula de vernos, pero igual le mandamos ánimos, para que sienta nuestra compañía", dijo Susi Montserrate, en la vigilia que se instaló en un terreno vecino desde que Lula fue detenido el 7 de abril.

Por la mañana, el líder de la izquierda recibió a sus abogados y a Fernando Haddad, el excandidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en las presidenciales de octubre, en las que resultó electo el ultraderechista Jair Bolsonaro con 55% de los votos.

Diputados y senadores del PT acompañaron la manifestación, así como la de grupos más nutridos de personas que se movilizaron hasta la sede de la Justicia Federal de Paraná (estado cuya capital es Curitiba). "Teníamos mucha expectativa de verlo. Hace 222 días que está preso", dijo Regina Cruz, dirigente sindical apostada en el frente del poder judicial.

En un día que empezó con altas temperaturas y siguió con fuertes lluvias, los manifestantes prometieron mantenerse en pie hasta el final del interrogatorio. "Él está preso siendo inocente, es un preso político, no hubo pruebas, apenas montaron un circo este año para impedirle participar en las elecciones porque sería presidente de nuevo", dijo Célia Pontkievicz.

En esta causa, Lula responde por el presunto beneficio de reformas pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014 en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo. La fiscalía le acusa de ser el propietario "de facto" y de haber retribuido estas prebendas con preferencias para contratos con Petrobras.

La defensa de Lula mantiene su inocencia y asegura que la propiedad no le pertenece.

Según expertos, la sentencia difícilmente saldrá antes de un mes y lo más probable es que se dicte después de la feria judicial de fin de año.

En la condena a 12 años y un mes de cárcel que purga actualmente, Lula fue considerado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá (costa del estado de Sao Paulo, sudeste), puesto a su disposición por OAS, igualmente a cambio de su mediación en contratos de la paraestatal petrolera Petrobras.

Lula enfrenta otros cuatro procesos, por corrupción pasiva, tráfico de influencias, lavado de activos y formación de organización criminal. En todos se declara inocente y denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.

La designación de Moro como ministro de Bolsonaro fue vista por la defensa de Lula como "la prueba definitiva (…) de que Lula fue procesado, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún delito, con el claro objetivo de neutralizarlo políticamente".

La partida de Moro abre una nueva etapa en "Lava Jato", la operación que llevó a la cárcel o sentó en el banquillo a centenas de empresarios de primer plano y a dirigentes de casi todos los partidos, al revelar un esquema de sobornos obtenidos a cambio de contratos en la Petrobras.

Gabriela Hardt, de 42 años, es considerada una jueza de "línea dura". Magistrada desde 2009, es sustituta de Moro desde 2014. Comandará la investigación hasta tanto sea designado el relevo de Moro.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: AFP

 

01 Noviembre 2018

El juez más famoso de Brasil, Sérgio Moro, el instructor de las mayores investigaciones del caso Lava Jato y responsable del encarcelamiento del expresidente progresista Lula da Silva, se pasa a la política. Moro ha aceptado la invitación del próximo presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro de asumir el ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. “La perspectiva de poner en marcha una agenda fuerte de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, me han llevado a tomar esta decisión”, ha anunciado este jueves el magistrado con una nota minutos después de salir de la casa de Bolsonaro, en Rio de Janeiro, donde mantuvo una reunión con el presidente electo. “En la práctica, aceptar esta invitación significa consolidar los avances de la lucha contra el crimen y la corrupción de los últimos años y alejar los riesgos un retroceso por el bien mayor”, ha añadido.

La entrada de Moro en el Ejecutivo significará un antes y un después en las investigaciones de Lava Jato. Hasta ahora, ha sido él quien conducía las pesquisas más significativas del mayor caso de corrupción de Brasil, el que desveló, en 2014, la existencia de una enorme trama de desvío y blanqueo de dinero público usando la petrolera estatal Petrobras. El caso, con múltiples ramificaciones, afecta a prácticamente toda la clase política de Brasil y Moro mostró pocos reparos en que se asociase su nombre y su cara a los cientos de detenciones que ordenó, sobre todo las que tuviesen que ver con el entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Con el paso de los años, Moro se fue convirtiendo en el santo patrón del odio al PT, un fenómeno creciente que ha contribuido notablemente a la victoria del ultraderechista. La trayectoria de Moro que culminó en junio de 2017, cuando condenó al popular Lula por corrupción. En enero, la sentencia fue ratificada en segunda instancia y Lula, cuyos recursos fueron rechzados, fue encarcelado en abril.

En un primer momento, las investigaciones de Lava Jato quedarían en mano de Gabriela Hardt, la sustituta de Moro; después se le asignaría uno de los jueces del sur de Brasil que se disputen el cargo. Generalmente lo recibe quien lleva más años en activo.

Bolsonaro se convierte así en el más famoso de los superministros de Bolsonaro, quien está repartiendo un poder considerable entre su gabinete, al fusionar ministerios entre sí e incorporarles varias agencias hasta ahora independientes. En el caso de Moro, su superministerio mezclará Justicia con Seguridad y, también, la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, Asuntos Internos y el Consejo de Control de Actividades Financieras. Entra en la misma categoría que Paulo Guedes, el ministro de Economía del ultraderechista, que aúna Hacienda, Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y Planeamiento. En Ciencia, Bolsonaro ha incorporado a un exastronautra y y en la Casa Civil, al diputado Onyx Lorenzoni.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Elpais

30 Octubre 2018

El juez federal de Jujuy, Ernesto Hansen, aceptó el martes el pedido del abogado de la boliviana Claudia S.E., acusada por tráfico de drogas en Argentina y le otorgó perdón judicial por razones humanitarias, luego que su hijo Fernando, más conocido como “Chumita”, falleció la pasada semana en la ciudad oriental de Santa Cruz víctima de cáncer.

Andrés Reynoso, defensor oficial de Claudia, citado por el portal de Infobae, pidió, además del sobreseimiento, la excarcelación y el titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy, Federico Zurueta, requirió más información para apoyar la solicitud.

Siempre según Infobae, los datos requeridos fueron aportados en las últimas semanas por el Gobierno de Bolivia que, enterado del caso tras la publicación en ese medio, intercedió para ayudar a Claudia.

De ese modo, Zurueta recibió un informe socioambiental de la casa de la mujer y pudo corroborar que ella había cumplido con el requisito que le impuso Hansen cuando le concedió la salida que era verificar su presencia cada 72 horas.

La mujer transportó droga para pagar la quimioterapia que requería su hijo, con quien logró reunirse días antes de su fallecimiento.   

Redacción: Leo.com       

Fuente: Radiofides

29 Octubre 2018

El Consejo de la Magistratura inició un proceso de control y fiscalización contra la jueza Claudia Castro, que la semana pasada retuvo a la periodista, María Ulo.

“Se ha tomado la decisión de que hoy la representación distrital (en La Paz) realice un control y fiscalización para conocer detalles sobre aquella noticia que se ha recibido a través de los medios de comunicación sobre la jueza Castro”, dijo Dolka Vanessa Gómez, consejera de la Magistratura.

Esta determinación, según un reporte de la casa televisiva ATB, fue tomada por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura. “La labor del juez o jueza es netamente jurisdiccional, por eso queremos, con el control y fiscalización, ver qué es lo que ha ocurrido, si realmente ha ocurrido lo que se ha denunciado”, agregó Gómez.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Noticiasfides

26 Octubre 2018

La jueza Claudia Castro ordenó la mañana de este viernes, la detención de la periodista de la red ATB, María Ulo, después que la comunicadora le preguntará el  porqué de la demora en la firma de orden de detención domiciliaria de la denunciante del desfalco del banco Unión, Marihela Valdés.

 “Yo vine buscar la contraparte a una denuncia. Lo que ella no entiende es que no tengo ningún interés de perjudicarla, ella se molesta ante las consultas. Piensa que lo que uno pregunta es contra ella”, afirmó la reportera al abandonar el Palacio de Justicia.

“Llamó a un policía y querían borrar mi material, luego dicen que me tenían que llevar a la FELCC para que entregue mi celular y borre todo lo que tenía grabado”, agregó Ulo.

Para la periodista la actitud de Castro es un intento de amedrentamiento a los periodistas y un abuso de su condición de juez.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Radiofides

10 Febrero 2017

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique. La solicitud fue presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú.

Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. La audiencia que decidió su suerte comenzó a las 10.00 horas de este jueves, en el Cercado de Lima. Se le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

El fiscal Castro inició su intervención reseñando los datos recopilados en sus investigaciones, a partir de las revelaciones hechas por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, convertido en colaborador de la Fiscalía peruana. A finales de 2014, Toledo y su amigo íntimo Joseff Maiman —un empresario que habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de los sobornos— se reunieron en un hotel de Brasil con Barata. Según Castro, aquella vez se pactó que la empresa pagara 35 millones de dólares al expresidente.

Las condiciones de aquella negociación cambiaron con el tiempo, y al final el soborno se redujo a 20 millones de dólares. Hasta ahora, se ha logrado identificar casi la mitad de este dinero, entregado en 18 pagos y repartido en las cuentas de tres empresas offshore que Maiman tiene en Londres, lo que lo convierte en testaferro de Toledo.

Para Castro, la detención del expresidente se justificaba por su falta de arraigo familiar y laboral en el Perú —pasa la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, porque trabaja en la Universidad de Stanford—, y por argumentar que el proceso judicial es, en realidad, una "persecución política".

Alejandro Toledo estuvo representado por los abogados Paolo Aldea y Heriberto Benítez. Aldea había adelantado que pediría la prescripción del delito de tráfico de influencias, y Benítez cuestionó la solicitud de prisión preventiva, exigiendo que primero se concluya la investigación.

Finalizados los alegatos de la Fiscalía y la defensa, el juez Concepción aseguró que Odebrecht obtuvo la licitación de la Carretera Interoceánica gracias a un cambio en las reglas de juego de la concesión, y que Alejandro Toledo no mantuvo su neutralidad como presidente de la República. Además señaló que existe la posibilidad de que sostuviera un acuerdo ilícito con Jorge Barata, con la participación de Maiman como testaferro. También defendió que no estaba claro su arraigo en el Perú y que las múltiples declaraciones que dio en los últimos días constituían un desafío a la justicia, además de una muestra de su poca voluntad de comparecer ante ella.

A continuación, desestimó la petición de arresto domiciliaria, porque no garantiza la continuidad de Toledo en el proceso. Finalmente, dictó los 18 meses de prisión preventiva y dispuso una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente.

De continuar las cosas como hasta ahora, Alejandro Toledo podría convertirse en el segundo presidente peruano preso, después de Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000 y está prisión desde 2007 por delitos contra los derechos humanos y corrupción. Aunque participó en las elecciones generales de 1995, Toledo alcanzó notoriedad en los años finales del fujimorismo, al que enfrentó en las urnas y las calles, enarbolando las banderas de la democracia y la honradez. Con ese capital político, ganó la presidencia en 2001, tras el desmoronamiento del régimen de Fujimori.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: AFP

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