Santa Cruz de la Sierra
02 Agosto 2016

El juicio político a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, entra desde este martes en su fase final, con la retomada de las audiencias en la comisión del Senado a cargo del proceso.

El primer paso del reinicio del trámite, que eleva la temperatura política del país y le puede costar el cargo a Rousseff, fue dado este martes, cuando el instructor del proceso, el senador Antonio Anastasia, presentó a la comisión un informe en que el recomienda que la causa avance hacia la destitución.

El informe que Anastasia entregó a esa comisión de 21 senadores será debatido el próximo miércoles y votado al día siguiente, según el cronograma de trabajo ya acordado con la Corte Suprema, que es corresponsable del juicio contra Rousseff.

El viernes, cuando el país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación el próximo día 9.

Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida o recobrará el poder, que desde el 12 de mayo pasado ejerce interinamente su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.

Esa última sesión, que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.

Anastasia elaboró su informe tras la conclusión de la fase de instrucción, en la que fueron escuchados 39 testigos presentados por la defensa y apenas cuatro propuestos por la parte acusadora.

Rousseff ha sido acusada de irregularidades con los presupuestos, de contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir una serie de decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.

Además de lo escuchado de los testigos, el informe del instructor también se apoya en documentos preparados por la Fiscalía y por un grupo de técnicos del Senado, expertos en asuntos presupuestarios.

La Fiscalía ha dicho que los cargos formulados contra Rousseff no configuran delitos penales, pero que sí hay indicios de conductas como "falta de probidad" en el manejo del dinero público, lo cual la Constitución contempla como una posible causa de destitución.

El documento elaborado por los expertos del Senado consideró que con los decretos que alteraron los presupuestos, Rousseff cometió serias irregularidades, pues la ley impide que sean dictados sin la debida aprobación parlamentaria.

Sobre las otras acusaciones, dijeron que no se comprobó la participación "directa" de Rousseff, lo cual, de acuerdo a la parte acusadora, no la exime de una "grave omisión", que la defensa niega.

La defensa de Rousseff, a cargo del ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, alega su plena inocencia y sostiene que los hechos que justifican la acusación son sólo meras "faltas administrativas" en las que, además, han incurrido otros gobernantes.

También afirma que no hay dolo ni corrupción, y que el proceso es en realidad "un golpe de Estado parlamentario" mediante el cual los sectores más conservadores del país, encabezados por Temer, quieren desalojar del poder a un Gobierno comprometido con los más pobres.

Temer niega haber conspirado contra Rousseff, pero desde que está en el Gobierno lo ejerce como si fuera "para quedarse" y completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, según dijo la semana pasada en un encuentro con corresponsales extranjeros.

"Pienso que el Senado evaluará las condiciones políticas de quien está en el Gobierno y de quien estuvo antes", indicó Temer, quien se jacta de que, desde que asumió el poder, el país se ha "calmado" y la crisis política que condujo al proceso contra Rousseff empezó a ser "superada".

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

29 Julio 2016

Un tribunal aceptó este viernes las denuncias que fueron formuladas contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras seis personas acusadas formalmente de intentos de "obstrucción a la Justicia" vinculados al escándalo de Petrobras.

Esas acusaciones fueron aceptadas a trámite por el juez federal Ricardo Leite y afectan a Lula, al ex senador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcídio Amaral y a su asesor Diogo Ferreira, al banquero André Esteves, el empresario José Carlos Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai y al abogado Edson Ribeiro, confirmó el tribunal.

Los cargos se refieren a supuestos intentos de sobornar a uno de los ex directivos de Petrobras implicados en las corruptelas en esa estatal a cambio de que se negara a cooperar con la Justicia en las investigaciones.

La acusación que por primera vez convierte a Lula en reo de la Justicia fue aceptada un día después de que el ex presidente acudiera, a través de sus abogados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de una "persecución política y judicial" en Brasil.

La base del proceso está en un acuerdo de cooperación que el condenado ex senador Amaral pactó con la Justicia y por medio del cual denunció que Lula le encargó pagar 250.000 reales (unos 77.000 dólares) para "comprar el silencio" del ex director de Petrobras Nestor Cerveró, arrestado por las corruptelas en la petrolera.

Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la presidente Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución, quien no fue citada en el proceso iniciado hoy por el juez Ricardo Leite.

Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, los otros acusados en este caso colaboraron con ese intento de soborno, con lo que responderán por el mismo cargo de obstrucción a la Justicia que ahora pesa contra Lula, uno de los líderes más carismáticos que ha tenido Brasil y quien gobernó entre 2003 y 2011.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

29 Julio 2016

El periodista Humberto Vacaflor indicó que de ser necesario se retractaría de haber afirmado que Evo Morales ordenó un asesinato, motivo por el cual el presidente le sigue un proceso penal por difamación.

Vacaflor, dijo en el programa televisivo Encontrados, que “los cocaleros asesinaron a una pareja por orden de Evo Morales”, en referencia a la muerte de los esposos Andrade en 2000.

El periodista anunció que pedirá llevar ese caso a un Tribunal de Imprenta, porque en esta instancia se abre la posibilidad a una conciliación, por ejemplo, que la persona afectada tenga la oportunidad de dar su versión, en el mismo espacio en el mismo medio de comunicación.

“Voy a pedir que se pase el tema a la Ley de Imprenta, si es necesario hacer una explicación, una retractación, la voy a hacer”, afirmó en entrevista con ERBOL.

En su defensa, Vacaflor recordó que en periódicos como Los Tiempos y La Razón se publicaron notas en las cuales se recogió el testimonio de testigos de la muerte de los esposos Andrade. Explicó que, según estas versiones, Evo Morales dijo que no quería ver más vivos a “esos perros”.     

Señaló que extrañamente desapareció una crónica de ese hecho en la página digital de Los Tiempos, pero que él tiene una fotocopia de esa publicación y la exhibirá.

Vacaflor aseveró que el proceso en su contra demuestra el intento del Gobierno de sepultar la libertad de expresión en Bolivia y que se lo eligió a él porque es el último ganador del Premio Libertad.

Aseguró que no saldrá del país, alegando una persecución política, y reiteró que en un Tribunal de Imprenta podría llegar a retractarse.

“Yo lo que podría hacer es dar una explicación, demostrar los documentos, que los hay del momento, y quizás hacer una retractación, pero creo que como periodistas estamos obligados a decir la verdad”, sostuvo.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

21 Julio 2016

Un grupo disidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) pidió mantener el proceso contra al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de haber promovido la matanza de campesinos del Porvenir.

La Asamblea de La Paz emitió un pronunciamiento en el que respalda a Carvajal y hace notar que el juicio “está manipulado políticamente”.

“Este proceso, asimismo, era y es manipulado políticamente, por lo que es fácil deducir que en él no se obtendrá una resolución imparcial”, indica el pronunciamiento firmado por el presidente de la entidad, Remberto Cárdenas, y otros ejecutivos.

Sin embargo, otra facción de la entidad está a favor de proseguir apoyando el juicio contra Fernández y criticó con dureza a Carvajal.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

05 Julio 2016

Luis Miguel perdió una demanda judicial en Estados Unidos y tendrá que pagar más de un millón de dólares a su ex asistente, William Brockhaus. Ese sujeto llevó a la Justicia al cantante por presunto incumplimiento de contrato.

El mexicano deberá abonar 549.000 dólares al demandante, más 359.000 dólares de gastos del juicio y 98.000 dólares por los intereses de la indemnización.

Brockhaus denunció a Luis Miguel ante la Justicia en los Estados Unidos en 2015. El ex asistente de "El Rey Sol" aseguró frente al juez que el artista se negaba a pagarle lo que se había comprometido por sus servicios.

El cantante echó Brockhaus por errores en operaciones inmobiliarias en Acapulco y Miami, que le causaron perjuicios financieros. Entre 2012 y 2014, en el tiempo en el cual trabajaron juntos, el mexicano facturó 19,9 millones de dólares por sus shows, mientras que su ex empleado se llevó 1,5 millones de dólares por sus tareas.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Teleshow

28 Junio 2016

El proceso judicial de orden privado abierto contra una periodista de Santa Cruz, no acabó gracias a los efectos de la Ley de Imprenta, sino porque la acción penal iniciada por el afectado prescribió, debido que el juicio sobrepasó el límite del tiempo procesal, incluso de la máxima pena estipulada para los delitos de calumnia y difamación.

El juez Octavo de Sentencia de la Casa Judicial de la Pampa de la Isla, Johnny Zenteno, explicó a los periodistas que su determinación está apegada al procedimiento penal, pero aclaró que está abierta la vía de juzgamiento por los mismos delitos a la periodista Yolanda Limpias, pero ya no en la vía ordinaria, sino en base a la Ley de Imprenta.

Zenteno aclaró que decidió mantener el proceso abierto durante el tiempo que permitió la parte demandada, porque la Ley de Imprenta en su artículo 27, señala que los delitos de calumnia e injuria contra particulares quedan sujetos a la penalidad del Código y pertenece a tribunales ordinarios.

El proceso fue iniciado hace seis años y la abogada defensora, Éricka Oroza, presentó incidente de prescripción en razón de tiempo, y lo que el juez resolvió fue el incidente, tomando en cuenta que incluso la máxima sanción estipulada en el Código Penal es tres años de prisión, misma que fue superada en tiempo por el proceso.

El delito por difamación que afecta a la reputación de una persona individual o colectiva, es sancionado con la prestación de trabajo de un mes a un año o multa de 20 a 240 días; y de calumnia, que consiste en imputar a otro falsamente la comisión de un delito, es sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de100 a 300 días.

Una vez pronunciada la resolución del juez que dispuso la prescripción y archivo de obrados, el afectado tiene tres días para apelar el fallo, o alternativamente, esperar que transcurra el plazo hasta que la resolución del juez adquiera autoridad de cosa juzgada, y recién inicie un proceso ante un Tribunal de Imprenta.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

23 Junio 2016

La demanda contra el grupo británico fue admitida en abril por el juez del distrito Gary Klausner en Los Ángeles, quien en su momento afirmó que había suficientes similitudes entre las dos canciones.

Led Zeppelin ganó este jueves en EE.UU. el juicio sobre un supuesto plagio de "Stairway to Heaven", su canción más conocida, después de que un jurado fallara a favor del célebre grupo de rock británico, informaron medios locales.

La decisión fue tomada de forma unánime por el grupo de ocho hombres y mujeres que formaban el jurado en un tribunal de Los Ángeles, indicó el diario Los Angeles Times.

A Led Zeppelin se le acusaba de que la famosa introducción de la guitarra de la canción, publicada en 1971, fue copiada directamente de la canción instrumental "Taurus", creada por la banda Spirit en 1968.

En un comunicado conjunto, que citaron los medios estadounidenses, el guitarrista Jimmy Page y el vocalista Robert Plant, de Led Zeppelin, manifestaron este jueves su satisfacción por el resultado del juicio.

"Estamos agradecidos por la concienzuda labor del jurado y contentos porque haya dictado sentencia en nuestro favor, disipando las controversias acerca del origen de 'Stairway to Heaven' y confirmando lo que sabíamos desde hace 45 años. Agradecemos el apoyo de nuestros seguidores y deseamos dejar atrás este asunto legal", señalaron en la nota.

Los abogados de Led Zeppelin defendieron el lunes que los demandantes no habían logrado mostrar pruebas sobre la supuesta copia ilícita del tema.

Argumentaron, entre otros aspectos, que los demandantes no han conseguido demostrar las similitudes entre ambas canciones, ni que Led Zeppelin escuchara "Taurus" antes de escribir su mítica canción.

El propio Page rechazó las acusaciones de plagio y manifestó que no había escuchado la canción de Spirit hasta hace pocos años.

La demanda contra el grupo británico fue admitida en abril por el juez del distrito Gary Klausner en Los Ángeles, quien en su momento afirmó que había suficientes similitudes entre las dos canciones como para que el caso se resolviera en los tribunales.

Los hechos se remontan a 2014, cuando el administrador Michael Skidmore, en representación del ya fallecido guitarrista de Spirit, Randy California, presentó la demanda por el parecido existente entre ambos temas.

Spirit y Led Zeppelin tocaron juntos en varias ocasiones a finales de los años 60 del pasado siglo.

Según Skidmore, Jimmy Page pidió a California que le enseñara los acordes iniciales de "Taurus".

Page, Plant y el bajista John Paul Jones, miembros con vida de Led Zeppelin, argumentaron que los parecidos entre las dos canciones están limitados a "una escala cromática descendiente de tonos", popular en el mundo de la música y que no puede ser susceptible de protección por derechos de autor.

Considerada una de las bandas más carismáticas e influyentes de la historia del rock, Led Zeppelin comenzó su carrera a finales de los años 60 y arrasó durante la década siguiente cuando editó, entre otros, el disco "Led Zeppelin IV" (1971), en el que se encontraba "Stairway to Heaven". (23-06-16).

Redacción Leo.com.bo

Fuente: EFE

20 Junio 2016

El ganador del Oscar Leonardo DiCaprio se encuentra con problemas judiciales ya que ha sido llamado a declarar como testigo por el estado de Nueva York en el llamado "caso del lobo de Wall Street", según ordenó un juez de la Corte de Long Island el jueves pasado.

La demanda por calumnias e injurias fue interpuesta a fines de 2014 por Andrew Greene, un ex trabajador del estafador Jordan Belfort que asegura que uno de los personajes del filme está inspirado en él  y lo muestra como un "borracho y degenerado", según informa The Hollywood Reporter.

DiCaprio consiguió una nominación al Oscar al mejor actor por su papel de Belfort en la película dirigida por Martin Scorsese. En la vida real, el hombre de Wall Street estaba al mando de la compañía Stratton Oakmont.

Greene asegura que el personaje de Nicky "Rugrat" Koskoff –interpretado por el actor PJ Byrne– es una caricatura de él que "sobrepasa los límites de lo permisible", por lo que exige una indemnización de USD 15 millones a varias productoras, entre ellas a Appian Way, la firma del propio DiCaprio.

Los abogados, en tanto, alegan que el personaje se basó en varias personas que rodeaban a Belfort y no sólo en Greene. También alegan que el filme está protegido por la Primera Enmienda –que en los EEUU asegura la libertad de expresión– y que los autores no crearon los roles con ninguna malicia, condición para considerarlo una difamación.

A pesar de que los representantes del actor intentaron mantenerlo alejado de este conflicto judicial, no se pudo salvar y en su apretada agenda tendrá que hacer un lugar para declarar ante el magistrado Steven Locke.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Teleshow

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