Santa Cruz de la Sierra
12 Octubre 2018

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, confirmó que Air British Petroleum no está nacionalizada, porque un juicio entablado por la extinta empresa aérea AeroSur contra Air BP estaría impidiendo que el Gobierno se haga de las acciones completas de la subsidiaria de British Petroleum que controlaba la provisión de combustible para aviones.

“AeroSur le hizo una denuncia a Air BP, mientras eso no se resuelva no podemos avanzar. Haciendo un porcentaje para tener la totalidad de las acciones de la nacionalización, si 15.500 millones de dólares es el patrimonio de YPFB Corporación y hoy trabajamos sobre cinco millones de dólares, necesitamos el 0.032% para incorporar las acciones de Air BP a YPFB”, declaró Sánchez.

Sánchez agregó que la incorporación de las acciones de Air BP a YPFB dependerá del tiempo que tarden en solucionar el problema judicial que tiene la subsidiaria de British Petroleum con AeroSur.

Sin embargo, nueve años y cinco meses después de la nacionalización de Air BP, YPFB Aviación no ha logrado hacerse con la propiedad de la empresa de la que es titular de esta empresa.

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

 

 

 

12 Octubre 2018

El diputado opositor Tomás Monasterio alista una proposición acusatoria  por incumplimiento de deberes contra el presidente Evo Morales, por la fallida nacionalización de AIR BP, dispuesta por el decreto supremo Nº 111 del 1 de mayo de 2009, para constituir YPFB-Aviación. 

Dijo que está plenamente reconocido que la nacionalización de la británica AIR  BP  no se concretó con la transferencia de sus acciones a favor de YPFB y que actualmente la operadora del suministro de combustibles de aviación continúa bajo el régimen de la transnacional.

Sostuvo que hay pruebas contundentes como la certificación de Fundempresa y del mismo gerente de YPFB Aviación, que establecen que las acciones de la empresa no fueron transferidas al Estado.

“Con estos estamos frente a un delito de incumplimiento de deberes formales y queda claro que hay  un solo responsable, no solamente por mentir a la población boliviana sino por incumplir el DS Nº 111 y el es presidente Juan  Evo Morales, a quien le vamos a iniciar una acción penal a través de una proposición acusatoria en Sucre”, declaró en Santa Cruz.

Anunció que continuarán con las investigaciones sobre el proceso de nacionalización en el sector de hidrocarburos para develar “la mentira con la que el gobierno ha venido timando a la población”.

Monasterio señaló que YPFB-Aviación no sería la única empresa que estaría sin estar inscriba en favor del Estado, sino que existen otras en la misma situación. Aseguró que el discurso sobre la fallida de la nacionalización se caerá por los suelos cuando se muestre la documentación de respaldo.

La situación legal de AIR BP se conoció luego que el dirigente sindical Marcos Melgarejo presentara para su defensa, documentación que puso al descubierto que la nacionalización en YPFB-Aviación no existe y que él no es  funcionario público para que pueda ser enjuiciado   por uso indebido de bienes públicos, al haber sacado movilidad para  trasladarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

27 Septiembre 2018

El expresidente Carlos Mesa este jueves apreció, pero rechazó la amnistía anunciada por el presidente Evo Morales, pues no se considera culpable de ningún delito y menos comenzó un proceso judicial contra él.

“Aprecio el gesto del Presidente. Pero no acepto la presunción de culpabilidad. En el caso Quiborax no solo no tengo responsabilidad alguna, soy yo quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente, el juicio no ha sido siquiera considerado por la ALP”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

También sostuvo en la red social: “Mi compromiso con la causa marítima está al margen de cualquier circunstancia, por dura que sea. Lo tuve como presidente, lo tengo ahora y lo tendré siempre”.

A Mesa se le culpa por la nacionalización de los recursos del salar de Uyuni, y por la demanda de la empresa Quiborax que obligó a pagar al Estado 42 millones de dólares como indemnización.

El presidente Evo Morales anunció este jueves amnistía para los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa en los procesos judiciales que les sigue el Estado. La decisión presidencial utilizó el argumento de la unidad por la causa marítima.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Radiofides

 

20 Septiembre 2018

El jefe de Bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, presentó este jueves una denuncia para juicio de responsabilidades contra el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, acusándolo de cuatro delitos, por las irregularidades en el caso Alexander.

Los tipos penales atribuidos a Guerrero son acusaciones falsas, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, y uso indebido de influencias.

Murillo indicó que la denuncia se basa en las recientes revelaciones del caso Alexander, las cuales sostienen que no hubo violación y se condenó al médico Jhierry Fernández, con el informe de una forense sin experiencia y bajo la presión del fiscal Guerrero.

La denuncia fue presentada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, de acuerdo al procedimiento que establece la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades.

Según dicha norma, la Presidenta de Diputados debe remitir la denuncia a la   Comisión de Justicia Plural, donde el Comité del Ministerio Público debe realizar la investigacion y definir si formaliza una imputación.

Gonzales esperará a que Guerrero salga del cargo para denunciarlo

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales anunció este jueves que así como Ramiro Guerrero concluya su mandato de Fiscal General del Estado el próximo 23 de octubre, presentará un juicio penal para que responda por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, al haber permitido que una profesional médico sin título ejerza las funciones de perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Así como termine su mandato presentaré la denuncia ante la Fiscalía de La Paz para que Ramiro Guerrero se defienda desde el llano, alejado de su poder de influencia que tiene sobre los fiscales y asuma su responsabilidad en el caso del bebe Alexander, al haber presionado a fabricar culpables sin pruebas”, declaró la senadora.

Sostuvo que este caso Alexander cierra con “broche de oro” la gestión más negra de la historia del Ministerio Público en Bolivia, dado que durante la “era Guerrero”,  la Fiscalía fue cómplice de varios casos de corrupción que implican a sus mismos fiscales de “cuello blanco” que para congraciarse con el poder, inventaban pruebas como en el caso terrorismo, violando incluso los derechos humanos en la etapa preliminar de investigación.

“Esta es otra prueba que tras seis años de gestión, Ramiro Guerrero está dejando una fiscalía ineficiente, corrupta y mafiosa porque fabricar pruebas para acusar a inocentes ciudadanos, es una forma de organización delincuencial al servicio del poder político”, manifestó.

Ramiro Guerrero fue posesionado el martes 23 de octubre de 2012 por el vicepresidente Álvaro García Linera, oportunidad en la que anunció que la Fiscalía del Estado  no estará sometido a ningún poder, además que limpiará la corrupción, aspectos que la oposición cuestiona a poco de salir del cargo.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Erbol

 

13 Agosto 2018

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó el lunes por parcialidad al juez y al fiscal argentino que llevan adelante la investigación de una amplia red de millonarios sobornos descubierta hace semanas, en un caso que involucra a importantes empresas y políticos, como la exmandataria.

La causa judicial, que estalló hace dos semanas gracias a los cuadernos con anotaciones que llevaba el chofer de uno de los involucrados, provocó ya la detención de varias personas y disparó dudas sobre la economía argentina, ya que afecta a muchas empresas de construcción involucradas en obras actuales.

A través de un escrito presentado por su abogado, Fernández -actual senadora- consideró que ni el juez Claudio Bonadio ni el fiscal Carlos Stornelli se han mostrado imparciales en la investigación hasta el momento, debido a antiguas disputas.

“Vuestra Señoría fue denunciado penalmente por mi representada el día 6 de julio de 2016”, señala el texto presentado por el abogado de Fernández, al que se puede acceder mediante la red Twitter.

“La Dra. Cristina Fernández de Kirchner requirió ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se iniciara un juicio político en contra de Vuestra Señoría a mérito de graves irregularidades (…) De modo que no puede continuar al frente de esta investigación”, de acuerdo con el documento.

Medios argentinos informaron que el juez evalúa pedir al Senado que le quite los fueros legislativos -que le dan inmunidad judicial- a Fernández para avanzar con la investigación y con su eventual detención por considerarla líder del esquema de corrupción.  

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: Clarin

25 Julio 2018

La Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) da vía libre al juicio contra Carlos Mesa por el caso Quiborax. En reunión de Sala Plena de este miércoles, se determinó remitir el caso a la Asamblea Legislativa pidiendo la autorización para llevar adelante el proceso, reportó el periodista Iván Ramos para ERBOL.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, informó que la decisión fue asumida por unanimidad de los siete magistrados con derecho a voto en el caso. Ahora toca que la Asamblea Legislativa conozca el proceso y, por dos tercios decida si autoriza el juicio.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría, luego que un tribunal de arbitraje decidiera que el Estado pague una indemnización millonaria a la empresa Quiborax, expulsada durante el Gobierno de Mesa.

Luego, la Fiscalía hizo el análisis y acusó a Mesa por los  tipos penales de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica. 

El TSJ recibió el caso el 9 de julio y dos semanas después emitió su decisión. La Sala Penal analizó el proceso y el martes lo remitió a la Sala Plena, que este miércoles aprobó el pedido de autorización de juicio.

Mesa presentó memoriales pidiendo al TSJ rechazar la acusación. Al respecto, el presidente del Tribunal aclaró que esas solicitudes fueron de analizadas por la Sala Penal, mas no así de la Sala Plena.

El magistrado Revilla afirmó que para el TSJ el caso está cerrado en la etapa de antejuicio.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

 

25 Julio 2018

La exministra de Defensa Legal del Estado, María Cecilia Rocabado, dijo este miércoles que  la empresa Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax era una empresa ficticia y operó cuatro años en esa condición, teniendo de por medio deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos.

En una entrevista con Erbol, la ex autoridad -cuyo cargo era equivalente al actual Procurador General del Estado- sostuvo que la NMM se creó en un bufete de abogados donde los socios fundadores eran el abogado propietario, su secretaria y su ayudante y en esa condición recibió la transferencia de 7 concesiones de la entonces dueña original Río Grande Sur, de propiedad del polémico ciudadano boliviano David Moscoso.

¿Qué ha representado la presencia de esta empresa Quiborax para el país?

CR.- Mi paso por el Ministerio de Defensa Legal fue muy corto, yo recuerdo que la empresa que en ese momento la empresa Non Metallic Minerals (NMM) Quiborax, presenta la solicitud de una medida provisional que implicaba la suspensión del proceso penal que se había iniciado el año 2008, en contra de los socios accionistas No Metallic y el socio Allan Fosk.

La respuesta a esta solicitud, obviamente una respuesta negativa de parte de Bolivia, con todo el fundamento necesario y también la calidad soberana de iniciar proceso judicial, en la vía jurisdiccional. Y después conozco que el año 2010, cuando yo ya no estaba en el Ministerio, sale la decisión correspondiente, disponiendo que Bolivia debía suspender el proceso penal y que, por supuesto, esa decisión podía ser reconsiderada a pedido de cualquiera de las partes. Bolivia podía pedir la reconsideración de esa medida que se había tomado.

Se habló que Quiborax había incumplido el tema impositivo, por los antecedentes que tiene. ¿Hay cosas que se pueden cuestionar en Bolivia?

CR.- En realidad la empresa se inicia como una empresa ficticia, los antecedentes que se los puede revisar en internet y que están en los antecedentes del proceso arbitral que se sigue, se inicia y lo manifiesta la propia empresa demandante del arbitraje, Quiborax, cuando la empresa  Río Grande Sur conformada por bolivianos  por un señor Ugalde, Moscoso y otro señor, deciden entablar conversaciones con la empresa Quiborax. Esta empresa data mucho tiempo atrás con accionistas de la familia Fosk, encargado fundamentalmente de la producción y comercialización de los boratos.

Río  Grande Sur  toma contacto y suscribe un contrato de suministro para la venta exclusiva de la ulexita en 50% que no llega a concretizarse porque el señor Ugalde decide vender sus acciones a Quiborax, pero sucede que Quiborax era una empresa creada en Chile y no en Bolivia.

Buscan  el asesoramiento del estudio jurídico del doctor Fernando Rojas que en su momento se dedicaba a asesorar a inversionistas. Y Fernando Rojas forma una empresa que a mi juicio es ficticia, porque lo forma él, con su secretaria  Doly Paredes y otra miembro de su oficina, Gilka Salas.

Lo forman prácticamente como empresa boliviana. Los tres eran socios accionistas, digo ficticia porque el capital no era de ellos. Esta empresa se forma el año 2001 y está otra empresa Río Grande Sur transfiere a la empresa conformada por Rojas, Paredes y Salas, que se llama  Non Metallic, transfiere 7 concesiones mineras que había estaban explotando.

Pero sin embargo no hacen una transferencia legal, porque el 2003 en los reportes y balances que presenta Río Grande Sur, las 7 concesiones seguían siendo de propiedad de Río Grande Sur y eran presentadas a Impuestos Internos. Por otro lado, No Metallic  presentaba también como parte de su patrimonio.  De acuerdo al 147 del Código de Comercio no puede existir y es nulo de pleno derecho y de acuerdo a la documentación que había podido ver, existía todo el conflicto en relación a la falsedad o no de un acta del 13 de septiembre de 2001, por el cual los socios de la empresa No Metallic, supuestamente habrían aprobado la transferencia de acciones de Quiborax.

Bolivia en su defensa también hace notar que sería falsa. Lo que pasa  es que el 11 de septiembre cursaba en el Registro de  Comercio un acta suscrita por Fernando Rojas, Doly Paredes y  Gilka Salas donde no figuraba la transferencia a  Quiborax y luego aparece, posteriormente cuando estaba el conflicto, el acta del 13 de septiembre.

También se cuestiona y en está en los antecedentes del proceso arbitral, una supuesta transferencia de Río Grande Sur, porque no estaban dentro el marco del Código de Comercio. Es importante tener en cuenta el carácter que le da el Tratado de Protección de Inversión recíproca entre Bolivia y Chile al inversor.

Inversor es aquel que haya efectuado inversiones - se refiere a toda clase de bienes y derechos- de conformidad a las leyes y reglamentos de la parte contratante en el territorio que se realizó la inversión, en este caso de acuerdo a las leyes bolivianas en que se habría realizado la inversión.

De acuerdo a la ley boliviana no habían cumplido cabalmente con la conformación, en el Estado boliviano, a partir del asesoramiento de Fernando rojas, quien les asesora para conformar una empresa facticia, además de la acusadas de falsedad, el acta de 13 de septiembre y una transferencia de Río  Grande Sur de agosto.

No cumplen expresamente con las normas del Código de Comercio. Figura también la decisión de transferir acciones de las 7 de concesiones de Río Grande Sur, mucho antes de inscribirlo en el Registro de comercio.

En el arbitraje, el Tribunal dice en una decisión sobre la jurisdicción porque Bolivia presentó una objeción a la jurisdicción, manifestando que por  las irregularidades, el inversor no tendría la nacionalidad chilena y habría actuado conforme a la ley boliviana.

El Tribunal dice que bastaba el Registro de Comercio y se basa en documentos internos, pero aquí hay un tema, esos documentos internos reflejan la intención que habría tenido al empresa, al no conformarse en Bolivia, de burlase de la ley boliviana y, por lo tanto, hay una afectación en el tema impositivo.

No figuraba en ninguna parte que Quiborax está inscrita en el Registro de Contribuyentes para poder ser un sujeto reconocido por la ley boliviana (para) que realice transacción de las acciones. Hay esas irregularidades.

Por otro lado, yo recuerdo que había una deuda impositiva considerable, si mal no recuerdo, que alcanza a un millón y  medio de dólares en adeudos tributarios; procesos ante la ex Superintendencia Tributaria en contra  de la empresa No Metallic-Quiborax, porque en realidad la empresa como tal se registra en el 2005 y recién figura Quiborax como accionista.

El 2003, el presidente Carlos Mesa dicta la ley que amplía la reserva fiscal que había sido reducida en la costra salina en el gobierno de Banzer.  Además dicta la disposición de declarar nula las concesiones.

En julio de 2004 dicta el decreto cuestionado y estamos hablando que hasta el 2003, estaban presentando en Impuestos Internos balances No Metallic y Río Grande con las mismas concesiones, o sea, dos personas jurídicas diferentes aduciendo que tienen el mismo patrimonio. Se habla de 11 concesiones, las cuatro últimas concesiones, las habría adquirido Quiborax.

Luego había denuncias en el tema ambiental, lamentablemente los daños son muy poco vistos. La empresa No Metallic-Quiborax no escapa a los daños, primero porque el año 2004,  después de un ascenso del malestar en 2003 de los movimientos sociales contra la explotación arbitraria, Comcipo pide la expulsión de la empresa que estaba en el Salar de Uyuni y uno de los argumentos era el daño ambiental en el que incurría y el contrabando y la ilegalidad con que exportaba ulexita y parte de la ilegalidad es el contrato que firma Río Grande Sur.

En marzo de 2004 y el mismo día de la fecha del decreto de Mesa hay una revocatoria de la licencia ambiental a una de las concesiones, a Cuevitas que se encontraba entre las 7 concesiones que habían transferido Río Grande Sur a Quiborax. En conclusión Quiborax tenía un adeudo ambiental que no sé si el Estado hizo notar en la defensa.

¿Parece que tuviera razón la exministra Amanda Dávila”

CR. Yo creo que la exministra ha tratado de reflejar las irregularidades de esta empresa en el Estado boliviano. Reitero la calidad de inversor se la tiene cuando se ha actuado de conformidad de las leyes y reglamentos del Estado boliviano. En este caso la empresa chilena Quiborax, especializada en la comercialización de boratos que ingresa con el tema de la ulexita por los fertilizantes, no ha cumplido con la ley boliviana.

De hecho es irregular y eso sucedía y lamentablemente el Tribunal Arbitral del CIADI lo toma como un hecho normal el que se haya constituido Non Metallic, en una empresa prácticamente ficticia, con formado por el abogado de Quiborax, su secretaria y su ayudante.

Cuando plantean el juicio  ¿el Estado ya sabía de las irregularidades de la empresa?

CR. He conocido que el año 2005,  dos funcionarios de la Superintendencia de Empresas elaboran un informe sobre posibles irregularidades de falta de incumplimiento de la norma legal boliviana de parte de la empresa. Ese informe no era muy claro a partir de los problemas que se vienen con la solicitud de arbitraje, porque primero hay una solicitud de arreglo amistoso el 2004 y luego viene  la solicitud de arbitraje en el año 2006.

Se va investigando y recopilando documentos que hacen ver las ilegalidades cometidas por esta empresa y bueno poco a poco se va construyendo todo el arsenal de argumentos de estas irregularidades, pero el proceso penal se lo inicia recién el año 2008.

¿Quién era Fernando Rojas que se presta a la propuesta de Quiborax para conformar de manera ficticia?

CR. Es un abogado boliviano, era un bufete que asesoraba a inversionistas extranjeros y bolivianos. Había una mala costumbre  aquellos años de organizar sociedades ficticias porque lo correcto era que la empresa chilena Quiborax se instituya con las leyes bolivianas en  Bolivia, eso era lo correcto, pero lo que hacen es organizar esta empresa a todas luces ficticia. Obviamente en aquellos momentos y en la visión de esos colegas abogados era algo normal, pero no puede ser normal cuando contradice la norma boliviana y por su puesto incide en el cumplimiento de la Ley tributaria.

¿Hubo igualdad en la negociación?

CR. Se tendría que ver qué daños han cometido al Estado boliviano y los hechos de octubre mandaban a fiscalizar a estas empresas por los daños que hicieron y en mi criterio son muchos.

Se habla mucho de la subprocuradora Carmiña Llorenti sobre la filtración de documentos y la prestación de su computadora a los chilenos. ¿Usted trabajó de cerca con Llorenti, qué nos puede decir sobre ella?

CR. Bueno yo trabajé con ella, como con todo el equipo del Ministerio de Defensa legal del Estado, pero respecto a ella, trabajé muy poco porque la desvinculé del Ministerio por razones de orden interno. Lo demás no conozco porque yo dejo (el Ministerio) en diciembre de 2009.

En 2009, el exministro Héctor Arce dijo que se archivará el proceso y que empresa renunciará a la compensación económica por acuerdo mutuo con Quiborax. ¿Su opinión por favor?

CR. Cuando ingreso al Ministerio, día antes el exministro de Defensa Legal hace esas declaraciones. Se habían iniciado negociaciones me parece desde año 2006 y esta última era la relativa al mes de agosto de 2009, en que se permitía a la empresa Quiborax habilitarla para volver a ser inversor. Yo no he conocido los detalles del acuerdo o de otro acuerdo que pudieran haber realizado, simplemente he recibido la información de los asesores del Estado boliviano y de los asesores del Ministerio de Defensa Legal de ese momento.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

23 Julio 2018

La Procuraduría General del Estado aclaró este lunes que el objetivo del juicio contra el expresidente Carlos Mesa es establecer la existencia o no de responsabilidad por la derrota en la demanda internacional de la empresa Quiborax en contra de Bolivia.

La aclaración se realiza horas después que el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén dijera que el exmandatario debiera reponer con sus bienes los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional. "El objetivo de las acciones judiciales que se han iniciado persiguen el resarcimiento del daño económico al Estado", sostuvo la autoridad.

“La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del ex presidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, señala el comunicado.

El Estado boliviano perdió la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), después de más de una década de juicio internacional. Actualmente las autoridades gubernamentales se han desligado de toda responsabilidad y han depositado toda la culpa en el exmandatario que revocó las concesiones a Quiborax.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: noticiasfides

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