Santa Cruz de la Sierra
13 Agosto 2018

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó el lunes por parcialidad al juez y al fiscal argentino que llevan adelante la investigación de una amplia red de millonarios sobornos descubierta hace semanas, en un caso que involucra a importantes empresas y políticos, como la exmandataria.

La causa judicial, que estalló hace dos semanas gracias a los cuadernos con anotaciones que llevaba el chofer de uno de los involucrados, provocó ya la detención de varias personas y disparó dudas sobre la economía argentina, ya que afecta a muchas empresas de construcción involucradas en obras actuales.

A través de un escrito presentado por su abogado, Fernández -actual senadora- consideró que ni el juez Claudio Bonadio ni el fiscal Carlos Stornelli se han mostrado imparciales en la investigación hasta el momento, debido a antiguas disputas.

“Vuestra Señoría fue denunciado penalmente por mi representada el día 6 de julio de 2016”, señala el texto presentado por el abogado de Fernández, al que se puede acceder mediante la red Twitter.

“La Dra. Cristina Fernández de Kirchner requirió ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se iniciara un juicio político en contra de Vuestra Señoría a mérito de graves irregularidades (…) De modo que no puede continuar al frente de esta investigación”, de acuerdo con el documento.

Medios argentinos informaron que el juez evalúa pedir al Senado que le quite los fueros legislativos -que le dan inmunidad judicial- a Fernández para avanzar con la investigación y con su eventual detención por considerarla líder del esquema de corrupción.  

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: Clarin

25 Julio 2018

La Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) da vía libre al juicio contra Carlos Mesa por el caso Quiborax. En reunión de Sala Plena de este miércoles, se determinó remitir el caso a la Asamblea Legislativa pidiendo la autorización para llevar adelante el proceso, reportó el periodista Iván Ramos para ERBOL.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, informó que la decisión fue asumida por unanimidad de los siete magistrados con derecho a voto en el caso. Ahora toca que la Asamblea Legislativa conozca el proceso y, por dos tercios decida si autoriza el juicio.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría, luego que un tribunal de arbitraje decidiera que el Estado pague una indemnización millonaria a la empresa Quiborax, expulsada durante el Gobierno de Mesa.

Luego, la Fiscalía hizo el análisis y acusó a Mesa por los  tipos penales de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica. 

El TSJ recibió el caso el 9 de julio y dos semanas después emitió su decisión. La Sala Penal analizó el proceso y el martes lo remitió a la Sala Plena, que este miércoles aprobó el pedido de autorización de juicio.

Mesa presentó memoriales pidiendo al TSJ rechazar la acusación. Al respecto, el presidente del Tribunal aclaró que esas solicitudes fueron de analizadas por la Sala Penal, mas no así de la Sala Plena.

El magistrado Revilla afirmó que para el TSJ el caso está cerrado en la etapa de antejuicio.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

 

25 Julio 2018

La exministra de Defensa Legal del Estado, María Cecilia Rocabado, dijo este miércoles que  la empresa Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax era una empresa ficticia y operó cuatro años en esa condición, teniendo de por medio deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos.

En una entrevista con Erbol, la ex autoridad -cuyo cargo era equivalente al actual Procurador General del Estado- sostuvo que la NMM se creó en un bufete de abogados donde los socios fundadores eran el abogado propietario, su secretaria y su ayudante y en esa condición recibió la transferencia de 7 concesiones de la entonces dueña original Río Grande Sur, de propiedad del polémico ciudadano boliviano David Moscoso.

¿Qué ha representado la presencia de esta empresa Quiborax para el país?

CR.- Mi paso por el Ministerio de Defensa Legal fue muy corto, yo recuerdo que la empresa que en ese momento la empresa Non Metallic Minerals (NMM) Quiborax, presenta la solicitud de una medida provisional que implicaba la suspensión del proceso penal que se había iniciado el año 2008, en contra de los socios accionistas No Metallic y el socio Allan Fosk.

La respuesta a esta solicitud, obviamente una respuesta negativa de parte de Bolivia, con todo el fundamento necesario y también la calidad soberana de iniciar proceso judicial, en la vía jurisdiccional. Y después conozco que el año 2010, cuando yo ya no estaba en el Ministerio, sale la decisión correspondiente, disponiendo que Bolivia debía suspender el proceso penal y que, por supuesto, esa decisión podía ser reconsiderada a pedido de cualquiera de las partes. Bolivia podía pedir la reconsideración de esa medida que se había tomado.

Se habló que Quiborax había incumplido el tema impositivo, por los antecedentes que tiene. ¿Hay cosas que se pueden cuestionar en Bolivia?

CR.- En realidad la empresa se inicia como una empresa ficticia, los antecedentes que se los puede revisar en internet y que están en los antecedentes del proceso arbitral que se sigue, se inicia y lo manifiesta la propia empresa demandante del arbitraje, Quiborax, cuando la empresa  Río Grande Sur conformada por bolivianos  por un señor Ugalde, Moscoso y otro señor, deciden entablar conversaciones con la empresa Quiborax. Esta empresa data mucho tiempo atrás con accionistas de la familia Fosk, encargado fundamentalmente de la producción y comercialización de los boratos.

Río  Grande Sur  toma contacto y suscribe un contrato de suministro para la venta exclusiva de la ulexita en 50% que no llega a concretizarse porque el señor Ugalde decide vender sus acciones a Quiborax, pero sucede que Quiborax era una empresa creada en Chile y no en Bolivia.

Buscan  el asesoramiento del estudio jurídico del doctor Fernando Rojas que en su momento se dedicaba a asesorar a inversionistas. Y Fernando Rojas forma una empresa que a mi juicio es ficticia, porque lo forma él, con su secretaria  Doly Paredes y otra miembro de su oficina, Gilka Salas.

Lo forman prácticamente como empresa boliviana. Los tres eran socios accionistas, digo ficticia porque el capital no era de ellos. Esta empresa se forma el año 2001 y está otra empresa Río Grande Sur transfiere a la empresa conformada por Rojas, Paredes y Salas, que se llama  Non Metallic, transfiere 7 concesiones mineras que había estaban explotando.

Pero sin embargo no hacen una transferencia legal, porque el 2003 en los reportes y balances que presenta Río Grande Sur, las 7 concesiones seguían siendo de propiedad de Río Grande Sur y eran presentadas a Impuestos Internos. Por otro lado, No Metallic  presentaba también como parte de su patrimonio.  De acuerdo al 147 del Código de Comercio no puede existir y es nulo de pleno derecho y de acuerdo a la documentación que había podido ver, existía todo el conflicto en relación a la falsedad o no de un acta del 13 de septiembre de 2001, por el cual los socios de la empresa No Metallic, supuestamente habrían aprobado la transferencia de acciones de Quiborax.

Bolivia en su defensa también hace notar que sería falsa. Lo que pasa  es que el 11 de septiembre cursaba en el Registro de  Comercio un acta suscrita por Fernando Rojas, Doly Paredes y  Gilka Salas donde no figuraba la transferencia a  Quiborax y luego aparece, posteriormente cuando estaba el conflicto, el acta del 13 de septiembre.

También se cuestiona y en está en los antecedentes del proceso arbitral, una supuesta transferencia de Río Grande Sur, porque no estaban dentro el marco del Código de Comercio. Es importante tener en cuenta el carácter que le da el Tratado de Protección de Inversión recíproca entre Bolivia y Chile al inversor.

Inversor es aquel que haya efectuado inversiones - se refiere a toda clase de bienes y derechos- de conformidad a las leyes y reglamentos de la parte contratante en el territorio que se realizó la inversión, en este caso de acuerdo a las leyes bolivianas en que se habría realizado la inversión.

De acuerdo a la ley boliviana no habían cumplido cabalmente con la conformación, en el Estado boliviano, a partir del asesoramiento de Fernando rojas, quien les asesora para conformar una empresa facticia, además de la acusadas de falsedad, el acta de 13 de septiembre y una transferencia de Río  Grande Sur de agosto.

No cumplen expresamente con las normas del Código de Comercio. Figura también la decisión de transferir acciones de las 7 de concesiones de Río Grande Sur, mucho antes de inscribirlo en el Registro de comercio.

En el arbitraje, el Tribunal dice en una decisión sobre la jurisdicción porque Bolivia presentó una objeción a la jurisdicción, manifestando que por  las irregularidades, el inversor no tendría la nacionalidad chilena y habría actuado conforme a la ley boliviana.

El Tribunal dice que bastaba el Registro de Comercio y se basa en documentos internos, pero aquí hay un tema, esos documentos internos reflejan la intención que habría tenido al empresa, al no conformarse en Bolivia, de burlase de la ley boliviana y, por lo tanto, hay una afectación en el tema impositivo.

No figuraba en ninguna parte que Quiborax está inscrita en el Registro de Contribuyentes para poder ser un sujeto reconocido por la ley boliviana (para) que realice transacción de las acciones. Hay esas irregularidades.

Por otro lado, yo recuerdo que había una deuda impositiva considerable, si mal no recuerdo, que alcanza a un millón y  medio de dólares en adeudos tributarios; procesos ante la ex Superintendencia Tributaria en contra  de la empresa No Metallic-Quiborax, porque en realidad la empresa como tal se registra en el 2005 y recién figura Quiborax como accionista.

El 2003, el presidente Carlos Mesa dicta la ley que amplía la reserva fiscal que había sido reducida en la costra salina en el gobierno de Banzer.  Además dicta la disposición de declarar nula las concesiones.

En julio de 2004 dicta el decreto cuestionado y estamos hablando que hasta el 2003, estaban presentando en Impuestos Internos balances No Metallic y Río Grande con las mismas concesiones, o sea, dos personas jurídicas diferentes aduciendo que tienen el mismo patrimonio. Se habla de 11 concesiones, las cuatro últimas concesiones, las habría adquirido Quiborax.

Luego había denuncias en el tema ambiental, lamentablemente los daños son muy poco vistos. La empresa No Metallic-Quiborax no escapa a los daños, primero porque el año 2004,  después de un ascenso del malestar en 2003 de los movimientos sociales contra la explotación arbitraria, Comcipo pide la expulsión de la empresa que estaba en el Salar de Uyuni y uno de los argumentos era el daño ambiental en el que incurría y el contrabando y la ilegalidad con que exportaba ulexita y parte de la ilegalidad es el contrato que firma Río Grande Sur.

En marzo de 2004 y el mismo día de la fecha del decreto de Mesa hay una revocatoria de la licencia ambiental a una de las concesiones, a Cuevitas que se encontraba entre las 7 concesiones que habían transferido Río Grande Sur a Quiborax. En conclusión Quiborax tenía un adeudo ambiental que no sé si el Estado hizo notar en la defensa.

¿Parece que tuviera razón la exministra Amanda Dávila”

CR. Yo creo que la exministra ha tratado de reflejar las irregularidades de esta empresa en el Estado boliviano. Reitero la calidad de inversor se la tiene cuando se ha actuado de conformidad de las leyes y reglamentos del Estado boliviano. En este caso la empresa chilena Quiborax, especializada en la comercialización de boratos que ingresa con el tema de la ulexita por los fertilizantes, no ha cumplido con la ley boliviana.

De hecho es irregular y eso sucedía y lamentablemente el Tribunal Arbitral del CIADI lo toma como un hecho normal el que se haya constituido Non Metallic, en una empresa prácticamente ficticia, con formado por el abogado de Quiborax, su secretaria y su ayudante.

Cuando plantean el juicio  ¿el Estado ya sabía de las irregularidades de la empresa?

CR. He conocido que el año 2005,  dos funcionarios de la Superintendencia de Empresas elaboran un informe sobre posibles irregularidades de falta de incumplimiento de la norma legal boliviana de parte de la empresa. Ese informe no era muy claro a partir de los problemas que se vienen con la solicitud de arbitraje, porque primero hay una solicitud de arreglo amistoso el 2004 y luego viene  la solicitud de arbitraje en el año 2006.

Se va investigando y recopilando documentos que hacen ver las ilegalidades cometidas por esta empresa y bueno poco a poco se va construyendo todo el arsenal de argumentos de estas irregularidades, pero el proceso penal se lo inicia recién el año 2008.

¿Quién era Fernando Rojas que se presta a la propuesta de Quiborax para conformar de manera ficticia?

CR. Es un abogado boliviano, era un bufete que asesoraba a inversionistas extranjeros y bolivianos. Había una mala costumbre  aquellos años de organizar sociedades ficticias porque lo correcto era que la empresa chilena Quiborax se instituya con las leyes bolivianas en  Bolivia, eso era lo correcto, pero lo que hacen es organizar esta empresa a todas luces ficticia. Obviamente en aquellos momentos y en la visión de esos colegas abogados era algo normal, pero no puede ser normal cuando contradice la norma boliviana y por su puesto incide en el cumplimiento de la Ley tributaria.

¿Hubo igualdad en la negociación?

CR. Se tendría que ver qué daños han cometido al Estado boliviano y los hechos de octubre mandaban a fiscalizar a estas empresas por los daños que hicieron y en mi criterio son muchos.

Se habla mucho de la subprocuradora Carmiña Llorenti sobre la filtración de documentos y la prestación de su computadora a los chilenos. ¿Usted trabajó de cerca con Llorenti, qué nos puede decir sobre ella?

CR. Bueno yo trabajé con ella, como con todo el equipo del Ministerio de Defensa legal del Estado, pero respecto a ella, trabajé muy poco porque la desvinculé del Ministerio por razones de orden interno. Lo demás no conozco porque yo dejo (el Ministerio) en diciembre de 2009.

En 2009, el exministro Héctor Arce dijo que se archivará el proceso y que empresa renunciará a la compensación económica por acuerdo mutuo con Quiborax. ¿Su opinión por favor?

CR. Cuando ingreso al Ministerio, día antes el exministro de Defensa Legal hace esas declaraciones. Se habían iniciado negociaciones me parece desde año 2006 y esta última era la relativa al mes de agosto de 2009, en que se permitía a la empresa Quiborax habilitarla para volver a ser inversor. Yo no he conocido los detalles del acuerdo o de otro acuerdo que pudieran haber realizado, simplemente he recibido la información de los asesores del Estado boliviano y de los asesores del Ministerio de Defensa Legal de ese momento.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

23 Julio 2018

La Procuraduría General del Estado aclaró este lunes que el objetivo del juicio contra el expresidente Carlos Mesa es establecer la existencia o no de responsabilidad por la derrota en la demanda internacional de la empresa Quiborax en contra de Bolivia.

La aclaración se realiza horas después que el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén dijera que el exmandatario debiera reponer con sus bienes los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional. "El objetivo de las acciones judiciales que se han iniciado persiguen el resarcimiento del daño económico al Estado", sostuvo la autoridad.

“La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del ex presidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, señala el comunicado.

El Estado boliviano perdió la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), después de más de una década de juicio internacional. Actualmente las autoridades gubernamentales se han desligado de toda responsabilidad y han depositado toda la culpa en el exmandatario que revocó las concesiones a Quiborax.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: noticiasfides

17 Julio 2018

La Procuraduría General del Estado informó este martes que la contratación de abogados para defender a Bolivia en el arbitraje internacional por el caso Quiborax costó al Estado 1,8 millones de dólares.

El procurador Pablo Menacho precisó que el monto total fue de 1.853.345 dólares. La autoridad difundió el dato con el objetivo de aclarar una población de un periódico, el cual afirmó que la defensa en el caso Quiborax costó 4 millones de dólares.

Indicó que el costo promedio que tiene la defensa legal en un arbitraje de inversiones para un Estado es de 8 millones de dólares, pero hubo casos en que el monto llegó a 13 o 12 millones, como en Bulgaria y Argentina, respectivamente.            

Menacho afirmó que se ha cumplido con ejercer una defensa del Estado “lo más austera posible”.

Recordó que tres bufetes legales fueron los encargados de representar a Bolivia en este caso: Foley Hoag, Dechert LLP y Gomm & Smith.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

 

 

12 Julio 2018

 

Luiz Inácio Lula da Silva fue absuelto este jueves en uno de sus seis procesos pendientes, adicionales al de corrupción y lavado de dinero por el que purga desde abril 12 años y un mes de cárcel.

La decisión emitida por un juez de Brasilia libra al ex presidente, de 72 años, de culpa y cargo en un caso de presunta obstrucción a la justicia.

Lula había sido acusado en 2016 de haber intentado comprar el silencio del ex director de la estatal Petrobras, Nestor Cerveró, quien había suscrito un acuerdo de colaboración premiada con la justicia en el marco de la causa Lava Jato.

El fallo del juez federal Ricardo Leite destaca la falta de pruebas suficientes para sustentar la denuncia, basada en esencia en testimonios de los delatores.

"Hay numerosas posibilidades y circunstancias sobre lo que realmente ocurrió", afirmó Leite en su sentencia.

El ex presidente brasileño (2003-2010) se declara inocente de todas las acusaciones que pesan en su contra y las considera una "conspiración" que busca alejarlo de su tentativa de volver al poder en las elecciones de octubre.

Preso en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, Lula continúa liderando las encuestas de opinión con 30% de intención de voto, aunque la legislación electoral debería invalidar su eventual candidatura.

Tras el fallo, la defensa saludó la decisión y apuntó que "evidencia aún más el carácter ilegítimo de las decisiones que lo condenaron" previamente en el caso en el que se le acusa de corrupción pasiva y lavado de dinero, por haber recibido un apartamento de la constructora OAS a cambio de apoyo en negociaciones con Petrobras.

La condena, proferida en primera instancia por el juez de Curitiba Sérgio Moro, y confirmada por un tribunal de segunda instancia, es cuestionada por los abogados de la defensa que la consideran parcializada.

"Mientras el juez de Brasilia, de forma imparcial, niega el valor probatorio a la delación premiada por ausencia de elementos para corroborar, el juez de Curitiba dio valor absoluto al testimonio de un delator informal para condenar a Lula", contestó el abogado defensor Cristiano Zanin Martins.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) responde a otras acusaciones de corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencia y organización para delinquir en cinco casos que están en las manos de tribunales de Brasilia y Paraná (cuya capital es Curitiba).

Los abogados de Lula trabaron una batalla legal para que el expresidente pueda aguardar en libertad el resultado de los recursos presentados ante los máximos tribunales del país.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: AFP

 

11 Julio 2018

Luego que se conociera que el Fiscal Departamental de La Paz desistió del proceso en contra de ocho procesados por los delitos penales en la constitución del capital accionario de Quiborax, que permitió el arbitraje en contra de Bolivia, el diputado Wilson Santamaría anunció una querella contra el fiscal Edwin Blanco.

“Lo que vamos a evaluar es iniciar una acción penal en contra del fiscal departamental, Edwin Blanco y los fiscales que han sido parte de este proceso que ha terminado beneficiando a una transnacional chilena. Con claridad han incurrido en incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución”, sostuvo el legislador.

Santamaría exigió que el fiscal Blanco devele quién le ordenó el desistimiento del proceso contra quienes eran acusados de falsificación de documentos para la constitución del capital accionario de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax y que permitió el inicio de una demanda en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

“Quién le ordenó al fiscal que haga ese retiro, esta es la prueba clara que aquí hay fiscales que obedecen las instrucciones de ministros y aquí hay ministros que tienen más poder que el Órgano Judicial y el Ministerio Público”, cuestionó el diputado.

Sobre el tema, el fiscal Blanco no quiso dar mayores detalles y solo atinó a decir en una breve declaración que “los fundamentos son públicos, no vamos a entrar a un juego de especulación”.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: noticiasfides

 

11 Julio 2018

El ministro de Minería, César Navarro, aseveró el miércoles que el expresidente Carlos Mesa tiene un “cinismo dramático” al lavarse las manos en el caso Quiborax.

“Carlos Mesa tiene un cinismo dramático y espectacular. Con ese cinismo se presenta como un actor de teatro a través de los medios generando polémica solo sobre mentiras e irresponsabilidades”, afirmó.

El Ministro de Minería recordó que el incumplimiento de un decreto supremo, que promulgó Carlos Mesa, derivó en el juicio de Quiborax contra Bolivia.

“Carlos Mesa no respondió las 20 preguntas que le hizo la Fiscalía sobre el caso Quiborax, se adhirió al derecho al silencio y lo que hizo es salir a acusar con recortes de periódicos y eso es un acto completamente irresponsable”, indicó Navarro.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: radiofides

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