Santa Cruz de la Sierra
29 Agosto 2019

Autoridades de Brasil y Bolivia se encuentran entre el 29 y 30 de agosto, en Brasilia, con motivo de la X Reunión de la Comisión Mixta con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y se aborda la  problemática de las drogas desde el área de reducción de la oferta, reducción de la demanda, cooperación judicial, delitos conexos y desarrollo alternativo/integral.

El encuentro se realiza en el Instituto Río Branco, donde se destacan la cooperación y el trabajo conjunto realizado por ambos países para combatir la producción de cocaína, el lavado de dinero, el desvío insumos químicos, el tráfico de armas vinculadas al narcotráfico y otros que afectan a ambas naciones.

Asimismo, se destaca el fortalecimiento a la destrucción de laboratorios de lavado de activos en Bolivia, el centro de interceptación de llamadas telefónicas, el sistema de radares para el control del tráfico aéreo y el proyecto PEQUI.

“En la reunión se evalúa, ajusta y aprueba una alianza antidroga, para capacitar a profesionales, en las acciones simultaneas de prevención e interdicción, en el cruce de información y monitoreo de plantaciones de coca”, dijo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres García.

La lucha efectiva contra las drogas no puede ejecutarse de manera unilateral, sino bajo la cooperación internacional, tal como lo han los gobiernos de Bolivia y Brasil, que ajustan y aprueban y fortalecen la alianza antidroga, explicó el viceministro Felipe Cáceres.

El Viceministro Cáceres explicó que ambas delegaciones realizan un análisis y evaluación de la situación actual del narcotráfico en ambos países y, los avances y logros de las tareas fijadas en Brasilia.

Recordó que se establecieron labores referidas a la reducción de la oferta, delitos conexos, cooperación judicial, control de cultivos excedentarios, reducción de la demanda en la décima reunión mixta.

Cáceres ponderó los resultados positivos alcanzados en el plano técnico operativo, gracias al trabajo de coordinación e intercambio de información de inteligencia oportuna, que permitió ejecutar operativos con la lógica de cohesión entre los países.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

 

 

14 Agosto 2019

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se estudia la posibilidad de incorporar un nuevo tipo penal para sancionar con 20 años de presidio, sin derecho a indulto, a los policías que encubran actividades vinculadas al narcotráfico.

"Queremos incorporar una nueva tipología jurídico penal, con la experiencia de los casos (Gonzalo) Medina, (Fernando) Moreira y otros involucrados; que nos hizo pensar y trabajar técnicamente en la necesidad de incorporar un nuevo tipo penal que sea muy drástico, probablemente 20 años de prisión sin derecho a indulto para agentes de seguridad que protejan, encubran y den cobertura a actividades vinculadas al narcotráfico", dijo a los periodistas.

El titular de Gobierno indicó que amerita una sanción drástica contra malos uniformados porque son los encargados de perseguir a las organizaciones criminales, por lo que no deberían actuar al revés.

"Estudiamos la posibilidad de presentar una ley corta que además recupere la parte punitiva respecto a las sustancias controladas que quedó en suspenso por la abrogación del Código Penal", añadió.

A fines de abril se hizo pública una fotografía en la que Robin Justiniano, hijo del excoronel de Policía y exdirector de la FELCC cruceña, Gonzalo Medina; el excapitán Fernando Moreira y el extraditable a Brasil por narcotráfico, Pedro Montenegro, disfrutaban de un viaje en Cartagena de Indias, Colombia.

Las pesquisas desvelaron que Medina y Moreira protegían a Montenegro a fin de que realice sus actividades vinculadas al tráfico de drogas, a pesar que en 2015 se emitió una orden de captura en su contra.

Según las investigaciones, los archivos que ordenaban la aprehensión de Montenegro fueron eliminados de la lista de Interpol.

La relación entre Medina y Montenegro, ambos encarcelados preventivamente, era tan estrecha, que incluso el presunto narcotraficante fue varias veces condecorado por la fuerza anticrimen cruceña.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

 

04 Marzo 2017

El fiscal de Materia de Potosí, Paúl Rolando Acuña Álvarez, fue sentenciado a cinco años de cárcel, por dictar una resolución de sobreseimiento a siete detenidos preventivos imputados por los delitos de narcotráfico.

Los encarcelados fueron Santos Choque Bartolomé, Rafael Cruz Esquivel, Narciso Choque Choque, German Mario Huanca Villca, Cesar Hernán Bautista Huanca, Edwin Celestino Esquivel Cruz, Orlando Addvet Berna Flores y Oscar Antonio Esquivel Muraña.

Estos ciudadanos fueron aprehendidos en posesión de nueve mochilas con 149 kilos con 100 gramos de marihuana y 34 kilos con 200 gramos de cocaína, de acuerdo al cuaderno de investigaciones fue producto de un operativo antidroga realizado en el sector de Laguna Onda de la provincia Nor Lípez.

 “Estas personas fueron imputadas por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas y a solicitud del Ministerio Público la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva”, informó el fiscal departamental, Fidel Castro.

Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Daniel Walter Ticona, señaló que Acuña, quien asumió la dirección funcional del caso de forma posterior, de manera irregular y sin disponer ni agotar todos los actos investigativos para su esclarecimiento emitió una resolución de sobreseimiento en favor de los siete imputados.

Asimismo, emitió una resolución conclusiva de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado en favor del imputado Santos Leoncio Choque Bartolomé, para quien pidió ocho años de cárcel por considerarlo autor del delito de transporte de sustancias controladas.

Acuña fue sentenciado a cinco años de cárcel en el Centro de Rehabilitación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e incumplimiento de deberes.

“La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Tercero de Potosí en donde el Ministerio Público demostró con pruebas la comisión de los ilícitos, dando lugar a que la autoridad jurisdiccional dicte sentencia condenatoria en contra del acusado”, manifestó el Fiscal Departamental, Fidel Castro.

“Estas personas fueron imputadas por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas y a solicitud del Ministerio Público la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva”, agregó Castro.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

28 Febrero 2017

La oposición política aún no encuentra una explicación sobre el apuro del presidente Evo Morales de aprobar la Ley General de la Coca, que – según dijeron los asambleístas opositores Yerko Núñez y Norma Piérola – “legaliza” y “beneficia” al narcotráfico en el país.

Núñez de la bancada de Unidad Demócrata sostuvo que la imagen del país corre riesgo a nivel internacional porque con esta ley “se estaría legalizando el narcotráfico” sin que exista un estudio serio sobre la necesidad de incrementar los cultivos de coca.

Dijo que al menos eso se puede concluir tras la decisión de incrementar en medio de presiones, de 20 a 22.000 hectáreas que fueron divididas entre productores de coca de los Yungas de La Paz y del Chapare de Cochabamba, sabiendo “gran parte de esta hoja (del Chapare) se va a fines ilícitos.

Horas antes que el Senado sancionara la Ley de la Coca, la diputada Piérola  manifestó que en ningún momento el ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, pudo justificar ante la Cámara de Diputados el apuro de aprobar en tiempo record la ley.

Manifestó que lo preocupante es que por ley se declara “prioridad nacional, la legalización de la coca que va beneficiar al narcotráfico, despenalizando la producción, comercialización y transporte de la coca”, vulnerando convenios internacionales, entre ellos del acuerdo de la JIFE.

Anunció que una vez que el presidente Evo Morales promulgue la Ley, realizará gestiones para pedir sanciones de la comunidad internacional a Bolivia y exigir se anule esta normativa que pone  a Bolivia como país productor oficial de 22.000 hectáreas de coca en La Paz y Cochabamba. 

Según estimaciones, esa superficie producirá 20.000 toneladas de coca en el Chapare y 18.000 toneladas en Yungas de La Paz.

De acuerdo con  UNODC al 2015,  el 35% de la hoja de coca (32.500 toneladas métricas) no se comercializaba por mercados legales, es decir que 11.300 toneladas métricas de la hoja que no van a los mercados autorizados de “Villa Fátima” en La Paz y de “Sacaba” en Cochabamba, por los que pasaron sólo 21.201 toneladas.

En agosto de 2014 el viceministro Felipe Cáceres, admitió que el 40% de la coca que se produce en el país es desviada a la producción de cocaína, en referencia al grueso de la producción del Chapare, ahora en vías de legalización.

Cocaleros de Yungas y especialistas de Naciones Unidas remarcaron la alta productividad de la coca del lluvioso Chapare cochabambino ‒2.7 toneladas por hectárea a 280 metros sobre el nivel del mar y con hasta cuatro cosechas al año‒ que redituará a partir de sus 7.700 hectáreas unas 20.800 toneladas de coca, en su mayor parte desviada a las factorías de droga en la selva e incluso en la periferia de las ciudades.

En los Yungas, la productividad de 1.3 toneladas de coca por hectárea permitirá la producción de un máximo de 18,600 toneladas métricas destinadas al mercado legal del acullico, virtud que no tiene la del Chapare, considerada amarga e inservible ni siquiera para la infusión.

El ministro Cocarico aclaró que las 20.000 hectáreas del proyecto inicial están absolutamente justificadas porque se necesitan 18 mil toneladas para el acullico y 2 mil era para la industrialización

Sin embargo dijo que por  un componente político se decidió subir a 22.000 hectáreas de cultivo, que producirán 4.000 toneladas de coca adicionales a las inicialmente 2.000 previstas, cuando el proyecto de ley original proponía una superficie de 20.000 hectareas. Esa cantidad de produción adiconal servirá para la investigación, industrialización y exportación.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

24 Febrero 2017

El expresidente Jorge Quiroga cuestionó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa controlada por el MAS por aprobar la Ley General de la Coca a la que llamó “narco ley”, porque con el incremento de hectáreas de cultivos de coca a 22.000 se alentaría el ilícito del narcotráfico. Un senador de UD ve riesgo en que el país sea considerado como un "narco-Estado"

El exmandatario expresó su preocupación por la aprobación de la Ley General de la Coca que legaliza 22.000 hectáreas de cultivos del arbusto, 7.700 para el Chapare. Cree que es una “vergüenza internacional” que dañará la imagen del país ante la comunidad internacional.

“La Asamblea Legislativa acaba de aprobar una narco ley que va a traer vergüenza internacional y hará un daño enorme a nuestra imagen a nuestros ciudadanos con el estigma y el narcotráfico que va a generar y la criminalidad que va a crear en Bolivia”, declaró Quiroga.

La exautoridad no es la única que criticó la decisión del Gobierno, los legisladores opositores de Unidad Demócrata rechazaron la norma, porque aumenta los cultivos de cocales hasta 22.000 hectáreas, un tercio de la producción que no se usa para el consumo tradicional, dijo el senador Oscar Ortiz.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

13 Febrero 2017

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, indicó en Buenos Aires que investigará sobre el caso de Jorge Pérez Ardaya y manifestó que cualquier persona, sin importar su origen, si incurre en actos delictivos de narcotráfico y otros males, tiene que ser sancionada.

Tito fue entrevistado la semana pasada en medio de las gestiones que hizo la comisión boliviana que viajó a la Argentina por el tema migratorio y aseguró que en los archivos de esa representación diplomática no existe información sobre la detención del padre de una alta autoridad del gobierno del presidente Evo Morales. 

“No tengo información al respecto pero por supuesto que vamos a indagar sobre aquello, pero creo que es importante que sea la persona que sea, el origen que tenga y si está dedicada al narcotráfico y actos ilícitos, por su puesto tiene que ser sancionada de acuerdo a las normas y las leyes”, declaró sin ocultar su sorpresa ante el dato que había recibido de un periodista en medio de la entrevista en las afueras de la cancillería, cuando comentaba sobre el estigma de narcotráfico que puso Argentina sobre los migrantes bolivianos.

El diplomático sostuvo que el gobierno del presidente Morales ha manifestado que la lucha tiene que ser incesante frente a la drogadicción, al narcotráfico, trata y tráfico de personas y actos ilícitos que afectan a la sociedad en sí.

El ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, quien estuvo en Buenos Aires, fue consultado sobre la detención y aclaró que si bien puede tratarse de una ex alta autoridad de Estado, “hay que diferenciar a la persona, porque los delitos son individuales y no se puede calificar a una persona por el hermano”.

Dijo que habrá que evaluar la denuncia, saber cuáles son las circunstancias del hecho. “Probablemente la autoridad ha tenido que ver aunque sea indirectamente, si fuera así tendría responsabilidad pero si no tiene nada que ver, no tiene ninguna responsabilidad, entonces hay que ver el hecho concreto”, declaró en la capital argentina.

Pérez Ardaya, padre del exministro de Gobierno, Jorge Pérez Valenzuela, cayó detenido el 6 de diciembre de 2006 en el aeropuerto internacional de Ezeiza por el delito de contrabando de estupefacientes, recibió el beneficio de excarcelación pero fugó de Argentina mientras la justicia lo investigaba.

La justicia perdió pistas sobre Pérez Ardaya, lo declaró rebelde y emitió una orden de captura internacional para que la Interpol lo busque. Actualmente la orden tiene sello rojo y continúa vigente.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo haberse informado a través de los medios del caso Pérez Ardaya y manifestó que “todos son iguales” ante la ley.

“Todos somos iguales, el que es hermano, hijo, el padre en fin,  lo que si también considero que hay que tomar en cuenta, es que en un interés político de pronto dañar a una persona porque algún pariente o persona de su círculo pudo haber cometido delito, es harina de otro costal”, declaró.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

03 Febrero 2017

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se ha citado a declarar al exdiputado por el MAS, Ever Moya, para conocer si tiene vínculos con el narcotráfico, sin embargo, hasta el momento no se conoce el paradero de la exautoridad.

La investigación contra el exdiputado surgió después de que en enero su hermano, Ruddy Moya, fue detenido en una transacción de cocaína en la región de Challapata en Oruro.

Romero indicó que Ever Moya ya fue citado a declarar por la Fiscalía, pero no se ha presentado a comparecer. “No se tiene datos de su paradero, queremos saber si pertenece o no  a la organización”, dijo.

 El ministro lamentó que Moya se haya puesto a “bien recaudo” y advirtió que, si el exdiputado no se presenta todavía, tendrá que emitirse un mandamiento de aprehensión.

Moya fue diputado por el MAS. En el 2014 se alejó de este partido político molesto porque sus denuncias de corrupción contra la Aduana no tuvieron eco.

Entonces, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, denunció que Luis Moya, también hermano de Ever, estaba implicado en el contrabando de zapatillas con etiquetas falsificadas.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

28 Enero 2017

La decisión de endurecer los controles migratorios contra el ingreso ilegal de extranjeros a la Argentina empezó a implementarse. Este sábado se realizaron operativos sorpresa en la terminal de buses de Liniers, se controló a 500 extranjeros, la mayoría procedentes de Bolivia, Perú y Paraguay.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso un operativo sorpresivo en la terminal terrestre de Liniers con el objetivo de combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. “Sabemos que los controles preventivos en las terminales de ómnibus ayudan a conjurar esos delitos”, según un comunicado de ese despacho que reflejó El Clarín.

Requisaron los ómnibus e inspeccionaron a 500 pasajeros, la mayoría eran de origen boliviano, peruano y paraguayo. No hubo detenidos ni deportados, pero secuestraron mercadería traducida en mochilas y zapatillas importadas, bolsos y carteras, además de zapatos y gran cantidad de ropa interior.

Los agentes subieron a los micros con equipos morpho rapid, que permite constatar rápidamente la identidad de los individuos y analizar si tenían algún impedimiento legal para permanecer en el país. Los pasajeros y sus equipajes fueron derivados hacia el scanner móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.), cuyos operadores los inspeccionaron.

Fue una acción conjunta entre los oficiales de Drogas Peligrosas, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Interpol, así como la Dirección Nacional de Migraciones, la Aduana. Similares operativos pueden realizarse en otras terminales que son el destino de otros países e incluso en el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires.

El gobierno de Mauricio Macri prevé dictar una norma para regular los nuevos controles migratorios a ciudadanos extranjeros que llegan a ese país.

Bullrich advirtió que “aquel que tenga antecedentes de delitos federales, como trata, narcotráfico, no va a poder entrar, y toda persona extranjera que cometa un delito tendrá un trámite rápido de expulsión. Es decir, cuando una persona quiera pedir una residencia temporaria o permanente lo tiene que hacer con un certificado de antecedentes, si en ese certificado hay antecedentes no se la va a recibir", sostuvo.

Pero la funcionaria también dijo la pasada semana que es necesario "ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú" porque -señaló- el 33% de los presos por narcotráfico son extranjeros, un tema que considera preocupante.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. La Cancillería de Bolivia convocó al embajador argentino para que explique estas apreciaciones y lamentar que las mismas no contribuyen en la lucha contra la discriminación y la xenofobia entre ambos países.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

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