Santa Cruz de la Sierra
10 Agosto 2016

El calendario oficial hacia un referendo revocatorio echaría por tierra los planes de la oposición de sacar a Maduro del poder este año.

El calendario oficial hacia un referendo revocatorio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro echaría por tierra los planes de la oposición de sacarlo del poder este año. Pero ¿qué posibilidades le quedan para lograr su objetivo?

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) busca que el referendo se haga antes del 10 de enero de 2017 porque si Maduro pierde se debe llamar a elecciones. En cambio, si es revocado después de esa fecha, los dos años restantes de mandato los completará su vicepresidente.

Acusado por la MUD de servir al chavismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el martes que la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para convocar la consulta, se haría a fines de octubre.

Ello llevaría la celebración del referendo a fines de febrero o inicios de marzo de 2017 si el órgano electoral toma los plazos máximos.

Aun cuando el CNE organizó la elección de Maduro en cinco semanas tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, analistas consideran que no hay voluntad para acelerar el revocatorio.

- Presión ciudadana -

La MUD considera las movilizaciones como su principal arma de presión y convocó a una gran marcha nacional hacia Caracas el 1 de septiembre para exigir la fecha de recolección de firmas.

Pero desde 2014, cuando hubo protestas masivas que dejaron 43 muertos, no logra organizar marchas multitudinarias.

"No hay una conexión entre los líderes políticos con la población. Es un desafío que tienen, el acompañamiento de la protesta social. Además, la gente está enfocada en su vida cotidiana, haciendo cola desde temprano buscando alimentos y medicinas", dice a la AFP Marco Ponce, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social.

En contraste con la poca acogida de las manifestaciones, la MUD asegura haber recaudado 1,8 millones de firmas en apenas cinco días en abril -nueve veces más de lo exigido- en el primer paso del revocatorio.

"La oposición debe repensar su estrategia de presión. El venezolano ya se cansó de la marcha porque no tiene efecto práctico, pero sí" la votación, aseguró Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.

La MUD tiene a su favor la impopularidad de Maduro (74%) y espera que la recolección de firmas sea tan contundente que acelere el proceso.

Según la firma Venebarómetro, un 64% del electorado (12 millones de personas) revocaría al mandatario. Para sacarlo del poder se requiere más de los 7,5 millones de votos con que fue elegido en 2013.

- Negociación -

Para el analista Luis Vicente León, Venezuela no está en una "batalla jurídica ni ética, sino política", y la oposición debe superar sus diferencias internas para ganar fuerza y negociar, lo cual implicará ceder algo.

Aunque el CNE no lo dijo abiertamente, dejó entrever que el referendo no se hará este año. "Ahora cabe esperar que el gobierno insista mucho más en un diálogo", estimó el politólogo Benigno Alarcón.

Por iniciativa del gobierno, un grupo de expresidentes liderado por el español José Luis Rodríguez Zapatero promueve acercamientos, aún sin resultados.

De todos modos, la negociación deberá tener como correlato la protesta para que el gobierno la asuma con seriedad y la oposición logre resultados, agregó.

"Si solo me amenazas con quemar el país si el referendo no va, no te hago caso; pero cuando vea que tienes capacidad de movilización y puedes meterme en problemas, las cosas cambian", opinó Alarcón.

- Presión política -

Aunque neutralizado por la justicia -también acusada por la MUD de aliada del gobierno-, el Parlamento de mayoría opositora puede ejercer presión sobre el gobierno.

El jueves abrirá el proceso para renovar a dos de los cinco rectores del CNE.

La Asamblea también debe aprobar los cupos de endeudamiento, en momentos en que el gobierno requiere urgentemente fondos para reanimar la postrada economía.

"En la medida en que la oposición sea capaz de elevar los costos de la no cooperación, puede hacer que el gobierno ceda. La pregunta es si la MUD tiene esa capacidad", sostuvo Alarcón.

- Presión internacional -

La MUD ha desplegado una ofensiva internacional logrando poner de su lado a Estados Unidos y otros países, así como al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que exigen el referendo.

Almagro amenaza con aplicar la Carta Democrática Interamericana, una sanción diplomática que el peor de los casos podría sacar al país del organismo.

Venezuela también enfrenta un boicot de Argentina, Brasil y Paraguay para que no ejerza la presidencia rotativa del Mercosur.

La presión internacional es tan importante como la protesta, aseveró Alarcón, para quien el gobierno teme perder por completo la gobernabilidad, con lo cual "todo el juego quedaría en manos de los militares".

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

28 Julio 2016

Los legisladores asumieron ante la falta de un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, a quien la oposición de acusa de servir al gobierno y entorpecer el proceso.

La mayoría opositora en el Parlamento venezolano juramentó este jueves a tres diputados pese a que su elección se encuentra suspendida por la justicia, ante acusaciones de fraude realizadas por el oficialismo.

"No vamos a acatar ninguna sentencia inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", advirtió el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, al juramentar a Nirma Guaruya, Julio Ygarza y Romer Guzamana, elegidos por el estado Amazonas (sur).

La Sala Electoral del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- no ha fallado sobre un recurso de amparo presentado por el chavismo que impugnó la elección de esos tres diputados alegando fraude tras los comicios del 6 de diciembre, en los que la oposición logró una súper mayoría de dos tercios de las bancas.

A finales de ese mes, la corte suspendió provisionalmente la toma de posesión del cargo de esos tres legisladores.

Pero el 5 de enero fueron posesionados por la mayoría opositora del Congreso, ante lo cual el TSJ declaró en desacato a la directiva del Legislativo, con lo cual sus actos serían considerados nulos mientras los impugnados se mantuvieran en sus curules.

Debido a ello, los tres políticos pidieron su desvinculación del cargo mientras se resolvía la causa.

"Hasta que no haya sentencia, no hay delito", subrayó este jueves Ramos Allup, quien defendió la juramentación de los tres diputados ante la falta de un dictamen del tribunal.

"No hay sentencia, mucho menos de una Sala Electoral llena de vicios, que nos pueda quitar el poder que nos dio el pueblo de Amazonas de ser su voz", celebró Ygarza tras la votación que decidió restituirlo en su puesto.

El jefe del bloque oficialista, Héctor Rodríguez, tildó a la decisión de "absolutamente ilegal" y señaló que el Legislativo ha incurrido nuevamente en desacato, por lo que sus decisiones futuras son írritas.

"Ningún acto ilegal genera derechos. Por el contrario, genera responsabilidades" ante la justicia, apuntó.

Su compañero de bancada, Pedro Carreño, expresó que los dirigentes de Amazonas usurpan funciones, por lo que los tribunales "tendrán que actuar de manera expedita".

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

28 Junio 2016

Acusan al Congreso de usurpar funciones del gobierno en materia interna y diplomática, así como de traición a la patria y violación de las normas constitucionales.

El oficialismo en Venezuela abrió el martes la posibilidad de pedir la disolución judicial del Parlamento de mayoría opositora, en medio de la enconada lucha que libran en torno a un eventual referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

La coalición del chavismo destapó la que podría ser su carta más osada contra las fuerzas que buscan sacar del poder a Maduro, presionado por una severa crisis económica.

"El Gran Polo Patriótico ha iniciado una discusión para solicitar una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia" (TSJ) con el fin de pedir "la abolición de esta Asamblea Nacional", señaló Didalco Bolívar, portavoz de la alianza, en rueda de prensa.

El dirigente acusó al Congreso de usurpar funciones del gobierno en materia interna y diplomática, así como de traición a la patria y violación de las normas constitucionales.

"Pedimos que la abolición sea acompañada por la convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo el que diga si esta Asamblea obstruccionista y violatoria de la Constitución es la que debe ejercer o, en lo contrario, el pueblo decida qué tipo de Asamblea (...) debe darse", indicó.

El oficialismo comenzó a discutir este martes esa propuesta y una decisión será anunciada la próxima semana, dijo el vocero.

Si la Sala Constitucional la aprueba, el Gran Polo Patriótico prevé acudir al TSJ, al que la oposición tilda de ser el "bufete jurídico" del gobierno.

A mediados de junio, esa corte admitió una demanda de Maduro contra el Parlamento, también por usurpación de funciones. El tribunal dictó entonces medidas cautelares e invalidó dos decisiones del Legislativo.

La lucha de poderes que envuelve a Venezuela coincide con un muy difícil momento económico marcado por la escasez de productos básicos y una inflación del 180,9% en 2015.

"Gigantesco fraude"

El chavismo blandió la amenaza contra el Congreso frente a los planes opositores de activar este año un referendo contra Maduro.

Congregados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los adversarios del gobierno validaron la semana pasada las firmas de respaldo a la consulta.

Según la oposición, 409.313 personas autenticaron su apoyo con la huella dactilar, el doble de lo exigido por el CNE para activar la consulta, pese a las trabas del oficialismo.

La autoridad electoral revisará las rúbricas en un plazo de 20 días hábiles que terminará el 26 de julio, y deberá decidir si autoriza la siguiente fase del revocatorio: la recolección de cuatro millones de firmas, el 20% del registro electoral.

La MUD está empeñada en que este mismo año los venezolanos acudan a las urnas porque, en caso de perder Maduro, habrá elecciones anticipadas.

Si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017, Maduro, de salir derrotado, podrá elegir a su sucesor.

Este martes el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, instó al poder electoral a que active inmediatamente el referendo y autorice la recolección de firmas.
"Nuestro llamado ahora es a avanzar de manera expedita, atendiendo al principio constitucional de celeridad", declaró Torrealba a la prensa.

Sin embargo, el chavismo anunció el lunes que entablará "tantas demandas y acciones legales (...) como eventos fraudulentos haya habido".

Jorge Rodríguez, delegado por Maduro para el proceso revocatorio, ha acusado a la MUD de una serie de irregularidades en la recolección de firmas.

La noche del lunes, Maduro dijo que hay denuncias sobre "un gigantesco fraude de carácter electoral" que tendrá "impactos de carácter jurídico" y político.

De su lado, el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, advirtió que el gobierno daría "un golpe de Estado" si bloquea el referendo.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

25 Mayo 2016

Ante un grupo de militares, el líder opositor aseguró "está llegando la hora de decidir si están con la Constitución o están con el presidente".

El dirigente Henrique Capriles señaló este miércoles a los militares venezolanos que la oposición no quiere un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, sino sacarlo del poder por vías legales, por lo que los instó a respetar la Constitución.

"Soldados de la Fuerza Armada Nacional: está llegando la hora de decidir si están con la Constitución o están con Maduro. Nosotros no queremos golpe, queremos que ustedes defiendan la Constitución", dijo Capriles al intervenir durante una concentración opositora en Caracas.

El excandidato presidencial viene denunciando desde hace varios días que la posibilidad de un levantamiento militar "está en el ambiente" en Venezuela, en momentos en que la oposición impulsa un referendo revocatorio contra Maduro.

Ante medio millar de partidarios y con una gorra tricolor, Capriles aclaró que su exhortación se dirigía a la tropa -que según él también sufre los embates de la grave crisis económica- y no a la "cúpula militar corrupta".

Capriles ha denunciado en otras ocasiones que el propio Maduro pretende llevar al país a un callejón sin salida para propiciar un estallido social o un golpe de Estado, porque estas salidas victimizarían al mandatario y le darían otra oportunidad.

El dirigente convocó a manifestar este miércoles en una veintena de ciudades contra una decisión judicial que ordenó a la fuerza pública resguardar las sedes del CNE de "protestas no autorizadas".

En Caracas, la manifestación se desarrolló frente a la corte que adoptó la medida.

En las últimas semanas, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha intentado sin éxito movilizarse hacia la sede central del CNE en Caracas, para que exigir que acelere la revisión de las firmas entregadas el 2 de mayo para activar el revocatorio.

Ese proceso culminará el 2 de junio, según el CNE, y es el primer paso de un proceso que podría extenderse hasta fines de 2016.

"No hay ninguna sentencia, ni medida, ni nada que nos impida ir al CNE a exigir respeto a la Constitución", afirmó Capriles desde una tarima y en medio de ovaciones de sus seguidores.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

18 Mayo 2016

A la crisis política y social que se evidencia este miércoles en las calles de varias ciudades de Venezuela, se suma la crisis económica que ha generado escasez, desabastecimiento, hiperinflación y una extrema devaluación del bolívar.

Era casi mediodía cuando un camión con alimentos llegó a un supermercado de la ciudad de Guarenas. Pero la guardia militar se llevó la carga y la gente enfureció: "¡Queremos comida!", gritaban rompiendo la fila para protestar, una escena cada vez más frecuente en Venezuela.

Muchos llevaban horas haciendo cola para comprar alimentos a precios subsidiados en "Paga Poco". No obstante, cuenta Haydé Terán, la alcaldía dispuso que "la mitad de los alimentos que llegaran a los mercados privados" se distribuyeran a través de un sistema comunal creado por el gobierno.

Como parte de un estado de excepción y emergencia económica decretado el pasado viernes, Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad garantizar con comités de ciudadanos la entrega de bolsas de alimentos casa por casa, para evitar que vayan a parar a manos de "bachaqueros" (contrabandistas).

"Ese decreto no soluciona nada. La gente lo que quiere es comida. No hubo saqueo, pero trancamos las calles en la protesta. Esto está muy tenso", dice la mujer, quien grabó los hechos con su celular. En videos que circularon en Twitter se ve a la gente protestar y a algunos correr tras el camión.

Mientas relata a la AFP lo ocurrido pocas horas antes, esta ama de casa de 48 años hace cola afuera de una pequeña panadería de Guarenas, unos 45 km al este de Caracas, bajo la vigilancia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

"El gobierno le tiene miedo a Guarenas porque aquí empezó el 'Caracazo", dijo su amiga Yanina Díaz, una técnica en turismo de 49 años, al referirse al sangriento estallido social de febrero de 1989, detonado por un aumento de los precios de la gasolina y las tarifas del transporte público.

Maduro, que atribuye la crisis a una "guerra económica" de empresarios de derecha, sostiene que la oposición tiene como estrategia propagar la idea de que Venezuela enfrenta una "crisis humanitaria", junto con actos de violencia.

"Sabemos que detrás de estos hechos están dirigentes de la oposición interesados en desestabilizar" para derrocar a Maduro", declaró Rodolfo Sanz, alcalde oficialista de un municipio en Guarenas.

En Guarenas abundan los muros con el rostro del líder socialista Hugo Chávez, pero las carencias cotidianas han exacerbado el malestar contra el gobierno y en los últimos días se han registrado desórdenes en sus calles.

¡El pueblo tiene hambre!

Desde que Maduro decretó el estado de excepción para encarar la crisis económica y contener la ofensiva de la oposición que busca sacarlo del poder, la tensión política arreció. Pero la temperatura social se mide en las filas, cada vez más largas, que hacen todos los días los venezolanos para conseguir comida.

"¿Qué va hacer con el decreto de emergencia?, él lo que tiene que hacer es buscar comida por allá, por el 'carrizo' (lejos) y traerla para acá", aseguró Migdalia López, de 51 años.

Ella también estuvo en la protesta temprano y comparte la cola del pan. Pero a diferencia de Haidé y Yanina, ella dice haber sido revolucionaria. Votó siempre por Chávez (fallecido en 2013)y su sustituto Maduro.

"Aquí en Guarenas había gente revolucionaria, pero ya la gente no quiere revolución, lo que quiere es comida. El pueblo tiene hambre. Estamos cansados de hacer cola, de matarnos por un cartón de huevos o una harina pan", se lamentó.

El país petrolero, golpeado por el desplome de los precios del crudo, sufre una escasez de dos tercios de los bienes básicos, una contracción económica de 5,7% y la inflación más alta del mundo, de 180,9% en 2015.

Con frecuencia, usuarios de las redes sociales publican fotos y videos de pequeñas protestas, intentos de saqueos o incluso saqueos, que están ocurriendo en distintas ciudades de Venezuela, incluida Caracas.

El coordinador del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, Marco Ponce, señaló a la AFP que esa ONG contabilizó más de un centenar de saqueos y conatos de saqueos en el primer trimestre, así como cientos de pequeñas protestas.

Según una encuesta de la firma Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno. "No le veo a esto solución, es mejor que vengan otros a mandar, pero no esos escuálidos (opositores) del coño. ¡Tampoco!", dijo López.

"Yo soy del estado de Barinas, de Sabaneta, donde nació Chávez, y allá la gente está pasando hambre", aseguró Haydé, recostada en una pared donde está pintado el rostro de Maduro.

Cerca de ella, un hombre en bicicleta grita con ironía: "¡Llegó el pan socialista!". Los comentarios suben de tono y la fila se ordena. "Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer", corean unos vecinos desde las ventanas del edificio que alberga la panadería.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: EFE

18 Mayo 2016

Las autoridades venezolanos obstaculizan el paso de la movilización de opositores hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), a donde quieren ir para reclamar celeridad en el llamado a un referendo revocatorio contra el presidente del país.

Decenas de policías impedían este miércoles con un cordón de seguridad llegar hasta la sede central del órgano electoral a un millar de opositores que iban a exigir un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Armadas con escudos, chalecos y cascos, los policías formaron una barricada en un sector cercano a Plaza Venezuela, donde se habían concentrado los opositores para emprender la marcha hacia el centro de la capital, a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), constataron periodistas de AFP.

Entre la multitud, algunos fueron afectados por gas pimienta que un desconocido lanzó, aunque sin incidentes graves hasta ahora. "¡Revocatorio, revocatorio!, ¡Fuera Maduro!, gritaban algunos, con carteles contra el gobierno. Muchos llevaban banderas de Venezuela.

El líder opositor Henrique Capriles y el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, encabezaban la concentración en Caracas, pero ante el cordón policial debieron retirarse entre empujones.

Esta es la primera concentración de la oposición bajo un estado de excepción que decretó el pasado viernes el presidente, con el que pretende cerrar el paso a los intentos por sacarlo del poder.

Convocados por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los opositores marcharán hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una veintena de ciudades, reclamando al organismo que acelere la revisión de las firmas que entregaron el 2 de mayo como requisito para activar la consulta.

Unos 14 estaciones del metro de Caracas amanecieron cerradas este miércoles, por lo que muchos capitalinos tenían problemas para movilizarse por la ciudad.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

 

16 Mayo 2016

El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una "crisis humanitaria".

La crisis venezolana entró en una nueva etapa de tensiones, con un país bajo estado de excepción y los opositores resueltos a seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En medio del descontento popular por la creciente escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua, y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días.

El viernes extendió un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción por tres meses. No descartó incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017.

Aún no se publica el texto de la medida, que suele restringir el derecho de protesta y de reunión, y autorizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

Por lo pronto, Maduro ordenó tomar las fábricas paradas poniendo en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar -principal productor de alimentos y bebidas del país-, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.

"Este gobierno actúa de forma autoritaria para mantenerse en el poder", dijo este lunes el diputado opositor Tomás Guanipa, en rueda de prensa.

El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una "crisis humanitaria".

Ante esa "amenaza externa", ordenó realizar ejercicios militares el próximo sábado.

El presidente también fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la "guerra económica", que según él ejecutan la oposición y empresarios de derecha para inducir la escasez y lanzar al pueblo en su contra.

En ese marco, desplegó un plan para el abastecimiento de productos básicos subsidiados sin intermediarios, y se comprometió a flexibilizar el control de precios a cambio de que algunas industrias eleven la producción.

- Estado de excepción a prueba -

Pero las señales de radicalización van más allá del mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro.

El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el heredero político del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) sea revocado mediante un referendo.

"Aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude", dijo Istúriz aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.

Guanipa consideró que esa advertencia es una "burla" al pueblo, que no detendrá la presión por la consulta.

El estado de excepción se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país para exigir que se cumplan los plazos para que el revocatorio se haga este año.

"La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detenerla", dijo a la AFP el analista Benigno Alarcón.

Movilizaciones similares fueron bloqueadas el pasado miércoles por policías y militares, desatándose pequeñas escaramuzas.

El líder opositor Henrique Capriles advirtió sobre el riesgo de que el gobierno y el CNE -al que acusa de servir a Maduro- "tranquen" la consulta.

"Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio", dijo, subrayando que esa es la salida pacífica a la crisis.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere que la consulta se realice este año. Si se la hace después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del período presidencial, y Maduro pierde, el vicepresidente gobernaría los dos restantes.

- ¿Más leña al fuego? -

El experimentado titular del Parlamento, Henry Ramos Allup, denunció que Maduro y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunieron el martes pasado y acordaron posponer el referendo para febrero de 2017.

Según la firma Datanálisis, siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que "su vida ha empeorado".

Aun cuando la oposición asegura que el estado de excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la MUD acusa de ser otro apéndice del Ejecutivo.

Desde hace varios días, Ramos Allup viene advirtiendo que el TSJ se dispone a destituir a la directiva del Legislativo por desacato a una modificación del reglamento interno y de debate de la cámara, lo que añadiría más leña al fuego.

Mediante una controvertida sentencia, el TSJ ya eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

25 Abril 2016

El líder de la oposición, Ramos Allup, ha calificado de «sinvergüenzas» a los magsitrados por tomar esta decisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela (TSJ) ha determinado que no es posible reformar la Constitución para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, según ha anunciado el prseidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup.

«Tal como anuncié hace dos días: malandros y malandras de la Sala Constitucional del TSJ acaba de sentenciar que la enmienda no puede aplicarse a Maduro», ha informado el líder opositor a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ramos Allup ha calificado de «sinvergüenzas» a los magistrados del TSJ porque «ya ni esperan la aprobación de las leyes, sino que las declaran inconstitucionales sin conocer el texto definitivo».

Con esta decisión, el jefe del Parlamento ha acusado al alto tribunal de «negar la posibilidad» de la llamada «salida constitucional, pacífica y electoral al régimen».

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha dado a conocer una «hoja de ruta» para echar a Maduro del Palacio de Miraflores que incluye, además de una enmienda constitucional, una asamblea constituyente, un referéndum revocatorio y una movilización popular.

La coalición opositora ha acusado también al Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la celebración del referéndum para revocar el mandato de Maduro al no entregar los documentos en los que deben recogerse los 3,9 millones de firmas necesarias.

La MUD ha anunciado una gran marcha opositora para el próximo miércoles hacia todas las sedes del CNE en Venezuela para «exigir en las calles la activación del referéndum revocatorio».

Redacción Leo.bo

Fuente: EP

 

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