Santa Cruz de la Sierra
08 Octubre 2015

El argentino Lionel Messi y su padre Jorge serán juzgados en España por tres presuntos delitos de fraude fiscal que podrían conllevar penas de prisión, según informó este jueves 8 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

"Se acuerda la apertura de juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública, de los que son acusados Jorge Horacio Messi Pérez y Lionel Andrés Messi Cuccittini", notificó el juez instructor en un auto firmado el miércoles.

En su escrito de acusación, la fiscalía pidió 18 meses de prisión para el padre de Messi así como una multa equivalente a la mitad de la cuantía defraudada. Pero el abogado del Estado, que defiende los intereses de la administración de Hacienda, pidió siete meses y medio por cada uno de los tres delitos para los dos hombres, es decir 22 meses y medio.

El jugador estrella y su padre deberían salvarse de la cárcel, aunque acaben condenados, ya que en España las penas inferiores a dos años no implican necesariamente entrada en prisión.

El juez instructor desestimó la petición de la fiscalía de juzgar únicamente al padre de Messi, quien asumía toda la responsabilidad por el caso que investiga un presunta defraudación de 4,7 millones de dólares procedentes de ingresos de imagen entre 2007 y 2009.

De esta forma, quedó descartado el pedido de sobreseimiento realizado por el fiscal y el astro del Barcelona penalmente porque el abogado del Estado mantuvo en su escrito que lo considera "coautor" de los tres delitos.

La acusación contra Messi y su padre nació en 2013. Según la investigación, evadieron impuestos de las ganancias por derechos de imagen del jugador en 2007, 2008 y 2009, mediante la creación de empresas pantalla en Belice y Uruguay, considerados paraísos fiscales en aquella época.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

06 Octubre 2015

El juicio a la infanta Cristina por acusaciones de fraude fiscal comenzará el 11 de enero, determinó el martes 6 un tribunal español. Será la primera vez que un miembro de la familia real es juzgado en España desde la restauración de la monarquía española en 1975.

Cristina, de 50 años y hermana del rey Felipe, fue acusada dentro de una investigación contra su esposo, Iñaki Urdangarin, que está acusado de blanqueo de dinero y fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares llevará la pareja a juicio junto con otros 16 investigados.

El matrimonio ha reiterado su inocencia a través de sus abogados.

De ser condenada, la infanta podría afrontar hasta cuatro años de prisión. Urdangarin, ex medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario, afronta por su parte una posible condena de hasta 19 años.

Urdangarin está acusado de utilizar su título para desviar unos 6 millones de euros en contratos públicos a través de una fundación sin ánimo de lucro que crearon él y un socio comercial.

Felipe despojó este año a Cristina de su título de duquesa de Palma de Mallorca, que recibió al casarse con Urdangarin en 1997, en un gesto para distanciar a la familia real del proceso judicial. Urdangarin perdió su título de duque de forma automática.

Cristina es la sexta en la línea de sucesión al trono y han crecido las peticiones de que renuncie a su título de infanta y a sus derechos a la corona para proteger la imagen de la monarquía antes del juicio. La pareja lleva apartada de actos oficiales de la corona desde 2011.

El caso es uno de los varios escándalos que afectaron a la familia real durante el reinado de Juan Carlos I, que abdicó el año pasado en favor de Felipe.

Al asumir el trono, Felipe dijo que pretendía restaurar la confianza pública en la monarquía, y los sondeos de opinión indican que su popularidad ha subido.

En un veredicto separado, el tribunal mallorquín desestimó una petición del ex socio de Urdangarin para que Felipe testificara en el caso en el que sí darán su testimonio otras 363 personas.

Redacción: Leo.bo

Fuente: AP

01 Septiembre 2015

La viuda y los hijos de Robin Williams siguen sin ponerse de acuerdo sobre la herencia del actor ganador de un Óscar por Good Will Hunting (1997), que el 11 de agosto de hace un año se quitó la vida en su domicilio.

Williams, de 63 años, se ahorcó con un cinturón después de un tiempo luchando contra una depresión severa, según reveló su esposa, Susan Schneider, quien explicó que el intérprete había sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Parkinson.

En pleito

El adiós del cómico sigue generando una disputa entre Schneider y los tres hijos de Williams de anteriores relaciones, Zachary, Zelda y Cody, por centenares de objetos pertenecientes al actor, entre ellos bicicletas, camisetas, zapatillas y otros objetos personales del actor.

 “Respecto a las pertenencias personales, hemos estado trabajando muy duro a través de mediación y otros procesos para arreglar esos asuntos, pero aún quedan temas pendientes”, dijo el abogado de la viuda, James Wagstaffe.

De no llegar a un acuerdo con los hijos del actor, la viuda Susan Williams solicita, a través de su abogado, la intervención del tribunal. Sin embargo, la representación legal de los hijos, Meredith Bushnell, está en contra de esta petición, pues expresó que Robin dejó a fideicomisarios designados para tomar esas decisiones.

Ambas partes tienen hasta el 9 de septiembre de este año para presentar más información, según estableció el juez Andrew Cheng, de San Francisco, quien no dejó claro si intervendría.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Teleshow

28 Agosto 2015

En función de los procedimientos y plazos  establecidos por ley para las fases de investigación, procesamiento  y sanción de un delito, un juicio por feminicidio puede prolongarse por tres años, según explicó a ANF la abogada Mónica Bayá que en su calidad de Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, realiza el seguimiento de los procesos que se ventilan en la justicia boliviana por este delito.

Dijo que si bien el feminicidio está tipificado en la Ley 348, su procesamiento se rige también por el Código de Procedimiento Penal según el cual  “la etapa de investigación preliminar debe durar 8 días  pero puede ampliarse hasta 20 dependiendo de la complejidad del caso –si el autor no ha sido identificado, la victima hubiera sido encontrada en vía publica, no existieran indicios, etc. –, pero también si existen dificultades para colectar diferentes tipos de indicios”.  La ampliación de la etapa preliminar no puede ser indefinida. 

Cumplida esta fase preliminar, se inicia la etapa preparatoria que por ley debe durar hasta 6 meses.  “Al  cumplirse ese plazo, la fiscalía debe presentar su acusación, y es en base a esa acusación que se pasa al juicio.  Es en el juicio donde se pone en conocimiento del juez  las pruebas colectadas por la fiscalía que permitirán determinar si la persona es culpable  o inocente”.  Según la Ley 348 el feminicidio es una delito sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, “la ley no da lugar a considerar ningún tipo de atenuante”.

A esta altura de su explicación Bayá reconoce que” en la lógica del sistema judicial boliviano y la denominada “chicana jurídica”, siempre existe la posibilidad de presentar recursos y objeciones para demorar el proceso, lo que nos lleva a estimar que un proceso se prolonga prácticamente por tres años”. Esto ocurre, dijo, porque aunque la Le 348 establece que los plazos deben ser acortados, “no señala los plazos de manera específica”.

Toda la carga de la prueba está en manos de la fiscalía, instancia que por mandato de la ley es responsable de producir todas las pruebas para determinar la culpabilidad del presunto autor de un delito. 

El delito de feminicidio es el más complejo de todos los que establece la Ley 348, porque se trata de un caso de muerte de la víctima “siempre hay mucho más que investigar y eso hace que el proceso dure más tiempo”. 

En el seguimiento de los procesos por feminicidio, Mónica Bayá ha podido establecer que “la colecta de indicios, evidencias y  pruebas es lo que determina la duración de una investigación”, y la realidad también pone de manifiesto que “es evidente que en el proceso de investigación hay grandes limitaciones: la falta de medios de la propia policía para el recojo de pruebas, las dificultades para ubicar a los testigos –hay testigos que luego de un tiempo no quieren presentarse o tienen domicilio conocido, no se los puede ubicar–,  también existen limitaciones para la investigación forense ...  y a todo ello debe sumarse la carga procesal”.

Según Bayá, se estima que cada fiscal tiene a cargo en promedio entre  400 a 500 casos, “no se puede pedir eficiencia y tampoco agilidad en los procesos. Y todo muestra que el grueso de las causas abiertas por violencia – que no sólo incluyen feminicidio sino también otros delitos tipificados en la Ley 348–  estén  paradas en la etapa de investigación tanto preliminar como preparatoria”.

Todo lo anterior también tiene que ver con la falta de recursos, tanto presupuestarios como humanos y todo parece advertir que aún se incrementen los presupuestos y se aumente el personal “el cada vez más creciente número de casos de violencia, los procesos por violencia y por feminicidio seguirán siendo revictimizantes, largos y agobiantes”.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

27 Agosto 2015

Diego Armando Maradona iniciará acciones legales, tanto en Argentina como en Estados Unidos a su exesposa Claudia Villafañe, a quien acusa de haberle robado dinero de sus cuentas bancarias y de comprar propiedades como soltera cuando aún estaban casados, según informó el abogado de Maradona a la prensa local.

El letrado de Maradona, Matías Morla, viajó a Estados Unidos para “iniciar una demanda por fraude a Villafañe”, según explicó el abogado al sitio web de noticias del corazón Big Bang News.

La demanda “se hará en conjunto con el banco que le dio el crédito hipotecario a Claudia (Villafañe) para la compra de las propiedades” ya que “en la declaración ella dijo ser soltera y eso es ilegal”, explicó Morla.

“Se iniciará otra causa, por evasión agravada, porque ella no pagó los impuestos ni tributó por la propiedad. Estamos hablando de posible lavado de dinero”, agregó en referencia a la supuesta venta de un departamento de Miami (Estados Unidos).

“Se va a iniciar un proceso de ampliación, porque cuando ellos firmaron la división de bienes ella se olvidó de declarar gran parte del patrimonio. Se olvidó y el papel se firmó, pero con datos falsos. Maradona ahora quiere el porcentaje del dinero que le corresponde o las propiedades”, agregó Morla.

Según explicó el abogado, Maradona también iniciará “una demanda civil por rendición de cuentas por el monto de 800.000 dólares” a dos socios comerciales de Villafañe.

“Todo se va a demostrar en la Justicia. Me molesta cuando se inventan cosas que no son verdad. Estoy tranquila con las cosas que hice”, dijo Villafañe en diálogo con el Canal Trece de la televisión argentina.

Además, Villafañe sostuvo que Maradona estaba al tanto de las compras de los apartamentos y que los abogados “le prometen cosas a Diego que después no se pueden cumplir”.

“Yo tengo una división de bienes del año 2003 en la que arreglamos que él no puede reclamarme nada a mí ni yo a él”, sentenció.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

05 Agosto 2015

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Aniceto Choque, pidió a la Asamblea Permanente de Derechos humanos de Bolivia (APDHB) asumir las responsabilidades que involucra haber retirado la denuncia en contra de Leopoldo Fernández por el caso de la masacre de Porvenir. La autoridad señaló que los representantes legales de la APDHB serán juzgados por atentar contra los derechos humanos de los bolivianos.

 “Asimismo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia debe asumir toda responsabilidad sobre el efecto que conlleva del retiro de la acusación, y los abogados apoderados deben ser juzgados por la ley por patrocinio desleal, porque su accionar vulnera los derechos humanos fundamentales que tienen todos los bolivianos”, señaló Choque a los medios de comunicación.

La APDHB aclaró que la iniciativa correspondió a los abogados y que no fue una decisión de los miembros plenos de dicha entidad. Este miércoles se esperaba una decisión al respecto.

Hace pocos días atrás, Fernández volvió hoy a Cobija después de casi siete años en que fue trasladado a la ciudad de La Paz por su presunta participación en la denominada masacre de Porvenir.

El diputado Choque indicó que los abogados de la APDHB deberán responder ante la justicia por atentar contra los derechos humanos de los bolivianos al quitar la denuncia.

 “Este tipo de acciones van en contra de la lucha frontal en busca de justicia para los familiares de los fallecidos en Porvenir en Pando y van en contra de la memoria del pueblo boliviano, porque los delitos que se cometieron en Pando son de lesa humanidad y los responsables deben ser juzgados y sentenciados por imperio de la ley”, manifestó.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

24 Julio 2015

Los siete exuniformados detenidos esta semana por estar involucrados presuntamente en el caso de dos jóvenes quemados por una patrulla militar durante la dictadura de Augusto Pinochet serán procesados por el juez Mario Carrozas, informaron medios locales.

Según el portal electrónico de La Tercera, Carrozas dará a conocer este viernes su decisión de procesarlos por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana el 2 de julio de 1986.

Tras los careos y los interrogatorios efectuados en las últimas horas por el magistrado, se determinó que enfrentarán cargos por los delitos de homicidio calificado consumado en contra de Rojas y el homicidio calificado en calidad de frustrado de Quintana.

El dramático caso fue reabierto esta semana a raíz del testimonio de un exrecluta que rompió el pacto de silencio que existe entre los militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se trata de Fernando Guzmán, quien declaró que las quemaduras fueron realizadas de manera intencional y no accidental como lo declararon ante un juez militar los siete exuniformados que fueron detenidos esta semana.

"El fuego lo inició el teniente (Julio) Castañen con un encendedor. Ambos se prendieron inmediatamente", indica parte de su testimonio.

Los exmilitares implicados son Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 1986, durante una protesta popular contra el régimen de Augusto Pinochet, cuando una patrulla militar detuvo en un barrio obrero a Carmen Gloria Quintana, estudiante de psicología, y al fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri.

Los soldados rociaron con gasolina a ambos jóvenes, les prendieron fuego, que posteriormente apagaron, los subieron a un vehículo y se dirigieron a las afueras de Santiago para arrojarlos a una zanja en un camino rural.

Pese a la gravedad de sus quemaduras, los jóvenes lograron pedir ayuda y fueron trasladados a un hospital, donde el fotógrafo murió al día siguiente, mientras la muchacha consiguió recuperarse después de un largo tratamiento.

Posteriormente, Carmen Gloria Quintana se sometió durante años a un proceso de recuperación en Canadá, pero su rostro y su cuerpo conservan las huellas de las quemaduras.

Los exmilitares se encuentran detenidos en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.

Redacción: Leo.bo

Fuente. EFE

21 Julio 2015

Carlo Brito, abogado del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, dijo que en la inspección ocular, realizada ayer y hoy en el marco del caso Porvenir, se pudo comprobar que la exautoridad no estuvo presente en los enfrenamientos suscitados en 2008.

“La inspección concluyó a las 14.30 y hemos podido comprobar que Leopoldo Fernández no tuvo ninguna participación. Hemos dejado claro y establecido que el 11 de septiembre, Leopoldo estaba en su despacho haciendo todos los esfuerzos para intervenir y evitar estos enfrentamientos”, sostuvo el jurista.

El 11 de septiembre de 2008, un grupo de campesinos se enfrentó con los funcionarios de la prefectura de Pando.

Esta semana y después de casi siete años de los hechos, Fernández retornó a Pando para estar presente en la inspección ocular en el lugar de los hechos.

Asimismo, según Brito, se pudo comprobar que en el lugar de los hechos existen las oficinas de una capitanía naval y se confirmó que los efectivos de esta repartición “en ningún momento salieron a enfrentar a los campesinos”.

Por otro lado, la defensa de Fernández indicó que hasta la fecha el Ministerio Público no pudo comprobar que los funcionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) o de la entonces Prefectura de Pando hayan estado armados en el lugar del conflicto.

“Hasta el día de hoy es una tesis que el Ministerio Público no ha podido demostrar. No se ha dado ningún nombre de ningún funcionario con el que se pueda confirmar este dato”, aseveró.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

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