Santa Cruz de la Sierra
18 Marzo 2016

En las próximas horas la defensa de la primera autoridad departamental planteará la nulidad de esta declaratoria.

Luis Fernando Roca, secretario Jurídico de la Gobernación calificó de ilegal e injusta la declaratoria de Rebeldía al Gobernador Rubén Costas por el caso de investigación de la aplicación de los Estatutos Autonómicos. “Es una maniobra jurídica y canalla porque el Juez Erwin Jimenez, , ya había dispuesto suspensión de esta audiencia, por un memorial de excepciones de defensa que son de previo y especial pronunciamiento, por tanto hasta que ese juzgador no se pronuncie sobre esas excepciones, esta audiencia quedaba suspendida hasta nuevo aviso de su parte”, explicó Roca.

Señaló que esta declaratoria no tiene ningún sentido, por lo cual la defensa de la primera autoridad planteará su total nulidad. Consideramos  que esto es parte de la persecución política contra el Gobernador Costas, y es parte de una cortina de humo, ante los escándalos en los que está involucrado el Movimiento Al Socialismo y el gobierno nacional.

Roca, informó que el memorial está siendo ingresado a primera hora de la tarde para que el Juez recuerde que suspendió la audiencia mediante decreto y deje sin efecto la rebeldía.  “ El gobernador siempre se presenta ante la justicia y ésta no tendría por qué ser la excepción, está claro que esto es parte de la persecución política para desgastar e intentar inhabilitar al Gobernador que se encuentra tranquilamente trabajando por el pueblo”, dijo.

A esta audiencia fueron convocados el secretario General de la Gobernación, Roly Aguilera, el secretario de Gobierno Vladimir Peña, y el asesor General Jose Luis Parada, la cual  se suspendió la audiencia planteaba la prescripción y archivo del caso porque lleva más de 6 años sin que la justicia haya dado su veredicto.   Los hechos sucedieron en el 2008, la denuncia fue el 2010 y estamos a 2016.

Redacción Leo.bo

Fuente: GAD

17 Marzo 2016

El juicio de destitución de la presidente brasileña Dilma Rousseff podrá proseguir, aunque el Senado, más favorable a la mandataria que la Cámara de Diputados, tendrá la última palabra, confirmó este miércoles la Corte Suprema.

Por 9 votos contra 2, los jueces de la Corte Suprema rechazaron los recursos presentados por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que cuestionaban las reglas establecidas en diciembre y acabaron trabando el proceso.

El máximo tribunal del país estipuló a fines del año pasado que el Senado –donde el Gobierno cuenta con mayor apoyo que en la Cámara de Diputados– tendrá la palabra final para admitir un juicio político contra la presidente.

La Corte anuló, asimismo, en diciembre, la comisión especial de mayoría opositora elegida por voto secreto y pidió reiniciar el proceso en una votación abierta. Cunha, acérrimo adversario de Rousseff, cuestionó esas decisiones, argumentando que se trataba de una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo. Pero este miércoles los jueces rechazaron sus cuestionamientos y mantuvieron firmes las nuevas reglas.

Esta resolución permite a la Cámara de Diputados proseguir con el trámite e instalar la comisión especial que analizará en primera instancia si existen argumentos para abrir un juicio contra la mandataria izquierdista. El presidente de los Diputados había anticipado que convocaría una nueva elección para conformar la comisión apenas el tribunal se pronunciara.

Luego será el plenario de la Cámara de Diputados el que decidirá si abre un juicio contra la mandataria, algo que deber ser ratificado por el Senado.

Reelegida en 2014 al frente del mayor país de Sudamérica, Rousseff es acusada por juristas y opositores de aumentar gastos sin permiso previo del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales. Esta ex guerrillera de 68 años ha calificado al impeachment como un "golpe" de la oposición y ha afirmado que las denuncias no tienen ningún sustento.

Cunha enfrenta un juicio por corrupción y lavado de dinero en el marco del escándalo de la estatal Petrobras.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: AFP

29 Enero 2016

El juicio a Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, proseguirá en España tras desestimar la Justicia el recurso presentado por la defensa para que la infanta fuera eximida del proceso que juzga un gran escándalo de corrupción.

Cristina de Borbón está acusada de cooperar en dos delitos fiscales, presuntamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin, y que tienen que ver con el desvío de más de seis millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos.

La infanta compartía con su marido el 50 % de Aizoon, la empresa que Urdangarin habría usado para desviar los fondos ilícitos de su patrimonio personal, lo que supondría un fraude a la Hacienda Pública.

Con esta decisión, el juzgado de Palma, que lleva el caso, admite la acusación del grupo Manos Limpias -que se presenta como acusación popular-, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía del Estado y, por supuesto, los abogados de la infanta, que habían pedido el sobreseimiento de la acusación.

Todos utilizaron como argumento que no se la podía juzgar por delitos fiscales al no estar acusada por un perjudicado directo, que en este caso sería la Hacienda Pública a través del abogado del Estado, ni tampoco por el fiscal, ya que ambos rehusaron presentar cargos.

Sin embargo, la justicia consideró que el delito contra Hacienda, del que está acusada como cooperadora en el llamado "caso Nóos", es de naturaleza "difusa" y daña un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el "único perjudicado" y cabe una acusación popular.

Así avala la acción que ejerce Manos Limpias y asegura que este tipo de delitos de naturaleza "difusa, colectiva o metaindividual" es el espacio "donde halla su más plena justificación la participación de los ciudadanos en el proceso".

Se trata de la primera vez que una infanta de España, título que reciben los hijos de los reyes que no ocupan el primer lugar en la sucesión, es sometida a un juicio.

En este caso será juzgada por su presunta cooperación en los delitos de su marido, que está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.

Este escándalo llevó al rey Felipe VI a retirarle el título de Duquesa de Palma de Mallorca en junio de 2015 y excluirla de todos los actos oficiales de la Casa Real.

Sin embargo, la infanta mantiene los derechos dinásticos -es la sexta en la línea de sucesión-, de los que no se le puede privar salvo que ella decida renunciar por propia iniciativa.

Tras conocer la decisión judicial, la Casa del Rey reafirmó a través de un portavoz su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial".

En términos similares se manifestó, también hoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,

Por su parte, el abogado de la infanta, Miquel Roca, anunció que elevará una protesta ante la Audiencia (juzgado) de Palma por considerar que se aparta de la "literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo" al mantener la acusación contra la infanta.

El letrado se refiere a la llamada en España "doctrina Botín", aplicada al expresidente del Grupo Santander y establece que para abrir juicio a una persona ésta debe ser acusada por un perjudicado directo o un fiscal.

Con esta resolución, la justicia impone a Cristina de Borbón "la pena del banquillo", estimó Roca, ya que deberá comparecer en el juicio que se reanudará el próximo 9 de febrero.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: EFE

29 Enero 2016

Armando Manzanero demandó a una compañía de condimentos por utilizar su canción Contigo aprendí en un comercial de consomé, por lo cual reclama los derechos de autor.

Manzanero demandó a la empresa por usar ese tema interpretado por Guadalupe Pineda, pero la compañía pagó directamente a la firma editora mexicana de música internacional que tiene los derechos de la pieza, sin embargo, no se consultó al autor.

Exige

Manzanero promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, en la cual el ministro Mario Pardo Rebolledo prevé que dicho amparo se le negará, ya que al autorizar a la editora de música la explotación comercial de su obra, Manzanero cedió sus derechos patrimoniales, por lo que no hay daño moral que reclamar. Reveló la botana.com. Manzanero ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: Teleshow

18 Enero 2016

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, dijo que está dispuesto someterse a juicio de responsabilidades, pero después de que el gobierno de Evo Morales evalúe sobre cómo administró los conflictos sociales durante estos 10 años al frente del Estado.

Mesa mostró su “tranquilidad” porque el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que exista alguna decisión e intención del Gobierno de enjuiciarlo por la muerte de varias personas de la tercera edad cuando se desempeñaba como Presidente interino (era, en realidad, Vicepresidente) ante un viaje de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desautorizó de esa manera el anuncio del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.

En enero de 2002, un grupo de jubilados fue forzado a subir a un bus para interrumpir su protesta, pero éste chocó contra otro, provocando la muerte de cinco rentistas. En ese tiempo se informó que el cuñado del entonces ministro de la presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, era el propietario del bus que trasladó a los jubilados y que no tenía el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Por ese hecho, Trigoso dijo que Mesa podría ser enjuiciado.

“Si el gobierno del presidente Morales (…) cree que debe someterme a un juicio de responsabilidades después de evaluar cómo su Gobierno ha manejado los conflictos sociales, a lo largo de los 10 años, yo estoy plenamente dispuesto a someterme a un juicio de responsabilidades”, afirmó Mesa.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

 

11 Enero 2016

La infanta Cristina y su esposo estaban citados el lunes para el comienzo de un juicio histórico en el que, por primera vez desde la restauración de la monarquía en 1975, un miembro de la familia real española afrontará cargos penales.

La infanta Cristina, de 50 años, y su esposo, estarán presentes en el comienzo del juicio histórico en el que está acusada de dos delitos de evasión fiscal. La causa la inició en el año 2010 el juez José Castro y duraría hasta el mes de junio.

Nombres vinculados con la política como el ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente del FMI, Rodrigo Rato; el ex alcalde, ex presidente de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; y el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, están citados a declarar como testigos en un juicio por el que pasarán un total de 363, indicó RTVE.

La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para 14 de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la infanta y 16 y medio para su ex socio Torres.

Cristina se sentará en el banquillo junto a otras 17 personas, incluido su esposo, el medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario Iñaki Urdangarin, quien afronta el cargo más grave, el de utilizar su título de duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos, una organización no lucrativa que dirigía con otro asociado.

Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales por usar presuntamente el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid.

La hermana del rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón. Este sindicato considera que el papel de la infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de los años 2007 y 2008.

Redacción: Leo.bo

Fuente: AP

24 Diciembre 2015

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz inició el jueves la lectura de alegatos en el juicio de la denominada masacre de Porvenir, registrada en septiembre de 2008, y estimó que se dicte sentencia en enero próximo contra el ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández y co-imputados.

"A siete años de la masacre de Porvenir y seis años del juicio oral, estamos en la última fase, la exposición de alegatos, una vez que el Ministerio Público y la acusación particular expongan fundamentos y se escuche a la defensa, únicamente quedará esperar la sentencia", dijo a la ABI, el fiscal departamental, Marcelo Rollano.

La denominada masacre de Porvenir se registró en septiembre de 2008 y saldó con la muerte de 13 personas, tras una emboscada protagoniza por funcionarios y sicarios al servicio del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, principal acusado.

Mary Carrasco, abogada de los familiares de las víctimas de ese hecho, observó la tardanza en la elaboración de las actas del juicio, que causó la demora para ingresar a la última fase.

"En Bolivia se violaron los derechos humanos como nunca antes, por eso nos interesa que el Tribunal comprenda que cuando hemos iniciado el juicio oral por la masacre de Porvenir fue con la certeza que en un Estado democrático no se puede matar así a las personas como se hizo el 11 de septiembre", dijo Carrasco.

La jurista calculó que a mediados de enero de 2016, el Tribunal dictará sentencia contra al menos 26 acusados, de los cuales cuatro se sometieron a un juicio abreviado, aceptando su culpa, y fueron sentenciados para que salgan en libertad luego de estar detenidos preventivamente por más de cinco años.

A su juicio, este proceso "debe ser uno de los juicios más largos" en el sistema acusatorio penal.

Acotó que se trató que en este juicio se respete el debido proceso con la mayor cantidad de testigos, desde ex ministros, policías, militares y víctimas.

Anunció que en los alegatos se expondrá vasta documentación, entre ellos: los informes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

Por su parte, Karlo Brito, abogado de Fernández, manifestó que su defensa expondrá sus alegatos para demostrar la inocencia de su defendido como en el desfile probatorio de testigos.

A su turno, Fernández aseguró que no existe una sola prueba en su contra y que "este juicio es político".

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

14 Diciembre 2015

El juicio oral por el caso misiles chinos fue suspendido hasta el 12 de enero a solicitud de ambas partes, así lo dictaminó el Tribunal Supremo de Justicia y aclaró que los plazos procesales quedan suspendidos durante ese tiempo.

“Se hace cuarto intermedio hasta las 9.00 del próximo 12 de enero del año 2016 conforme  la petición de ambas partes”, indicó el presidente del Tribunal del juicio, Antonio Campero.

En la actualidad el juicio está en la fase de ofrecimiento de prueba por parte del Ministerio Público, que durante la pasada semana procedió a la lectura de 76 recortes de periódicos sobre los hechos considerados delitos, informó el abogado del general Marcelo Antezana, Oswaldo Rojas.

Según la defensa, en las 76 notas realizadas por periódicos que fueron aportadas como pruebas, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé admitió haber autorizado la desactivación de los misiles chinos, pero no habría aprobado su salida del país, por eso la pregunta seguiría siendo quién autorizó.

“Hay muchas especulaciones que demuestran que el presidente Rodríguez Veltzé tenía conocimiento de la salida”, señaló Rojas.

En este caso se encuentran procesados Gonzalo Méndez, exministro de Defensa; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Marco Antonio Justiniano; el excomandante General del Ejército y exsenador, Marcelo Antezana; el general Gonzalo Rocabado; el exjefe de Estado Mayor, Marco Antonio Vázquez; el exinspector General del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; los coroneles Wilber Sánchez y David Torrico, y el exayudante del Departamento Cuarto del Ejército, capitán Ernesto Caballero.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

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