Santa Cruz de la Sierra
28 Agosto 2015

En función de los procedimientos y plazos  establecidos por ley para las fases de investigación, procesamiento  y sanción de un delito, un juicio por feminicidio puede prolongarse por tres años, según explicó a ANF la abogada Mónica Bayá que en su calidad de Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, realiza el seguimiento de los procesos que se ventilan en la justicia boliviana por este delito.

Dijo que si bien el feminicidio está tipificado en la Ley 348, su procesamiento se rige también por el Código de Procedimiento Penal según el cual  “la etapa de investigación preliminar debe durar 8 días  pero puede ampliarse hasta 20 dependiendo de la complejidad del caso –si el autor no ha sido identificado, la victima hubiera sido encontrada en vía publica, no existieran indicios, etc. –, pero también si existen dificultades para colectar diferentes tipos de indicios”.  La ampliación de la etapa preliminar no puede ser indefinida. 

Cumplida esta fase preliminar, se inicia la etapa preparatoria que por ley debe durar hasta 6 meses.  “Al  cumplirse ese plazo, la fiscalía debe presentar su acusación, y es en base a esa acusación que se pasa al juicio.  Es en el juicio donde se pone en conocimiento del juez  las pruebas colectadas por la fiscalía que permitirán determinar si la persona es culpable  o inocente”.  Según la Ley 348 el feminicidio es una delito sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, “la ley no da lugar a considerar ningún tipo de atenuante”.

A esta altura de su explicación Bayá reconoce que” en la lógica del sistema judicial boliviano y la denominada “chicana jurídica”, siempre existe la posibilidad de presentar recursos y objeciones para demorar el proceso, lo que nos lleva a estimar que un proceso se prolonga prácticamente por tres años”. Esto ocurre, dijo, porque aunque la Le 348 establece que los plazos deben ser acortados, “no señala los plazos de manera específica”.

Toda la carga de la prueba está en manos de la fiscalía, instancia que por mandato de la ley es responsable de producir todas las pruebas para determinar la culpabilidad del presunto autor de un delito. 

El delito de feminicidio es el más complejo de todos los que establece la Ley 348, porque se trata de un caso de muerte de la víctima “siempre hay mucho más que investigar y eso hace que el proceso dure más tiempo”. 

En el seguimiento de los procesos por feminicidio, Mónica Bayá ha podido establecer que “la colecta de indicios, evidencias y  pruebas es lo que determina la duración de una investigación”, y la realidad también pone de manifiesto que “es evidente que en el proceso de investigación hay grandes limitaciones: la falta de medios de la propia policía para el recojo de pruebas, las dificultades para ubicar a los testigos –hay testigos que luego de un tiempo no quieren presentarse o tienen domicilio conocido, no se los puede ubicar–,  también existen limitaciones para la investigación forense ...  y a todo ello debe sumarse la carga procesal”.

Según Bayá, se estima que cada fiscal tiene a cargo en promedio entre  400 a 500 casos, “no se puede pedir eficiencia y tampoco agilidad en los procesos. Y todo muestra que el grueso de las causas abiertas por violencia – que no sólo incluyen feminicidio sino también otros delitos tipificados en la Ley 348–  estén  paradas en la etapa de investigación tanto preliminar como preparatoria”.

Todo lo anterior también tiene que ver con la falta de recursos, tanto presupuestarios como humanos y todo parece advertir que aún se incrementen los presupuestos y se aumente el personal “el cada vez más creciente número de casos de violencia, los procesos por violencia y por feminicidio seguirán siendo revictimizantes, largos y agobiantes”.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

27 Agosto 2015

Diego Armando Maradona iniciará acciones legales, tanto en Argentina como en Estados Unidos a su exesposa Claudia Villafañe, a quien acusa de haberle robado dinero de sus cuentas bancarias y de comprar propiedades como soltera cuando aún estaban casados, según informó el abogado de Maradona a la prensa local.

El letrado de Maradona, Matías Morla, viajó a Estados Unidos para “iniciar una demanda por fraude a Villafañe”, según explicó el abogado al sitio web de noticias del corazón Big Bang News.

La demanda “se hará en conjunto con el banco que le dio el crédito hipotecario a Claudia (Villafañe) para la compra de las propiedades” ya que “en la declaración ella dijo ser soltera y eso es ilegal”, explicó Morla.

“Se iniciará otra causa, por evasión agravada, porque ella no pagó los impuestos ni tributó por la propiedad. Estamos hablando de posible lavado de dinero”, agregó en referencia a la supuesta venta de un departamento de Miami (Estados Unidos).

“Se va a iniciar un proceso de ampliación, porque cuando ellos firmaron la división de bienes ella se olvidó de declarar gran parte del patrimonio. Se olvidó y el papel se firmó, pero con datos falsos. Maradona ahora quiere el porcentaje del dinero que le corresponde o las propiedades”, agregó Morla.

Según explicó el abogado, Maradona también iniciará “una demanda civil por rendición de cuentas por el monto de 800.000 dólares” a dos socios comerciales de Villafañe.

“Todo se va a demostrar en la Justicia. Me molesta cuando se inventan cosas que no son verdad. Estoy tranquila con las cosas que hice”, dijo Villafañe en diálogo con el Canal Trece de la televisión argentina.

Además, Villafañe sostuvo que Maradona estaba al tanto de las compras de los apartamentos y que los abogados “le prometen cosas a Diego que después no se pueden cumplir”.

“Yo tengo una división de bienes del año 2003 en la que arreglamos que él no puede reclamarme nada a mí ni yo a él”, sentenció.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

05 Agosto 2015

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Aniceto Choque, pidió a la Asamblea Permanente de Derechos humanos de Bolivia (APDHB) asumir las responsabilidades que involucra haber retirado la denuncia en contra de Leopoldo Fernández por el caso de la masacre de Porvenir. La autoridad señaló que los representantes legales de la APDHB serán juzgados por atentar contra los derechos humanos de los bolivianos.

 “Asimismo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia debe asumir toda responsabilidad sobre el efecto que conlleva del retiro de la acusación, y los abogados apoderados deben ser juzgados por la ley por patrocinio desleal, porque su accionar vulnera los derechos humanos fundamentales que tienen todos los bolivianos”, señaló Choque a los medios de comunicación.

La APDHB aclaró que la iniciativa correspondió a los abogados y que no fue una decisión de los miembros plenos de dicha entidad. Este miércoles se esperaba una decisión al respecto.

Hace pocos días atrás, Fernández volvió hoy a Cobija después de casi siete años en que fue trasladado a la ciudad de La Paz por su presunta participación en la denominada masacre de Porvenir.

El diputado Choque indicó que los abogados de la APDHB deberán responder ante la justicia por atentar contra los derechos humanos de los bolivianos al quitar la denuncia.

 “Este tipo de acciones van en contra de la lucha frontal en busca de justicia para los familiares de los fallecidos en Porvenir en Pando y van en contra de la memoria del pueblo boliviano, porque los delitos que se cometieron en Pando son de lesa humanidad y los responsables deben ser juzgados y sentenciados por imperio de la ley”, manifestó.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

24 Julio 2015

Los siete exuniformados detenidos esta semana por estar involucrados presuntamente en el caso de dos jóvenes quemados por una patrulla militar durante la dictadura de Augusto Pinochet serán procesados por el juez Mario Carrozas, informaron medios locales.

Según el portal electrónico de La Tercera, Carrozas dará a conocer este viernes su decisión de procesarlos por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana el 2 de julio de 1986.

Tras los careos y los interrogatorios efectuados en las últimas horas por el magistrado, se determinó que enfrentarán cargos por los delitos de homicidio calificado consumado en contra de Rojas y el homicidio calificado en calidad de frustrado de Quintana.

El dramático caso fue reabierto esta semana a raíz del testimonio de un exrecluta que rompió el pacto de silencio que existe entre los militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se trata de Fernando Guzmán, quien declaró que las quemaduras fueron realizadas de manera intencional y no accidental como lo declararon ante un juez militar los siete exuniformados que fueron detenidos esta semana.

"El fuego lo inició el teniente (Julio) Castañen con un encendedor. Ambos se prendieron inmediatamente", indica parte de su testimonio.

Los exmilitares implicados son Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 1986, durante una protesta popular contra el régimen de Augusto Pinochet, cuando una patrulla militar detuvo en un barrio obrero a Carmen Gloria Quintana, estudiante de psicología, y al fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri.

Los soldados rociaron con gasolina a ambos jóvenes, les prendieron fuego, que posteriormente apagaron, los subieron a un vehículo y se dirigieron a las afueras de Santiago para arrojarlos a una zanja en un camino rural.

Pese a la gravedad de sus quemaduras, los jóvenes lograron pedir ayuda y fueron trasladados a un hospital, donde el fotógrafo murió al día siguiente, mientras la muchacha consiguió recuperarse después de un largo tratamiento.

Posteriormente, Carmen Gloria Quintana se sometió durante años a un proceso de recuperación en Canadá, pero su rostro y su cuerpo conservan las huellas de las quemaduras.

Los exmilitares se encuentran detenidos en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.

Redacción: Leo.bo

Fuente. EFE

21 Julio 2015

Carlo Brito, abogado del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, dijo que en la inspección ocular, realizada ayer y hoy en el marco del caso Porvenir, se pudo comprobar que la exautoridad no estuvo presente en los enfrenamientos suscitados en 2008.

“La inspección concluyó a las 14.30 y hemos podido comprobar que Leopoldo Fernández no tuvo ninguna participación. Hemos dejado claro y establecido que el 11 de septiembre, Leopoldo estaba en su despacho haciendo todos los esfuerzos para intervenir y evitar estos enfrentamientos”, sostuvo el jurista.

El 11 de septiembre de 2008, un grupo de campesinos se enfrentó con los funcionarios de la prefectura de Pando.

Esta semana y después de casi siete años de los hechos, Fernández retornó a Pando para estar presente en la inspección ocular en el lugar de los hechos.

Asimismo, según Brito, se pudo comprobar que en el lugar de los hechos existen las oficinas de una capitanía naval y se confirmó que los efectivos de esta repartición “en ningún momento salieron a enfrentar a los campesinos”.

Por otro lado, la defensa de Fernández indicó que hasta la fecha el Ministerio Público no pudo comprobar que los funcionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) o de la entonces Prefectura de Pando hayan estado armados en el lugar del conflicto.

“Hasta el día de hoy es una tesis que el Ministerio Público no ha podido demostrar. No se ha dado ningún nombre de ningún funcionario con el que se pueda confirmar este dato”, aseveró.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

16 Julio 2015

La bella actriz Amber Heard fue imputada por tráfico ilegal de animales en Australia por ingresar a ese país a las mascotas de su marido Johnny Depp. Deberá presentarse en los juzgados de Qeensland en septiembre.

Heard afronta una pena máxima de 10 años de cárcel o una multa de u$s 80 mil dólares. Sin dudas, no lo pensó bien cuando quiso sorprender a Depp en el set de rodaje de Piratas del Caribe apareciendo con los dos perros.

Las autoridades australianas se dieron cuenta de la presencia de Boo y Pistol, de raza Yorkshire Terrier, ya que el actor de Hollywoood, de 51 años, los llevó a un peluquería canina y fue retratado por los paparazzi locales.

El ministro de Agricultura australiano, Barnaby Joyce, amenazó con sacrificar a los animales si no abandonaban en 48 horas el país, tras saltarse el aislamiento preventivo al que obligan sus leyes para evitar infecciones.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Teleshow

10 Julio 2015

Frente a semejante revelaciones, la pregunta sería: ¿Qué tienen en común John Travolta y Vicky Xipolitakis? Respuesta: un piloto (no dos, sino uno). Es que el piloto profesional Douglas Gotterba, que asegura haber sido amante de la estrella de Holllywood, reveló intimidades de la relación al tabloide sensacionalista The National Enquirer.

Travolta piensa demandarlo porque, según él, existía entre ambos un pacto de confidencialidad que Gotterba violó.

Propietario de varios aviones, y con licencia de piloto propia, Travolta se enfrenta a declaraciones explosivas, más la expasión por la web de varias fotos escandalosas. Mientras Travolta insiste en que pactaron reserva absoluta, Douglas niega la existencia de cláusula alguna. Esa diferencia de criterios llegó a la Corte Superior de Santa Bárbara, donde se afrentarán ambas partes.

Pero esta historia no para ahí: Gotterba amenaza con un libro donde revelará más detalles de la relación.

Y así es como el mundo de la aeronáutica, más la palbra escándalo, termina hermando a nuestra mediática Vicky con el actor que además de popularizar la música disco a fines de los '70 (recordar Fiebre del sábado por la noche) volvió a dar cátedra de cómo moverse en una pista de baile a mediados de los '90 (recordar Pulp Ficction).

Redacción: Leo.bo

Fuente: Teleshow

03 Julio 2015

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz resolvió hoy que la audiencia de inspección ocular del caso Porvenir se realice entre el 20 y 21 de julio próximo en la ciudad de Cobija y a donde serán trasladados los imputados, como el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

“La audiencia de la inspección ocular vamos a instalar en la ciudad de Cobija, en el hall del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a las 15.00 del día lunes 20 de julio y (se extenderá hasta) el martes 21, (para luego retornar a La Paz) el miércoles”, explicó el presidente del Tribunal, Cesar Portocarrero.

En relación al traslado de los acusados,  Portocarrero dijo que Juan Marcelo Mejido, Herman Justiniano y Evin Ventura, una vez que lleguen a Cobija, serán llevados de inmediato al penal de Villa Busch.

“En el caso del acusado Leopoldo Fernández –que cumple detención domiciliaria en La Paz– el Tribunal establece que debe llegar a (un hotel), pero por razones de seguridad no estamos mencionando (el nombre del hotel)”, agregó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

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