Santa Cruz de la Sierra
01 Noviembre 2018

El juez más famoso de Brasil, Sérgio Moro, el instructor de las mayores investigaciones del caso Lava Jato y responsable del encarcelamiento del expresidente progresista Lula da Silva, se pasa a la política. Moro ha aceptado la invitación del próximo presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro de asumir el ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. “La perspectiva de poner en marcha una agenda fuerte de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, me han llevado a tomar esta decisión”, ha anunciado este jueves el magistrado con una nota minutos después de salir de la casa de Bolsonaro, en Rio de Janeiro, donde mantuvo una reunión con el presidente electo. “En la práctica, aceptar esta invitación significa consolidar los avances de la lucha contra el crimen y la corrupción de los últimos años y alejar los riesgos un retroceso por el bien mayor”, ha añadido.

La entrada de Moro en el Ejecutivo significará un antes y un después en las investigaciones de Lava Jato. Hasta ahora, ha sido él quien conducía las pesquisas más significativas del mayor caso de corrupción de Brasil, el que desveló, en 2014, la existencia de una enorme trama de desvío y blanqueo de dinero público usando la petrolera estatal Petrobras. El caso, con múltiples ramificaciones, afecta a prácticamente toda la clase política de Brasil y Moro mostró pocos reparos en que se asociase su nombre y su cara a los cientos de detenciones que ordenó, sobre todo las que tuviesen que ver con el entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Con el paso de los años, Moro se fue convirtiendo en el santo patrón del odio al PT, un fenómeno creciente que ha contribuido notablemente a la victoria del ultraderechista. La trayectoria de Moro que culminó en junio de 2017, cuando condenó al popular Lula por corrupción. En enero, la sentencia fue ratificada en segunda instancia y Lula, cuyos recursos fueron rechzados, fue encarcelado en abril.

En un primer momento, las investigaciones de Lava Jato quedarían en mano de Gabriela Hardt, la sustituta de Moro; después se le asignaría uno de los jueces del sur de Brasil que se disputen el cargo. Generalmente lo recibe quien lleva más años en activo.

Bolsonaro se convierte así en el más famoso de los superministros de Bolsonaro, quien está repartiendo un poder considerable entre su gabinete, al fusionar ministerios entre sí e incorporarles varias agencias hasta ahora independientes. En el caso de Moro, su superministerio mezclará Justicia con Seguridad y, también, la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, Asuntos Internos y el Consejo de Control de Actividades Financieras. Entra en la misma categoría que Paulo Guedes, el ministro de Economía del ultraderechista, que aúna Hacienda, Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y Planeamiento. En Ciencia, Bolsonaro ha incorporado a un exastronautra y y en la Casa Civil, al diputado Onyx Lorenzoni.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Elpais

30 Octubre 2018

El juez federal de Jujuy, Ernesto Hansen, aceptó el martes el pedido del abogado de la boliviana Claudia S.E., acusada por tráfico de drogas en Argentina y le otorgó perdón judicial por razones humanitarias, luego que su hijo Fernando, más conocido como “Chumita”, falleció la pasada semana en la ciudad oriental de Santa Cruz víctima de cáncer.

Andrés Reynoso, defensor oficial de Claudia, citado por el portal de Infobae, pidió, además del sobreseimiento, la excarcelación y el titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy, Federico Zurueta, requirió más información para apoyar la solicitud.

Siempre según Infobae, los datos requeridos fueron aportados en las últimas semanas por el Gobierno de Bolivia que, enterado del caso tras la publicación en ese medio, intercedió para ayudar a Claudia.

De ese modo, Zurueta recibió un informe socioambiental de la casa de la mujer y pudo corroborar que ella había cumplido con el requisito que le impuso Hansen cuando le concedió la salida que era verificar su presencia cada 72 horas.

La mujer transportó droga para pagar la quimioterapia que requería su hijo, con quien logró reunirse días antes de su fallecimiento.   

Redacción: Leo.com       

Fuente: Radiofides

29 Octubre 2018

El Consejo de la Magistratura inició un proceso de control y fiscalización contra la jueza Claudia Castro, que la semana pasada retuvo a la periodista, María Ulo.

“Se ha tomado la decisión de que hoy la representación distrital (en La Paz) realice un control y fiscalización para conocer detalles sobre aquella noticia que se ha recibido a través de los medios de comunicación sobre la jueza Castro”, dijo Dolka Vanessa Gómez, consejera de la Magistratura.

Esta determinación, según un reporte de la casa televisiva ATB, fue tomada por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura. “La labor del juez o jueza es netamente jurisdiccional, por eso queremos, con el control y fiscalización, ver qué es lo que ha ocurrido, si realmente ha ocurrido lo que se ha denunciado”, agregó Gómez.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Noticiasfides

26 Octubre 2018

La jueza Claudia Castro ordenó la mañana de este viernes, la detención de la periodista de la red ATB, María Ulo, después que la comunicadora le preguntará el  porqué de la demora en la firma de orden de detención domiciliaria de la denunciante del desfalco del banco Unión, Marihela Valdés.

 “Yo vine buscar la contraparte a una denuncia. Lo que ella no entiende es que no tengo ningún interés de perjudicarla, ella se molesta ante las consultas. Piensa que lo que uno pregunta es contra ella”, afirmó la reportera al abandonar el Palacio de Justicia.

“Llamó a un policía y querían borrar mi material, luego dicen que me tenían que llevar a la FELCC para que entregue mi celular y borre todo lo que tenía grabado”, agregó Ulo.

Para la periodista la actitud de Castro es un intento de amedrentamiento a los periodistas y un abuso de su condición de juez.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Radiofides

10 Febrero 2017

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique. La solicitud fue presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú.

Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. La audiencia que decidió su suerte comenzó a las 10.00 horas de este jueves, en el Cercado de Lima. Se le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

El fiscal Castro inició su intervención reseñando los datos recopilados en sus investigaciones, a partir de las revelaciones hechas por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, convertido en colaborador de la Fiscalía peruana. A finales de 2014, Toledo y su amigo íntimo Joseff Maiman —un empresario que habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de los sobornos— se reunieron en un hotel de Brasil con Barata. Según Castro, aquella vez se pactó que la empresa pagara 35 millones de dólares al expresidente.

Las condiciones de aquella negociación cambiaron con el tiempo, y al final el soborno se redujo a 20 millones de dólares. Hasta ahora, se ha logrado identificar casi la mitad de este dinero, entregado en 18 pagos y repartido en las cuentas de tres empresas offshore que Maiman tiene en Londres, lo que lo convierte en testaferro de Toledo.

Para Castro, la detención del expresidente se justificaba por su falta de arraigo familiar y laboral en el Perú —pasa la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, porque trabaja en la Universidad de Stanford—, y por argumentar que el proceso judicial es, en realidad, una "persecución política".

Alejandro Toledo estuvo representado por los abogados Paolo Aldea y Heriberto Benítez. Aldea había adelantado que pediría la prescripción del delito de tráfico de influencias, y Benítez cuestionó la solicitud de prisión preventiva, exigiendo que primero se concluya la investigación.

Finalizados los alegatos de la Fiscalía y la defensa, el juez Concepción aseguró que Odebrecht obtuvo la licitación de la Carretera Interoceánica gracias a un cambio en las reglas de juego de la concesión, y que Alejandro Toledo no mantuvo su neutralidad como presidente de la República. Además señaló que existe la posibilidad de que sostuviera un acuerdo ilícito con Jorge Barata, con la participación de Maiman como testaferro. También defendió que no estaba claro su arraigo en el Perú y que las múltiples declaraciones que dio en los últimos días constituían un desafío a la justicia, además de una muestra de su poca voluntad de comparecer ante ella.

A continuación, desestimó la petición de arresto domiciliaria, porque no garantiza la continuidad de Toledo en el proceso. Finalmente, dictó los 18 meses de prisión preventiva y dispuso una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente.

De continuar las cosas como hasta ahora, Alejandro Toledo podría convertirse en el segundo presidente peruano preso, después de Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000 y está prisión desde 2007 por delitos contra los derechos humanos y corrupción. Aunque participó en las elecciones generales de 1995, Toledo alcanzó notoriedad en los años finales del fujimorismo, al que enfrentó en las urnas y las calles, enarbolando las banderas de la democracia y la honradez. Con ese capital político, ganó la presidencia en 2001, tras el desmoronamiento del régimen de Fujimori.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: AFP

26 Octubre 2016

El juez Humberto Padilla emitió orden de apremio contra el alcalde de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, por una demanda laboral que planteó un ciudadano que exige beneficios sociales al Gobierno Municipal.

Según el documento respectivo, el juez pidió que se lleve a Gatty a la cárcel pública de Cobija, hasta que el municipio cancele la suma de 21.279 bolivianos en el marco del proceso laboral seguido por Benjamín Duarte.

Gatty es reconocido por su trayectoria como futbolista y desde el 2015 ejerce el cargo de alcalde de la capital pandina.

El burgomaestre se comunicó con el periódico El Día y aseguró que se presentará ante la autoridad correspondiente para conocer el caso y asumir defensa.

El concejal Juan Carlos Paz atribuyó esta situación a la dejadez del equipo jurídico y del entorno de Gatty. “Ya lo vengo manifestando, el alcalde está rodeado de personas que no lo colaboran. No hablo en general pero un 70%  le hace quedar mal”, dijo la autoridad en entrevista con el periodista Juan Yañique.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

18 Octubre 2016

Un juez federal que tuvo a su cargo diversos casos de crimen organizado fue asesinado este lunes en un suburbio de la ciudad de Toluca, en un hecho que ya es investigado por la fiscalía general mexicana por instrucciones de la presidencia.

Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el estado de México, fue asesinado en la localidad de Metepec a 61 kilómetros de la capital del país, informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El magistrado, de 37 años, intervino en casos de alto renombre, como las investigaciones contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien suspendió un pedido de extradición a Estados Unidos; Gildardo López, considerado el jefe de sicarios que habría ordenado la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; y Abigael González, considerado como uno de los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El momento fue captado por cámaras de seguridad, y se observa al juez con ropa deportiva trotando en la calle cuando un hombre delgado vestido de negro se acerca corriendo por detrás, le dispara en la cabeza y luego se aleja para alcanzar a otro individuo con el que sale huyendo.

El disparo fue realizado a menos de 30 centímetros de distancia y el juez falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital cercano.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó el suceso durante una reunión internacional de magistrados. "He dado indicaciones a la procuradora general (fiscal) de la República para que atraiga este asunto, se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho", dijo.

Bermúdez Zacarías también llevaba el caso por defraudación fiscal contra Naim Libien Kaui, un polémico empresario propietario del diario Unomásuno que se ha visto envuelto en distintos escándalos y hechos violentos en los últimos años.

Desde marzo pasado, el magistrado estaba al frente del juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales y anteriormente estuvo en un juzgado que veía casos de cateos y arraigos, algunos de ellos relacionados con casos de narcotráfico.

El presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, pidió que se investigue de inmediato el caso y que garanticen condiciones de seguridad a los jueces.

En la última década, cuando en México recrudecía la violencia ligada al narcotráfico al tiempo que el gobierno federal lanzaba un operativo militar antidrogas, se reportó el asesinato de al menos un juez federal y un intento de asesinato de otro. Ambos llevaban casos ligados al crimen organizado.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP

14 Octubre 2016

El Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) ha castigado con una suspensión de dos años de su cargo a Clarice Maria de Andrade, la jueza encarceló a una menor que estuvo durante 26 días en una celda masculina, donde alrededor de 30 hombres abusaron de ella una y otra vez, informan medios locales. A pesar de no poder ejercer, la funcionaria continuará recibiendo un salario proporcional al del tiempo de servicio.

Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2007, cuando María de Andrade aprobó la detención de una joven de 15 años, de menos de 40 kilos y un metro y medio de alto, en la cárcel de Abaetetuba, en el estado brasileño de Pará. Ante la falta de una celda para ella, la colocaron en una dentro del pabellón masculino junto a otros hombres.

Según el expediente, la jueza recibió una carta de la Policía pidiendo "con carácter de urgencia" que la joven fuera transferida a otra celda, ya que "corría riesgo de sufrir algún tipo de violencia por parte de los demás presos". Según el CNJ, la funcionaria solo pidió el traslado de la menor 20 días después de recibir el aviso.

Además de ser violada en numerosas ocasiones, la joven fue torturada (posee numerosas quemaduras de cigarrillos en su cuerpo) y obligada a tener sexo a cambio de comida. La menor había sido acusada de tratar de robar un teléfono móvil.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Rt.com

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