Santa Cruz de la Sierra
11 Noviembre 2016

El diputado opositor Tomás Monasterio afirmó que la decisión judicial de no excluir a Ronald Castedo Allerding del juicio en el caso de presunto terrorismo, pese a su delicado estado de salud, es sentenciarlo a muerte, y responsabilizó al presidente del Estado, Evo Morales, y al Gobierno del MAS, si algo sucede con la vida del acusado.

“Condenamos que se insista con mantener al señor Castedo en el proceso, cuando se tiene conocimiento formal de que sólo el 20% de su corazón está funcionando. En los hechos es una sentencia de muerte que le están dando (al acusado) el presidente Morales y su gobierno”, manifestó el parlamentario Demócrata.

Monasterio calificó de imperdonable que los operadores de justicia en el país no sean capaces de garantizar el bien jurídico más preciado de las personas, que es la propia vida.

Así, el legislador dijo lamentar que la justicia boliviana pretenda evadir su responsabilidad sobre la integridad física del acusado, insistiendo en presentarlo en el juicio sin garantizar sus condiciones de seguridad.

“Nadie quiere evadir este proceso. Los acusados son los mayores interesados en que se llegue a la verdad, pero responsabilizamos de manera expresa a Evo Morales y su gobierno si no garantizan la vida de Castedo y de los otros detenidos”, concluyó el parlamentario.

Himno cruceño

Durante la conferencia de prensa, el diputado Monasterio rechazó con duras críticas la pretensión del exalcalde procesado de San Miguel de Velasco, Pedro Damián Dorado (MAS), de cambiar la letra del Himno Cruceño, así como la entonación de este con una letra diferente durante un acto en un establecimiento educativo de Concepción.

“La responsabilidad de este hecho no pasa solo por el director o profesores de ese colegio, sino también de los instigadores. Condeno la actitud del señor Dorado y del MAS, de instigar públicamente a delinquir y tratar de borrar con el codo lo que se ha escrito en los libros de oro de la historia de Santa Cruz”, expresó el parlamentario de oposición.

Finalmente, Monasterio emplazó a Dorado a responder ante la justicia por los ocho procesos que tiene en la justicia y denunció que la propuesta del exalcalde masista de modificar la letra del himno trata de evadir su responsabilidad ‘en el rosario de acusaciones, denuncias y procesos que tiene por corrupción’.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Agencias

01 Noviembre 2016

La Fiscalía General del Estado rechazó un juicio de responsabilidades al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a exministro Carlos Sánchez Berzaín y todo su gabinete de ministros por el proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y su transferencia a la empresa Cruz Blanca, y  ordenó el archivo definitivo de  obrados, que inicialmente fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la Resolución a la que  tuvo acceso ERBOL en fuentes de la Fiscalía de La Paz,  el Fiscal General en Suplencia Legal Roberto Ramírez, firmó el rechazo de la denuncia contenida en la proposición acusatoria y, en consecuencia, su archivo en favor de Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante.

La resolución también beneficia a José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Fernando Candia Castillo, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy e Irvin Alcaraz del Castillo inicialmente acusados por el delito de incumplimiento de deberes.

También levantó cualquier responsabilidad por los delitos de Contratos Lesivos al Estado,  contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Fernando Candia, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos. Igualmente por los delitos de conducta Antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contra Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otásevic, René Osvaldo Blattmann, Freddy Teodovic, Moisés Jarmusz e Irving Alcaraz.

La Fiscalía libera de culpa a José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya por el delito de contratos lesivos al Estado.

La resolución del 13 de octubre último, aclara que “la decisión que no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la han fundamentado. Al emitirse la presente resolución en el marco de la Ley N| 014 y no existiendo superior jerárquico en el Ministerio Público al Fiscal General conforme al Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no cabe objeción prevista en el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal”.

El juicio fue autorizado el 13 de enero de 2016  por la Asamblea Legislativa en el marco de una investigación al proceso de la privatización/capitalización. Sin embargo la Fiscalía General desvirtuó el trabajo del Legislativo porque de acuerdo al Art 304, numeral 3, la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la acusación.

De acuerdo a los antecedentes, Sánchez de Lozada,  mediante el decreto 24165 de 1995 convirtió a parte de ENFE en la Empresa Ferroviaria Andino SAM (FCA-SAM) con un valor –que figura en la norma- de 137 millones de bolivianos. Luego, mediante el decreto 24186, Sánchez de Lozada y sus ministros capitalizaron FCA-SAM a la empresa Cruz Blanca por 66 millones de bolivianos, la mitad de su valor real.

Se conoce que durante la etapa investigativa, ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín ejercieron representación alguna para asumir defensa ante la acusación, por lo que el sobreseimiento absoluto fue más una conclusión de la fiscalía que un mérito de la defensa legal.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

27 Octubre 2016

Diputados de la oposición de Venezuela denunciaron el jueves un corte de energía eléctrica en el hemiciclo para intentar evitar la continuación de la sesión donde se discute el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro.

En medio de un agravamiento de la crisis política, el Parlamento, dominado por la oposición, aprobó el martes el inicio de un juicio político al mandatario socialista bajo acusaciones de quebrar el orden constitucional.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, donde Dilma Rousseff terminó siendo destituida, la decisión de la Asamblea Nacional (AN) podría ser bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos de aliados de Maduro.

"Informo que cortaron la electricidad en el Palacio Federal Legislativo y en el edificio administrativo de la AN", escribió el presidente del Congreso, el opositor Henry Ramos, en su cuenta de Twitter. Pese a todo, la junta directiva de la AN advirtió que la sesión no se suspenderá.

Parlamentarios opositores han denunciado que el Gobierno ahoga su trabajo diario con cortes de luz, prohibición para abordar vuelos comerciales y usando al máximo tribunal del país para bloquear las leyes que sancionan.

Buscando todos los resquicios legales para acortar el mandato de Maduro, la AN evaluará además la figura de "abandono del cargo", argumentando que el presidente traicionó los designios para los que fue elegido, como respetar la Constitución, la democracia y buscar el bien común. Esa figura contempla la convocatoria a elecciones.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso un referéndum revocatorio contra Maduro. La medida irritó a la oposición, que pretende celebrar la consulta antes del 10 de enero del 2017 ya que, si se hace luego de esa fecha y Maduro es revocado, no se celebrarían nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato, asegurando la permanencia del "chavismo" en el poder hasta 2019.

En reclamo por la suspensión del referéndum, cientos de miles de opositores inundaron las calles del país el miércoles, en una protesta que terminó con un policía fallecido y un llamado a un paro general el viernes. La oposición advirtió, asimismo, que marchará el 3 de noviembre hacia el Palacio de Gobierno si el CNE no reactiva el plebiscito.   

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: Reuters

25 Octubre 2016

Un día después del anuncio del Vaticano sobre el inicio de un diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, este martes la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, acordó la apertura de un proceso de juicio político contra el presidente.

La resolución aprobada por el Parlamento señala que se acordó "votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro (…) y que la comisión prepare el inicio del estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo".

La aprobación del proyecto se dio, una vez más, en un clima caldeado entre protestas de los parlamentarios chavistas y gritos en plena sesión.

Incluso se vivió un momento de tensión cuando se produjo un forcejeo entre los diputados Héctor Rodríguez, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y José Manuel Olivares, de la Mesa de la  Unidad Democrática (MUD).

Una vez aprobada la resolución, los diputados chavistas se retiraron del hemiciclo y los opositores entonaron las estrofas del himno nacional.

El acuerdo, además, llama a Maduro a asistir a la Asamblea el próximo 1 de noviembre para que "se someta al escrutinio del pueblo".

El domingo pasado la AN aprobó un acuerdo para restablecer el orden constitucional tras la suspensión de la recolección de firmas que buscaba activar el referendo revocatorio contra Maduro y convocó a una nueva sesión para este martes.

A horas del inicio de la "toma de Venezuela", Estados Unidos pidió al régimen de Nicolás Maduro entablar un "diálogo serio" con la oposición

"Hasta que no se restituya el orden constitucional es imposible realmente que haya un proceso de diálogo. (…) No caigamos en el juego del Gobierno, que quiere dividirnos", manifestó el ex candidato presidencial Henrique Capriles, al reiterar la convocatoria a la marcha nacional de este miércoles.

Dirigentes de los tres principales partidos de la MUD, como Capriles, el jefe parlamentario Henry Ramos Allup y el preso político Leopoldo López, entre otros, negaron la noche del lunes el comienzo de un diálogo, que poco antes había anunciado el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP

30 Septiembre 2016

Neymar abrió un nuevo capítulo judicial en su vida y en esta ocasión eligió emprender una batalla legal contra el Estado de Brasil, por supuesta filtración de datos a la prensa, por parte de las autoridades nacionales.

El juez a cargo, Eduardo Santos, señaló al portal UOL que hay indicios "que sugieren que la prensa obtuvo acceso a informaciones de forma prematura, es decir, incluso antes de que los interesados del proceso administrativo fiscal hayan sido informados".

Además, se conoció que la demanda por "daños morales" se presentó en mayo pasado junto con un pedido por parte del futbolista del Barcelona para que se tomen medidas que eviten que esto vuelva a suceder.

Los documentos filtrados están vinculados con la investigación que el fisco brasileño lleva adelante contra Neymar por haber evadido impuestos por un monto de 19,7 millones de dólares, cuando firmó su transferencia del Santos de Brasil al Barcelona en 2013.

Una investigación similar lleva adelante la Justicia española, por posible fraude del club catalán, del que se sospecha haber pagado mucho más dinero por el pase del jugador, que lo que figura en el contrato, para evadir impuestos.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

29 Septiembre 2016

“Me recontraretracto ¿Qué puedo hacer? El sistema es tan poderoso”. Así el periodista Humberto Vacaflor retiró sus dichos sobre Evo Morales, por los cuales el Presidente lo enjuició por calumnia, difamación e injuria.

A mediados de este año, Vacaflor dijo en el programa televisivo “Encontrados” que Evo Morales había ordenado el asesinato de los esposos Andrade, quienes murieron brutalmente a manos de cocaleros en el año 2000.

Morales lo denunció y se activó un proceso, en el cual un juez ordenó al periodista retractarse en el mismo medio.

La noche del miércoles 28 de septiembre, Vacaflor regresó al mismo programa de televisión y retiró su afirmación.

El periodista galardonado reconoció que incurrió en una “falla periodística”, porque no aclarar que la versión sobre la orden de Evo Morales se basó en testimonios de la época.

Argumentó que no pudo terminar de aclarar la fuente de sus dichos sobre Morales por una mala conexión de Skype.

El abogado de Vacaflor, Elías Estrada, dijo anteriormente que con la retractación debería extinguirse el proceso, pero el periodista expresó su duda al respecto.

Vacaflor agregó que “este es un mal precedente, (porque) podría ser un nuevo estilo para pasarse por encima de la Ley de Imprenta”. Lamentó que el juez no le permitió objetar el juicio, para llevarlo a un Tribunal de Imprenta.

Recordó que por su labor periodística tuvo que salir exiliado en las dictaduras de Hugo Banzer y Luis García Meza, pero hoy a sus 73 años ya no tiene ganas de salir del país.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

28 Septiembre 2016

El periodista Humberto Vacaflor, ganador del último premio Libertad de la ANP, llegó a La Paz para conocer su situación respecto a la demanda que interpuso en su contra el presidente Evo Morales, por los delitos de difamación y calumnia. El juez Tercero de Instrucción de La Paz, René Delgado, fijó para este miércoles a horas 09:00 el inicio del  juicio contra el periodista.

Vacaflor dijo que está en La Paz “para hablar con mi abogado y saber cómo vamos a encarar la defensa; estamos esperando elaborar la estrategia y no sabemos absolutamente nada, ni siquiera qué va a suceder mañana”. El periodista pidió mantener el caso en reserva ya que el proceso está en manos de la justicia.

Vacaflor es acusado de difamación, calumnia e injuria por el presidente Morales por haber señalado en el programa de TV Encontrados, de Católica TV y que dirige Gonzalo Rivera, que fue el Primer Mandatario quien ordenó la muerte de los esposo Andrade, asesinados por bloqueadores cocaleros el año 2000.

Recientemente, el exsenador del MAS Filemón Escobar, dijo haber estado en un ampliado de cocaleros en el que fue Morales, entonces diputado, ordenó el asesinato de los esposos Andrade. Morales ha negado aquello y un juez cerró el proceso por falta de pruebas.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

09 Septiembre 2016

Uno de los magistrados de la Corte Suprema brasileña negó el primero de los recursos judiciales que la ahora ex presidente Dilma Rousseff presentó contra la decisión del Senado de despojarla del mandato por supuestas irregularidades en las cuentas públicas, informaron fuentes judiciales.

Teori Zavascki, uno de los once magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF) y a quien fue distribuido el primero de los recursos contra el proceso político de destitución, rechazó la petición de los abogados de Rousseff para anular la audiencia en que el Senado la destituyó.

El recurso fue presentado por el defensor de la ex jefe de Estado y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, un día después de la votación del 31 de agosto pasado en que el Senado, por 61 votos contra 20, declaró a Rousseff responsable de crímenes de responsabilidad, los que justifican una destitución presidencial. Así, la Cámara alta la despojó definitivamente del mandato.

La misma votación convirtió automáticamente en presidente con plenos poderes de Brasil a Michel Temer, vicepresidente de Rousseff y que venía ejerciendo como gobernante interino desde el 12 de mayo pasado, cuando el Senado decidió abrirle el juicio político con fines de destitución a la entonces mandataria.

En su primer recurso ante la máxima corte de justicia del país, Cardozo pidió que la votación del Senado fuese anulada por haber incurrido en violaciones a la Constitución y por errores procesales.

Según el abogado, la mandataria no tuvo derecho a una amplia defensa y fue destituida con base en acusaciones que no constaban en el informe en que el Senado se basó para abrir un juicio en su contra.

El abogado de Rousseff también cuestionó la validad constitucional de dos artículos de la ley de 1950 que reglamentó los juicios con fines de destitución contra el jefe de Estado por considerar que perdieron su efecto tras la promulgación de la Constitución de 1989.

Cardozo también solicitó en el recurso rechazado que Temer volviese a ser considerado interino por lo menos hasta un nuevo juicio en el Senado.

Además del recurso negado, Cardozo presentó otros dos para pedir la anulación del juicio político con el argumento de que "no se respetó el derecho al debido proceso" en el Senado, órgano legislativo que, en su opinión, actuó como tribunal, y de que en el proceso no había una "justa causa" para justificar la destitución.

En el primer caso, citó como ejemplo de violaciones al derecho del debido proceso el hecho de que "varios senadores declararon su intención de condenar (a la presidente) incluso antes de la fase de producción de pruebas", lo cual "viola todas las normas jurídicas".

Sobre las supuestas irregularidades fiscales que justificaron la acusación y la posterior condena, Cardozo insistió en que "son sólo un pretexto" y no constituyen los "presupuestos jurídicos" que la Constitución y las leyes contemplan para destituir a un mandatario.

Pero, además de la defensa, algunos partidos políticos adversarios de Rousseff también presentaron recursos contra el juicio político por una maniobra jurídica de última hora que le permitió a la ex presidente salvarse de la inhabilitación política por ocho años.

La decisión de admitir dos votaciones -una sobre la destitución y otra sobre la inhabilitación- fue adoptada por el propio presidente del STF, Ricardo Lewandowski, quien moderó el proceso en el Senado, a petición del Partido de los Trabajadores (PT).

Miembros de la formación de Temer, el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y varios de sus aliados presentaron recursos para pedir la nulidad de la votación que permitió a Rousseff mantener sus derechos políticos.

Algunos de tales recursos fueron rechazados este mismo jueves por la magistrada Rosa Weber, otra de las integrantes de la Corte Suprema y quien pidió un plazo para pronunciarse sobre otros cinco recursos que cuestionan la división de la votación que favoreció a Rousseff.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente EFE

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