Santa Cruz de la Sierra
21 Noviembre 2019

El Gobierno considera que, de comprobarse que Evo Morales alienta los bloqueos y financia grupos armados en el país para ejercer presión en contra de la presidenta Jeanine Áñez, debe ser juzgado como un “ciudadano común” e inclusive detenido por la Interpol en cualquier país, debido a que ya no goza del fuero de un mandatario.

El expresidente anunció el miércoles que se defenderá en los procesos que se instalen en su contra en Bolivia, entre ellos el de un abogado y del diputado Rafael Quispe por una decena de delitos, entre ellos alzamiento armado, asociación delictuosa, organización criminal, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Aunque luego puntualizó, con base en consultas que hizo con expertos, que corresponde en su caso un juicio de responsabilidades.

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, explicó este jueves, en una entrevista con la red ATB, que de acuerdo con la ley especial de procesamiento de altas autoridades del Estado “solo permite juzgar a presidentes y expresidentes por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, lo que en su criterio no aplica al caso de la llamada telefónica atribuida a él, en la que se escucha dar instrucciones para un bloqueo que prive de alimentos a los habitantes de La Paz.

“El señor Evo Morales decidió renunciar el 10 de noviembre y decidió salir del país” recordó la autoridad del Estado y luego añadió que “la Constitución le permite a un Presidente poder salir del país hasta un plazo máximo de 10 días sin autorización del congreso, siempre y cuando viaje en misión oficial”.

Para Justiniano, Morales dejó de ser presidente cuando dejó territorio boliviano con el fin de asilarse en México “para salvar la vida”.

“En el momento en que pisa el avión y sale del espacio territorial independientemente de su renuncia dejó de ser Presidente y si ese audio se confirma que es la voz del señor Morales quiere decir que cometió ese delito después de ser Presidente, por lo tanto lo cometió no en el ejercicio de sus funciones y el deberá ser juzgado como un ciudadano común”, puntualizó.

Esto implica —dijo— que las autoridades competentes deben citarlo para que el exmandatario retorne al país para asumir defensa y si no eso no ocurre se debe expedir una orden de captura internacional para que se lo detenga en el país que resida.

“Tendrá que venir, dudo mucho que quiera venir, entonces deberá expedirse una orden de captura internacional con noticia roja para que Interpol pueda proceder a su búsqueda y captura a nivel internacional en cualquier país del mundo y tendrá que responder por esos delitos”.

Justiniano aclaró que ese procedimiento corre “obviamente si se comprueba la participación en esa llamada y en los actos hostiles y en armamentar (armar) y financiar” a las personas que causan convulsión en varios puntos del país, entre ellos El Alto y Sacaba, donde fallecieron unas 17 personas.

Desconfianza en la Fiscalía

No obstante, el Gobierno desconfía de la labor del Ministerio Público, entidad a la que calificó de negligente y sin imparcialidad.

Por ello, ha decido impulsar por cuenta propia y a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) un proceso de investigación del origen del dinero que supuestamente financia los actos vandálicos.

“Como lamentablemente no vemos una investigación objetiva por parte del Ministerio Público, el Gobierno tiene que buscar otros mecanismo legales de investigación, estamos procediendo a solicitar a la UIF que se empiece a investigar el origen y procedencia de eso dineros”, dijo Justiniano.

El miércoles, en otra entrevista, esta vez en la red Uno, recordó que se en los operativos de encontró por ejemplo una mochila con una fuerte suma de dinero con precintos del estatal Banco Unión.

“Hay que investigar al interior del banco unión quine s tiene cuenta quienes podrían mantener esas cuentas, se puede hacer esa investigación, ya la estamos realizando ante la negligencia del Ministerio Publico”, anunció.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

17 Octubre 2019

La Sala Penal Tercera ha diferido para el próximo jueves 24 de octubre la audiencia de la apelación restringida presentada por Yhiery Fernández a su sentencia de 20 años de prisión en el caso de la muerte del bebé Alexander. El médico teme que le instalen un nuevo juicio.

El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, explicó que la vista judicial se reprogramó debido a la ausencia de los testigos que la defensa presentó para esta fase.

El 27 de marzo de 2018 un tribunal conformado por los exjueces Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladis Guerrero condenó a Fernández a 20 años de cárcel por considerar que “violó” al bebé Alexander en un centro de acogida. La defensa apeló la resolución en mayo del mismo año.

El caso fue marcado por el escándalo en septiembre de 2018, cuando se filtró un audio en el que Pacajes, ebria y en compañía de sus colegas, contó que Fernández era inocente, que el bebé no fue violado, y que ella y sus colegas actuaron bajo presión.

Luego, el 16 de noviembre, la Justicia dispuso que Fernández se defienda en libertad.

Este jueves el médico reclamó porque teme que la Fiscalía insista en su acusación y por ello busque instalar otro juicio a través del reenvío a “fojas cero” del proceso.

 “Quieren buscarme un delito a como dé lugar, no me parece, he estado cuatro años en un juicio donde estaba amordazado, me han juzgado entre cuatro paredes, hacían de mí lo que ellos querían, unos fiscales inquisidores, unos jueces que parecían ejecutores que pedían mi cabeza”, dijo en declaraciones a radio Compañera.

Antes, había deslizado en otro contacto con la prensa ese supuesto intento de enjuiciarlo.

“No me van a acusar de violación, entonces me van acusar de otra cosa, a mi entender eso estoy captando ¿Hasta qué punto van a mellar mi dignidad, van a mellarme moral y emocionalmente? ¿Hasta qué punto van a vulnerar mis derechos?”, inquirió.

Consultado por el futuro del proceso y la postura de la Fiscalía, Alave recordó que la apelación presentada por el Ministerio Publico fue retirada sobre la base de “fundamentos que los vamos a hacer conocer al tribunal”.

“Al momento de retirar la apelación ya tenemos una posición que prefiero darla ante el órgano competente que es en este caso los vocales”, dijo y luego añadió ante la insistencia de los periodistas que “dejemos trabajar a los vocales porque tienen que hacer una evaluación de todos los antecedentes”.

Luego puntualizó que “lo que está pidiendo parte de la defensa es anular el juicio y hacer un juicio de reenvió, eso es lo que corresponde y veremos qué es lo que determina la Sala Penal”.

Sin adelantar criterios y al referirse a la prolongación del proceso por otros años más para resolver el caso y la situación de Fernández, Alave dijo que “tendríamos que pedir la celeridad”

La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, también se sumió a las críticas sobre el supuesto juicio y anticipó que “vamos a ponernos en huelga a hambre, vamos a ir al Ministerio de Justicia donde el doctor (Héctor) Arce, ni se les ocurra (ir a otro proceso)”.

El abogado de Fernández, Cristian Alanes, anunció en una entrevista con la red ATB, el martes, que “vamos a pretender lograr una absolución directamente en sala penal”.

No obstante, el jurista anunció que la Justicia puede optar por tres caminos: confirmar la sentencia de 20 años de cárcel en contra de su defendido; anular la sentencia, pero emitir orden de “reenvío” para que se instale nuevamente el juicio en otro tribunal de sentencia, o absolverlo. Alave dijo que no existe esta última figura.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

26 Septiembre 2019

Las plataformas por el 21F a nivel nacional, junto al CONADE, tendrán un congreso nacional el fin de semana donde debatirán el juicio de responsabilidades contra Evo Morales y los principales responsables de los incendios que devastaron más de 3 millones de hectáreas en el país.

Uno de los principales líderes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), Rolando Villena, mencionó que en la cita se debatirá la conformación de un comité impulsor de un “juicio de responsabilidades que se va a llevar a cabo en la próxima legislatura”.

El exdefensor del Pueblo señaló asimismo que el Comité impulsor del juicio de responsabilidades establecerá elementos jurídicos y políticos en cuanto a “quiénes han sido los responsables materiales e intelectuales de esta política depredadora que caracterizo a este régimen”.

“Un tema tan importante es el juicio de responsabilidades por todo lo que se ha ido afectando; es parte de esta agenda”, recalcó otra activista de las plataformas por el 21F.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

 

20 Septiembre 2019

Un juez argentino envió este viernes a juicio a la expresidenta Cristina Fernández y al resto de imputados de la conocida como "causa de los cuadernos", en la que se investiga si la candidata a la Vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su Gobierno.

Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado Claudio Bonadio decidió clausurar la instrucción y elevar a juicio el caso, en el que Fernández -senadora desde 2017- está acusada de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa y cohecho pasivo.

Además, el juez, como ya hizo otras veces, solicitó al Senado que debata y apruebe el desafuero de la exmandataria (2007-2015), con el fin de que sea detenida y cumpla con la prisión preventiva que ya ordenó cuando dictó su procesamiento el 17 de septiembre del año pasado.

Sin embargo, al igual que en el resto de ocasiones, no se espera que ese pedido fructifique en la Cámara Alta, al estar dominada por el peronismo, al que Fernández pertenece.

La causa, de la que se desprenden varios expedientes, se destapó en agosto de 2018 cuando una investigación periodística desveló los cuadernos que durante más de una década elaboró un chofer ministerial, Oscar Centeno, en los que supuestamente detalló los viajes que hacía por Buenos Aires para entregar bolsas con millones de dólares a funcionarios kirchneristas.

Este juicio, que afecta no solo a destacados exaltos cargos sino a algunos de los más importantes empresarios del país y que todavía no tiene fecha, se suma a la decena de causas en las que la exmandataria ya está procesada -la mayoría por presunta corrupción- y se produce en plena campaña electoral para las presidenciales del 27 de octubre, a las que Fernández y su candidato a la Presidencia, Alberto Fernández, llegan como favoritos.

En su resolución sobre la llamada "causa madre", Bonadio sentará en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y a otros 52 imputados más, entre funcionarios como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido -encargado máximo de la política de licitación de obras y ya en prisión desde 2017- y empresarios como Ángelo Calcaterra, primo hermano del actual presidente, Mauricio Macri.

Fernández, que retornó la pasada madrugada de Cuba -país al que viaja regularmente para visitar a su hija Florencia, que es tratada allí por diversos dolencias- ya enfrenta desde finales de mayo pasado su primer juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.

En la "causa de los cuadernos", Bonadio -juez al que la propia expresidenta ha recusado en diversas ocasiones, convencida de ser víctima de una injusta persecución política y judicial- apunta a que el matrimonio Kirchner fueron "los jefes" de ese "sistema ilegal de recaudación" en el ámbito del Ministerio de Planificación y los "beneficiarios finales" de los sobornos.

En los presuntos cuadernos de Centeno -no se conservan los originales, solo fotocopias- el chofer daba cuenta de los viajes que presuntamente hacía a la residencia presidencial y al apartamento privado de los Kirchner en Buenos Aires para llevar dinero recaudado.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

17 Septiembre 2019

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) informó que alistará un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales y sus colaboradores, por traición a la patria respecto a los incendios forestales que aquejan al país.

El juicio, según explicó Conade, se basará en el artículo 124 de la Carta Magna, el cual tipifica como traición a la patria el violar el régimen constitucional de recursos naturales.

También hace referencia al artículo 347, en el cual se “declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”.

Para concretar el proceso contra el mandatario y sus colaboradores, el Conade anunció que conformará un comité de redacción de la proposición acusatoria, con participación de instituciones de la sociedad y Derechos Humanos,  cuyo producto deberá estar terminado la primera quincena de enero del 2020.

No obstante, advirtió que para tener un juicio imparcial, el próximo gobierno debe nombrar un nuevo Fiscal General y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, porque no confían en que las actuales autoridades garanticen un proceso justo.

Al momento, lo incendios en la Chiquitanía ya han afectado a alrededor de dos millones de hectáreas. Ambientalistas y opositores culpan a las políticas del Gobierno de ampliar la frontera agrícola y permitir los chaqueos como causa del desastre.      

Movilización

El Conade convocó a una movilización para el viernes 20 de septiembre en defensa de los boques.

Convocó a movilizarse en plazas, atrios de Iglesias, universidades calles y caminos a las 19 horas, con flores, guitarras carteles y animales que acompañen.

El pronunciamiento de Conade señala que la protestas busca “dar nuestro rugido de indignación por el ecocidio que se está cometiendo en Bolivia, una plegaria por los animales muertos, los árboles calcinados, las plantas quemadas, los aires y las aguas contaminadas, un canto de amor por nuestra madre tierra un acto de desagravio por la agresión cometida por los ganaderos, traficantes de tierras, agro negociantes, colonizadores y gobernantes que son los autores directos de este crimen”.

 Redacción: Leo.com     

Fuente: Erbol

 

                                   

  

26 Agosto 2019

El legislador indígena, Rafael Quispe, por un lado, y el Conade, (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) por otro, anunciaron un juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales por las políticas y normativas promulgadas que, según ellos, derivaron en los incendios en los bosques y áreas protegidas del Oriente boliviano.

“Mis hermanos de los pueblos indígenas (…), me han pedido que haga juicio de responsabilidades a Evo Morales por el delito de ecocidio, por el delito de biocidio”, aseveró el diputado originario del ayllu Sicuypata de Coro Coro. 

Quispe agregó que los representantes originarios requieren que se declare desastre nacional para que ingrese la ayuda internacional porque le manifestaron que “viven un infierno”.

En ese sentido, Quispe criticó dos leyes y un decreto supremo, que según él, “son la base jurídica para que desmonten sin tomar ningún recaudo”. Se trata de la Ley 741 de Desmonte, la Ley 1171 de uso y manejo racional de quemas, y el cuestionado decreto 3973, que permite desmontes para incrementar la frontera agrícola.

De su lado, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena como representante del Conade, señaló que van a “estructurar un juicio de responsabilidades contra todos aquellos que han firmado el decreto supremo 3973”; en alusión a Morales y su gabinete de ministros que firmaron la normativa el pasado 9 de julio.

Villena añadió que se reunirán elementos e indicios para constatar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, derechos constitucionales y democráticos.

“No solo es problema de la Chiquitanía sino de un pulmón del planeta”, enfatizó el activista y jurista.

Junto al legislador Quispe y al Conade, son ya varias las voces que se han pronunciado por un juicio de responsabilidades al primer mandatario boliviano.  

Uno de los primeros en plantear la moción, fue el activista Alex Villca, un indígena de San José de Uchupiamonas, en la Amazonía boliviana, quien se pronunció en contra del mencionado decreto por la violación de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

Villca representa a la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Areas Protegidas (Contiocap).

Canciller: La oposición hace política con el desastre que sufre la gente

Desde  el gobierno, el canciller Diego Pary, al ser consultado sobre los planteamientos de juicos, respondió que el gobierno está trabajando en la mitigación del fuego y están concentrados en atender a la población afectada así como en canalizar la ayuda internacional.

“No nos preocupa la oposición, está en su propia dinámica: hace política con el desastre que sufre la gente”, aseveró el jefe de la diplomacia boliviana.

Agregó además el titular de Relaciones Exteriores que la información falsa está haciendo daño a la población en redes sociales.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

 

 

20 Agosto 2019

Jennifer Lopez se encuentra celebrando sus 50 años con una espectacular gira mundial que ha tocado países tan lejanos como Rusia e Israel; sin embargo, pese al éxito de estas presentaciones, le ha surgido un gran lío legal: una demanda en Egipto por el vestuario que usó en un show.

Según la prensa, el abogado egipcio Samir Sabri decidió demandar a Jennifer por “actuar desnuda”. El problema surgió cuando Jlo actuó en El Alamein, en dicho país, y el concierto lo patrocinó una constructora local llamada Orascom, propiedad de una familia cristiana; cuando comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de su presentación, Sabri se molestó y decidió demandar.

Para el letrado (un personaje polémico que ha demandado hasta a un periodista por haber entrevistado a una marioneta), Lopez actuó “desnuda y con vestidos transparentes”, y no vio con buenos ojos que la superestrella se presentara así cuando mucha gente se encuentre rezando en el monte Arafat. ¿En qué acabará la demanda?

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

16 Agosto 2019

El Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro anuló la orden de aprehensión contra la exministra Nemesia Achacollo, debido a que ella aseguró que se presentará ante ese tribunal; mañana la exautoridad comparecerá por primera vez en un juicio oral por el caso Fondo Indígena.

"Siendo que existe dicho compromiso de asistir a la audiencia de juicio oral señalado, se deja sin efecto el mandamiento de aprehensión y las medidas dispuestas para la conducción de la testigo al juicio oral y no habría mayor necesidad de formalismo y recomendar su asistencia de manera puntual y responsable", refiere la resolución judicial a la que tuvo acceso la agencia ANF.

El pasado 26 de julio, ANF informó que la exministra no se presentó a declarar como testigo en juicio oral por el Fondo Indígena en contra de Marco Aramayo y otros, por eso, los jueces dispusieron su aprehensión. 

En ese entonces, Achacollo justificó que no fue notificada con el permiso judicial del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, instancia que dispuso su detención domiciliaria en Montero, Santa Cruz, por otro caso del Fondo Indígena y esa situación le impidió llegar hasta la ciudad de Oruro.

La defensa de la exautoridad hizo anular esa primera resolución de aprehensión porque tenía errores en su emisión en las fechas y haciendo notar que la citación fue notificada a destiempo. El Tribunal anuló la orden, subsanó los defectos y dispuso un segundo mandamiento de apremio.

Sin embargo, Achacollo hizo conocer, a través de sus abogados, su voluntad de prestar declaración en este caso y por esa razón, el 13 agosto los jueces del Tribunal dejaron sin efecto la aprehensión y posteriormente notificaron a las partes del caso.

Mirko Suznábar, abogado de la exministra, dijo su defendida se presentará este sábado en estrados judiciales de Oruro y es la primera vez que declarará como testigo en juicio por el denominado caso Fondo Indígena.

"Nemesia Achacollo ahora sí ha sido notificada de manera legal, el juez de la causa ha autorizado la salida judicial para que ella vaya a presentarse en calidad de testigo en la ciudad de Oruro, se han cumplido con todas las formalidades de ley. Ella va a estar presente mañana a efectos de prestar su declaración", manifestó el abogado.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

 

 

 

 

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